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El coronavirus se ensayó mediante un simulacro de pandemia en septiembre de 2019 en un hotel de Nueva York

Imágenes del evento difundidas por Bloomberg

Diego Herchhoren

El simulacro de pandemia titulado Evento 201 fue un ejercicio de simulación de alto nivel que tuvo lugar el 18 de octubre de 2019 en el hotel The Pierre, de Manhattan, según la agencia Bloomberg, que tuvo acceso exclusivo al mismo. 

Los participantes (banqueros, empresarios de alto nivel y responsables de varios organismos financieros mundiales) se reunieron para explorar ideas sobre cómo mitigar los devastadores impactos económicos y sociales mundiales que resultarían de «un brote intercontinental grave y altamente transmisible«. 
El ejercicio se construyó alrededor de un virus ficticio, un coronavirus natural (no muy diferente al SARS o MERS) que según el ejercicio, habría surgido de los cerdos, que según el vídeo difundido en internet por los organizadores del evento, sintetiza las campañas oficiales contra el COVID-19 lanzadas por varios gobiernos, casi a modo premonitorio.
El evento fue organizado por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, en asociación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Solo se podía acudir por invitación, con la asistencia de medios como Bloomberg. No se permitieron grabaciones de video y audio, sino que después del evento, se seleccionaron videos y audio de alta calidad para su difusión en medios seleccionados, normalmente prensa especializada dirigida a público determinado. 
Entre los participantes estuvieron Ryan Morhard, asesor en materia de salud y economía del Foro Económico Mundial;
Chris Elias, presidente de la División de Desarrollo Global de la Fundación Bill y Melinda Gates;
Tim Evans, ex director de salud del Banco Mundial;
Avril Haines, ex subdirector de la CIA, Sofía Borges, en representación de  Naciones Unidas; Stanley Bergman, presidente de la Junta y CEO de Henry Schein (un distribuidor mundial de suministros médicos y dentales, incluidas vacunas, productos farmacéuticos, servicios financieros y equipos); Paul Stoffels, Director Científico de Johnson & Johnson;
Matthew Harrington, Director de Operaciones Global de Edelman (una de las firmas de consultoría de marketing y relaciones públicas más grandes del mundo);
Martin Knuchel, Jefe de Gestión de Crisis, Emergencias y Continuidad de Negocios de Lufthansa; Eduardo Martínez, presidente de la Fundación UPS;
Hasti Taghi, Vicepresidente y Asesor Ejecutivo de la cadena norteamericana NBC o Lavan Thiru, Representante Jefe de la Autoridad Monetaria de Singapur.
El propósito principal de la simulación fue ilustrar el debilitamiento de las alianzas internacionales y la debilidad gubernamental en la gestión de estas crisis, para así promover y aumentar las asociaciones público-privadas. Si bien los participantes reconocieron al sector público como la primera línea de defensa contra las pandemias, destacaron su liderazgo compartido con el sector privado.

«Crear eventos como este lleva más de un año de planificación y una inversión de cientos de miles de dólares, pero las lecciones aprendidas son incalculables«, dijo Morhard a Bloomberg.

Treinta días después del ejercicio de simulación del 18 de octubre de 2019, el 17 de noviembre de 2019, habría aparecido el primer caso documentado del COVID-19. «El primer caso de alguien que sufría de Covid-19 se remonta al 17 de noviembre, según informes de los medios de comunicación sobre datos no publicados del gobierno chino«, publicó The Guardian. El 11 de marzo de 2020 el COVID-19 fue declarado pandemia por la OMS, que tiene entre sus principales financistas a la Fundación Gates, patrocinadora de este evento.

El mismo 11 de marzo de 2020, mientras el director de la Plataforma de Acción COVID-19, un grupo de trabajo compuesto por más de 200 corporaciones económicas de todo el mundo, entre las que están las firmas que hemos indicado arriba. Esto se suma a la asociación que el Foro hizo con Naciones Unidas el 13 de junio de 2019, que entabló un entendimiento entre ambos organismos para hacer políticas conjuntas en materia de economía, salud, educación y migraciones, es decir, una alianza entre un organismo interestatal con otro que representa a los principales bancos del mundo.
Los videos que permanecen accesibles sobre este evento de octubre de 2019 pueden consultarse en Youtube e incluyen fragmentos dedicados a contramedidas médicas; comercio, viajes y movilidad; política financiera durante la pandemia; así como comunicaciones y telefonía.
La propia agencia Bloomberg publicó dos audios que no tienen desperdicio, y que están en inglés, uno el 4 de noviembre de 2019: «Preparándonos para la próxima pandemia: A medida que el brote de coronavirus se acerca a una pandemia, los líderes mundiales y los funcionarios de salud están luchando por contener las consecuencias. Eso ha provocado cuarentenas y otras acciones de emergencia en todo el mundo. Es un escenario que fue planeado hace solo unos meses, en una reunión de líderes en finanzas globales, políticas y atención médica. Janet Wu de Bloomberg estuvo allí y nos trae este informe «.

Y otro el 4 de marzo de 2020, que decía: “Los anfitriones June Grasso y Ed Baxter presentan las mejores historias del día de Bloomberg Radio, Bloomberg Television y más de 120 oficinas de Bloomberg News en todo el mundo en Bloomberg Radio de Bloomberg Best. Los puntos destacados incluyen … Janet Wu sobre el impacto potencial de la próxima pandemia».

El plan de la Plataforma de Acción COVID-19 del Foro Económico Mundial y la OMS incluyen la recaudación de aproximadamente 12 mil millones de dólares para crear y distribuir una vacuna contra el coronavirus, incluyendo en el grupo de trabajo a corporaciones como Volkswagen, Bank of America y Deloitte.  

Para «unir a la comunidad global«, el grupo de trabajo «empoderará a los líderes nacionales y reforzará las llamadas a la solidaridad, incluso mediante la movilización de referentes juveniles mundiales, embajadores de los medios de comunicación y de la sociedad civil«. Y el último enfoque es «movilizar la cooperación y el apoyo empresarial para la respuesta al COVID-19: aprovechar los grandes datos y la inteligencia artificial para mitigar el impacto y mejorar la toma de decisiones«. En síntesis, hay quien instruyó la idea de una pandemia mundial, alguien que la ejecutó y alguién que vio una oportunidad. Probablemente sean las mismas personas.
 

