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El asesinato por parte del grupo fascista Frente Atlético del seguidor del Deportivo de la Coruña, Francisco Javier Romero Taboada «Jimmy», se cerró en junio de 2018 ante la ausencia de autor conocido, pero meses después la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura, tras un recurso de la familia, ya que el juzgado instructor había «olvidado» interrogar al testigo que desde el principio había identificado a los autores. Leer más
La cumbre climática que comienza en Glasgow el 31 de octubre, tiene muy mala pinta. Sólo once de los países del G20 han presentado planes de reducción del carbono a la COP26, a menos de 10 días de la fecha límite.
El 16 de octubre The Guardian publicó un artículo de Andrew Rawnsley señalando que Gran Bretaña se prepara para aumentar la producción de gas y abrir una mina de carbón en Gales.
De hecho, la aparición de una inflación masiva en los últimos meses, que ha hecho surgir la amenaza de una destructiva ola hiperinflacionaria, ha supuesto un golpe de realidad. Y el New Deal Verde se ve cada vez más como lo que es: una chapuza.
Tras una reunión de la Comisión Nacional de Energía sobre la crisis de la energía, el primer ministro chino, Li Keqiang, publicó una declaración bastante premonitoria: “Dado el lugar predominante que ocupa el carbón en la dotación energética y de recursos del país, es importante optimizar la combinación de la capacidad de generación de carbón, construir centrales eléctricas de carbón avanzadas en consonancia con las necesidades de desarrollo y continuar con la eliminación gradual de las centrales eléctricas de carbón obsoletas de forma ordenada. Se intensificará la exploración nacional de petróleo y gas”.
India, que genera el 70 por ciento de su energía a partir de centrales eléctricas de carbón, no va a reducir su consumo de carbón, sino todo lo contrario.
El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam acaba de anunciar un plan para duplicar la cantidad de electricidad generada a partir del carbón para 2030.
La política del “carbono cero” está en peligro, sobre todo porque después de los confinamientos, las necesidades energéticas y alimentarias, principalmente en los países emergentes, son mayores que nunca.
La Casa Windsor, anfitriones de la reunión, teme que el cónclave de Glasgow, orquestado para obligar a los países del mundo a abandonar los combustibles fósiles, que representan el 70 por ciento de toda la energía consumida, sea un fracaso.
El Príncipe Carlos, que ha sido uno de los principales impulsores de las conferencias sobre el cambio climático, se quejó amargamente en la BBC de que muchos países “sólo hablan, y el problema es conseguir que se actúe sobre el terreno, que es lo que he intentado hacer durante 40 años”.
Su hijo, el Príncipe Guillermo, deseó que dejáramos de perder tiempo y dinero en viajes espaciales: “Necesitamos algunos de los mejores cerebros y mentes del mundo para intentar arreglar este planeta, no para intentar encontrar el próximo lugar donde vivir”.
La propia reina Isabel II se pronunció: “Todavía no sé quién viene”, refunfuñó. “No tengo ni idea. Sólo conocemos a los que no vienen… Es muy irritante que hablen, pero no actúen”.
El presidente Xi Jinping ha indicado que no asistirá a Glasgow, y el presidente Putin también ha dicho que aún no ha decidido si asistirá personalmente “debido a la situación de la epidemia”, pero que “participará en los trabajos de la COP26”.
La última noticia es que el Primer Ministro australiano, Scott Morrison, que había anunciado inicialmente su ausencia, ha dicho que vendrá. La Commonwealth obliga.
Las medidas tomadas por el gobierno italiano con el pretexto de la pandemia dieron lugar a 5.769 manifestaciones de protesta desde febrero de 2020, anunció este martes la ministra de Interior Luciana Lamorgese, al intervenir ante el Parlamento.
“Desde febrero de 2020 hasta el 18 de octubre de 2021 hubo en toda Italia 5.769 manifestaciones de protesta contra las medidas gubernamentales para contener el virus”, declaró Lamorgese.
