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En Grecia han sido suspendidos de empleo y sueldo 7.500 trabajadores de la sanidad por no vacunarse. Desde hace 17 días han organizado protestas continuas en lo que constituye la oposición más consistente y sostenida a las restricciones impuestas por el gobierno griego. Cinco de ellos se han declarado en huelga de hambre.
“No necesitamos pasaportes de vacunas para ser libres”, dijo ayer Zoe Vagiopulu, uno de los suspendidos ante una multitud de manifestantes en Atenas. Vagiopoulou pronunció un discurso ante el Parlamento que ha conmocionado a las redes sociales griegas.
“Llevamos 17 días en huelga de hambre por el derecho al trabajo. El trabajo es un derecho que nadie nos puede negar. Somos 7.500 familias [refiriéndose al número de sanitarios que permanecen despedidos] fuera del sistema sanitario público, al que contribuyeron nuestros padres y abuelos pero del que estamos excluidos por decisiones permanentes que vulneran la ley y el orden constitucional” (*).
Vagiopulu es uno de los cinco trabajadores de sanidad griegos que se pusieron en huelga de hambre el 21 de marzo para protestar contra su suspensión y las restricciones relacionadas con la pandemia. El Ministerio de Sanidad griego ha suspendido a todos los trabajadores que no recibieron una dosis de refuerzo antes del 31 de marzo.
En una entrevista, Argyri Kagia, un radiólogo despedido de su hospital en Atenas desde el 1 de setiembre del año pasado por negarse a vacunar, habló sobre la huelga de hambre y las protestas. Desde el inicio de la huelga de hambre, dijo Kagia, los trabajadores suspendidos han establecido una presencia permanente frente al Ministerio de Sanidad griego “todos los días y todas las noches por turnos”. También se están organizando protestas y marchas “hacia varios ministerios y organismos públicos”.
La huelga de hambre representa una fase nueva y sin precedentes de las protestas contra las imposiciones y restricciones relacionadas con la pandemia. Tal vez el equivalente más cercano sea la huelga de hambre iniciada en septiembre del año pasado en Niza (Francia) por dos trabajadores del hospital -Christophe Nait, celador de la sala de urgencias, y Thierry Paysant, oficial de seguridad contra incendios- para protestar contra la vacunación obligatoria en Francia.
Nait y Paysant pusieron fin a su huelga en octubre de 2021.
El 30 de marzo, durante una marcha hacia el Parlamento griego, los antidisturbios dispararon gases lacrimógenos contra los manifestantes, incluidos los cinco huelguistas de hambre en silla de ruedas, uno de los cuales resultó herido.
El incidente fue filmado y difundido en las redes sociales griegas.
A diferencia de los trabajadores de la sanidad, en Grecia los policías están exentos de la vacunación obligatoria.
Los antidisturbios escoltaron al ministro de Sanidad griego, Thanos Plevris, conocido por sus vínculos con los fascistas, durante una visita el 4 de abril al hospital de Thriasio, cerca de Atenas.
Los principales medios de comunicación de Grecia no han informado de la huelga de hambre de los trabajadores. Desde el inicio de la pandemia en 2020 han recibido 40 millones de euros en subvenciones públicas para sostener el discurso y las restricciones impuestas por el gobierno con el pretexto de la pandemia.
El gobierno griego se ha abstenido de despedir a los trabajadores formalmente, aunque les ha amenazado con ello. El 30 de marzo se prorrogó la suspensión laboral de los trabajadores sanitarios no vacunados hasta el 31 de diciembre, gracias a las protestas y movilizaciones.
Sin embargo, los trabajadores no cobran salario, ni seguro de desempleo, ni cotizan para su pensión. La mayoría sobrevive gracias a la solidaridad y la ayuda de familiares y amigos.
Después de Austria, Grecia ha sido el segundo país europeo en imponer la vacunación obligatoriamente a determinados segmentos de la población, exigiendo a cualquier persona de 60 años o más que se vacune antes del 15 de enero o se enfrente a una multa mensual de 100 euros, una suma importante en Grecia, donde la pensión media mensual es de 722 euros.
Sin embargo, el Ministerio de Sanidad griego reveló que la imposición de la multa se suspendería a partir del 15 de abril y que la medida se volvería a revisar en septiembre.