@elbuenjuicio

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El represor argentino Adolfo Scilingo tendrá derecho a un subsidio por su reciente acceso al tercer grado

Adolfo Francisco Scilingo, exmilitar argentino, en entrevista con VozpópuliDiego Herchhoren
Según el diario digital Vozpópuli, Adolfo Scilingo disfruta ya del tercer grado penitenciario trabajando en una iglesia del Centro de Madrid, a instancias de la pastoral penitenciaria.
La Junta de Tratamiento de la prisión de Alcalá-Meco ha dado luz verde a la salida del responsable de la muerte de decenas de ciudadanos argentinos que fueron arrojados vivos al mar, tras haber sido secuestrados por el Estado argentino en función de su actividad política.
Scilingo no ha resarcido a las víctimas y ni siquiera ha pedido perdón por sus crímenes. Es más, según el editor de Vozpópuli, el ex piloto de los vuelos de la muerte se retracta de lo que dice en su día y se postula casi como un preso político. Basa su novedosa tesis en una investigación elaborada por mí donde denuncié la participación de militares españoles en los «cursos de tortura» de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los mayores campos de concentración de la dictadura militar, y a los que Baltasar Garzón en su día rechazó investigar (no es lo mismo actuar contra militares de un país del tercer mundo que hacerlo con los del Estado que te da de comer, podríamos pensar).
Scilingo, que ya ha accedido a llamado «régimen de semilibertad«, podrá acceder a un subsidio de desempleo que le permitirá cobrar 430 euros durante seis meses, prorrogables hasta 18. 
Es sin duda un caso de extraordinaria relevancia por cuanto que España es de los pocos países que trata con tanto mimo a un condenado en firme por crímenes contra la humanidad que, en condiciones normales, debería fallecer en prisión.
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El kirchnerismo no vio en 2015 lo que sigue sin querer ver en 2020

Fernández, cuando era anti kirchnerista

Diego Herchhoren

Nos ha llegado un comentario de Conrado Ugarte, en nombre del colectivo de información alternativa RedCom, criticando duramente el artículo titulado «El nuevo gobierno argentino pretende ser equidistante entre Venezuela y los EEUU«, donde se nos reprocha, en esencia, que el llamado Grupo de Puebla no tiene las características que describíamos en él y que nuestro análisis bascula entre la «extrema derecha recalcitrante» y el «trotskysmo«.

Más allá del comentario, plagado de presunciones y algún que otro gazapo (Fernando Lugo, ex Presidente de Paraguay, fue depuesto por un Golpe de Estado judicial, denunciado en su día por el gobierno argentino como tal) viene a negar el distanciamiento del kirchnerismo del gobierno de Venezuela, obviando los durísimos dichos del actual presidente argentino calificando al gobierno de Nicolás Maduro como «régimen«, término habitual utilizado contra gobiernos díscolos por la derecha mundial, porque para Fernández los venezolanos no tienen gobierno, tienen un «régimen«.
Ese discurso justificador de todo aquello que aparente progresista ni es nuevo ni será la última vez que termine dando dolores de cabeza a los pueblos latinoamericanos.

Dilma Roussef fue destituida mediante un golpe parlamentario plagado de irregularidades y que dirigía…su vicepresidente Michel Temer. A Lugo, de Paraguay, le pasó tres cuartos de lo mismo. Y a Rafael Correa lo traiciona su propio vicepresidente, y es quien promueve su persecución tras asumir la Presidencia de Ecuador.

Hoy la cancillería argentina la ocupa Felipe Solá -portavoz de las bravuconadas del Ejecutivo de Fernández contra el gobierno de Venezuela-, que es uno de los responsables políticos del asesinato en 2002 de los militantes sociales Maximiliano Kostequi y Darío Santillán. Y el propio Alberto Fernández ha sido uno de los principales detractores de las medidas estrella e incluso reconoció que desde 2008 trabajó como lobbysta para la entonces española Repsol-YPF.

Si bien las cosas pueden cambiar, y el ritmo de los acontecimientos pueden dar lugar a giros inesperados en la política latinoamericana, lo cierto es que el kirchnerismo no aprende nunca.

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El nuevo gobierno argentino pretende ser equidistante entre Venezuela y los EEUU

Fernández, en su visita a España en Septiembre de 2019

Diego Herchhoren

«Ni con Trump ni con Maduro, peronistas» parece ser el leit motiv de la política exterior del gobierno argentino de Alberto Fernández, escribe Emiliano Guido en la revista argentina El Destape.

La adhesión de Alberto Fernández al Grupo de Puebla, consumada mientras todavía era candidato presidencial no ha sido casual.
El Grupo de Puebla es una plataforma de organizaciones del continente latinoamericano que contiene una regla estatutaria tácita: ninguno de los ex Jefe de Estado o referentes participantes en el Grupo de Puebla debe identificarse ni con la política hemisférica de los Estados Unidos ni tampoco con la doctrina política regional promovida por la República Bolivariana de Venezuela.
El grupo es una amalgama de depuestos Presidentes latinoamericanos y colaboradores que habrían sacado la conclusión de que quizá fueron demasiado «radicales» durante sus mandatos y que, de acuerdo a ello, hay que rebajar el discurso y la acción política.
Por eso entre sus filas se encuentra el único presidente no latinoamericano cuya presencia es significativa, el español Jose Luís Rodríguez Zapatero, quien desde hace tiempo articula una especie de puente entre América Latina y la UE, como lo hiciera en otros tiempos el ex ministro de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de Felipe González, Francisco Fernández Ordóñez, que fue el principal promotor del desembarco de las multinacionales españolas en América Latina durante los años 90.
De esa manera, que a mediados del siglo XX encontraba su síntesis narrativa en la expresión de la derecha peronista: “ni yanquis, ni marxistas”, parece ser la opción política que asumirá Alberto Fernández, quien no ha ocultado nunca que las políticas progresistas más avanzadas de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner no eran de su agrado.
Alberto Fernández, antes de ser presidente, viajó a España y se reunió con Pedro Sánchez, encuentro en el que trascendieron dos cosas: que Sánchez le ayudara en las gestiones con el FMI y manifestarle asimismo que por nada del mundo su gobierno, en caso de que saliera elegido, repudiaría el acuerdo Mercosur-UE, que no deja de ser un acuerdo de libre comercio en toda regla y muy criticado por el peronismo cuando estaba en la oposición, en el que Argentina está en desventaja. Actualmente el acuerdo está estancado, y hacen falta votos para desatascarlo.
La equidistancia diplomática de Fernández es tan lamentable que ni siquiera ha aplicado la llamada «cláusula democrática» que
inaugurara Néstor Kirchner durante su gestión al mando de la UNASUR,
que implica que debe romperse relaciones diplomáticas con cualquier
gobierno surgido de un golpe de Estado. Y ahí están los representantes
en Buenos Aires de la golpista boliviana Jeanine Áñez o de Juan Guaidó,
con sus credenciales diplomáticas intactas.
La presencia influyente de Zapatero en América Latina por un lado y el marco ideológico que pretende desplegar Fernández en sus relaciones exteriores por otro no es nada nuevo en el continente. El ex presidente argentino Raúl Alfonsín (1983-1989) y miembro de honor de la Internacional Socialista, también llevó adelante ideas parecidas, y terminó depuesto por un golpe del mercado que provocó en 1989 saqueos a supermercados y una hiperinflación de la moneda nacional que diluyó el poder adquisitivo de los argentinos.
Y es que las ideas conciliadoras entre el capital y el trabajo, tradicionalmente, han acabado mal en la Argentina.
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Las «negociaciones de investidura» españolas son un circo de bajo presupuesto donde siempre ganan los mismos

