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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido un escrito a todos los centros penitenciarios con ‘nuevas recomendaciones’ para frenar la expansión del coronavirus, entre las que figuran la suspensión de comunicaciones orales y especiales. Los conatos de motín se vienen sucediendo desde que comenzó el Estado de Alarma. Leer más
Esta mañana se ha celebrado en Saida, al sur de Líbano, la cuarta manifestación semanal contra el confinamiento, el paro y la carestía de la vida.
Los manifestantes se concentraron en la Plaza de Elia y lanzaron consignas contra el aumento de los precios y el deterioro de las condiciones de vida, denunciando el estricto confinamiento impuesto desde mediados de enero con el pretexto del coronavirus.
Los manifestantes prendieron fuego a los neumáticos y bloquearon las carreteras que llevan a la Plaza de Saida. El ejército tuvo que intervinir para reabrir la circulación.
El lunes el gobierno anunció una nueva subida del precio del pan en un país sumido en el colapso económico, en un momento en el que la bancarrota impide subvencionar los productos básicos a pesar del descontento social.
La bancarrota económica, agravada por el estricto confinamiento, ha provocado protestas en varias ciudades de Líbano, especialmente en Trípoli, la ciudad más pobre del país. Trípoli ha sido escenario de manifestaciones y enfrentamientos a lo largo de la última semana, con el resultado de un muerto y más de 400 heridos.
En el asilo Vitalia Home Parque Alcosa, muy cerca de Sevilla, han muerto al menos 15 ancianos tras ser vacunados, según El Correo de Andalucía (1).
Se trata de otro asilo “de gestión privada” en el que han llegado a detectar más de 80 positivos, aunque actualmente sólo hay 62, una cifra confirmada por la Consejería de Salud, que mantiene medicalizadas las instalaciones.
La mayoría de los ancianos habían recibido ya la primera dosis de la vacuna antes de la infección y se han contagiado a pesar de que llevan más de dos meses encerrados en sus habitaciones.
“Esto es como en la guerra, comemos en la cama, están todas pegadas y tenemos mucho frío”, relata un anciano recluido en el asilo en un mensaje enviado a un familiar (2).
La situación que se vive en el interior del asilo ha sido denunciada por varios familiares de los anicianos, uno de ellos fallecido, y también por antiguos trabajadores del centro.
El asilo superó la primera ola de la pandemia sin contagios y fue el pasado mes de septiembre cuando, según un familiar, se dio el primer caso en un trabajador.
José Martín Cataluña es hijo de una de las primeras ancianas que dio positivo y que recientemente ha fallecido. Según sus palabras, a raíz del brote, ha descubierto que lo que se vive en el asilo “es una auténtica casa de los horrores”. Los ancianos están sin calefacción, con ropa que no es suya, esqueléticos y con un estado físico y psíquico muy deteriorado.
“Tuve que decir que iba a denunciarlos en el juzgado de guardia para que me pasaran con la directora tras varios días intentándolo porque mi madre estuvo tres días sin calefacción en una habitación sola con una simple estufa. Se comprometió en arreglarla y así lo hicieron. Aún así, en plena borrasca Filomena, con el frío que hizo, sólo se la ponían por la noche”, afirma.
La madre de Martín Cataluña fue trasladada a una habitación de la cuarta planta del edificio tras confirmar su positivo en un cribado. Asegura que prácticamente pasó la enfermedad asintomática. Los problemas comienzan cuando a su madre la sacan de esa habitación, “a escasos tres días de cumplir los 14 de cuarentena” y la llevan a una sala establecida como planta Covid una vez fue medicalizada la residencia por parte del Servicio Andaluz de la Salud, junto con otros positivos.
“Mi madre estaba bien. Yo hablaba con ella y con los médicos y eso es lo que me transmitían hasta que el día 20 de enero, cuando le faltaban tres días para cumplir los 14, me dijo ella misma que la iban a trasladar a una planta medicalizada con siete enfermos más. Yo me negué unilateralmente porque le quedaban tres días de aislamiento y ese trasladado lo único que le iba a suponer era exponerla a una mayor carga viral y sin mascarilla. Pero me dijeron que los sanitarios eran ellos y que se guiaban por las autoridades sanitarias”, relata.
Cuando se cumplieron los 14 días de aislamiento estipulado, recibió una llamada desde el asilo. Le dijeron que su abuela tenía que estar 14 días más aislada porque no tenía anticuerpos y 15 minutos después lo llamó el médico para decirle que su madre se había curado y que sería instalada en la zona limpia de la residencia, donde tres días después empeoró y tuvo que ser trasladada al Hospital Virgen Macarena, falleciendo a los pocos días. “A mi madre la llevaron a una zona limpia sin hacerle una PCR que confirmara que era negativo. Estuvo tres días con otros residentes no contagiados y el 26 de enero tuvieron que llamar a una ambulancia de urgencias y se las llevaron al hospital donde ingresó automáticamente en la planta Covid tras confirmar que seguía contagiada. Estuvo tres días en zona no Covid, contagiada y sin mascarilla”, lamenta.
