El mes pasado acabó en Italia un largo proceso judicial contra algunos de los criminales implicados en la Operación Cóndor, la represión asesina llevada a cabo por las juntas militares latinoamericanas en los años setenta y ochenta del siglo pasado.
El proceso comenzó hace dos décadas, cuando el magistrado Giancarlo Capaldo puso en marcha una investigación sobre las decenas de ciudadanos italianos que “desaparecieron” en América Latina. Se necesitaron quince años para completar los trabajos preliminares del juicio, que finalmente sentó en el banquillo a veintiún militares, ministros e incluso estadistas. Uno de ellos, residente en la sureña provincia italiana de Salerno, era Jorge Néstor Troccoli, antiguo oficial del servicio secreto de la marina uruguaya. Unos años antes, había utilizado su nacionalidad italiana para huir de Uruguay con el fin de evitar ser procesado en ese país por los mismos delitos.
Catorce de los acusados, incluido Troccoli, fueron condenados a cadena perpetua. Otros murieron antes de poder ser juzgados. Pero en América Latina y en otros lugares, muchos de estos criminales siguen impunes.
Para entender la esencia de la Operación Cóndor tenemos que retroceder en el tiempo hasta los turbulentos años 70 en América Latina. La ardiente victoria de la revolución cubana, unida a la independencia de muchos países africanos y asiáticos, impulsó las luchas sociales y políticas en todo el continente. Esto, a su vez, alimentó las esperanzas de los partidos y movimientos de izquierda de liberarse seriamente del modelo impuesto por Estados Unidos: una segunda independencia, como reza el título de una famosa canción de Inti-Illimani.
Pero esta esperanza no duró mucho. Mediante golpes militares, los militares se hicieron con el poder y derrocaron a gobiernos elegidos democráticamente desde el norte hasta el sur del continente. Esto se hizo de acuerdo con las élites económicas, que históricamente han mantenido un firme control del poder político en América Latina, y con Estados Unidos, que temía que los movimientos progresistas y las reformas encabezadas por los gobiernos de izquierda pudieran poner en peligro las inversiones estadounidenses en la región y permitir que los países históricamente alineados con Washington se deslizaran hacia la órbita soviética.
Esto condujo -empezando por Brasil en 1964- a una serie de golpes de Estado que sometieron a la mayor parte del continente a un régimen militar. En 1971 le tocó a Bolivia, seguida de Chile y Uruguay en 1973, y Argentina en 1976. Una vez en el poder, estos regímenes lanzaron feroces campañas de represión contra cualquier forma de disidencia. Las redadas contra los opositores, las detenciones arbitrarias, las torturas, la detención en campos de concentración y las “desapariciones” fueron las medidas sangrientas que se utilizaron constantemente a lo largo de los años de la dictadura. Las víctimas: izquierdistas, músicos, sindicalistas, estudiantes implicados en movimientos sociales, militantes católicos o incluso personas simplemente sospechosas de tener tendencias marxistas.
Pero esto no fue suficiente. La serie de golpes de Estado tardó más de diez años en terminar. Las personas que podían estar en peligro en un país que había caído bajo un régimen militar podían esperar refugiarse en un estado vecino, donde todavía no había una dictadura, para evitar ser detenidos. La policía secreta de los regímenes militares era obviamente muy consciente de este hecho. Para sortear este problema, en otoño de 1975, el coronel Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, invitó a sus homólogos de los demás regímenes militares latinoamericanos a Santiago para celebrar la primera reunión interamericana de inteligencia nacional, una cumbre secreta destinada a reforzar los sistemas de seguridad de los países interesados.
La legalización de los escuadrones de la muerte
El signo de interrogación sobre la participación directa de Estados Unidos en la captura y desaparición de disidentes no resta importancia a la considerable responsabilidad de Washington tanto en la creación como en la aplicación del sistema Cóndor.
Al final de la reunión, celebrada en la capital de Augusto Pinochet en noviembre de 1975, los delegados de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay aprobaron un nuevo sistema transnacional de represión, bautizado como Cóndor en honor al ave que simboliza el país anfitrión. La idea era poner en práctica un intercambio multinacional de información sobre los “subversivos” mediante la creación de una oficina de coordinación y una base de datos internacional siguiendo el modelo de Interpol. Brasil se unió al movimiento en 1976, seguido por Ecuador y Perú dos años después.