La burguesía española a veces vé fantasmas 
Diego Herchhoren
En economía política del capitalismo, el concepto de «prima de riesgo» de un Estado se concibe como el canon que éste debe abonar como contrapartida de la mayor o menor fiabilidad que a un inversor le puede suponer adquirir deuda pública o bonos de dicho Estado. Es como una compensación al inversor por meter su dinero en un país con riesgos para su rentabilidad. 
Por ejemplo, la «prima de riesgo» (también llamado en América Latina «riesgo país«) que paga un Estado en quiebra es mucho más alta que la de otro con una economía aparentemente saneada.
La «prima de riesgo» la calculan agencias de calificación que no dejan de ser entidades que bajo un sesgo de aparente objetividad, proporcionan información estratégica a grandes corporaciones que son sus verdaderos clientes y para las que realmente trabajan. 
Cuando veamos a un locutor de radio o a un político «progresista» decir que «el pacto PSOE-Podemos no altera la prima de riesgo«, nos está diciendo que los intereses de los monopolios que operan en España no perciben dicho binomio como un problema, y para muestra un botón.
Ente el 12 y el 14 de noviembre la prima de riesgo española subió hasta los 80 puntos, lo que en términos interanuales era una subida histórica que servía para advertir que las principales empresas españolas veían como un alto riesgo el anuncio que en esos días realizó Pedro Sánchez, donde iba a integrar a los morados en el Ejecutivo.
Dicha alerta estaba provocada más por un prejuicio de las empresas del Ibex 35 hacia cualquier cosa que huela a izquierda que a un perjuicio real. Con el pasar de los días, las aguas volvieron a su cauce y hoy se vuelve a posiciones de normalidad, es decir: los beneficios no corren peligro y estamos a los mismos niveles que bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
El barullo de la investidura, de la sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras o los vaivenes del nuevo Gabriel Rufián han impedido ver un bosque en el que las ganancias de las principales compañías que operan en el mercado financiero nacional están garantizadas, ya sea porque el próximo gobierno no va a tocar ni un euro de sus balances o ya sea porque no habrá finalmente «gobierno progresista».
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Operación Libertad de Venezuela, o cómo el espionaje cubano desmanteló una trama similar ejecutada por el CNI español

Diego Herchhoren

Era el año 2009. Gobierno: Jose Luís Rodríguez Zapatero. Ministro de Exteriores: Miguel Ángel Moratinos. Director del CNI: Alberto Saiz y luego Félix Sanz (en el cargo actualmente).
El entonces vicepresidente cubano, Carlos Lage, y el ministro de Asuntos Exteriores, Felipe Pérez Roque, mantenían una estrechísima amistad con Conrado Hernández, un cubano con nacionalidad española, que dirigía la delegación en la isla de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, dependiente del Gobierno vasco.
Lage y Pérez Roque eran vendidos a los círculos diplomáticos y extranjeros como la «renovación» de los cuadros que llevaban tiempo en los aledaños del poder y que confiaban que con la salida de Fidel Castro y la llegada de Raúl, las nuevas generaciones revolucionarias representadas por ellos tomaran las riendas del país. Incluso se les llegaba a promocionar entre diferentes empresas españolas como los futuros enlaces para una «apertura china» en Cuba.
El 14 de febrero de 2009, Conrado Hernández y su mujer fueron detenidos en el aeropuerto de La Habana cuando se disponían a viajar a Bilbao. El 2 de marzo fueron destituidos Lage y Pérez Roque, con el sambenito de haber operado en la sombra contra el gobierno cubano. Y en efecto, la Dirección de Inteligencia (equivalente al CNI español) detectó una reunión de Hernández con dos agentes españoles que, según el vídeo grabado, le pedían informes sobre la salud de Fidel Castro y de otros dirigentes cubanos, sobre el programa energético de Cuba y sobre las relaciones con Estados Unidos, Rusia y China.
Conrado se convirtió en objetivo prioritario de la seguridad del Estado
por sus vínculos con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
de España, que lo captaron como informante por sus
buenas relaciones con miembros de la dirección cubana. En un vídeo difundido entre la militancia del Partido Comunista a modo de explicación de los ceses de Lage y
Pérez Roque, aparece Conrado en pantalla, ya arrestado, confesando
trabajar para los servicios secretos españoles. Los cubanos hicieron creer al espionaje español que podían contar con personas afines dentro del gobierno, pero les salió el tiro por la culata y el CNI quedó en ridículo.
El lector se preguntará qué tiene que ver esto con Venezuela. El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, informó la pasada semana que los altos mandos del chavismo que negociaban con la oposición una supuesta «huída» del Presidente Nicolás Maduro, apagaron sus teléfonos móviles en las horas en las que el propio Maduro debía tomar el avión hacia Cuba o Rusia, según qué fuentes. El trabajo conjunto de la inteligencia cubana y venezolana funciona: EEUU ha hecho, como el CNI, el ridículo.
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Generales y Autonómicas: Rosa Parks no se presentó a las elecciones