3.668 manifestaciones se celebraron durante este año. De ellas, 1.526 se produjeron entre el 22 de julio y el 18 de octubre de este año y fueron dirigidas contra el pasaporte sanitario.
El tema principal del discurso de la ministra fue la respuesta de las fuerzas del orden a los disturbios, que tuvieron lugar en Roma el pasado 9 de octubre, cuando los manifestantes devastaron la sede de la CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo), por sus siglas en italiano) y trataron de tomar el Palacio Chigi, la sede del gobierno.
Lamorgese subrayó que en la manifestación era muy heterogénea. Participaron “exponentes de grupos y movimientos políticos, que pertenecen tanto a la derecha radical, como a la galaxia de la izquierda antagonista y a la componente anárquica”.
En cuanto a la incapacidad de la policía de contener los disturbios, que se saldaron con 41 heridos, la ministra la explicó que la afluencia efectiva alcanzó unas 3.000 ó 4.000 personas, mientras los organizadores de la manifestación habían indicado un millar de participantes.
La Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), la organización sindical más grande de ese país, convocó a la jornada de protestas con varias demandas, entre ellas el fin del trabajo irregular (trabajo a tiempo parcial, temporal o por contrato con pocos o ningún beneficio) y extender la protección laboral; mayor poder a los trabajadores en las decisiones de reestructuración económica durante tiempos de crisis; y nacionalizar industrias claves junto a estatalizar servicios básicos como educación y vivienda.
La respuesta del gobierno coreano es criminalizar la protestas. Con la excusa de la pandemia busca prohibir la manifestación, como hizo con las protestas durante los últimos meses. “Por la seguridad de la comunidad”, aseguró este martes el primer ministro Kim Bu-gyeom.
En Seúl se utiliza para intentar prohibir la manifestación el actual distanciamiento social, de Nivel 4, impuesto en el área metropolitana de la capital que impide todos los mítines sociales, excepto para propósitos corporativos u oficiales esenciales.
En Corea del Sur el 40 por ciento de todos los trabajadores tienen empleos irregulares. Al igual que en otros países muchos de estos trabajadores precarizados trabajan en la economía de aplicaciones dominadas por conglomerados corporativos conocidos como “chaebol”, empresas como Samsung, Lotte, LG o Hyundai se benefician de la precarización laboral en el país. El 10 por ciento con mayores ingresos concentraba el 45 por ciento de los ingresos totales del país en 2016, mientras la especulación inmobiliaria ha llevado a una crisis de la vivienda, sumado a la privatización en la educación o la atención médica. La pandemia por el coronavirus dio una mayor exposición a esta situación.
A medida que la pandemia por el coronavirus perdía fuerza, se comenzó a expresar el descontento de los trabajadores. A principios de este año, el personal de limpieza de LG Twin Towers (la sede del rascacielos de la empresa) acampó fuera del edificio de la empresa durante 136 días, en invierno, para protestar contra los despidos y las condiciones laborales en el lugar de trabajo. La respuesta de la empresa fue enviar grupos de rompehuelgas.
Los mineros de carbón de Korea Coal, una corporación minera de carbón propiedad del gobierno, están sufriendo problemas de salud por respirar polvo de carbón y exceso de trabajo. Un trabajador denunció que «el gobierno redujo la fuerza laboral a la mitad, por lo que nuestra unidad ahora tiene que hacer el trabajo de dos unidades. Entonces todos están enfermos. No hay nadie aquí que no esté enfermo. Nuestros salarios deben aumentar, pero se han mantenido igual».
La huelga es la expresión de que los trabajadores quieren recuperar sus derechos, terminar con la precarización exigiendo el fin de las leyes laborales que permiten a las empresas privar a sus trabajadores de los derechos básicos, como el derecho a organizarse, el acceso a los beneficios y la compensación por lesiones laborales.
