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Mes: enero 2021 (página 12 de 15)

El virus no es capaz de saltar el muro de Gaza y la vacuna tampoco

¿Quién dijo que los contagios no conocen fronteras, etnias ni religiones? Las únicas vacunas que han llegado a los territorios palestinos ocupados son para los colonos ilegales.

El gobierno israelí proclama a los cuatro vientos que está vacunando más rápido que ningún otro del mundo, aunque a 2,7 millones de palestinos no les ha llegado nada.

Por el momento Israel ha vacunado a más un millón de personas, el 12 por ciento de su población, a un ritmo de 150.000 al día.

Hay cosas que están muy por encima de la medicina, incluso cuando se trata de infecciones y contagios. Los muros, como el de Gaza, se levantaron para que los virus no puedan saltarlos.

Sin embargo, cada día miles de trabajadores palestinos cruzan las verjas para cumplir con su jornada laboral en Israel, pero antes de cruzar dejan los virus en la entrada.

Amnistía Internacional ha acusado a Israel de llevar el apartheid a la sanidad. “El programa de vacunación COVID-19 de Israel remarca la discriminación institucionalizada que define la política del Gobierno israelí hacia los palestinos”, según Saleh Higazi, subdirectora regional de Amnistía Internacional en Oriente Medio.

Los médicos de Israel no parecen protestar por lo más elemental: no sirve de nada vacunar a unos (judíos) y no vacunar a otros (palestinos).

Como suele ocurrir, Palestina tiene que esperar a la caridad. La Organización Mundial de la Salud tiene un proyecto, llamado Covax, para vacunar a los países más pobres.

Pero Covax sólo vacunará al 20 por ciento de los palestinos y las vacunas que les van a inocular aún no han obtenido la aprobación provisional.

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/03/palestinians-excluded-from-israeli-covid-vaccine-rollout-as-jabs-go-to-settlers

Muere un médico en Miami después de recibir la vacuna de Pfizer contra el coronavirus

Un médico de Maiami, el doctor Gregory Michael, falleció dieciséis días después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.

Fue vacunado el 18 de diciembre y 3 días después vio un gran número de venas reventadas en sus pies y manos, lo que le llevó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico en el que trabajaba.

El análisis de sangre completo (CBC) que le hicieron a su llegada mostró un recuento de plaquetas de cero (un recuento de plaquetas normal está entre 150.000 y 450.000 plaquetas por microlitro de sangre). El diagnóstico fue de trombocitopenia .

Durante dos semanas el equipo médico intentó aumentar su recuento de plaquetas, lo cual no lograron. Estuvo consciente y animado durante toda la convalecencia, pero sufrió una apoplejía sangrante causada por la falta de plaquetas, que en pocos minutos acabó con su vida.

El martes le realizaron la autopsia, aunque aparentemente es un caso clínico de trombocitopenia inmune aguda causada por una reacción a la vacuna. Consiste en la disminución de la capacidad del cuerpo para coagular la sangre y detener una hemorragia interna.

Darren Caprara, director de operaciones de la oficina del forense de Miami, dijo que trabaja con el Departamento de Sanidad de Florida y los CDC para averiguar las causas del fallecimiento de Michael. Pfizer también investiga las causas de la muerte.

Los CDC confirmaron que tienen conocimiento de la muerte del médico de Florida, dijo una portavoz por correo electrónico ayer por la noche.

Michael tenía 56 años y era ginecólogo privado en el Centro Médico Mount Sinai de Miami Beach, donde ejerció los últimos 15 años.

https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article248340795.html

El Parlamento Europeo premia los crímenes de guerra nazis

Quienes conocen de cerca los organismos internacionales saben que sus miembros son un hatajo de vagos y vividores. Es el caso de las instituciones de la Unión Europea que a cada paso buscan sumideros que los pongan ante las cámaras de la televisión.

Es también el caso del Premio Sajarov que concedió en octubre el Parlamento Europeo a… la “oposición democrática” de Bielorrusia porque son un ejemplo de “libertad de conciencia”.