Diego Herchhoren
Las encuestas han sembrado el terror. Lo que los medios de comunicación llaman “extrema derecha” parece llevar adelante un ascenso imparable que, si nada lo remedia, puede hacer que el trío PP, Ciudadanos y VOX alcancen cuotas de poder institucional hasta ahora nunca vistas. Entre nuestra gente sobrevuela un fantasma: hay que ir a votar para evitar su ascenso. Quien hace esta afirmación normalmente es aquella persona que no se siente identificada con ninguno de los partidos alternativos a este trío, pero no se perdonaría que su abstención facilitara el ascenso al poder de las derechas.
Piensa que probablemente los partidos alternativos (PSOE o las diferentes marcas de Podemos) pueden ser mejor, y más fiscalizables por el electorado, y servir de dique frente a lo que llaman “el auge de la extrema derecha”. Sin embargo, las personas que hacen este análisis, honesta o interesadamente, pasan por alto la experiencia consolidada de cuatro años de “gobiernos del cambio”. No es Ana Botella quien llevará adelante la Operación Chamartín, como tampoco será Maria Dolores de Cospedal quien meterá en prisión a los 6 repobladores del pueblo okupado de Fraguas, en Guadalajara. Tampoco es cierto que un eventual gobierno apoyado por VOX suponga un deterioro en los derechos de las mujeres, o sino que se lo pregunten a las miles de ellas que acuden a cuarteles o comisarías y son disuadidas de ejercer sus derechos.
No es que exista un peligro de ascenso del fascismo. El problema es que el fascismo ya lo tenemos entre nosotros desde hace tiempo, y con mayor o menor ingenuidad, quien nos invite a votar para impedir su “ascenso” nos está indirectamente invitándonos a obviar esta realidad porque, en definitiva, ir a votar en abril y mayo será, lisa y llanamente, aplazar el problema otros cuatro años más.
Antonio Baños, dirigente de la CUP hasta hace poco tiempo, afirmaba que los cambios más trascendentales de una sociedad siempre vienen precedidos de sonoros actos de desobediencia. Rosa Parks no se presentó a las elecciones para cambiar la ley que obligaba a ceder su asiento a los blancos, simplemente se sentó en el lugar de los blancos.
Abstenernos en estas elecciones es una oportunidad de poner en evidencia que este modelo económico no nos representa porque, no lo olvidemos, ningún rico gobernante nos va a permitir que, con sus reglas, podamos hacer que deje de ser rico y deje de ser gobernante. La abstención no es una opción, es un ejercicio de desobediencia para quienes queremos cambiar las cosas, porque por desgracia, a muchas personas que padecen la precariedad de vida, los desahucios o la miseria, no pueden perder más tiempo pensando que esta vez, quienes defraudaron, no lo van a volver a hacer.
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El historial de relaciones de Baltasar Garzón con la oposición venezolana y el paramilitarismo (I)

Garzón y Rajoy durante su romance en la lucha antiterrorista
Diego Herchhoren 

El diario español Publico ha difundido una información de la periodista Patricia López que parece que no ha tenido el eco y la trascendencia debida: los vínculos del ex juez Baltasar Garzón con la oposición venezolana y su papel de interlocutor para favorecer un alzamiento militar contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro Moros.

Este dato, cuya fuente proviene según la autora del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), es otro episodio más de una agenda política que, desde hace más de una década, vincula al juez estrella con lo más negro del paramilitarismo y los grupos de oposición en Venezuela promovidos por la política exterior de EEUU en el continente. 
En el caso colombiano, Garzón es el protagonista del libro Nos matan y no es noticia, de los periodistas Ricardo Ferrer Espinosa y Nelson Javier Restrepo Arango que hace un duro examen de quien ahora aparece como apoderado de los capos venezolanos huidos a quien España da cobijo para operar contra Maduro.
En su prólogo, achacan a Garzón una «siniestra y exitosa normalización del paramilitarismo» que está representada en al menos tres actos concluyentes: cuando ha aconsejado al gobierno de Álvaro Uribe sobre la toma de medidas represivas, como la incomunicación -y en consecuencia, la tortura-, así como la flexibilidad con los miembros del paramilitarismo, a un régimen genocida que las aplica contra el movimiento popular; cuando, pagados por el Banco Santander, ha organizado encuentros de acreditación de Álvaro Uribe Vélez como demócrata, avalando su política de seguridad y derechos humanos (certificación realizada, por ejemplo, en Nueva York el 15 de diciembre de 2005 al lado de otro criminal como Henry Kissinger o de impresentables como Ernesto Zedillo de México y el ex presidente Felipe González,); y cuando ha empleado, junto con otros jueces españoles, instrucciones y consignas recibidas de organismos de inteligencia implicados en crímenes internacionales, para acusar injustamente en España a activistas por la paz y los derechos humanos vinculados con la izquierda colombiana (2008-2010), así como al Gobierno de Venezuela.

Garzón y la colaboración con el paramilitarismo en Colombia

En el año 2003 se da el pistoletazo de salida a una operación que el periodista Oriol Malló (víctima de torturas en una detención ordenada por Garzón previo a las Olimpiadas de Barcelona 92) describió en su libro El cártel español. En ella se hace un repaso a toda la historia del intervencionismo de las grandes multinacionales españolas a lo largo del Siglo XX latinoamericano, y se detiene en un episodio infame silenciado por los aduladores del ex juez.

Garzón, Kissinger, Uribe y Felipe González en 2005

Corría el inicio del s.XXI cuando Álvaro Uribe Vélez accedía a la Presidencia de Colombia con la promesa de acabar con la guerrilla. Empresas españolas interesadas en las áreas estratégicas del país latinoamericano veían con preocupación la actividad revolucionaria de las FARC y el ELN, puesto que tenían intereses contrapuestos a estas organizaciones armadas y, para asegurar la inversión, necesitaban de un fuerte compromiso estatal en acabar con ellas sea como sea.

Al año siguiente, Garzón y el ex Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional española Javier Zaragoza desembarcaban en Colombia para dar respaldo y asesoramiento a la iniciativa del uribismo «Proyecto de Estatuto Antiterrorista«, que establecía medidas de aislamiento de los detenidos relacionados con el conflicto colombiano y que fue muy criticado por Naciones Unidas y la OEA por atentar contra derechos civiles consagrados. No obstante, Garzón y Zaragoza insistieron en ese entonces ante los legisladores del uribismo que ese era «un proyecto de mínimos» ya que según ellos, la lucha antiterrorista debía ser «realista».  La Ley de Justicia y Paz que tanto elogió Garzón fue calificada como una «ley de impunidad» del paramilitarismo, entre otros, por Michael Fruhling, vocero de Naciones Unidas sobre el conflicto.

Paramilitares: de sicarios a vigilantes de seguridad gracias a Garzón


¿Por qué de impunidad?, porque su aplicación a la desmovilización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal organización paramilitar del país, se basaba en que sus componentes, al reconocer sus delitos, pasarían a formar parte de las empresas de seguridad que protegerían los intereses españoles formados por Gas Natural, Banco Santander o el Canal de Isabel II entre otros. Es lo que los imperialistas de los derechos humanos llaman «justicia transicional», la misma que en España sirvió para consagrar la impunidad del franquismo y que se extiende hasta hoy.