La recopilación e intercambio de información era sólo la primera parte del acuerdo. La segunda parte fue operativa, con operaciones transfronterizas organizadas conjuntamente por los servicios de seguridad de los Estados Cóndor. Esto permitía que escuadrones de agentes de uno o varios países cruzaran las fronteras nacionales sin obstáculos burocráticos. Estas operaciones transfronterizas permitieron a estos agentes interrogar a uno de sus compatriotas que ya había sido detenido en otro país Cóndor, o incluso capturar al presunto disidente a partir de la información de los servicios de inteligencia locales. Los interrogatorios, basados en la tortura sistemática, solían terminar con la eliminación o “desaparición” del prisionero.
La última parte del acuerdo se refería a la formación de escuadrones especiales para identificar y eliminar a los enemigos que se habían refugiado fuera de los límites territoriales del sistema Cóndor y que podrían socavar la estabilidad de estos regímenes, incluso desde más allá de las fronteras de América Latina.
La complicidad de Washington
En este punto de la historia, conviene aclarar dos puntos. En primer lugar: la Operación Cóndor no es simplemente lo mismo que las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80, aunque estén estrechamente relacionadas. Una víctima de la represión de las dictaduras no era necesariamente una víctima del sistema Cóndor, aunque estas víctimas también merecen verdad y justicia.
Además, desde el punto de vista de los historiadores, los documentos disponibles no demuestran que esta represión transnacional estuviera directamente orquestada desde Washington. A menudo se olvida que Cóndor tuvo lugar durante dos administraciones estadounidenses -primero la de Nixon-Ford y luego la de Carter- que tenían enfoques divergentes respecto a los regímenes militares latinoamericanos. La administración Nixon-Ford fomentó y financió muchas de las dictaduras que surgieron durante este periodo, en nombre de la realpolitik al estilo Kissinger. La administración Carter adoptó un enfoque muy diferente en materia de derechos humanos, y aunque este enfoque no fue ni incisivo ni eficaz, bastó para que se le acusara de comunismo a los regímenes militares.
Pero el interrogante sobre la participación directa de Estados Unidos en la captura y desaparición de disidentes no resta importancia a la considerable responsabilidad de Washington tanto en la creación del sistema Cóndor como en su aplicación.
Washington era muy consciente de lo que ocurría, pero guardó silencio, como demuestran los numerosos documentos desclasificados por las administraciones estadounidenses a partir de 1999.
También está la contribución de Estados Unidos al establecimiento y apoyo de regímenes militares que, a partir de mediados de la década de 1950, hicieron que América Latina fuera políticamente homogénea, una condición clave para el surgimiento del sistema Cóndor. A ello se sumó el entrenamiento en técnicas de contrainsurgencia y tortura impartido por la Escuela de las Américas -a la que asistieron muchos de los funcionarios que, unos años después, crearon el sistema Cóndor-.
Por último, el sistema Cóndor utilizó la infraestructura de comunicaciones estadounidense cerca del Canal de Panamá para coordinar las acciones de los regímenes militares. Por lo tanto, Washington fue claramente culpable tanto de complicidad como de apoyo a Cóndor, especialmente entre 1975 y 1977. Pero también hay una diferencia entre este tipo de apoyo externo a las actividades que los Estados latinoamericanos emprendieron por iniciativa propia y las intervenciones de política exterior como el golpe de Estado de 1954 en Guatemala o la invasión de Bahía de Cochinos.
El asesinato de Orlando Letelier
La cooperación oficial entre todas las dictaduras del Cono Sur, en el marco específico del sistema Cóndor, parece haber durado unos dos años, terminando a finales de 1977 o principios de 1978. La ruptura del pacto se debió a dos factores. El primero fue el asesinato en Washington, el 21 de septiembre de 1976, de Orlando Letelier, diplomático chileno cercano a Salvador Allende. Este crimen tuvo graves repercusiones en las relaciones entre Chile y Estados Unidos, y en todos los Estados Cóndor. El recién elegido gobierno de Jimmy Carter presionó al régimen chileno (y a otros) para que frenara sus políticas represivas, y redujo la ayuda militar a las dictaduras que no cooperaban.
