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30 de agosto de 2017

Represalias contra la periodista búlgara que descubrió el suministro de armas de la OTAN a los yihadistas en Siria

Dilyana Gaytandzhieva

La periodista búlgara Dilyana Gaytandzhieva se hizo famosa por las investigaciones sobre la vinculación de Estados Unidos con el suministro -junto con Arabia Saudí- de armas a los terroristas de Siria (1). Ha sido despedida del periódico “Diario del Trabajo” en vísperas de un viaje a Siria donde debía continuar las investigaciones.

News Front: Investigabas el suministro de armas de los países europeos a Siria y días antes de viajar para allá te han despedido. Además, la Agencia de Seguridad Nacional de Bulgaria te interrogó por sus fuentes de información. ¿Que ha ocurrido?

Dilyana Gaytandzhieva: Hace algunos días me han llamado de la Agencia de Seguridad Nacional y me han pedido que acuda sin especificar el motivo de mi interrogatorio. Ayer he visitado la oficina donde me interrogaban sobre mis fuentes y de momento han puesto en marcha una investigación por la difusión de documentos sobre Azerbaián, Estados Unidos, Arabia saudí, Bulgaria y muchos otros países europeos partícipes en los suministros de armas a terroristas.

Está claro que el sistema de seguridad búlgaro no investiga el contenido de los documentos. A ellos les interesa dónde consigo mis fuentes. Unas horas después de acabar el interrogatorio, me llamó el secretario del periódico donde trabajaba hasta el día de ayer y me dijo que debo ir a las oficinas a firmar la renuncia. Nadie me ha explicado nada y hasta ahora no conozco las causas. Ellos retienen mi contrato.

News Front: ¿Puede ser esto un choque directo con las autoridades después de su interrogatorio?

Dilyana Gaytandzhieva: Honestamente debo confesar que esto no es una sorpresa para mí. Trabajo en Bulgaria y conozco que aquí no existe periodismo independiente. Tenemos unos medios de comunicación corporativos que siguen las órdenes de las autoridades gubernamentales y para el periodista es muy difícil dar su punto de vista. Y ahora no sólo hablamos de mí; hablamos de todos los periodistas. No se nos permite trabajar con independencia, nos meten en un esquema criminal. Estoy muy agradecida a su agencia, por darme la posibilidad de comunicar la verdad a las personas. En Bulgaria no existe la libertad de prensa.

News Front: ¿Surgían problemas en su trabajado durante su investigación?

Dilyana Gaytandzhieva: No, algunas semanas atrás tuve un encuentro con el redactor jefe. Y discutimos mi comisión de servicios a Siria. Él me dijo que me apoyaba y que debía continuar la investigación. Discutimos los planes de la continuación del trabajo, del viaje e iba a ir realmente allá, pero no esperaba que semejante cosa ocurriera ahora. ¿Cómo puedo continuar el trabajo cuando han rescindido mi contrato? He perdido el trabajo, además, sin haber recibido ninguna explicación. Claro, tengo mis propias conjeturas en cuanto a esto, pero oficialmente ni una palabra.

News Front: ¿Esperas explicaciones de las autoridades por lo ocurrido?

Dilyana Gaytandzhieva: Hace algunos meses, cuando descubrí y grabé el almacén con armas pesadas búlgaras, las autoridades dijeron que no participaban en ello y que como país Bulgaria no tenía ninguna relación con el asunto. Nadie investigó cómo esas armas llegaban a los terroristas de Siria. Lo han dejado pasar simplemente. Negaban todas las acusaciones acerca del envío de armas a todas partes, no sólo a Siria. Es un tema prohibido en Bulgaria. Nadie quiere hacer preguntas y responder a estas cuestiones. Por eso hasta ahora no he recibido explicaciones de las autoridades búlgaras.

Honestamente confieso que después del interrogatorio, ni la Agencia de Seguridad ni los ministerios harán nada por descubrir la verdad. No desean ocuparse de la investigación, sólo les interesa las fuentes. Muchos periodistas están en mi misma situación pero yo voy a continuar con la investigación hasta descubrir todo. Los suministros de armas no sólo a Siria, sino también a Pakistán, Afganistán, Yemen, porque la guerra en Siria acabará pronto y todos estos terroristas serán reemplazados a África, o a Afganistán o Pakistán. Por eso estoy segura que los suministros de armas continuarán y caerán en manos de terroristas. Por eso los seguiré.

News Front: Hacéis realmente un trabajo hermoso y no hay ninguna duda de que las autoridades y el armamento están inseparablemente vinculados el uno con el otro.

Dilyana Gaytandzhieva: Las armas son dinero, y esto es un problema porque las autoridades ganan mucho con este armamento cuando cierran los ojos a todo lo demás.