“Estamos destinados a ganar y ganaremos”, dijo Svetlana Tijanovskaya, cabecilla que quiere derrocar al Presidente electo Lukashenko como sea, por lo civil o por lo militar.

Menos de dos meses antes, el 9 de agosto Lukashenko había ganado las elecciones con más del 80 por ciento de los votos porque a Tijanovskaya sólo la conecen en Bruselas. Sus votos no llegaron al 10 por ciento.

Tijanovskaya es el típico producto manufacturado por las grandes cadenas de comunicación para consumo de los espectadores occidentales y las ONG que defienden los derechos humanos.

A los que entregaron el Premio no les importó que durante la desestabilización de agosto la “oposición democrática” portara por las calles la bandera de los colaboracionistas nazis.

La bandera rojiblanca es un símbolo del período de ocupación nazi en Bielorrusia y del gobierno títere de la época, involucrado en grandes masacres cuya dimensión es imposible exagerar: los nazis y sus socios bielorrusos llevaron a la tumba a una cuarta parte de la población, incluidos 800.000 judíos.

Biden pone a un criminal de guerra al frente del Pentágono

Biden ha nombrado Secretario de Defensa al general Lloyd Austin. Será el primer negro en ponerse al frente del Pentágono.

Como buen farsante, durante la campaña electoral Biden dijo que la Guerra de Irak había sido un “error”. Pues bien, Austin ayudó a dirigir dicho “error”. Primero dirigió la invasión y luego la ocupación militar.

En 2010 dirigió el entrenamiento de las ISF (Fuerzas de Seguridad Irakíes), que pronto destacaron por los crímenes de guerra que cometieron en Mosul. Una unidad de las ISF fue grabada golpeando y matando a irakíes desnudos, incluyendo a un niño.

En 2013 fue nombrado comandante del Centcom, oficialmente conocido como Comando de Combate, que está al mando de todas las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio. Es uno de los 11 grupos de tropas de Estados Unidos en una región específica del mundo.

Entre las atrocidades más documentadas cometidas por las tropas de Austin en Oriente Medio figura la destrucción de ciudades enteras de Siria, el bombardeo de un hospital en Afganistán, en el que murieron 42 personas, y el comienzo de la guerra infame que Estados Unidos desató contra el pueblo yemenita, junto con Arabia saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Después de retirarse del ejército en 2016, Austin se unió a la empresa Raytheon, el tercer mayor contratista de defensa de Estados Unidos y uno de los mayores fabricantes de armas del mundo.

Dado que un tercio del equipo de transición de Biden proviene de empresas de la industria armamentista y de equipos de consulta, es lógico que los intereses comerciales de Raytheon estén representados por el secretario de Defensa.

Austin también forma parte de la junta directiva de Tenet Healthcare, un conglomerado de empresas con fines de lucro dedicadas a la atención de la salud que utilizó el dinero de los impuestos del seguro médico “Cares” para llenarse los bolsillos durante la pandemia.

Para que los civiles pudieran controlar mejor al ejército, en 1947 Estados Unidos aprobó una ley que prohíbe a los militares retirados, como Austin, ocupar cargos en el Pentágono cuando llevan menos de siete años jubilados.

Es papel mojado. Trump ya se la saltó al nombrar a James Mattis como secretario de Defensa. Lo mismo va a ocurrir con Austin.

Para tapar el asunto y la biografía de Austin, la prensa internacional va a iniciar una campaña de imagen destacando que Austin es negro y que es la primera vez que un negro se pone al frente del Pentágono. Para ascender a esas alturas, los negros tienen que cometer tantos crímenes como los blancos, por lo menos.

Las trabajadoras camboyanas ocupan una fábrica cerrada a causa del confinamiento

En marzo el propietario de una fábrica textil a 50 kilómetros al sur de la capital de Camboya, Phnom Penh, la tuvo que cerrar a causa del confinamiento impuesto por el gobierno. A las trabajadoras no les pagaron sus salarios, ni tampoco ninguna clase de indemnización.