El gobierno griego también anunció que las segundas dosis de refuerzo, utilizando únicamente vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna), estarían disponibles para los ancianos a partir del 7 de abril.
La disponibilidad de la segunda dosis de la vacuna de refuerzo se extenderá a la población general en septiembre.
La multa mensual no ha convencido a la mayoría de los ancianos no vacunados para que se vacunen, ni siquiera para que paguen la multa. De hecho, se calcula que unos 500.000 ancianos siguen sin vacunarse o no han recibido un refuerzo, y sólo el 14 por cien de los multados han pagado la multa.
Los pasaportes de vacunación, junto con las mascarillas, siguen siendo necesarios en Grecia para acceder a muchos lugares públicos y privados, como restaurantes y la mayoría de los comercios, a pesar de que la fecha de caducidad inicial de los pasaportes es el 31 de marzo.
La mayoría de los demás países europeos han levantado estas medidas.
Aunque el gobierno ha insinuado que la exigencia del pasaporte podría levantarse después de la Pascua griega ortodoxa (24 de abril), los funcionarios del gobierno no han especificado una fecha exacta.
Grecia fue el primer país que propuso oficialmente la introducción de pasaportes digitales para vacunas en toda la Unión Europea, y la ampliación de estos pasaportes para incluir la dosis de refuerzo.
Hasta hace poco, Grecia era el único miembro de la Unión Europea que aplicaba un periodo de validez más corto para sus pasaportes vacunales: siete meses para los vacunados y tres meses para los ya infectados con “covid”, en lugar de nueve y seis meses, respectivamente, en el resto de la Unión Europea.
La presión de la Unión Europea llevó al gobierno griego a equiparar la validez de sus pasaportes con la de la Unión Europea a partir del 2 de abril.
A pesar de las restricciones, Grecia ocupa el primer lugar en número de “casos” y muertes atribuidas al “covid”, y el gobierno acusa del exceso de mortalidad al “segmento de personas no vacunadas en los grupos de edad más avanzada”. Otros, sin embargo, tienen una explicación más solvente. Destacan el mal estado de los hospitales públicos griegos como un factor importante. El hacinamiento en los hospitales no se debe al “covid”. Hay un periodo de espera para la cirugía rutinaria y las citas médicas de rutina, las pruebas y la quimioterapia.
Cada invierno, la congestión hospitalaria debida a la gripe estacional se convierte en un tema candente en los medios de comunicación griegos. El sistema sanitario griego se desarrolló con los hospitales en el centro. El médico de familia apenas existe como institución, mientras que las clínicas médicas regionales y locales carecen de personal y están mal equipadas.
Como consecuencia, la gente va al hospital por cualquier motivo, incluso por un simple resfriado, y los hospitales de guardia están saturados. No tienen suficientes instalaciones para tratar a tantos pacientes, y falta personal formado y competente que pueda tomar medidas para mitigar la propagación de las infecciones hospitalarias.
En muchos casos, los equipos médicos de los hospitales públicos no se han sustituido desde que se compraron en 2004, en vísperas de los Juegos Olímpicos de Atenas de ese año. La mayoría de estos equipos ya no son fiables y muchos están obsoletos.
Las medidas de austeridad, que han llevado a profundos recortes en el gasto de la sanidad pública durante la última década, son las culpables. No ha habido nuevas contrataciones en el sistema de salud pública desde 2016 -la primera contratación de este tipo en nueve años-, mientras que el personal médico que se ha jubilado en los últimos años no ha sido sustituido.
Los hospitales griegos no pueden satisfacer las necesidades de la población del país. No tienen suficiente personal y el existente está sobrecargado de trabajo.
Kagia dijo que, aunque un “porcentaje relativamente pequeño” de trabajadores sanitarios no vacunados inicialmente había “sucumbido” y regresado al trabajo, la mayoría no lo había hecho.
También señaló que los trabajadores sanitarios no vacunados que han sido suspendidos de sus funciones no han sido sustituidos, a pesar de las promesas del gobierno en sentido contrario, lo que supone una presión adicional para el sistema sanitario.
Esta presión se achaca a los no vacunados y se utiliza para justificar la continuación de las restricciones.
Según Kagia, los trabajadores no vacunados no sólo luchan por recuperar sus puestos de trabajo. También exigen el fin de la vacunación obligatoria y la preservación de la libertad de expresión.
