Una vez cada año vuelve a suceder lo mismo. Los medios de comunicación (y los desvergonzados anuncios de empresas de seguridad privada, como Securitas Direct) comienzan una campaña contra la okupación, haciéndonos creer que si nos vamos de vacaciones una semana unos desalmados van a entrar en el piso que tanto dinero nos cuesta cada mes, se van a quedar con él por la cara y nos vamos a tener que ir a vivir debajo de un puente durante un año, hasta que un juez se digne a autorizarnos a volver a nuestra vivienda.
Pues durante el pasado mes de agosto, lo mismo ha vuelto a suceder. Una intensa campaña anti-okupa ha copado incontables horas de los medios de comunicación. En el artículo “Ración diaria de okupas en televisión: cómo convertir un problema en el problema”, Dani Domínguez (La Marea) nos lo ilustra de la siguiente manera:
“Prácticamente cada día les contamos historias de propietarios que tienen sus viviendas okupadas”. Así reconocía Matías Prats el sábado 15 de agosto a mediodía la apuesta informativa de Antena 3 por los casos de okupaciones. También lo hacía Lorena García en Espejo Público el jueves 13: “Hablamos ahora de okupación, un problema que nos preocupa prácticamente a diario en este programa”. Y así fue durante esa semana: en Espejo Público se habló de estos casos de lunes a viernes; en los informativos, tanto al mediodía como por la noche, aunque descansaron el domingo.
El lunes de la semana pasada, los titulares se centraron en la “Alerta okupación” y en los “Okupas impunes”, con declaraciones de varios agentes que aseguraban sentirse “atados de pies y manos” y reclamaban un cambio legislativo. Un cuarto de hora en Espejo Público y prácticamente dos minutos en cada informativo, con noticia en el sumario inicial incluida.
El martes, el leit motiv eran los “Okupas con abogados”, a raíz del vídeo viral en el que una mujer pedía a unos vecinos que se pusieran en contacto “con el abogado”. Poco después, explicó a Cuatro que se trataba de un “malentendido” ya que ella no había usurpado ninguna vivienda, sino que estaba asesorando a una familia en situación muy vulnerable: “Esto era una excepción porque esta vivienda estaba abandonada desde 2013”, argumentó. Tras el acoso que sufrió en las redes anunció este lunes a “El Mundo” que pensaba irse al extranjero.
Ese mismo martes también conectaron con el mundo rural para conocer a los “Okupas en Toledo” que tienen “invadidos” varios pueblos en la región. Casi 20 minutos en Espejo Público y otros dos en cada informativo; de nuevo, sumario mediante.
El miércoles, conexión desde Cubelles (Barcelona). Música de tensión y voces distorsionadas de vecinos que aseguraban estar “viviendo un auténtico infierno”. Uno de ellos rompe a llorar. 12 minutos en Espejo Público –que ese día titula el vídeo en Atresplayer con este caso– y tres minutos y medio entre ambos informativos, que a continuación siguen con información sobre delincuentes que roban a turistas.
El jueves, alternan “Los políticos y okupas” y “Okupan su taller”. Hablan Joan Ribó, alcalde de Valencia, y Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. El primero propone ir a la raíz del problema para poder atajarlo, poniendo en el mercado vivienda social asequible; Villacís defiende que hay que echarlos. Mismo vídeo del día anterior en el que un señor llora de impotencia. Después, el propietario del taller que da título a la segunda pieza cuenta su lucha por recuperarlo. Nueva noticia: en Badalona, el Ayuntamiento dota a la policía de drones con cámara que lanzarán mensajes y vigilarán a los okupas. Por la noche, antes y después de la ración diaria de okupas, noticias de robos y de asaltos a turistas. Más de media hora en Espejo Público y dos minutos en cada franja de informativo.
El viernes, vuelve el “Dron cazaokupas” y una usurpación durante una reforma. Antes, pintadas vandálicas en los trenes. 27 minutos en Espejo Público y tres minutos y medio en los informativos.
El sábado termina la “semana de la okupación” en Antena 3 con “La batalla legal contra los okupas”, un reportaje en el que los registradores de fincas piden un endurecimiento de la ley. Casi dos minutos.
La razón detrás de la campaña: crisis económica y de vivienda
Tanto tiempo malgastado. Agobia, la verdad. Martín Cúneo escribe respecto de esta última campaña en El Salto en un artículo titulado “El fantasma de la okupación, agítese antes de usar”, en el que dice lo siguiente:
Entre las múltiples mentiras y medias verdades, un hecho aparece como incontestable: nunca desde que se tiene registro la palabra “okupas” había estado tan presente en los intereses de los internautas.