Creyendo que el cierre era temporal, las trabajadoras pidieron préstamos para alimentar a sus familias y se endeudaron.

En diciembre una parte de la plantilla ocupó la fábrica. Vigilan las máquinas de coser porque el dueño ha enviado matones para desalojarlas y apoderarse de las instalaciones.

“Estas máquinas son mi dinero; son mi vida”, dijo Vanna, una trabajadora, prometiendo retenerlas hasta que reciba unos 2.000 dólares en sueldos y bonificaciones adeudados desde el cierre.

El sector textil de Camboya, con un volumen aproximado de 7.000 millones de dólares -el mayor empleador del país, con 800.000 trabajadores, en su mayoría mujeres- ha sufrido un doble golpe este año debido al confinamiento y a los recargos ilegales impuestos por la Unión Europea con el pretexto de las violaciones de los derechos humanos.

‘Trabajo en la mina para comprarme un televisor de pantalla plana’, dice un niño boliviano

Hace 700 años, el cerro de Porco ya era el primer yacimiento de plata en Potosí, antes del descubrimiento del Cerro Rico. Hoy en día, más de un millar de cooperativistas aún rasgan el mineral de las entrañas de ese macizo, entre ellos adolescentes y niños pertenecientes a familias de bajos recursos económicos que migran desde otras regiones del país.

En las cooperativas mineras de Porco el trabajo infantil es un secreto a voces. Cuando la cotización de los minerales está en alza, decenas de familias de escasos recursos con adolescentes y niños llegan para trabajar en la mina atraídos por la buena paga.

Mientras los dirigentes niegan aquel extremo al afirmar que hay jóvenes desde los 18 años, otra es la realidad en los polvorientos senderos que conducen al yacimiento minero a más de 4.100 metros de altitud, hasta donde suben cada mañana, entre mineros adultos, algunos menores de edad.

En Bolivia, el trabajo de los adolescentes es legal desde los 14 hasta los 18 años y para ello se debe llenar un formulario que permite a las autoridades hacer un seguimiento a sus derechos. Esa tarea fue encargada a la jefaturas de trabajo departamentales, gobiernos municipales y departamentales a través de sus unidades de protección a los niños, niñas y adolescentes.

La norma no se cumple. “Sí, sí, hay menores de 14 años y cuando subimos (al cerro) a realizar una inspección laboral, ellos se van. Saben (los cooperativistas) que no deben estar ahí los menores de 18 años. (Pero) Les hacen trabajar clandestinamente y creo que por eso a las dos semanas ya los empiezan a sacar” de las cooperativas, sostiene Jhosseline Gaspar, directora del SLIM (Servicio Legal Integral Municipal) de Porco.

Desde la Unión de Niñas Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) Héctor Soliz, el responsable y colaborador en Potosí, confirma que hay niños mineros trabajando en varias minas del departamento de Potosí. Cita además al Cerro Rico y los centros mineros de Llallagua y Uncía.

Por una pantalla plana de televisión

En Porco y el Cerro Rico de Potosí, en muchos casos, los niños y adolescentes crecen con el ideal de convertirse cuando sean grandes en mineros exitosos. Las historias de familiares que encontraron una veta de plata que les cambió la vida son habituales en un contexto donde hay pocas oportunidades de trabajo. La primera alternativa es la mina, la otra opción es migrar a la Argentina.

En Porco el mítico cerro alberga a tres cooperativas y una empresa privada. Huayna Porco es una de las cooperativas, que posee unos 380 socios y si contamos a los obreros, la cifra fácilmente supera los 600 trabajadores, que en épocas de buenos precios del mineral puede duplicarse.