“Me han mentido y además me han falsificado fechas en los informes clínicos y eso tengo pruebas para demostrarlo», indica Martín Cataluña.
Un auxiliar de enfermería asegura que allí se hacen auténticas barbaridades. “Los abuelos estaban agolpados en seis salones y podía haber unos 20 en cada uno de ellos. Entre todos unas 70 personas para dos auxiliares solos. Esa situación de estrés no hay quien la pueda soportar. Al principio pensé que sería cosa de mala organización los primeros días, pero he visto que esto es así siempre y por eso he decidido irme porque he estado en muchas residencias y nunca he trabajado de esa manera”, afirma.
Los ancianos “durmen con la ropa de calle”. Lo que se les pone por la mañana es lo que tienen todo el día hasta el día siguiente cuando se les ducha y se les cambia. Permanecen sentados en una silla desde que se les levanta hasta que los vuelven a acostar a las ocho de la tarde.
Hace unos días un grupo de antiguas trabajadoras del asilo denunciaron que en la residencia han llegado a servir comida en mal estado; usan sábanas en vez de toallas para secar a los mayores tras las duchas porque las lavadoras y secadoras se estropean continuamente; no hay material de protección suficiente porque “desde dirección se indica que mejor unos guantes limpios con agua y jabón antes de cambiarlo cada dos por tres”.
¿Qué otra cosa cabe esperar cuando la atención a los ancianos se abandona a una empresa privada?
(1) https://elcorreoweb.es/sevilla/el-brote-la-residencia-vitalia-parque-alcosa-registra-15-fallecidos-XD7104990
(2) https://www.diariodesevilla.es/sevilla/brote-residencia-mayores-Alcosa-casa-horrores_0_1544246151.html
La Junta de Andalucía ha suspendido la vacunación de los ancianos del asilo Nuestra Señora del Rosario en Los Barrios, Cádiz, después de que 46 de ellos murieran tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el 5 de enero.
El domingo la Consejería autonómica de Salud tuvo que intervenir el centro asistencial, que es un negocio abandonado a la iniciativa privada.
Por fin empiezan a sonar las alarmas. Hasta el diario ABC se ha tenido que apear del burro: “La campaña de vacunación en las residencias de mayores no está evitando un reguero de muertes”. La situación es “extremadamente complicada”, añade el periódico (*).
Tanto los trabajadores como los ancianos comenzaron a ser vacunados a principios de año con la primera dosis de la vacuna de Pfizer y han tenido que interrumpir la inoculación de la segunda.
Una inspección de los servicios sanitarios determinó que era una medida necesaria “ante el riesgo inminente para la salud pública, y en particular para los usuarios y trabajadores de este centro, al no poderse garantizar el actual protocolo de desinfección y aislamiento de los casos positivos”.
El brote fue detectado el 12 de enero, el 18 ya habían fallecido ocho ancianos y el 28 el número ascendió a 30. Ahora la cifra es de 46 muertes.
El de Los Barrios no es un caso aislado. En un asilo de Sancti Petri, en Chiclana, han matado ya 22 ancianos por un brote que ha contagiado además a 79 ancianos y 24 trabajadores en las últimas semanas.
Tras la primera dosis de la vacuna, casi 170 ancianos han fallecido en los asilos, en muchos de los cuales no se habían registrado contagios desde el comienzo de la pandemia.
¿A cuántos ancianos van a matar antes de que se suspendan las vacunaciones?
¿Cuánto tiempo tardarán los medios en informar sobre el número de muertos a causa de la campaña indiscriminada de vacunas?
(*) https://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-brote-residencia-barrios-provoca-46-muertes-coronavirus-202102040941_noticia.html
México es uno de los países del mundo que ha conocido un mayor exceso de mortalidad el año pasado: 160.000 fallecimientos que, hasta ahora, la intoxicación mediática ha atribuido a la pandemia, aunque lentamente empiezan a aparecer factores muchos más peliagudos que conciernen al dinero y el destino en el que se invierte.
Un estudio científico identifica como principal causa de muerte en México la situación que se vive en los hospitales y, en concreto, la saturación hospitalaria y la falta de camas con ventilación asistida para los enfermos graves.
El 45 por ciento de los pacientes “con coronavirus” que murieron en México, deberían haber ingresado en las unidades de cuidados intensivos, pero no lo hicieron por falta de camas con ventilación mecánica.