El primer pico de curiosidad por el tema se experimentó el 3 de mayo, cuando diferentes medios de derechas publicaron que el Gobierno permitiría el “empadronamiento de los okupas” para así poder cobrar la renta mínima. La supuesta noticia —que alimentaba el mito de que PSOE y Unidas Podemos legislan para sus “amigos okupas”— no tardó en ser calificada como bulo por diferentes portales de verificación, pero algo de ello debió de quedar, porque pocos meses después, la campaña contra el fantasma okupa volvió con más fuerza.
El verano trajo más titulares y programas sensacionalistas en prime time, un filón que la derecha y extrema derecha no dudaron en utilizar: “Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía, se la dan a sus amigos okupas”, decía Isabel Díaz Ayuso. “Hay que sacarles de una patada en el culo el mismo día”, Santiago Abascal iba más allá. “No puede haber un Madrid tercermundista de okupación”, había declarado Manuela Carmena, entonces alcaldesa de la ciudad, en 2017.
Detrás del sensacionalismo, las medias verdades y el uso interesado del problema, existe un incremento de casos, especialmente desde 2017. Para Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Barcelona, este aumento no es casual sino que corre paralelo a la escalada de los precios del alquiler en las zonas donde más ha crecido la ocupación. “Esto demuestra que la gente no ocupa porque quiere sino porque tiene que vivir en algún sitio”, dice.
El problema de acceso a la vivienda, convertido en crónico desde la crisis de 2008, “va a ir a peor”, sostiene Delgado, por la crisis del covid-19. “Ya está pasando y se va a hacer más visible. Hay ese caldo de cultivo y en vez de ver la ocupación como una consecuencia de las no políticas de vivienda, en vez de afrontar la situación y ver que es una consecuencia de no haber aplicado leyes garantistas, se criminaliza a los de siempre”.
La crisis económica que se viene hará que “mucha gente más no pueda pagar su alquiler o su hipoteca”, dice Delgado. Es en este contexto donde se enmarca la última campaña mediática y política contra la ocupación, que aviva “una lucha entre el último y el penúltimo, una lucha entre el pobre y el más pobre”.
La socialización del miedo
Es decir, el artículo de El Salto identifica como el motor de esta campaña de criminalización la próxima crisis de la vivienda que inevitablemente llegará y la necesidad de allanar el camino ideológicamente contra quienes deban okupar una vivienda para sobrevivir en dicho contexto.
El problema es que el miedo que se socializa no debería corresponder a la mayoría de la población, porque la gran mayoría no se puede permitir tener una vivienda en desuso que se pueda okupar. Cuando compra uno, con el gran esfuerzo que conlleva, suele ser, por ejemplo, para un hijo, para alquilarlo, etc., pero nunca para tenerlo cerrado. Es muy importante entender esto: si alguien entra en la casa en la que vives, no te la está okupando; está allanando tu vivienda. Los delitos de allanamiento y de okupación (llamado “usurpación» en el Código Penal) son tipos penales distintos y su comisión no depende de si alguien está unas horas o unos días fuera de casa cuando alguien accede a su vivienda, sino de la naturaleza del inmueble en el que se ha entrado: si se trata de tu morada, de tu lugar de residencia, estamos ante un allanamiento. Si estamos ante un inmueble en desuso, de una usurpación. En casos de allanamiento de morada el desalojo será inmediato y el morador recuperará su casa inmediatamente.
A esta misma conclusión llega la periodista Elena Herrera en un artículo titulado “La falsa alarma de las okupaciones: la ley ya garantiza el desalojo exprés de los allanamientos de la residencia habitual y la segunda residencia“, publicado en eldiario.es.
Así que se puede afirmar con rotundidad que es falso lo que dice la prensa de que te puedan okupar la casa si te bajas a comprar el pan o si te vas unos días de vacaciones y que no recuperarás la vivienda en varios meses, porque eso no es una okupación. Pero nos quieren hacer creer que sí porque quieren que empaticemos con unas clases altas que sí tienen mucho que perder. Los sectores propietarios usan la okupación como un chivo expiatorio en la gran crisis económica y de vivienda que se empieza a vislumbrar. Los precios del alquiler van a bajar y los rentistas se van a ver perjudicados. Se trata de un conflicto material entre quienes no tienen nada y quienes lo tienen todo.