En afueras de uno de los socavones, un adolescente espera que el reloj dé las 9:00 para ingresar a la mina. “Yo vine con mi papá, él es de Cochabamba y estoy acá porque quiero ganarme algo de dinero para comprarme un televisor de pantalla plana. El trabajo no es peligroso, sólo hay que cuidarse de las explosiones” de dinamita, cuenta José. Asegura que tiene 15 años, su rostro dice otra cosa.

Los cascos les quedan grandes, los uniformes quedan sueltos para estos adolescentes que desafían el frío con poleras deportivas para luego entrar al cerro, donde las decenas de galerías dejaron al macizo como un verdadero hormiguero, un rincón por el que transitan los “niños topos”.

“El 2019 también vine (tenía 14 años). El polvo (copajira en interior mina) nos hace mal, de eso también hay que cuidarse”, añade José (nombre ficticio). Al igual que otros mineros, no usa barbijos pese al riesgo del contagio del coronavirus aún latente en Bolivia: otra amenaza sanitaria que ignoran en las minas.

Trabajar en la mina es peligroso, pero lo es aún más en el sistema cooperativista, donde en algunos casos los obreros y los adolescentes, que dependen de un socio, no cuentan con el seguro médico. Cada uno se protege y cuando hay un accidente se comunican entre ellos, para auxiliar. El socio se hace cargo y se le paga su indemnización al obrero, que puede ser menor de edad, cuenta el minero Ubaldino Rodríguez.

Nicolás Marín, uno de los responsables de la Fundación Voces Libres, que ayuda a niños y mujeres guarda en el departamento, refiere que “los niños se accidentan en las minas, pero nadie se hace cargo de los gastos”.

Accidentes laborales de los niños

Reyna Paucara Canaza, directora del Centro de Salud de Porco, hasta donde llegan muchos cooperativistas después de algún accidente laboral, informa que entre julio y octubre de 2020, seis mineros fallecieron. La cuarentena por la pandemia, que paralizó las operaciones desde marzo hasta mediados de julio, redujo también el número de lesionados.

No obstante, cuando el precio del mineral está alto, llegan más obreros y por semana muere una persona, por lo que en un año se puede llegar hasta 48 fallecidos en la montaña. “Tenemos tres accidentes mínimos por semana (144 por año) y las muertes son de uno por semana (48). Eso pasó en 2017”, cuenta Paucara. Lesiones por caída de rocas, planchones son las más comunes. En muchos casos los mineros asumen los gastos.

El centro de salud de Porco recibe pacientes mineros cooperativistas adultos, pero también a menores. Los más jóvenes son de 11, 12 y 13 años, pero también de 15 y 17 años, “que es lo más común”, corrobora la directora.

No sólo llegan pacientes mineros varones. En 2017, producto de una intoxicación con los gases minerales, un grupo de mineros fue evacuado hasta ese centro. “El gas se impregna a la ropa y, claro, teníamos que desvestirlos y en esa tarea encontramos a una jovencita. Era mujer. Se visten de hombres para trabajar en la mina, porque les pagan bien”, indica Canaza.

En Porco, además de las cooperativas, opera la empresa Illapa, que tiene trabajadores asalariados que, según la empresa, acceden al seguro de salud dotados de ambulancias y equipos médicos para la atención inmediata. Los cooperativistas deben acudir al sistema de salud pública, entre ellos niños y adolescentes.

Los cooperativistas lo niegan

Carlos Mollo, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí, que agrupa al menos unas 80, que dan empleo a unos 50.000 trabajadores en toda esa región, rechaza que exista trabajo infantil en las minas.

“No entran (los menores) porque no son productivos. Los hijos de las palliris (seleccionadoras de mineral) venden mineral, pero no entran a la mina”, afirma enfático Mollo desde su oficina en el centro de la ciudad de Potosí. Para él los jóvenes que ingresan a interior mina tienen 18 años. Consultado sobre la realidad en Porco, a 52 kilómetros de la capital potosina, Mollo indica que en esa zona minera tienen normas distintas y está alejada de nuestra federación.