News Front: ¿Has recibio amenazas después de lo ocurrido?

Dilyana Gaytandzhieva: No, amenazas directas no he recibido. Sin embargo existe una multitud de vías para la intimidación, pero conmigo no funcionan. No temo a esto y no tengo nada que perder.

News Front: ¿No temes continuar con la investigación al visitar los puntos claves?

Dilyana Gaytandzhieva: Ha sido como una advertencia para mí y cada vez que me hacen esta pregunta es difícil explícarlo, pero cuando una vez has visto la guerra en los ojos de los niños, y cuando te encuentras en tal situación, quieres hacer la elección correcta para decidir este conflicto, este problema, y quieres que el mundo conozca la verdad ya que hay tal afirmación: “La primera víctima de la guerra es la verdad”, y nuestra misión consiste en llevar la verdad a las personas. Estando bajo sospecha, siendo despedida del periódico “Diario del Trabajo” no abandonaré el trabajo, puesto que esta es mi vocación en la vida. Así lo siento.

Puede que esto suene demasiado común, pero es así. Pagas un precio elevado por ser corresponsal guerra. Es una carga emocional muy pesada. Además de la carga física, están las amenazas físicas, las pesadillas por las noches, te sientes impotente. Sin las palabras de apoyo que he recibido de todo el mundo, sería difícil continuar, aún sabiendo que el suministro de armas continúa. No hay duda de que mientras hablo los proyectiles están matando a niños en Siria y Yemen.

No pararé hasta que el gobierno de Bulgaria tome medidas para cesar el suministro de armas pues es un negocio sustentado con la muerte de personas. Espero que el mundo del periodismo no cierre los ojos antes esto.

News Front: Aquí nos encontramos con un crimen evidente al prohibir la libertad de palabra al periodismo, pues la libertad de palabra es el componente más importante de nuestro trabajo. Espero que continúe el trabajo y la investigación. Le deseo suerte en su trabajo, usted es una mujer muy fuerte, y estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de comunicarme con usted.

Dilyana Gaytandzhieva: También estoy muy agradecida de comunicarme con usted, una vez más gracias por su interés y el apoyo pues este problema no sólo me toca a mí, nos toca a todos. Les deseo mucha suerte.

Sobre la investigación de Dilyana Gaytandzhieva en News Front hemos publicado parte de sus investigaciones (2).

(1) https://trud.bg/350-diplomatic-flights-carry-weapons-for-terrorists/
(2) https://es.news-front.info/2017/08/26/expulsada-la-periodista-bulgara-que-descubrio-el-suministro-de-armas-a-terroristas-en-siria/

30 de agosto de 2017

España impide la investigación de las desapariciones del franquismo a pesar de las exigencias de la ONU

El 5 de agosto de 2002 las desapariciones forzadas del franquismo llegaron a la ONU. Aquel día Emilio Silva atravesaba las puertas del Palacio Wilson de Ginebra (Suiza) para entregar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las fichas de identidad de 64 personas a las que la represión franquista persiguió, asesinó y arrojó a cunetas y fosas comunes entre 1936 y 1949. Muchas de ellas siguen todavía hoy desaparecidas.

La denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica fue aceptada parcialmente por la ONU –admitió dos casos– y motivó que el organismo incluyera a España en la lista de países que tienen desaparecidos forzosos. Desde entonces, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU ha estado en comunicación con el gobierno español para pedirle explicaciones y recordarle su obligación de investigar este tipo de crímenes.

Sin embargo, la principal conclusión de las visitas e informes emitidos por los mecanismos internacionales son que España hace poco por la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. El mapa de las fosas comunes elaborado por el gobierno, que lleva desde 2011 sin actualizarse, contabilizaba 2.000 sin abrir, pero estos datos son tachados de optimistas por parte de las asociaciones de víctimas. La lista de desaparecidos por el franquismo contiene 130.000 nombres.

Durante años la ONU reclamó al gobierno la resolución de los casos que había aceptado investigar sin éxito. Uno de ellos fue exhumado sin apoyo institucional, sobre el otro hay información que asegura que podría estar en un cementerio de un pueblo valenciano. En 2008 el informe del grupo de trabajo reitera: “Se volvieron a transmitir todos los casos sin resolver y no se recibió ninguna respuesta del gobierno”.

“A pesar de que el Estado español ha ratificado numerosos acuerdos internacionales que le responsabilizan de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura de los franquistas, sus incumplimientos en esa materia son incontables y atroces, cuando se trata de dejar morir a los hijos e hijas de esos desaparecidos sin atenderlos, cuidarlos y tratarlos como si fueran un estorbo para la democracia”, sostiene la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en un comunicado.