También exigen nacionalizar industrias que han estado despidiendo trabajadores en masa, incluidas las industrias de aerolíneas, fabricación de automóviles y las constructoras navales. Después de décadas de austeridad, la huelga y movilización convocada por la central sindical toma demandas básicas como garantizar la vivienda, atención médica, cuidado de ancianos, cuidado de niños y educación para todos. Sus demandas incluyen aumentar las unidades de vivienda pública del 5 por ciento al 50 por ciento de todas las viviendas disponibles, hacer que las clases preparatorias para la universidad sean gratuitas para todos y que el estado contrate al menos un millón de trabajadores de cuidados para garantizar la atención gratuita de los ancianos y los niños. para todas las familias.
Corea del Sur se mostró como un modelo a seguir, pero detrás de este modelo los trabajadores que garantizaron la respuesta a la pandemia se expusieron a interminables jornadas laborales y precarización de sus derechos. La crisis por el coronavirus expuso una realidad que ya existía detrás del modelo surcoreano que los trabajadores comienzan a enfrentar.
—https://www.aporrea.org/trabajadores/n368664.html
El gobierno de Singapur ha pagado un total de 782.000 dólares singapurenses (unos 490.000 euros) a 144 personas que han sufrido los efectos adversos de las vacunas contra el coronavirus, según informó el martes el Ministerio de Sanidad.
Un adolescente de 16 años que sufrió un infarto mientras hacía ejercicio la semana siguiente a su inyección recibió 225.000 dólares. La Agencia de Salud de Singapur (HSA) dijo que había recibido casi 10.000 informes de eventos adversos hasta el 31 de julio. De ellos, 400 fueron clasificados como graves.
Más de 4,2 millones de singapurenses han recibido ya dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, de una población total de 5,7 millones. Esto lo convierte en el país con la mayor cobertura de vacunación de Asia.
En Singapur las vacunas eran totalmente prescindibles, porque no ha habido pandemia, como en los demás países asiáticos. Aún admitiendo las cifras, oficiales, registró 44 muertes relacionadas con el coronavirus, una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo.
El 15 de octubre entró en vigor en Italia la obligación de que los trabajadores presenten una prueba de vacunación o un test negativo de coronavirus, que deben repetir cada 48 horas, pagado de su bolsillo.
En Italia no se ha vacunado el 29 por ciento de la población, un porcentaje que entre los estibadores portuarios de Trieste sube al 40 por ciento.
Ante la amenaza de huelga, los sindicatos amarillos, como la CGIL, CISL y UIL, propusieron un compromiso, que fue aceptado por el gobierno: las pruebas de coronavirus que se deben realizar cada 48 horas serían gratuitas.
Los trabajadores rechazan la oferta: “Los estibadores reafirmamos y dejamos claro que nada de esto conducirá a un acuerdo, mientras no se levante la obligación de trabajar con el pase verde, no sólo para los trabajadores portuarios sino para todas las categorías de trabajadores”.
Entonces los sindicatos amarillos difunden una nota conjunta, poniendo de manifesto su política policial: exigen que “se libere el puerto”. Hay que garantizar las expresiones legítimas de disidencia, aunque con una condición: las huelgas no deben impedir que un puerto y una ciudad “sigan generando ingresos y perspectivas de futuro”.
Los estibadores en huelga no obedecen ni a la policía ni a los sindicatos. El sábado los trabajadores se reunen a la entrada del muelle del puerto de Trieste y a ellos se suman muchos vecinos de la ciudad, hasta alcanzar un multitud de miles de personas.
Hace seis años Stéfano Puzzer (“Ciccio” Stéfano, el Gordo Stéfano, que aparece en la foto de portada) y otros estibadores organizaron la Coordinadora de Trabajadores Portuarios. Su primera victoria fue transformar a Trieste en una zona franca, libre de derechos de aduana, gracias a la aplicación del Anexo VIII del Tratado de Paz de París de 1947.
A medida que avanza la jornada, muchas personas se van sumando a la manifestación contra el pasaporte de vacunas. También llegan trabajadores y vecinos de las regiones próximas, hasta llegar a 8.000 ó 15.000 personas, según las fuentes.