Cuando se le informó que el centro de salud atiende también a mineros de 11 hasta 17 años, Mollo respondió sorprendido: “Son 80 cooperativas que hay que atender, tenemos poco tiempo, pero tenemos dirigentes que trabajan en los talleres de sociabilización contra el trabajo infantil, pero no siempre estamos llegando al 100 por 100 (de las cooperativas). Esa es una de nuestras debilidades, haremos que mejore, porque no podemos permitir que niños y niñas estén corriendo ese riesgo”.

Elías Choque, presidente de la administración de la Cooperativa Huayna Porco, sostuvo por su lado que no admiten el trabajo infantil. “No permitimos en áreas mineras el trabajo infantil, porque es un delito que un menor de edad trabaje en la mina. Es riesgoso”.

Explicó que en algunos casos, hijos acompañan a sus padres que a la vez son socios, pero los menores no trabajan. El socio debe ser responsable de su hijo, no puede entrar a la mina. Ahora, de vez cuando, los llevan para que se distraigan, pero no se permite que trabajen en interior mina.

Hebert Ruiz, jefe departamental de Trabajo en Potosí, no respondió. Con anterioridad, el entonces responsable de ese despacho, Alberto Calle, sostuvo que ese despacho no tiene la tuición para fiscalizar a las cooperativas mineras.

Desde los 7 años, los niños realizan 7 tareas en las minas

En los centros mineros, niños y adolescentes que en la mayoría de los casos son hijos de mineros o mujeres guarda, ineludiblemente comienzan a temprana edad su vínculo con esta actividad. En un primer momento escogen el mineral con sus madres, hasta convertirse en perforistas cuando cumplen los 18 años.

Nicolás Marín, activista de la Fundación Voces Libre, que ayuda a mujeres y niños que cuidan las bocaminas en Potosí, revela que los menores de edad desempeñan cinco oficios en el trayecto hasta convertirse en mineros adultos.

Un dirigente de la mina San Germán tenía a sus dos hijos de siete y ocho años trabajando y cuando yo le pregunté por qué lo hacía, me respondió: “Por si me pasa algo a mí, ellos deben aprender”, relata Marín.

En las minas del Cerro Potosí y también de Porco algunos niños de siete y ocho años, pertenecientes a familias de mineros cooperativistas, empiezan con tareas sencillas. “A los siete y ocho años comienzan a elegir el mineral (pequeños palliris) como sus madres”, añade Marín.

Luego al cumplir los 12 años comienzan a ingresar a los socavones para empujar las carretillas y por ello son bautizados como los carretilleros. Dos años después, cuando cumplen 14, entran a la mina a chasquear con pala material minero a los carros. Cargar con pala el producto minero.

“A los 16 años comienzan a carretear”, indica Marín. Aquella labor requiere de mucha fuerza porque se debe empujar el carro con el mineral por los rieles y tras toda esa experiencia de aproximadamente ocho años, el adolescente ya está listo para ser perforista, que también requiere de mucha energía para sostener la máquina y soportar el golpeteo sobre la roca.

En Porco, la directora del SLIM (Servicio Legal Integral Municipal), Jhosseline Gaspar, informa que debido a que algunos cooperativistas no avisan que tienen a menores de edad trabajando para ellos. Cuando hay accidentes o fallecen sus papás y quedan niños, no nos avisan (los cooperativistas) y tenemos que investigar para ayudarles, porque en algunos casos no les quieren resarcir económicamente.

Héctor Soliz, coordinador y colaborador de la Unión de Niñas Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo), añade que tras una inspección laboral detectaron a 19 menores de edad en cooperativas de Llallagua y Uncía, pero que no hay datos generales del departamento de Potosí.