En 2013 el grupo de trabajo visitó España y emitió un completo informe con múltiples recomendaciones que no han sido adoptadas. Entre ellas, investigar y juzgar las desapariciones, “eliminar los obstáculos jurídicos de orden interno” que lo impiden o “asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura”, poniendo especial énfasis en la “urgencia y celeridad” debido a “la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos”.

“España ha ignorado y sigue ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia”, apunta Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain. Al grupo de trabajo se sumó también el Comité de Derechos Humanos, que en julio de 2015 evaluó a nuestro país para concluir que “impide la investigación de las violaciones de derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura y desapariciones forzadas”.

La reprimenda fue especialmente contundente en relación a la falta de colaboración con la querella argentina, la única causa que investiga los crímenes de la dictadura desde 2010.

http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-entorpeciendo-investigacion-desapariciones-ONU_0_681032081.html

30 de agosto de 2017

Son fachas y punto

Cuando dicen y repiten patética y machaconamente que el referéndum catalán es «ilegal» dan ganas de proclamar que, si algo es ilegal, es esta «democracia» de tres centavos que viene directísimamente de la mayor ilegalidad que vieron los siglos como fue la sublevación militar-fascista del Ejército el 18 de julio de 1936 contra el Gobierno legítimo de la II República española.

De puro sabido las cosas se olvidan como, por ejemplo, que en el Estado español (España en otras longitudes y latitudes) no hubo «ruptura democrática» y sí ese engendro pactado entre el franquismo rampante y una oposición domada que se llamó «Reforma». De aquellos barros especiosos estos esperpénticos lodos. El falangista Torcuato Fernández Miranda, mentor político del también falangista y muy ignorante pero ambicioso Adolfo Suárez, hoy mitificado por esta chata «clase política» de tres al cuarto, de pacotilla, al que hasta al aeropuerto de Barajas dan su nombre (que pronto se olvidará), decía aquello de, en los albores del timo de la Transición, transitamos «de la ley a la ley», o sea, sin rupturas ni soluciones de continuidad, pura magia potagia.

Impresiona -bueno, no tanto, que uno ya no hace aspavientos ni jeribeques por mor de sus canas- ver a la pizpireta y traviesilla Cristina Pardo, de La Sexta, que va de «moderno y agresivo periodismo» que, por supuesto, no se casa con nadie, hacer preguntas a responsables independentistas catalanes como si fuera un policía del tipo de «usted, ¿hubiera pitado al Rey y al presidente del Gobierno, Rajoy, en Barcelona?» Sólo la elegancia, la educación -el «seny» catalán- de los interpelados (Rufián o Jordi García, por ejemplo) impidió que la respondieran algo así como “pero ¡qué collons importa lo que yo haría o dejaría de hacer, señorita, pregúnteme porqué tantísima gente silba y muestra su ‘rauxa’ (rabia), vaya usted al fondo de la cuestión y no se quede en la espuma, etc.!”

Hasta el penúltimo invitado a este tinglado de la antigua farsa española, Pablo Iglesias, tuvo que recurrir a la socorrida «libertad de expresión» para que no se le subieran los colores de vergüenza ajena (que la perderá a no tardar, si le queda todavía alguna).

No soportan estos fachas que lo mejor y más consciente de la sociedad catalana pite y denuncie la hipocresía de estos farsantes y criminales porque prefieren que vayan sumisos y callados por aquello de la unidad en la lucha contra el terrorismo (que ellos mismos provocan) y demás monsergas para alienar y disciplinar al personal.

Se les pregunta tirando con balín, no se les pregunta diciendo: «Es usted un modelo de honestidad política, pitó el himno español en el Nou Camp y pita ahora al Rey, eso se llama ser consecuente, aunque no esté de acuerdo» (coletilla obligada para quedar como un señor). Claro que quien responde también se presta, de algún modo, a este juego. La cosa es salir en la tele. Es lo que hay.

Por un lado, las instancias catalanas cumpliendo escrupulosamente los pasos legales, y, por otro, la «legalidad» española y el «peso» de la ley (el TC o el art. 155) amén de toda la «brigada brunete» mediática. Sacar los tanques parece que no les dejan en Europa (algo que España, «centinela de occidente», nunca ha sido). Esto se pone interesante. Se cuece más de lo que parece.

Buenas tardes.