Un número creciente de trabajadores médicos no vacunados se ha dado cuenta de que, aparte de su situación personal, hay una razón adicional para protestar: la preservación del derecho de todo individuo a conservar su integridad corporal y a hacer lo que crea que es mejor para sí mismo.
(*) https://www.pronews.gr/ygeia/ygeionomikos-se-apergia-peinas-eimaste-kai-tha-eimaste-eleytheroi-den-ypoxoroume-akomi-kai-ean-pethanoume/
Una lectora nos envía el siguiente comentario a nuestras informaciones sobre la intervención de los colonialistas franceses en el genocidio de Ruanda:
Gracias por tu aportación, sobre todo porque los asuntos africanos, que es donde el imperialismo realmente se desnuda, interesan muy poco y es difícil atraer la atención de los lectores. En el caso de Ruanda es todavía peor porque en aquel momento, 1994, los ojos estaban puestos en la Guerra de los Balcanes.
En relación con tu comentario tenemos que decir que nuestras informaciones sobre la matanza de Ruanda en 1994 no se basan en los informes de Survie, ni directa ni indirectamente. A diferencia de otros, a nosotros las fuentes nos preocupan lo imprescindible; lo que realmente nos interesa es la información.
En el caso de Ruanda lo que afirmamos es que Francia participó en la matanza de 800.000 personas, según cifras de la ONU, a pesar de lo cual perdió el control del país. La llegada de Kagame, en efecto, relevó a los viejos colonialistas por los nuevos: Estados Unidos y Reino Unido, fundamentalmente.
Pero las responsabilidades de los nuevos no aminora la de los antiguos, que empiezan por François Mitterand, entonces Presidente de la República, y acaban en los escalones inferiores. Es cierto que las investigaciones judiciales que llevaron a cabo los jueces Bruguiere y Trevidic no son fiables porque aquí los conocemos bien en su faceta “antiterrorista”, en la que se cebaron con los refugiados antifascistas españoles.
Como hemos explicado en otra entrada, lo mismo hizo la Audiencia Nacional, darle la vuelta al asunto. “Se equivocó de genocidio”, lo que no es ninguna casualidad en tribunales de represión política bien conocidos.
Lo mismo cabe decir de otro tipo de investigaciones seudocientíficas, como la que se publicó el año pasado, diseñadas para lavar la mala conciencia: “Francia no es cómplice del genocidio”. Es una conclusión más jurídica que política. No hubo genocidio y, en consecuencia, no hubo complicidad. Pero más allá de la jerga jurídica, de lo que no cabe ninguna duda es que murieron 800.000 ruandeses y el mundo pregunta -o debería- por la responsabilidad francesa en esas muertes.
Un antiguo coronel dijo al periódico Le Monde: “Los militares [franceses] ayudaron y entrenaron a los que luego dirigieron el genocidio, aunque nadie podía imaginarlo entonces. ¿Eramos conscientes de lo que se avecinaba? No nos hicimos esa pregunta [entonces]. Por lo tanto, no tenemos nada que oponer a las acusaciones del Presidente Kagame contra Francia. Sólo podemos alegar nuestra buena fe” (1).
¿Fue sin querer?, ¿es posible matar a 800.000 personas sin mala intención?
Desde el punto de vista historiográfico, con el paso del tiempo las evidencias contra Francia se acumulan, a medida que los responsables militares comienzan a hablar y a escribir libros sobre el asunto (2). Las tropas francesas estaban en Ruanda con una única misión explícita: impedir lo que finalmente ocurrió.
Por lo tanto, a nosotros la responsabilidad de Francia nos parece bastante clara y el hecho de denunciarla no nos impide denunciar que, en efecto, los anglosajones crearon y armaron al Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame, que inició una guerra contra los franceses y los hutus, y que la misma culminó con el asesinato del Presidente Juvenal Habyarimana en 1994, que fue el detonante de las grandes matanzas posteriores.
Lo uno no quita lo otro.
(1) https://www.lemonde.fr/international/article/2014/04/03/l-armee-francaise-hantee-par-le-genocide-rwandais_4394681_3210.html
(2) http://editions-sydney-laurent.fr/livre/general-jen-ai-pris-pour-mon-grade/
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) advirtió a la Unión Europea que las sanciones presentes y futuras impuestas a Rusia podrían generar una de las peores crisis de suministros energeticos de la historia.