Por lo tanto, es evidente que una parte importante del exceso de mortalidad se pudo evitar. No se debe a “causas naturales” sino políticas, económicas y sociales.
La carencia de camas ventiladas no afecta sólo a los pacientes “con coronavirus” sino a todos aquellos con saturación de oxígeno por debajo del 80 por ciento.
El estudio ha sido realizado por investigadores mexicanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y lo ha publicado la revista científica Plos One (*).
La tasa de mortalidad en México se adjudica principalmente a la disponibilidad de camas con ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos, lo que sugiere que el hacinamiento fue uno de los principales factores que contribuyeron a la mortalidad hospitalaria.
La disponibilidad de camas con ventilación mecánica en México por cada 100.000 habitantes era de 1.5, lo que representa la mitad de las estimadas para China, un 10 por ciento de las de Italia y entre 0.04 y 0.05 por ciento para la capacidad de Alemania y Estados Unidos, respectivamente.
La escasa disponibilidad de camas en cuidados intensivos se está traduciendo en una demora en la admisión de pacientes y, como consecuenncia de ello, un incremento en la tasa de mortalidad.
La investigación concluye sobre la necesidad de atender con urgencia el problema de saturación hospitalaria del sistema de salud público, así como crear nuevas unidades de cuidados intensivos.
(*) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245772
Recientemente el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha publicado un informe en el que analiza el impacto de la primera onda de la pandemia en Navarra. En su estudio los especialistas confirman lo que ya sabemos desde el primer minuto: no es posible imputar el exceso de mortalidad al coronavirus ni siquiera en la primera ola.
Durante los primeros meses de epidemia, “la disponibilidad de pruebas diagnósticas fue muy limitada, por lo que la gran mayoría de las infecciones no fueron confirmadas. En la mayoría de los casos, la clínica era indistinguible de la producida por otros virus respiratorios que estaban circulando en esas fechas. En los primeros momentos pudo haber casos hospitalizados que no se llegaron a confirmar al no conocerse bien la clínica del covid-19 y asemejarse a otras infecciones respiratorias”.
El informe dedica un apartado a la mortalidad relacionada con coronavirus. Durante la primera ola hubo 529 defunciones de casos confirmados que habían sido vigilados, pero finalmente las muertes declaradas por casos confirmados o con sospecha lo sitúa en una cifra de 733 fallecidos.
El exceso de mortalidad en Navarra en ese periodo se sitúa en 619 defunciones. En consecuencia, “no todas las muertes por covid-19 fueron confirmadas y algunas pudieron no ser sospechadas”. Las muertes atribuidas al coronavirus “pueden no corresponderse exactamente con el exceso de mortalidad observado”, porque durante la pandemia pudieron producirse muertes por otras causas que recibieron peor atención.
Por otra parte, en algunas muertes eso que llaman “covid” estuvo presente “pero no modificó sustancialmente el desenlace”. El 58 por ciento de los fallecidos ocurrieron en personas que residían en centro sociosanitarios.
El gobierno ha denegado a 60.000 personas sin techo y temporeros la prestación del ingreso mínimo vital (IMV) por no cumplir la acreditación de la unidad de convivencia.
Por eso ha tenido que flexibilizar las condiciones de acceso al IMV en el decreto ley de medidas dirigidas a la población que ha quedado en la miseria a causa del confinamiento y los cierres.
La reforma facilitará que temporeros y “sin techo”, que residen temporalmente con familiares, en albergues, casas de acogida o hogares colectivos accedan a esta prestación.
Además, el decreto ley regula las situaciones de convivencia transitoria, es decir, casos en que por ejemplo como resultado de un divorcio o un desahucio los potenciales beneficiarios convivan con familiares en un hogar mayor, lo que con la anterior regulación podría llevar a la denegación de la prestación al ver aumentada el máximo exigido de renta.
De forma transitoria se considerará una unidad de convivencia independiente a los beneficiarios en casos de violencia de género, divorcio o separación y desahucio o inhabitabilidad, en los dos últimos casos con límite temporal.
Las personas sin hogar, cuyo domicilio real sea distinto al de empadronamiento o viviendas en las que convivan distintas unidades familiares, se les facilitará acceder a esta prestación.
El Ministerio de Seguridad Social sigue estudiando la posibilidad de elevar los umbrales de renta y de patrimonio para acceder al IMV, tal y como adelantó el propio ministro, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en noviembre en el pleno del Congreso de los Diputados.
Según Escrivá, la prestación se encuentra en “evaluación continua” para intentar llegar al universo potencial de beneficiarios, 850.000 hogares o lo que es lo mismo 2,5 millones de personas.
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