Ayer el presidente boliviano , Rodrigo Paz, impuso el estado de emergencia después de llegar a un acuerdo con uno de los sindicatos convocantes de las movilizaciones. No obstante, a pesar de la traición, las organizaciones populares mantienen la lucha. El gobierno ha sacado al ejército a la calle y ha ordenado el desbloqueo de las carreteras.
Inmediatamente la policía y el ejército boliviano comenzaron a levantar los bloqueos de carreteras que han paralizado el país durante más de seis semanas, horas después de la entrada en vigor del estado de emergencia decretado por el presidente.
Los noventa días del estado de emergencia deben permitir a los militares, junto con la policía, levantar los bloqueos de carreteras impuestos por una amplia coalición de sindicatos obreros y campesinos indígenas.
La Central de Trabajadores de Bolivia (COB) traicionó al movimiento de protesta y el viernes firmó un acuerdo con el gobierno. La traición de la COB permitió al presidente declarar el estado de emergencia. Las demás organizaciones convocantes afirman que la lucha continúa.
A principios de mayo la COB inició el movimiento de protesta contra la crisis económica, la peor en más de cuarenta años. Los trabajadores de las fábricas, los mineros y los campesinos se unieron gradualmente a la lucha.
“Los hermanos indígenas se han sentido traicionados” por la COB, comenta el dirigente de uno de los principales sindicatos campesinos, Antonio Mallku.
En El Alto, cerca de La Paz, vehículos blindados del ejército, a los que se unió un convoy de vehículos policiales, procedió a despejar las carreteras con la ayuda de maquinaria de construcción.
El ejército y la policía también se desplegaron en Cochabamba, en el centro del país. A lo largo de varias carreteras han llegado a levantarse más de cien bloqueos.
El presidente Paz amenazó a los que defienden los bloqueos: estarán expuestos a “todo el rigor de la ley”.