Los miembros de la OPEP se reunieron en Viena con representantes de Bruselas para analizar el suministro de hidrocarburos ante las medidas tomadas contra Rusia por la guerra en Ucrania.
La Unión Europea propuso que la OPEP aumente su producción para compensar el embargo al petróleo ruso, pero el secretario general de la OPEP, Mohammed Barkindo, comentó que es imposible para la organización bombear semejantes cantidades de combustible.
Los países del bloque europeo dependen del gas y el petróleo rusos y, a pesar de ello, estudian imponer severas sanciones a las exportaciones energéticas procedentes de Rusia. No obstante, la medida podría ser contraproducente.
Barkindo adelantó que se esperan más de siete millones de barriles de pérdidas diarias de crudo ruso y otras exportaciones de combustible debido a las restricciones existentes y probablemente nuevas contra Moscú.
El secretario general de la OPEP puntualizó que el actual mercado altamente volátil no era el resultado de factores fundamentales, fuera del control de la OPEP, lo que fue interpretado como una señal de que el grupo no bombearía más.
Rusia exportó cinco millones de barriles diarios de petróleo en 2020, la mitad hacia países europeos, en especial Alemania, Países Bajos, Polonia.
Estados Unidos decidió imponer un embargo, pero Europa solo lo contempla de momento para el carbón, aunque estudia reducir sus compras de gas en dos tercios este año.
La OPEP rebajó en 500.000 barriles diarios su pronóstico del crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año debido a la situación de crisis internacional y los confinamientos en China.
“El crecimiento de la demanda petrolera en 2022 se ha revisado a la baja en 0,5 millones de barriles diarios hasta un promedio de 3,7 millones de barriles diarios, teniendo en cuenta el empeoramiento (de la proyección del crecimiento) del PIB mundial debido a los eventos geopolíticos y el impacto en la demanda global de una nueva ola de la variante ómicron en China”, dice un informe de la OPEP.
—https://telesurtv.net/news/opep-ue-rusia-suministro-petroleo-sanciones-20220412-0014.html
El confinamiento de Shanghai no ha sido tan publicitado como la Guerra de Ucrania, pero sus consecuencias negativas para la economía mundial son más importantes. Cuando la economía china estornuda, los mercados mundiales se resfrían.
La absurda política china de “cero covid” es la mayor sacudida económica del año. El gobierno de Pekín ha fijado un objetivo de crecimiento del PIB del 5,5 por cien para este año, un objetivo de imposible cumplimiento, a pesar de que es el menor desde los años noventa.
En el primer trimestre la economía china sólo creció un 4,8 por cien, pero el dato es anterior a los últimos confinamientos, que afectaron a varios centros económicos de China, entre ellos Shenzhen y Shanghai.
El crecimiento del PIB puede ser mucho menor de lo que indican los datos oficiales del primer trimestre. Las cadenas de suministro se han vuelto a romper, obligando a las fábricas a cerrar al no poder ser abastecidas por sus proveedores y no poder suministrar a sus clientes.
La tasa de paro se acerca al 6 por cien y en marzo las ventas minoristas, principal indicador del gasto en consumo, cayeron un 3,5 por cien, su mayor descenso desde abril de 2020, cuando China empezaba a salir de la primera racha de confinamientos.
Las importaciones cayeron en marzo por primera vez en más de un año, las exportaciones se ralentizaron y la producción industrial se está frenando.
El sector inmobiliario, un pilar de la economía china, continúa su caída. Tras estabilizarse a principios de año, las ventas de viviendas nuevas cayeron el mes pasado a su nivel más bajo en dos años. La promoción de viviendas cayó un 20 por cien más en el primer trimestre.
Esta primavera hay que esperar una desaceleración de la economía china que, muy posiblemente, acabará en recesión en el segundo trimestre de este año, lo que será un acontecimiento histórico.
El gobierno empezará a poner en marcha una política económica expansiva cuyo impacto será limitado si no se acaban los confinamientos. El viernes el banco central anunció que reduciría el coeficiente de reservas obligatorias de los bancos en 25 puntos básicos por primera vez este año. La medida es decepcionante, una señal de que Pekín aún no está preparado para sacar la artillería pesada para rescatar su economía.