La auténtica foto de la transición:

El almirante Carrero, Franco, Fernández Miranda y el heredero de todos ellos

30 de agosto de 2017

La precariedad laboral siega la vida y la salud de los trabajadores

Leandro García Fernández trabajaba en la logística de una cadena de franquicias de pizzas. Levantaba manualmente entre 5.000 y 6.000 kilos al día, a veces durante 20 horas seguidas. El 1 de julio de 2015, se le diagnosticó una hernia discal entre las vértebras L4 y L5 como consecuencia del sobresfuerzo continuo. Se sometió a inyecciones, una resonancia magnética e infiltraciones, hasta que finalmente se le cedió el grado de discapacidad, inicialmente del 36 por ciento y que subió a un 47 por ciento en la última revisión médica.

Denunció a la empresa y tramitó la petición de “recargo de prestaciones”, para que se le proporcionase el 45 por ciento restante del cobro de la baja, ya que los menores de 55 años solo reciben el 55 por ciento de la base reguladora de la Seguridad Social.

La empresa no contaba con el Informe de Prevención de Riesgos Ergonómicos, que debería regular las cargas máximas de los trabajadores y demás aspectos relativos a la protección de la seguridad y salud laboral. Inspección de Trabajo resolvió la denuncia a favor de Leandro García y multó a la empresa con 9.000 euros, la cual recurrió la denuncia con la finalidad de retrasar los trámites lo máximo posible. A día de hoy, el trabajador sigue pendiente de juicio y cobrando el 55 por ciento de la baja correspondiente.

Este es uno de los múltiples casos que reflejan que la poca atención de las empresas a los riesgos laborales puede acabar afectando de por vida a un trabajador, sin llegar a los desenlaces más trágicos que acaban en fallecimiento.

Los últimos datos del Ministerio de Empleo del primer semestre de 2017 hablan de un total de 300 muertes por trabajo, 245 durante la jornada laboral y 55 in itinere. Los accidentes suman ya un total de 657.169, con un incremento de 17.765, un 2,7 por ciento, respecto al primer semestre de 2016, con una tendencia al crecimiento desde 2012.

Hay una clara relación de la reforma laboral de febrero de 2012 con el aumento de los accidentes de trabajo. Los síntomas se manifiestan en el auge de contratos por días y hasta por horas, las extensas jornadas de trabajo y los recortes en inspectores y medidas de prevención de riesgos laborales. La mayoría de incidentes ocurren con trabajadores con contratos muy breves, que carecen de formación sobre seguridad.

Pierden extremidades, son golpeados o aplastados por objetos o maquinaria, se precipitan al vacío, trabajan horas excesivas, padecen de estrés, dolores musculares o sufren infartos. Algunos casos son más sonados que otros, como el “accidente del trapecista” del festival Mad Cool, fallecido por un golpe de calor mientras asfaltaba en plena canícula o las protestas por la pésima situación laboral de “las kellys” o camareras de piso, pero la precariedad laboral es una realidad cotidiana para muchos trabajadores.

Estrés y ansiedad laboral

El aumento de la precariedad tiene como consecuencia directa la falta de inversión. Ha habido una reducción del 60 por ciento en inversión desde la aplicación de la reforma. Además, la negociación de convenios actual es extremadamente lenta e inefectiva para abordar este área.

La deplorable situación de muchos trabajadores conlleva estrés y ansiedad, patologías directamente relacionadas con infartos y enfermedades cardiológicas, principal causa de accidentes y fallecimientos en el trabajo pero cuyo diagnóstico se desvía con demasiada frecuencia.

Araceli Mateo Barreno lleva trabajando para una gran superficie comercial desde 1983, inicialmente como personal administrativo. En 2012, con motivo de la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial de la Comunidad de Madrid que permitió libertad de horarios, se obligó a todos los empleados a trabajar domingos y festivos, lo que desencadenó en una huelga por parte de los empleados. Como respuesta, la empresa recolocó a Mateo en la sección de pescadería, aún sabiendo que tenía una protrusión discal.

El supermercado no contaba tampoco con el Informe de Prevención de Riesgos Ergonómicos y Mateo debía levantar pesos excesivos a diario. Como consecuencia, los dolores aumentaron y la protrusión derivó en una hernia discal.

En 2012 empezaron los juicios. Se le denegó la razón a la trabajadora y se calificaron las dolencias como “enfermedad común” y no relacionada con su puesto de trabajo. “Es la propia Seguridad Social, que supuestamente debe velar por la salud de los trabajadores, la que evita establecer filtros que asocien dolencias y accidentes a las condiciones laborales”, explica Araceli.

Finalmente, el Tribunal Superior de Madrid aprobó la demanda y está pendiente la resolución del Tribunal Supremo. “Una cosa es la ley y otra muy distinta, la realidad práctica”, añade en referencia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Precisamente es en el comercio y en la industria manufacturera donde se concentra un mayor número de accidentes laborales. Pero los mayores incrementos en este año se han dado en la construcción y la agricultura.