El asesoramiento de Garzón y Zaragoza en esta ley de impunidad fue tan exitoso, que en 2005 el entonces rey Juan Carlos I otorgaría personalmente a Uribe la Orden de Isabel la Católica con el fin de «premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios«. Garzón incluso llegó a criticar la extradición a EEUU de varios dirigentes del paramilitarismo por narcotráfico ya que, a su juicio, eran un «obstáculo a la paz».

Varias organizaciones firmaron en 2012 una carta abierta al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmando que «Nos duele que haya sido Baltasar Garzón quién haya avalado en un primer momento el proceso de reingeniería paramilitar, llamado desmovilización, por la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, afirmando que era un modelo de justicia.»

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La salida del gobierno de Cristina Kirchner en Argentina estaba fraguándose desde 2012

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Diego Herchhoren

«A volver, vamos a volver», era el grito de campaña de los simpatizantes de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015 cuando Mauricio Macri, contra pronóstico, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires triunfaba en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas.

La afirmación que acabamos de hacer de «contra pronóstico», es relativa, porque la salida del gobierno kirchnerista se venía fraguando desde hacía tiempo, en un contexto en el cual altos funcionarios del Frente para la Victoria hicieron caso omiso de las múltiples alertas que se venían manifestando ya desde noviembre de 2011, tras el rotundo triunfo de Cristina Fernández en primera vuelta, con el 54% de los votos. Quienes se encargaban de analizar esas alertas, hoy ocupan puestos importantes en el gobierno de Macri, caracterizado por nombrar en su equipo a ex CEO’s de empresas multinacionales.

El contexto

El año 2010 fue un año de intensa movilización política en la Argentina. El año del bicentenario se desarrollaba en un incremento de la popularidad del gobierno kirchnerista por dos materias clave: el incremento del poder adquisitivo de las clases medias (contra la tendencia mundial de empobrecimiento por la crisis de 2008) y la consolidación de América Latina como bloque regional que disputaba la hegemonía de los EEUU en el subcontinente. Era el período en que Néstor Kirchner, presidente de la Nación de 2003 a 2007 pasaba a ser titular de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), que tenía como misión desplazar en la toma de decisiones a la tristemente célebre Organización de Estados Americanos (OEA), avalista de invasiones y golpes de Estado en la historia latinoamericana.

Resultado de imagen de ley de medios argentinaCristina Kirchner incorporaba con diversas medidas sociales a millones de personas al consumo de productos y servicios hasta entonces vedados a las clases populares, y las costas argentinas se poblaban de negros y grasas, en terminología de la derecha. Entre tanto, se generaba una enorme expectación durante ese año por la aplicación parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios que abría el principio del fin de la hegemonía mediática del Grupo Clarín, asociado a la Embajada de EEUU. Para colmo, la repentina muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, conmocionó al país, dando el definitivo espaldarazo a la victoria de Cristina a finales de 2011.
Los pasos que parecían darse apuntaban a cambios profundos en el lugar que iba a tener Argentina hacia fuera y hacia dentro del país. El pueblo argentino es tradicionalmente ajeno a los conflictos y bloques de poder que se disputan el globo. También suele ver desde la lejanía su ubicación en esos juegos, lo que suele conllevar que sean otros quienes decidan dicho lugar. Ha sido durante el gobierno kirchnerista que se empezó a hablar, un poco, de política internacional y de toma de decisiones, pero en general con bastante superficialidad.
El incidente del Globemaster de EEUU abre la escena
Un extraño incidente en el aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires puso sobre la mesa la bicefalía que existió en el gobierno argentino en el año 2011, donde se disputaban el espacio político dos almas. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervenía a principios de febrero de ese año un avión de la Fuerza Aérea de EEUU que traía al país un «curso de capacitación» para la Policía Federal Argentina junto con armas y drogas no declaradas; estas últimas eran sedantes y sueros a aplicar en interrogatorios y bajo metodologías prohibidas en el país. El citado curso había sido convenido por el Ministro de Justicia Seguridad y Derechos Humanos Julio Alak tiempo atrás, pero la creación en 2010 del Ministerio de Seguridad como cartera autónoma complicó las cosas.

Resultado de imagen de nilda garreEste ministerio de nueva creación sería dirigido por Nilda Garré, militante del Frente Grande e histórica de la izquierda peronista que había tenido un protagonista rol en la depuración de las Fuerzas Armadas argentinas de quienes habían tenido participación en la última dictadura militar. Su nombramiento se precipitó por la muerte del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra a manos de un grupo parapolicial con vínculos con la Policía Federal, mientras participaba de una protesta de trabajadores ferroviarios en las vías del Ferrocarril Roca, que conecta Buenos Aires con La Plata. La conclusión y el mandato de Cristina Kirchner parecía evidente: para evitar una maniobra de desestabilización había que depurar las Fuerzas de Seguridad.

El incidente diplomático del Globemaster se desató pocas semanas después de su toma de posesión, y la fuerza policial que intervino en aquel operativo de análisis del material incautado a los EEUU, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), no era cualquiera. La PSA es una policía de nueva creación que vino a sustituir durante el gobierno de Néstor Kirchner a la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), dependiente de la Fuerza Aérea, y cuyo primer director, Marcelo Saín, se propuso dos premisas: «que ni la DEA [la agencia antidroga norteamericana] ni el FBI pongan un pie acá«. Lo que encontró la PSA en aquella maleta eran armas y drogas difícilmente compatibles con un esquema de seguridad democrática. La cosa era tan grave que los marines que custodiaban aquel bulto se pasaron seis horas sentados sobre ella para que los funcionarios argentinos no pudieran abrirla, hasta que tras diversas gestiones diplomáticas, se accedió a la maleta.

La reacción de Garré a este incidente (supervisado minuto a minuto por Cristina Kirchner) fue rescindir los convenios de colaboración de las cuatro fuerzas federales, PSA, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería Nacional con las agencias de EEUU, principalmente el FBI y la DEA. Pero sin embargo, esta medida drástica no fue del todo cumplida, ya que las policías provinciales siguieron contaminadas por la influencia de las agencias policiales de EEUU, con quienes compartían información, seguimientos y de quienes adquirían material policial.

