La era de la vigilancia masiva ya está aquí y, según el signo de los tiempos, se ha privatizado. Biden contratará a empresas privadas para que espíen a los ciudadanos estadounidenses que difunden contenidos “extremistas” en internet.
El plan se discute dentro del DHS, el Ministerio del Interior, y permitirá al gobierno eludir las leyes que impiden al gobierno vigilar a los ciudadanos sin una previa orden judicial.
Se trata de que las empresas privadas puedan acceder legalmente a las comunicaciones de ciertos colectivos a fin de reunir grandes cantidades de información que podrían ayudar al Ministerio del Interior a identificar determinados mensajes de interés a medida que surgen.
Los usuarios crean identidades ficticias para comunicarse en espacios privados de las redes sociales a los que el gobierno no puede acceder. Sin embargo, las empresas privadas sí pueden camuflarse y el gobierno de Biden está considerando la posibilidad de recurrir a ellas para actuar como intermediarias a fin de obtener información con amplios resúmenes y análisis de las discusiones que circulan por las redes sociales.
Los defensores de la intimidad y las libertades civiles han criticado durante mucho tiempo cualquier esfuerzo por recopilar datos en masa, incluso la información disponible públicamente sobre los ciudadanos, porque suponen una violación de los derechos de la Primera y la Cuarta Enmienda.
El hecho de que el gobierno entregue a las empresas privadas el espionaje de ciudadanos sin orden judicial es un fraude que no lo hace menos ilegal.
—https://www.cnn.com/2021/05/03/politics/dhs-partner-private-firms-surveil-suspected-domestic-terrorists/index.html