El sábado por la noche la Coordinadora publica un comunicado de prensa anunciando el fin de su huelga. La demostración de fuerza ha sido suficiente. Podría haber terminado con un éxito mediático y sin represalias judiciales, porque no se llegó a bloquear del puerto, ni en Trieste ni en otros centros de trabajo de Italia.
No todos aceptan el final de la lucha. Sobre la marcha salta una polémica y Puzzer se retracta. Dice que se había equivocado y que había leído un borrador. En las redes sociales publica un mensaje indicando que la manifestación continua y, además, dimite de su cargo al frente de la Coordinadora. Lo anuncia en Facebook: “Estaré en huelga hasta el día 20, pero sólo volveré a trabajar cuando se retire el pase verde”. También lanza la consigna: “La gente como nosotros nunca se rinde”.
El lunes la policía comienza a evacuar el puerto hacia las 10 de la mañana. Un muro de antidisturbios con dos camiones se interpuso entre una puerta y los manifestantes, que se sentaron en el suelo frente a la línea de policía. Corean “libertad, libertad”. Los estibadores portuarios, reconocibles por sus chalecos amarillos, forman un cordón entre la policía y los manifestantes para evitar enfrentamientos.
Al final la policía carga contra los manifestantes utilizando cañones de agua, pero también gases lacrimógenos. Puzzer, entre lágrimas, se sienta en el suelo. “Estoy triste”, dice, cogiendo la mano de un manifestante. “Tenemos que hacer que Italia entienda que esto no puede seguir así. No estoy desesperado, sino triste por toda esta gente, porque somos responsables de toda esta gente”. Ante las cámaras de los periodistas presentes, Puzzer siguió llorando y el vídeo ha dado la vuelta a Italia.
Tras una estampida generalizada, los manifestantes huyen de las cargas policiales y se trasladan hacia el centro de la ciudad. Algunos resultan heridos. Unos 150 estibadores permanecen frente a la puerta de entrada al puerto, bloqueando la vía de acceso.
Tras una marcha improvisada por las calles de la ciudad, vigilados por la policía, los manifestantes se detienen en la Plaza Unità d’Italia. Puzzer intervino: “Debemos seguir siendo pacíficos hasta el final, tenemos derechos que hay que respetar y no por la fuerza, como nos han demostrado esta mañana. Había niños, familias, nos atacaron y no tengo palabras, nunca lo hubiera esperado”.
Por la tarde el prefecto Valerio Valenti recibe a Puzzer y a otros dos miembros de la Coordinadora. Previamente había declarado que la huelga era delectiva: “Si no bloquean la entrada, se cometerá el delito de manifestación no autorizada, si bloquean, se cometerá el delito de interrupción de un servicio público, que es mucho más grave”.
Antes de entrar a la reunión, Puzzer se dirige a la multitud: “No podemos estar aquí sentados al sol todo el día”. Recelosos, algunos de los participantes en la concentración le replican: “Sí, podemos. Incluso toda la noche”.
La multitud espera en la calle el resultado de la reunión con el prefecto. Al salir Puzzer vuelve a coger el megáfono y transmite las reivindicaciones que ha expuesto: quieren ser recibidos por el gobierno para exponerle su exigencia de que el pasaporte sanitario sea derogado.
Por su parte, el prefecto se compromete a garantizar que la policía no atacará a los manifestantes en la plaza. El gobierno enviará a Trieste a un ministro. La reunión tendrá lugar el 23 de octubre.
“He comunicado nuestra intención de permanecer aquí hasta que el gobierno responda. Nunca nos rendiremos”, repitió Puzzer, pero había que evacuar la Plaza y los manifestantes podrían trasladarse al puerto viejo, donde casi no molestan.
Mientras, en sus despachos la policía repasa las fotos de los manifestantes para incriminarles por diversos delitos y engrosar sus ficheros.
El más importante y enorme de los archivos montados durante la Transición no sólo está guardado a buen recaudo en la sede central del CNI, sino que fue actualizado al menos durante los años ochenta y hoy existen sospechas de que se mantiene la alimentación de información. Leer más
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