«Vamos por todo»

Con estos antecedentes y con los editoriales de los diarios resaltando esta frase que Cristina Kirchner realizaba en febrero de 2012 en el homenaje a los 200 años de la bandera nacional en la ciudad de Rosario, los medios del monopolio mediático alertaban de una «chavización» del gobierno argentino. Y los hechos parecían darles la razón.

El déficit de la balanza energética nacional, en aquel momento controlada en exclusiva por entidades privadas, motivó en abril de ese año el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que intervenía la ex empresa estatal YPF, en manos de la española Repsol, y la posterior nacionalización del 51% de las acciones.

Resultado de imagen de nacionalizacion de ypfLa escenografía de cómo se desarrollaron los acontecimientos fue electrizante. Por un lado, grupos de militantes y simpatizantes del kirchnerismo poblaron aquellos días tanto la Plaza de Mayo como la Plaza de los Dos Congresos, mientras que el Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido acudía acompañado de su escolta de la Policía Federal y varios miembros de su equipo al lujoso edificio del barrio de Puerto Madero para echar personalmente a los ejecutivos españoles. Para colmo, el gobierno español de Mariano Rajoy levantaba la defensa de Repsol como una cuestión de Estado (a pesar no ser una empresa española) y abría una crisis diplomática sin precedentes.

Además, a diferentes episodios del enfrentamiento del gobierno nacional con los factores de poder tradicionales se sumaba la iniciativa presidencial de retomar el histórico reclamo por la soberanía argentina en el archipiélago de Malvinas. Es decir, el país se polarizaba y se generaba un debate nacional sobre aspectos clave de la economía donde empezaron a discutirse, tímidamente, la distribución de la riqueza, el sistema de transportes, derechos civiles, el modelo productivo, etc.

Los camioneros entran al plató

El sindicato de camioneros, conducido por el histórico dirigente de la CGT Hugo Moyano, había sido hasta este momento un aliado imprescindible del kirchnerismo. Se trataba de un gremio que creció al costado del crecimiento económico general, ya que el aumento de la producción interna y la amplia demanda vino acompañada de enormes inversiones en transporte por carretera.

Moyano es uno de esos dirigentes sindicales que se mueve entre el obrerismo y la mafia. Lidera un conglomerado gremial con inversiones en el transporte por carretera, salud o el turismo que podía verse afectado por otro problema que acuciaba al comercio interior: los sobrecostes del transporte por camión.

El gremio de camioneros es una rama de la CGT que fue amamantada por los Estados Unidos a partir de la caída de Juan Domingo Perón en 1955. En aquél entonces, el sistema de transporte argentino estaba basado en la política autárquica del peronismo y con un fuerte desarrollo del ferrocarril como transporte de cargas y pasajeros barato para un país de enormes dimensiones. En 1956, los EEUU se veían en el problema de dar salida a la industria militar de posguerra, viendo en la fabricación de coches y camiones una alternativa de reconversión de su maquinaria de guerra, necesitando crear mercados compradores de todos sus excedentes de producción.

Desalojado y perseguido el peronismo, Argentina adopta a partir de los años 60 un plan ideado por el general norteamericano Thomas Larkin para incorporar paulatinamente el camión y hacer desaparecer el ferrocarril. Por esta razón histórica, el gremio de camioneros ha estado vinculado, al igual que en Chile o Brasil, a las peores políticas y represiones en la historia argentina. El mismo Hugo Moyano fue en los 70 miembro de la Triple A en Bahía Blanca, participando de los operativos donde fueron asesinados y agredidos varios militantes de la izquierda peronista, según el testimonio del ex militante del PST Carlos Petroni.

Los trailers bloquean las refinerías de YPF

En junio de 2012, tras varias amenazas y tira y aflojas de la CGT con el gobierno argentino, Hugo Moyano hace un sorprendente anuncio desde los estudios del canal TN, vinculado al grupo Clarín. Convoca a un paro nacional al que se adherirían los principales gremios del transporte, además del sindicato de camioneros, en lucha por un difuso horizonte salarial que no se concreta pero que viene cargado de reproches políticos hacia el gobierno de Cristina Kirchner.

El 19 de junio de 2012, piquetes alineados con Moyano empiezan a bloquear las refinerías de YPF en lo que viene a ser el primer paro nacional contra la flamante empresa nacional. Es la reacción de un gremio estratégico a una decisión de amplia popularidad. El objetivo era crear un clima de desabastecimiento y generar pánico entre las clases medias porteñas y cordobesas, que demandaran un cambio de gobierno con recetas de mano dura.

Moyano contaba al principio con el apoyo de los sindicatos ferroviarios (UTA y La Fraternidad), que serían los que permitirían inclinar la balanza, pero la escasa popularidad del paro hizo que se bajaran de la huelga, fracturándose la CGT en dos escisiones.

Prefectura y Gendarmería Nacional se amotinan

Hasta el mes de octubre de 2012, las fuerzas de seguridad federales tenían un amplio control y capacidad de autoorganización en el manejo de fondos. De hecho, un jefe policial podía inclusive decidir sobre los sueldos de sus subordinados con bastante discrecionalidad. La cuestión es que el último día hábil del mes de septiembre, prefectos y gendarmes se encontraron que la liquidación de sus haberes contenía drásticas reducciones inexplicables, y con el paso de las horas la cosa empezaba a calentarse. 
El diario La Nación, el histórico medio de la oligarquía nacional, publicaba una catarata de noticias que advertía de la extensión de un amotinamiento de personal de las fuerzas de seguridad al interior del país, y al Ministerio de Seguridad llegaban faxes de destacamentos de todo el interior que se sumaban al amotinamiento. Para colmo (y sin que les afectara esta reducción salarial), la Policía Bonaerense, que no dependía del Estado sino del gobierno provincial, iba a realizar protestas parecidas «en solidaridad con los compañeros».

La dirigente trotskysta Vilma Ripoll, que se acercó al Edificio Guardacostas (situado a 500 metros de la Casa Rosada, sede de la Presidencia) a solidarizarse con los «compañeros prefectos» fue agredida y expulsada de la toma al grito de «zurda de mierda».

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Y puntualicemos algo. La Gendarmería Nacional estaba dirigida en ese momento por el que fuera oficial de enlace en los 90 del dispositivo Gendarmería-DEA para la lucha antidroga, Hector Schenone, amigo de la embajada de EEUU y uno de los asistentes a los «cursos» que la agencia norteamericana hacía a las policías latinoamericanas en aquella infame década.