El caso de Nati Carmona Hernández escenifica lo difícil que es convencer a una empresa de que debe adaptar el puesto de trabajo a las limitaciones físicas del trabajador. Carmona llevaba 13 años siendo oficial de jardinería en Móstoles. Hace tres años, empezó con quejas por escrito y petición de una adaptación de su puesto a su condición física: lesión en las cervicales y en el hombro derecho a causa del sobresfuerzo constante. A esto se suma el daño psicológico causado por su situación laboral.

Tras una evaluación de la Inspección de Trabajo, se certificó la necesidad de una adaptación para la trabajadora, que establezca limitaciones respecto al peso máximo que puede levantar o las maniobras que puede realizar. La empresa debe redactar un informe específico dirigido a Nati, todavía pendiente y sin fecha exacta de tramitación. “Las empresas son bastante reticentes a conceder adaptaciones y la falta de personal incentiva el aumento de accidentes laborales”, explica la trabajadora.

Empresas fuera de control

Estos casos ocurren en sectores bajo un cierto control. Pero aún es más complicado sortear los riesgos laborales en sectores donde se trabaja en la economía sumergida. En el sector de los cuidados, con las empleadas en un hogar, es casi imposible vigilar que se cumplen unas condiciones básicas de seguridad.

Muy pocos de estos casos salen a la luz. El 18 de agosto una trabajadora doméstica falleció en el domicilio donde trabajaba al caer dentro de un pozo. Con la ley de inviolabilidad de domicilios particulares, resulta muy difícil determinar los riesgos en el trabajo en hogares. Además, la falta de regulación y el carácter generalmente forzoso de estas actividades incentivan la precariedad. No hay convenios, no hay negociación ni hay información sobre seguridad. Mucho menos, opción a reclamaciones.

Como las personas que trabajan en las casas, la mayor parte de los accidentes laborales de trabajadores “en negro” se oculta, como se tapa su relación laboral y que de darse a conocer en su totalidad, hincharían bastante las cifras oficiales.

Casos trágicos como el del hombre que perdió un brazo al manejar maquinaria para la que no tenía formación en la panadería dónde trabajaba sin contrato, o el del trabajador sin papeles al que ofrecieron darse de alta en la Seguridad Social tras una amputación por un atrapamiento con una máquina de ignifugación son la punta del iceberg. La contratación ilegal afecta especialmente a mujeres e inmigrantes sin papeles, sectores más vulnerables en los que la mayoría de accidentes y fallecimientos quedan en el anonimato.

http://www.eldiario.es/economia/accidentes-trabajo-ministerio_0_678582350.html

29 de agosto de 2017

Estados Unidos equipa a la policía con material militar

Trump se dispone a aprobar la venta de equipamiento militar -incluyendo rifles y vehículos blindados- a las fuerzas policiales, prohibida por su predecesor Obama, según anunció ayer el fiscal general, Jeff Sessions, en la convención nacional de la Orden Fraternal de la Policía en Nashville, Tennessee.

El nuevo gobierno ha decidido recuperar el programa por el que se proveía a los departamentos de policía local con equipamiento militar, como armas de alto calibre y lanzagranadas. “Estoy aquí para anunciar que el presidente Trump emitirá una orden ejecutiva que hará más fácil protegerlos a ustedes y a sus comunidades”, afirmó Sessions en la ceremonia.

Obama emitió una orden ejecutiva en 2015 que limitó severamente el programa de excedentes, en parte tras la indignación pública por el uso de equipo militar durante las protestas en Ferguson, Misuri, tras la muerte del joven negro Michael Brown, de 18 años, a manos de un policía.

“Va a rescindir las restricciones del gobierno anterior que limitaban la posibilidad de que sus agencias obtengan equipo a través de programas federales, incluyendo equipos que salvan vidas, como chalecos, cascos y equipos de primeros auxilios y rescate como los que están usando en Texas ahora mismo”, dijo el fiscal general en referencia a las labores de rescate tras el huracán Harvey.

La excusa es económica: reciclar material militar obsoleto. Según detalló Sessions, algunos de estos programas han reciclado “más de 5.400 millones de dólares en equipo nuevo y usado que ya habían sido pagados por los contribuyentes” y permitieron que se usaran en la represión interna.

“Equipos como helicópteros y vehículos blindados también son de vital importancia para los esfuerzos de emergencia y respuesta a desastres”, agregó.

Los grupos de presión policiales quieren que Trump cumpla con su promesa de poner de nuevo los equipos a disposición de los departamentos de policía locales y estatales, muchos de los cuales los consideran necesarios para asegurar la represión policial indiscriminada que caracteriza a Estados Unidos.