No obstante, la directora del centro de salud de Porco, Reyna Paucara, confirmó que los pacientes mineros, que atienden periódicamente, tienen entre 11 y 17 años. En 2017, una jovencita, que se disfrazó de varón sufrió un accidente laboral y fue evacuada al nosocomio.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/4/ninos-topos-eslabon-oculto-de-mineria-cooperativizada-en-porco-279978.html

Nueva York quiere detener y encarcelar a los sospechosos de estar apestados

El Estado de Nueva York estudia la aprobación de un proyecto de ley que permitiría detener a cualquier persona sospechosa de portar o estar expuesta a una enfermedad contagiosa, retenerla indefinidamente e incluso medicarla por la fuerza.

El proyecto, que lleva el número A416, fue presentado la semana pasada por el diputado Nick Perry, del partido demócrata (*) y hoy será examinado por el comité de salud del Congreso.

Los neoyorquinos podrían ser sacados de sus hogares y encerrados por la mera sospecha de haber estado “expuestos” al coronavirus, sin que se necesiten pruebas positivas ni síntomas. Una vez encarcelados en una de las instalaciones construidas especialmente para la ocasión, las personas pueden verse obligadas a someterse a un “tratamiento” que incluye medicamentos y vacunas, e incluso entonces, la libertad no estaría garantizada.

El proyecto de ley, que anteriormente se presentó con el pretexto del virus del Ébola, podría encerrar a las personas hasta 60 días. Aunque el preso tiene derecho a un abogado, los médicos tendrán la última palabra para decidir si son apestosos o no (suponiendo que alguna vez lo hubieran estado).

Las cárceles se inundarán con los contactos de personas sanas erróneamente consideradas como “apestados”, “positivos” y “casos”.

Esta ley podría mantener a las víctimas encerradas durante meses, incluso años. Alemania y Suiza ya han comenzado a apuntar a disidentes de alto perfil para su institucionalización, incluidos médicos y abogados, y otros países han facilitado que sean encerrados.

El mes pasado, un neurólogo de California publicó un artículo en el que afirmaba que la creencia en las “teorías de conspiración” sobre la pandemia era el resultado de un daño cerebral e insinuaba que la institucionalización podría ser la única opción para estos “pacientes incurables”.

A diferencia de un caso penal, los médicos que quieran encarcelar a una persona no necesitan proporcionar pruebas del potencial “contagioso” del individuo. Simplemente deben asegurar que la persona es un peligro para ellos mismos o para los demás, un criterio deliberadamente vago que deja mucho espacio para abusos de todo tipo.

Tras la cuarentena, en Sajonia, Alemania, el gobierno liberó casi dos docenas de habitaciones en clínicas siquiátricas para que la policía pudiera recluir a la fuerza a quienes violaran el encierro.

En abril una abogada especializada en derecho sanitario de Heidelberg, Beate Bahner, fue detenida e internada a la fuerza en un siquiátrico por llamar a manifestarse contra el confinamiento.

Pocos días después un médico suizo de 58 años, Thomas Binder,  fue detenido en Wettingen, con un aparatoso despliegue de las unidades antiterroristas de la policía, que le internaron en un siquiátrico por oponerse a la cuarentena.

En setiembre la policía australiana sacó a una mujer embarazada de su casa por convocar una manifestación contra el confinamiento a través de las redes sociales.

(*) https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2021/A416

Más información:
– Primera mujer internada en un siquátrico en Alemania por oponerse a la cuarentena
– Terrorismo de Estado con pretextos sanitarios: Sajonia interna en hospitales siquiátricos a quienes rechazan la cuarentena
– Internan en un siquiátrico a un médico suizo que se opone al toque de queda
– La policía detiene a una mujer embarazada delante de sus hijos por convocar una protesta contra el confinamiento en Australia

La OMS acumula figuras de una pieza: expertos, políticos, médicos y catedráticos

La antigua ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzyn, se une al gabinete del Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, según confesó ayer en una entrevista la propia interesada (*).

No cansaríamos la atención del lector por enésima vez de no ser porque Buzyn es un arquetipo de eso que califican como “experto” en el mundo posmoderno.