Una liquidación salarial indebida en un cuerpo de estas características era evidente que iba a sublevar a la tropa. Se hizo una liquidación errónea de los sueldos con el único fin de promover un amotinamiento que impusiera condiciones políticas al gobierno de Cristina Kirchner y que desplazara a la «vieja montonera» Nilda Garré. Y lo consiguieron.

Si bien Nilda Garré siguió siendo titular durante un tiempo más del Ministerio de Seguridad, la toma de decisiones se desplazó a un político de un perfil muy distinto, el médico militar Sergio Berni, quien desde marzo ya había sido nombrado Secretario de Seguridad. Berni fue un ex militar que participó y simpatizó con el movimiento militar carapintada, que en los años 80 había protagonizado varias sublevaciones en protesta contra los juicios por los crímenes que el propio Ejército había protagonizado durante la última dictadura. Lo vendieron como un «político duro y pragmático», pero lo cierto es que tras su pose fascistoide se encubría un rediseño de la política de seguridad que restablecía la autonomía que las fuerzas policiales habían perdido con la gestión de Garré, algo que los EEUU venían demandando insistentemente.

Era la victoria más importante de la Estación de la CIA en Buenos Aires.

La agitación callejera

Curiosamente, días antes de esta asonada policial, el fiscal federal Luís Horacio Comparatore abría una investigación preliminar donde advertía que se estaban produciendo tanto en Capital Federal como en el conurbano bonaersense una serie de episodios que podrían deberse a un «plan de desestabilización». Comparatore cruzó varios datos de caos organizado en hospitales públicos y de delincuencia callejera que se habrían producido con connivencia policial.

«Nuestra modesta experiencia es que siempre cuando se empiezan a movilizar las aguas, es porque hay un viento que sopla de algún lado. Es mucha casualidad que de golpe estando la Presidenta en el exterior, (aparezcan) los cacerolazos…«, afirmó entonces el fiscal a varios medios de comunicación. Incluso varios dirigentes políticos del kirchnerismo fueron escrachados en sus domicilios por grupos de la derecha.

Parecía un guión preestablecido, que culminaría con una gigantesca movilización el 8 de noviembre de 2012, que todas las radios y medios de comunicación del Grupo Clarín se encargaron de agitar. Al año siguiente, los organizadores de aquellas protestas reconocieron que recibían financiación de la American Task Force Argentina, el lobby de fondos buitre de EEUU en el país, perjudicados por la política económica proteccionista de Cristina Kirchner.

Epílogo

 El año concluía con imágenes que siempre han tenido un impacto emocional en la sociedad argentina: los saqueos de supermercados. San Fernando, Zárate y Bariloche eran epicentros de una violencia inusitada que tuvo un saldo de 11 muertos, entre ellos un policía, por disparos tanto de fuerzas de seguridad como seguridad privada.

En un país donde el consumo se encontraba en niveles récord, asociar los saqueos a la pobreza parecía un despropósito, independientemente de la simpatía o antipatía que el lector pueda tener con el kirchnerismo.

El año 2012 fue un año de imposición de condicionantes que forjaron el futuro del gobierno argentino, y sus dirigentes no quisieron darse cuenta.

Una nota para concluir: El Brigadier Mayor (R) del Ejército de los Estados Unidos Richard
Goetze, uno de los especialistas estadounidenses en Seguridad Nacional,
Guerra No Convencional y Operaciones de Información, fue uno de los asesores contratados por el ministro de defensa Arturo Puricelli en octubre de 2012 para entrenar a tres docenas de funcionarios civiles de su cartera que versaba sobre la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, algo prohibido en Argentina precisamente por la experiencia de la dictadura militar y por la UNASUR, pero claro, el empleado norteamericano fue agregado militar en la Argentina durante los peores años del terrorismo de Estado.

Durante el año 2012, la agregaduría de defensa de la Embajada norteamercana en Buenos Aires era dirigida por el coronel Patrick D.
Hall, quien estaba asignado en Caracas cuando el presidente Hugo
Chávez denunció la injerencia militar estadounidense en la política de
su país y que condujo al posterior golpe dirigido por Pedro Carmona Estanga en abril de 2002.

En Argentina no hizo falta llegar a tanto. Fueron los extraños compañeros de cama que hay en el peronismo los que contribuyeron a que los años venideros impusieran un giro a la derecha del kirchnerismo que terminó como tenía que terminar.



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El decrecimiento es un concepto inventado por Henry Kissinger a partir de la eugenesia

Resultado de imagen de mit massachusettsDiego Herchhoren
La dećada del 90 del siglo pasado ha sido un período de permanente estado de inestabilidad de la población mundial, que ha sido atacada de manera simultánea a través de desregulaciones y avance del capitalismo transnacional. 
Quien hasta ese momento se sentía blindado social o laboralmente, dejó de estarlo, y la inestabilidad de los más débiles alcanzó a casi todo el planeta. Es lo que los comunistas llamamos, lisa y llanamente, imperialismo.
De manera paralela al colapso de la Unión Soviética, se vino a difundir desde muchas tribunas conceptos ideológicos alternativos a esta definición, con la idea de responsabilizar también al comunismo de los problemas de la humanidad y, veladamente, desdibujar las responsabilidades del sistema capitalista en los problemas más graves de la población mundial. Las crisis económicas y medioambientales serán, a partir de ahora, una responsabilidad «de todos» y no de quienes ocupan la tajada más grande del proceso económico mundial. O de otra manera: usted y yo tendríamos las mismas responsabilidades que Enron, Techint, Microsoft o Monsanto.
La superficialidad de esta tesis parte del hecho de olvidar que de esta crisis mundial yace el desmontaje del propio sistema capitalista tal y como lo conocemos. Quienes vivieron en la antigua Unión Soviética y en los países del Bloque Socialista recordarán cómo sus dirigentes y los dirigentes del bloque occidental se coaligaron para desmontar aquel régimen anticapitalista. Este hecho ha sido determinante para entender la lógica económica actual, donde cualquier límite al capitalismo propio de los sistemas socialdemócratas ha sido desterrado, y los que sobreviven están en proceso de extinción. Se acabó la protección laboral y se acabó la seguridad jurídica para las clases subalternas, desmontándose así cualquier idea de estabilidad en el marco del capitalismo.
Los Estados nación tal y como los hemos conocido han sido paulatinamente sustituidos por estructuras supranacionales bastante habituales en el marco del capitalismo. Y es precisamente estas estructuras las que van orientando la economía de sus miembros. 
El problema radica en la contradicción que existe cuando un burgués alemán o británico tiene intereses en el territorio de otro estado miembro, intereses que vulnerarían la legislación de su país de origen. Pues bien, para eso está el decrecimiento y, consecuentemente, las teorías que han dado a luz a los recientes tratados de libre comercio que afectan sobre todo a las economías de los países más débiles. Lo que en el siglo XVII o XVIII hacía de manera clandestina la masonería (trasladar a las colonias las tesis e intereses de las metrópolis), hoy lo hacen el NATFA, el TTP, el TTIP o el EFTA.