Al principio se justificó por la “lucha contra las drogas”, autorizando el Congreso al Pentágono en 1990 a entregar equipos excedentes a la policía. Luego la supuesta “lucha contra el terrorismo” cumplió el mismo fin legitimador.

El enemigo será la propia población y el campo de batalla las calles. Grupos de todo el espectro político han expresado su preocupación por la militarización, argumentando que el equipo fomenta e intensifica los enfrentamientos violentos con la policía.

29 de agosto de 2017

El máximo dirigente del Califato Islámico en Libia es un espía del Mossad

El israelí que dirigía a los yihadistas libios

Un espía del Mossad que se hacía pasar por imán de la organización terrorista Califato Islámico ha sido detenido en Libia, según acaba de informar la cadena de televisión libanesa Al-Jadeed (1), aunque en las últimas horas la información está corriendo como la pólvora entre las cadenas de Oriente Medio e Irán (2).

El “imán” dirigía la oración de los viernes en una mezquita de Bengasi, donde utilizaba el nombre supuesto de Abou Hafs, aunque en realidad se trata de Benjamin Efraim y tiene nacionalidad israelí. Es miembro de una sección especial “árabe” del servicio secreto israelí especializada en la infiltración.

Aprovechando su condición de “imán”, el espía había creado una célula independiente del Califato Islámico compuesta por unos 200 miembros armados que trataban de penetrar en Egipto para cometer atentados.

El descubrimiento del espía otorga más verosimilitud a las sospechas sobre el propio dirigente del Califato Islámico, de quien se dice tanto que es un impostor (3), como que es otro agente del Mossad o que ha muerto, incluso varias veces (4).

Notas:

(1) http://www.aljadeed.tv/arabic

(2) http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13960604301530, http://en.abna24.com/news/africa/mossad-officer-leading-isis-as-mosque-imam-arrested-in-libya_850652.html

(3) https://mpr21.info/2016/11/por-que-no-recordamos-de-vez-en-cuando.html

(4) https://mpr21.info/2016/03/por-que-los-yihadistas-mueren-varias.html

29 de agosto de 2017

El Mossad asesina en Suecia a un palestino que había sido liberado de las cárceles israelíes

Es la típica noticia que nunca aparece en los medios de comunicación: un palestino, Mohammed Tahsin Al-Bazam, de 29 años de edad, nacido en la Franja de Gaza, fue asesinado en Limmared, Suecia, el 19 de agosto de dos disparos realizados a quemarropa. Uno le alcanzó en el cuello y otro en la cabeza.

Si el autor de los disparos hubiera sido el palestino (árabe, musulmán), la noticia habría tenido su alcance, pero no es el caso, sino al contrario. La condición de víctima ya no es la misma, luego no hay noticia.

Los medios palestinos acusan al Mossad de ser el autor del asesinato. Según los testimonios obtenidos por la policía sueca, el crimen fue cometido por varias personas que ocultaban su rostro con máscaras. Entraron en la vivienda del palestino por un balcón y dispararon contra él.

Como tantos otros palestinos, Al-Bazam había estado encarcelado en Israel por “delitos relacionados con el terrorismo” y tras salir de la cárcel se refugió en Suecia.

Según el periódico israelí Haaretz, el hermano del palestino asesinado, Iyad, que también murió en un “accidente” en 2009, había sido guardaespaldas de Ismael Haniyeh, un dirigente de Hamas.

Desde hace medio siglo, el Mossad tiene una larga trayectoria de crímenes cometidos contra palestinos en todo el mundo. En 2010 asesinaron atrozmente en Dubai a otro dirigente de Hamas, Mahmud Al-Mabhoud.

La policía confirmó la autoría del servicio secreto israelí y aseguró que la víctima había sido electrocutada y luego ahogada, según confirmó la autopsia, tras un “breve interrogatorio”.

Para cometer el crimen, 26 pistoleros del Mossad llegaron a un hotel falsificando la identidad de otros tantos europeos, turistas y hombres de negocios. Sin embargo, las personas a las que correspondían las verdaderas identidades afirmaron que no les habían sustraído sus pasaportes, por lo que los asesinos contaban con cómplices entre los policías europeos encargados de la documentación.

La Unión Europea no condenó el brutal asesinato sino sólo que los asesinos del Mossad hubieran utilizado sus pasaportes.

Mahmud Al-Mabhoud, asesinado en Dubai en 2010

28 de agosto de 2017

Los ataques terroristas atribuidos a los yihadistas reciben cinco veces más cobertura mediática que cualquier otro

En Estados Unidos los atentados terroristas con un componente yihadista se cifran en el 12,4 por ciento, pero obtienen el 41,4 por ciento de la cobertura mediática, según un estudio de la Universidad de Georgia que analiza los atentados terroristas cometidos en aquel país entre 2011 y 1015 según la confesión religiosa del autor de los mismos.