A Buzyn, hija de un superviviente de Auschwitz, su puesto actual como concejal en un distrito municipal de París le sabía a poco. Había llegado muy alto para caer tan bajo, aunque en realidad es de esos políticos y funcionarios que jamás ocupan su puesto. Acumulan nombramientos como quien acumula títulos nobiliarios.

El caso de Buzyn es algo parecido al de Illa. Al comienzo de la pandemia dimitió como ministra de Sanidad para encabezar una lista a la alcaldía de París, que no ganó. Se quedó en la estacada y con un cargo muy menor. Ni siquiera de la mano de Macron consiguió alcanzar el cargo.

Tras perder las elecciones se soltó la lengua. Dijo que las elecciones municipales habían sido una mascarada y reconoció que había mentido a los votantes: su prioridad nunca fue la alcaldía de París.

Habría que contrastar toda esa verborrea con lo que hubiera dicho de haber obtenido la alcaldía. Quizá sólo fuera un ejemplo de la fábula de “La zorra y las uvas” de Esopo.

Cuando un político, como Buzyn, es además un bocazas, las primera planas están aseguradas. A toro pasado, dijo que ella ya sabía que la pandemia que se nos venía encima, es decir, que cuando los políticos se ven comprometidos hablan de un virus “inesperado”, una sorpresa, y cuando van de listillos se agarran al socorrido “ya os lo dije”.

También es hematóloga y profesora de Medicina, o sea, uno de esos “expertos” en el punto de mira permanente de los focos y los micrófonos. Como Jano, un lado del rostro mira a la política y el otro a la sanidad. Todo en una misma pieza.

Es el personaje ideal para llevar a los despachos que la OMS tiene en Ginebra. Su tarea consistirá en representar a la institución internacional “ante el G7, la ONU y la Fundación Bill Gates”. Estamos citando literalmente: la OMS pone a Bill Gates en el mismo plano que la ONU y el G7 (por algo será).

Allá donde vaya, lo que Buzyn hace es política, tanto si se trata del Ministerio de Sanidad, como del Ayuntamiento, como de la Universidad, como la de la OMS. Lo que ocurre es que a diferencia de otros políticos, cuando interesa aparece ante los medios como médico, o como experto, o como catedrático.

Pero no se despisten. Buzyn no descarta “volver” a la política en sentido estricto: “Dejé un muy buen trabajo para entrar en la política, pero no para detenerme pronto”, dijo a finales de junio. Lo mismo está pensando ahora, camino de Ginebra.

(*) https://www.lopinion.fr/edition/politique/docteur-agnes-madame-buzyn-affres-l-annee-2020-232789

¿Quién vigila a los médicos?

Médicos y científicos piden responsabilidad a la población. La sociedad asume acrítica todo el mensaje. Pero, ¿quién pide responsabilidad a los médicos? ¿quién vigila a los médicos?

Hace un par de milenios, el poeta romano Juvenal lanzaba la pregunta: «¿Quién vigila a los vigilantes?». Su pregunta ya se la había hecho Platón (427- 347) casi 600 años antes. Esta pregunta ha venido repitiéndose a lo largo de la Historia en los peores sistemas: desde Torquemada a la Gestapo.

La sociedad se encuentra en un punto en que asume acríticamente toda información que recibe. Sin contraste, sin generarse ninguna duda. Ni siquiera se hace la pregunta: ¿Y si….? Una sociedad con miedo es mucho más fácil de manejar.

Bajo un criterio médico se está llevando a cabo un proceso de deshumanización de la sociedad. Se rompen los esquemas sociales tal y como los conocíamos. Se rompe la cercanía y el contacto social. Las relaciones sociales pasan a hacerse a través de una pantalla. Hablas con tus amigos por una webcam. Cuando les ves, les saludas con el codo. Compras en Amazon a través de un móvil.

Eso sí, trabajar lo haces pegadito a tu compañero en el trabajo, vas en el metro a las 7 de la mañana por Avenida de América bien apretadito con otros miles como tú. Pero, ¿las distancias hay que mantenerlas? Sólo en tu vida social. Todos los médicos saben que en los puestos de trabajo y medios de transporte no se producen contagios: sólo ocurre en fiestas y actos de ocio.