El segundo factor de ruptura fueron las tensiones entre Chile y Argentina, que se agudizaron en 1977 cuando ambos estados volvieron a disputarse el control del Canal de Beagle, en el extremo sur del continente. Este conflicto, que estuvo a punto de desembocar en una guerra abierta, también fue aprovechado por otros Estados para sacar a relucir viejos agravios contra los dos países implicados. La mediación del Vaticano evitó un conflicto directo, pero las relaciones diplomáticas de las dictaduras militares quedaron irremediablemente debilitadas.
Sin embargo, la ruptura del pacto oficial no puso fin a la colaboración entre las policías políticas de todos estos regímenes. Continuaron encarcelando, masacrando, torturando e intercambiando prisioneros hasta principios de la década de 1980. En total, la represión de estos regímenes acabó con la vida de entre 30.000 y 60.000 personas, aunque este total sigue siendo difícil de cuantificar, ya que aún se desconocen los lugares de descanso final de las víctimas.
Miles de crímenes han quedado impunes
A lo largo de los años, se han celebrado muchos juicios relacionados con los crímenes de la Operación Cóndor, sobre todo en América Latina. Ya en 1978 se inició un proceso en Estados Unidos contra el agente de la DINA Michael Townley, nacido en ese país, por organizar el atentado contra Orlando Letelier con la ayuda de terroristas anticastristas cubanos. Hasta ahora, Italia es el único país fuera del continente americano que ha completado un juicio con una relación muy directa con Cóndor hasta el más alto tribunal.
Pero la justicia ha faltado. Muchos autores murieron sin pagar nunca por sus crímenes, es cierto, también debido a la debilidad de las transiciones democráticas en América Latina en la década de 1980: muchos funcionarios de carrera siguieron en sus puestos incluso después del fin de las dictaduras militares. Otros se fueron al extranjero para escapar de la justicia. Del mismo modo, nadie se ha enfrentado a cargos por fomentar y financiar golpes de Estado desde el extranjero, por consentir miles de asesinatos y por intercambiar favores con dictadores a cambio de servicios a Occidente. Un nombre podría representarlos a todos: Henry Kissinger, ganador del Premio Nobel de la Paz en diciembre de 1973, después de haber organizado meticulosamente el colapso del Chile de Allende y haber creado las condiciones para un golpe de Estado que costó miles de vidas inocentes.
En este contexto, el juicio italiano por los crímenes de la Operación Cóndor es una gota en el océano de las víctimas que nunca recibirán la justicia que merecen. Sin embargo, en este trágico contexto, el juicio italiano es crucial en un sentido. La condena de Jorge Néstor Troccoli es la primera vez que se detiene, juzga y condena a un torturador en Italia. Es de esperar que su condena sea el punto de partida de nuevos juicios contra otros torturadores que ahora viven en paz en nuestro país, lejos del escenario de sus crímenes.
Es el caso de Carlos Luis Malatto, un ex militar argentino acusado de haber torturado y asesinado a decenas de personas, pero que ahora vive un tranquilo retiro en Sicilia. También es el caso de Don Franco Reverberi, también argentino, ex capellán militar identificado por muchas víctimas como el sacerdote que ayudaba a los soldados durante las sesiones de tortura. El sacerdote vive ahora (y celebra la misa) en un pueblo de la provincia de Parma.
Han pasado 40 años, pero hoy, más que nunca, debemos exigir la justicia que toda víctima merece. Esta justicia no conoce fronteras geográficas ni políticas; y puede transmitir la memoria de lo ocurrido más allá de América Latina e incluso entre quienes no sufrieron tales atrocidades en sus propios cuerpos. El 9 de julio, el Tribunal de Casación italiano dio un paso en esta dirección. Es de esperar que este juicio sea el primero de muchos, hasta que el muro de impunidad y omertà que ha rodeado estos crímenes durante demasiado tiempo sea finalmente derribado.
Jacobin Mag y Vito Ruggiero https://jacobinmag.com/2021/07/operation-condor-us-intervention-juntas-military-dictatorships-jorge-nestor-troccoli-trial-italy