Una teoría elaborada en un laboratorio de los EEUU

El período de posguerra de la II Guerra Mundial supuso un incremento enorme del nivel de vida de los pueblos de Europa, y podemos decir que es el momento de creación de la llamada «clase media«. Es un período de gran capacidad de acceso de la clase trabajadora a seguros sociales, trabajo estable o educación superior, siendo esto un elemento que conllevaría a incrementar la capacidad de la clase trabajadora de disputar las rentas del desarrollo. Era lo que el sociólogo norteamericano Samuel Huntinghton definía en su informe «La crisis de la democracia«[ENG] como el peligro que suponía la creciente preocupación y participación de los trabajadores en las «cuestiones sociales, como el uso de las drogas, las libertades
civiles y el papel de la mujer; cuestiones raciales, como integración,
movilidad, ayudas gubernamentales a grupos minoritarios, y disturbios
urbanos; cuestiones militares, que implican principalmente, por
supuesto, la guerra en Vietnam, pero también proyectos, gasto militar,
programas de ayuda militar y el papel del complejo militar-industrial en
general».
 
Pero esto no solo ocurría dentro de las fronteras de los países capitalistas, sino también en el concierto económico mundial.
En 1968 se crea el Club de Roma a propuesta de Aurelio Peccei, gerente de FIAT, un círculo político-científico que abordará la preocupación de los países capitalistas por este problema, y que tenía según ellos su origen en dos factores: el papel del ser humano en la degradación del planeta (y no del sistema capitalista, lógicamente), y el incremento demográfico de los dos bloques que no respondían a los requerimientos de subdesarrollo que se hacían desde Occidente: China y la URSS. La conclusión a la que llegaba el Club de Roma, que había encargado un informe al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), era que había que parar la máquina del desarrollo de las clases subalternas, privarlas de su acceso al conocimiento y frenar los desarrollos industriales avanzados de los países del Tercer Mundo, reduciéndolos a simples productores de materia prima y a la vez mercados compradores de deuda y manufacturas del primer mundo. El título del informe es revelador, y es lo que determinados teóricos «de izquierda» en la actualidad han copiado sin ton ni son: Los límites del crecimiento.
A partir de entonces se crearía el sustrato ideológico-científico para poder orientar la acción de la humanidad. Es decir, no se trataba de reducir la «huella ecológica» del desarrollo, sino de eliminar a la clase trabajadora y a los países socialistas como posibles factores de competencia. En síntesis, lo que se presentó como un grito de alerta ante la destrucción del planeta no era más que un ejemplo más de lo que Federico Engels expresaba en el Manifiesto Comunista que «Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad , es una historia de lucha de clases.«.
Y aquí es importante poner esto con un ejemplo práctico y gráfico: ¿se imaginan que países como Irán, tercer desarrollador mundial de nanotecnología, pudiera operar libremente en competencia con EEUU y la UE?. Para estos casos es necesario impedir que países como Irán, Brasil, Argentina, Egipto o Bolivia no puedan acceder a la tecnología y al desarrollo complejo. El sistema internacional de venta de cuotas de contaminación, por el cuál los países ricos adquieren las cuotas contaminantes de los países pobres, es un ejemplo dramático de esto.
El capitalismo contamina, degrada las condiciones de vida de todo el planeta, pero el decrecimiento va de otra cosa. 

El origen de clase de la degradación del planeta

En el año 1974, el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, bajo la dirección de Henry Kissinger publica el Memorandum de Estudio de Seguridad Nacional 200: Implicaciones del Crecimiento de la Población Mundial para la Seguridad de EE.UU. e intereses de ultramar. Es un documento que no tiene desperdicio ya que reproduce las tesis ecologistas actuales, solo que sustituye «humanidad» o «planeta» por «Estados Unidos» u «Occidente». Y para ello recomienda establecer un programa de reformas en los países de influencia de EEUU donde se promueva el retroceso de determinadas áreas de desarrollo, afectando a la capacidad de consumo y el poder adquisitivo de la clase trabajadora y con el fin último de reducir la población mundial, atendiendo a que existía un «límite ecológico» donde el planeta sería insostenible.
Curiosamente Julian Huxley, conocido eugenista y fundador de la UNESCO fue expulsado de este organismo por llegar a plantear, tímidamente, cosas parecidas en el mundo de posguerra. 
Pero hay una parte de todo este proceso de demolición controlada de cualquier factor de desarrollo (pensemos que proyectos estratégicos de los países en desarrollo como el Canal de Suez de Egipto, el Gran Río Artificial de Libia-que fue objetivo militar de la OTAN y de los llamados «rebeldes»- o el Centro Atómico de Bariloche de Argentina serían de imposible materialización bajo este criterio) necesita de un sustrato ideológico entre los que se encuentra el concepto de «decrecimiento», que no es más que una reelaboración del proyecto del MIT que propone de manera «neutral» recomendaciones a colonias y metrópolis a la vez, obviando por supuesto que las colonias son siempre fieles cumplidoras de los criterios emanados del norte y que es cuando no obedecen cuando se convierten en «países contaminantes«.
El idealismo con el que gran parte de la izquierda ha asumido la tesis del decrecimiento, olvidando el siniestro origen del concepto y sus autores, sin atender a conceptos como soberanía energética, liberación nacional o desarrollo para todos es un ejemplo perfecto de lo vago del término. A juicio de los comunistas, es importante que pensemos no en «decrecer», sino en preguntarnos para qué crecemos y para quién, ya que podemos crecer creando una sociedad miserable y desigual (Tailandia, EEUU o Malasia, como ejemplos extremos) o podemos crecer resolviendo desde problemas ambientales o eliminando la injusta distribución de la renta bajo el capitalismo.
Es evidente que el actual modelo de desarrollo es perjudicial para la humanidad, pero la falta de abordaje del origen de clase de este problema nos hace pensar que esta tesis es una simple cortina de humo, ya que mientras se proponen soluciones de decrecimiento para la parte más débil de la humanidad, la más fuerte sigue campando a sus anchas.