Los espacios cerrados son más propensos para la expansión del virus y por éso mismo, los Mercadonas son espacios seguros para comprar pero los mercados al aire libre de horticultores y campesinos han estado y siguen cerrados.

Bajo un criterio médico se lanzan advertencias todos los días en TV, prensa, radio y todo tipo de canales. Se siembra el miedo y el terror a cualquier contacto social. Paga con el ContactLess de la tarjeta que el virus puede estar en el billete. ¡Hazlo! Elimina el metálico de tu cartera. Cumple la panacea de los bancos: que no haya dinero físico, que sea todo fiduciario, ficticio.

Bajo un criterio médico se desarrolla la vacuna por empresas privadas. Empresas que todos saben cuáles son sus experimentos y resultados en África con poblaciones a las que nadie escucha y a las que nadie importa.

Bajo el mismo criterio se eliminan los derechos de reunión, asociación, manifestación. Hacer cola con miles de personas más para ver los espectáculos de luces de Navidad es Free Covid 1. Pero manifestarte con 1000 personas puede ser un posible brote.  Y lo de divertirte con amigos, hazlo con sigilo y en tu casa.

En una carta que envia la presa política Victoria Gómez desde la cárcel de Topas 2 lo indica perfectamente: es el criterio represivo, que no médico. Los virus se paran con medicina. Hasta el día de hoy, no se ha visto un virus combatido con toques de queda, policias dando palizas impunes y el Ejército desfilando por las calles rememorando los peores episodios de este país.

¿Por qué el criterio es represivo y no médico? ¿Ha escuchado algún médico pronunciarse contra los despidos en fabricas, ERTEs y EREs? ¿Ha escuchado a los médicos pedir un decreto anti-desahucios? Hasta el día de hoy no ha ocurrido.

Los hemos visto pidiendo más medios para combatir al virus y más restricciones. Ningún médico se pronuncia por los más de 700.000 parados 3. Parece de cajón que una persona con un salario digno, que se alimente en condiciones y que no tenga preocupaciones sobre si mañana dormirá en su casa o en un cajero: será menos propensa a estar enferma. Hay médicos y médicos.

¿Quién vigila a los médicos?

De momento, sólo vemos médicos  y científicos lanzando mensajes de miedo y terror que, directa e indirectamente, benefician al capital. Sea como fuere, el capital está ganando a manos llenas y las diferencias entre ricos y pobres no paran de crecer. Y contra la pobreza, no vemos médicos lanzándose a la calle ni les veremos en platós de televisión pedir que cierren los Mercadonas y que abran los mercados de horticultores.

No les veremos defender a los pobres. Aún estando el «gobierno más progresista de la Historia». Es más, hemos visto a esos médicos pedir más mano dura (más policías pegando palizas impunes, más antidisturbios hasta las trancas de adrenalina y lo que todos sabemos) para reprimir las protestas de jóvenes en paro, autónomos que no sabrán que será de ellos, inmigrantes, etc.

El hecho de ser un «criterio médico» o «científico» puede justificar las peores barbaridades. No olvidar que Josef Mengele se basaba en criterios médicos y los que desarrollaron el Zyclon B en las cámaras de gas se basaban en un criterio científico.

Justificarán lo injustificable.

1 https://www.abc.es/sociedad/abci-aglomeraciones-para-luces-navidad-persisten-pese-recomendaciones-sanitarias-202011291152_noticia.html

2 http://www.presos.org.es/index.php/2021/01/02/la-presa-politica-victoria-gomez-mendez-desde-la-prision-de-topas-sobre-la-gestion-de-la-pandemia-y-la-nueva-normalidad-carcelaria/

3 https://www.lne.es/economia/2021/01/05/paro-subio-724-532-personas-27054302.html

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