Un único atentado, el cometido durante el maratón de Bostón, acaparó el 20 por ciento de toda la cobertura mediática dedicada a los atentados terroristas en Estados Unidos entre 2011 y 2015, a pesar de que “sólo” fallecieron tres personas.

En abierto contraste, un ataque a un templo sij en 2012 que causó seis víctimas mortales acaparó únicamente un 3,8 por ciento de las noticias porque fue cometido por Wade Michael Page, un “hombre blanco”.

Otro atentado de un “hombre blanco”, Dylann Roof, en la iglesia afroamericana de Charleston en el que murieron nueve personas sólo recibió el 7,4 por ciento de cobertura mediática.

El atentado de 2014 cometido por Frazier Glenn Miller contra una sinagoga de Kansas con tres víctimas sólo alcanzó un 3,3 por ciento de cobertura.

La conclusión de los investigadores es que los ataques atribuidos a los yihadistas reciben cinco veces más cobertura mediática que los perpetrados por los demás.

Cuando los medios atribuyen un atentado a los yihadistas, la atención informativa crece un 449 por ciento. De esa manera, aseguran los autores del estudio, se esparce un pánico generalizado contra un determinado tipo de religión.

Para llegar a sus conclusiones, los autores han recopilado las noticias aparecidas en la prensa en el periodo cinco años comprendido entre 2011 y 2015 relativas a cada uno de los atentados que se han producido.

Como consecuencia de esta desigualdad de tratamiento informátivo, la islamofobia se ha disparado, algo que no sucede con las demás confesiones religiosas. Los medios de comunicación han forjado así un cliché falso que ha arraigado entre la población.

Todas las religiones parecen algo muy distinto y contrapuesto al islam.

(*) http://www.independent.co.uk/news/world-0/terror-attacks-media-coverage-muslim-islamist-white-racism-islamophobia-study-georgia-state-a7820726.html

28 de agosto de 2017

Los GEO patrullan las calles en busca de yihadistas para matarlos

Las Fuerzas de Seguridad del Estado llevan meses tomando medidas extraordinarias para combatir la amenaza del terrorismo yihadista, que hace dos semanas logró atentar en suelo nacional después de 13 años sin conseguirlo. El Ministerio del Interior tiene en marcha un dispositivo para garantizar que los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional pueda reaccionar ante un posible atentado en Madrid en cuestión de minutos. Efectivos de esa unidad de élite patrullan de forma constante por las calles del centro de la capital para rebajar al mínimo el tiempo de intervención ante un hipotético ataque.

El dispositivo, que recibe el nombre de Operación Madrid, fue activado a comienzos de año y funciona ininterrumpidamente desde entonces, según han confirmado fuentes de la lucha antiterrorista. Los agentes se desplazan diariamente a la capital desde Guadalajara, donde el GEO tiene su cuartel general, y ya en Madrid utilizan las instalaciones de la Policía Nacional en el distrito de Moratalaz como base para labores logísticas y de avituallamiento.

En su labor de vigilancia por Madrid, los GEO están utilizando coches camuflados sin ningún tipo de anagrama. Sin embargo, se desplazan dentro de los vehículos completamente uniformados y también con el armamento específico que compone su dotación. Circulan en comandos de cuatro o cinco efectivos y están en continuo movimiento por la ciudad, aunque la prioridad son los puntos de la capital más expuestos a la amenaza yihadista, identificados previamente por los servicios de inteligencia y de información del Estado.

Ante un riesgo para la seguridad ciudadana, los efectivos de la operación Madrid tienen la orden de tirar a matar, tanto a viandantes como a conductores peligrosos. En episodios con rehenes, también se descarta la opción de negociar con los atacantes. La prioridad es neutralizar [sic] a los secuestradores cuanto antes, tras las experiencias que demuestran que el único objetivo del terrorismo yihadista es aprovechar cada minuto disponible para apuntarse el mayor número posible de víctimas. El precedente más claro es el ataque en la discoteca Bataclán de París, en noviembre de 2015, donde los yihadistas dispusieron de dos horas y 38 minutos para masacrar a 89 asistentes a un concierto con actos de violencia extrema que incluyeron mutilaciones sexuales y torturas.

La creación de estas patrullas del GEO fue acordada por [el Ministerio de] Interior tras el atentado de Berlín del pasado 19 de diciembre, en el que un yihadista utilizó un camión de gran tonelaje para embestir un mercado navideño. Fallecieron 12 personas y otras 56 resultaron heridas. El terrorista logró huir y no fue localizado hasta el 23 de diciembre a las afueras de Milán. Solo un día después de ese atentado, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional emitió una circular para pedir a los ayuntamientos de toda España que colocaran “medidas de protección física en espacios públicos” como “maceteros o bolardos” para tratar de reducir el riesgo de atropello masivo en fechas navideñas.

Fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado ahora que, en paralelo a esa medida, también se adoptó la decisión de que comandos de los GEO recorrieran de forma permanente las áreas más amenazadas de Madrid. Hasta que entró en vigor este plan, en los casos en los que era necesaria su participación había que esperar a que se desplazaran desde su base en Guadalajara, situada a 60 kilómetros de la Puerta del Sol. Su intervención ahora sólo requeriría unos minutos.

El GEO fue creado en 1977 como el cuerpo de élite de la Policía Nacional para hacer frente a situaciones especialmente críticas y desde entonces ha intervenido en la desarticulación de más de 40 comandos terroristas. En los últimos años, su entrenamiento se ha modificado para hacer frente a las nuevas tipologías del terrorismo yihadista. Disponen de armas largas capaces de repeler a los temidos kalashnikovs, los fusiles de asalto más utilizados por el Estado Islámico en sus ataques en Europa, y cuentan con expertos francotiradores, contrafrancotiradores y submarinistas, entre otros especialistas.

Tras los atentados de Barcelona y Cambrils, [el Ministerio de] Interior ha acordado mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista, que se encuentra activado desde junio de 2015 e indica un riesgo alto de ataque. Se sitúa solo un escalón por debajo del máximo nivel, el 5, reservado para escenarios de ataque inminente. Con todo, los expertos de la lucha antiterrorista han decidido incorporar otras medidas para reforzar la seguridad de la población y de los intereses nacionales, dentro y fuera de las fronteras españolas.

La Secretaría de Estado de Seguridad emitió una circular ese mismo sábado para que se establezcan mayores controles en sitios con elevada “concentración de personas”, especialmente en lugares turísticos; se realicen más inspecciones aleatorias en “plazas, paseos marítimos y calles peatonales”; se intensifiquen los controles en la frontera con Francia, y se aumente la colaboración con las policías locales para detectar zonas de riesgo en las que se puedan instalar “medidas pasivas de seguridad” como bolardos y maceteros. También se ha aumentado la vigilancia de infraestructuras críticas.

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-28/geo-abatir-patrulla-operacion-madrid_1434118/

27 de agosto de 2017

El Congreso de Estados Unidos quiere declarar a WikiLeaks como un centro hostil de espionaje

Un proyecto de ley aprobado en julio por la Comisión Especial del Senado sobre Inteligencia podría asimilar a los periodistas con los espías, que es una de las maneras de acabar con la libertad de expresión. Los periodistas ya no serían los protagonistas de la investigación sino que estarían sometidos a ella.

El proyecto tiene relación con el portal de filtraciones WikiLeaks. Se trata de declararlo de forma oficial a como “un servicio hostil no estatal de inteligencia” si sus diputados dan luz verde a un proyecto de ley aprobado el pasado mes de julio por la Comisión Especial del Senado sobre Inteligencia, informa el “Washington Times” (*).

Durante aquella votación, 14 miembros del Senado se mostraron a favor de aprobar el proyecto de ley, mientras que Ron Wyden —senador demócrata de Oregon— se pronunció en contra del mismo.

“WikiLeaks y los maximos dirigentes de WikiLeaks se parecen a un servicio hostil no estatal de inteligencia, inducido a menudo por actores estatales, y deben de ser tratados por Estados Unidos como tal servicio”, reza una cláusula del proyecto de ley.

Argumentando su rechazo al documento, Wyden se ha referido en concreto a esta cláusula. Según el senador, esta descripción “innovadora” que se podría aplicar para WikiLeaks “podría tener implicaciones legales, constitucionales y políticas, en particular si se aplica a los periodistas que investigan secretos”.

Asimismo, considera igualmente preocupante que el proyecto de ley sugiera que el gobierno de Estados Unidos cuenta con algún tipo de plan de acción tácito respecto a servicios hostiles no estatales de inteligencia. “Frente a cualquier desafío para nuestro país, el Congreso no debe de reaccionar de una manera que pueda implicar consecuencias negativas para nuestros principios constitucionales, sean imprevistas o no”, ha sentenciado el político, precisando que la introducción de categorías nuevas —vagas e inexplicadas— de enemigos es una de estas reacciones mal planteadas.

http://www.washingtontimes.com/news/2017/aug/23/senate-bill-would-label-wikileaks-non-state-hostil

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