Los datos reflejan esto, como se puede ver en el artículo “¿Qué hay detrás de la campaña contra la okupación?“, escrito por Emmanuel Rodríguez y publicado en Ctxt:
En 2019, el Ministerio del Interior había registrado 14.621 denuncias por usurpación de viviendas (la denuncia es un trámite casi obligatorio para requerir el desalojo). En los primeros seis meses de 2020, el incremento no había sido especialmente significativo, aun cuando desde 2016 existe un crecimiento moderado de las denuncias, tras el descenso que siguió a la fase más aguda de la crisis de 2008-2013. De acuerdo con otra fuente, el Institut Cerdá, en 2017 había en España 87.000 familias viviendo en viviendas ocupadas ilegalmente. Y según Policía Nacional y Guardia Civil, a finales del año pasado en la Comunidad de Madrid estaban okupadas 4.717 viviendas.
Comparemos estas cifras con el número de viviendas existentes, con el conjunto del parque inmobiliario. El resultado es asombroso: de las más de 25 millones de viviendas que existen en España según el censo de 2011, en 2019 fueron denunciadas por usurpación una de cada 3.571 viviendas y, según las cifras del Institut Cerdá, estaban ocupadas ilegalmente una de cada 300. No parece gran cosa. Considérese además que de esos 25 millones de viviendas, 3,5 millones están vacías, no tienen ningún uso, ni como segunda residencia, ni en alquiler temporal, ni de ningún otro tipo (para seguir con las cifras véase este artículo de Jaime Rubio Hancock).
No obstante, 85.000, o incluso 7.000 mil viviendas okupadas, siguen siendo muchas, sobre todo “si es tu casa la que es okupada”. Otra pregunta pertinente: ¿A quiénes afecta principalmente la okupación de viviendas? Y otra sorpresa. Según Policía Nacional y la Guardia Civil, esta vez con datos de finales de 2017, y sobre las casi 4.000 viviendas okupadas que detectaban en la Comunidad de Madrid, solo algo más de 600 eran de particulares. Es decir, solo una de cada 5.000 viviendas en manos de pequeños propietarios de la región estaba okupada. El resto eran propiedad de bancos y sociedades públicas principalmente. Estas cifras no parecen muy distintas de las de Barcelona y otras ciudades.
Como decimos, este fenómeno criminalizador mediático es recurrente. El año pasado (en marzo de 2019, concretamente) publicamos el artículo “Sobre okupación y la penúltima campaña de intoxicación», escrito por un vecino de Hortaleza, que decía lo siguiente:
En mi grupo de vivienda, han venido familias con una orden inminente de desalojo, familias que acaban de entrar en un piso y querían negociar un alquiler social, personas a punto de ser desahuciadas que habían asumido que no tenían otro camino para no verse en la calle, y otras tantas realidades. Por ello, se han peleado desalojos para evitar su ejecución, se ha hablado con bancos e instituciones públicas propietarias, y se han abierto puertas, todo ello siempre en colectivo, no somos una ONG ni nada parecido. Y tengo que añadir que en más de 6 años, podría contar con las manos los casos en los que el propietario de la vivienda era un particular, porque la gente de mi barrio, y de tantos otros de la periferia, no acumula pisos vacíos. Cuando compra uno, con el gran esfuerzo que conlleva, suele ser, por ejemplo, para un hijo, para alquilarlo, etc., pero nunca para tenerlo cerrado. Realmente los que hemos visto son situaciones donde el banco vendía la vivienda okupada a un pequeño propietario, lo cual plantea una serie de interrogantes, pues el comprador se está beneficiando de un suculento descuento, siendo consciente en todos momentos de la situación, por lo que, nuestra empatía y esfuerzo no deja de estar con las personas que se encuentran dentro, asegurando primero su derecho a la vivienda, antes que el interés particular del propietario, que podría haber optado por una vivienda vacía.
Pero no nos desviemos, las personas que andan en la cuerda floja de la precariedad habitacional, son las primeras conscientes de que un procedimiento judicial va más rápido si estamos ante un propietario particular, por ello, aunque sea de forma pragmática, se suele optar por viviendas de fondos buitre, bancos e instituciones públicas, además de que si, aunque no lo compruebes en el registro de la propiedad, entras en la primera que veas, lo más seguro es que sea de ellos, porque son quienes, como decíamos antes, se pueden permitir disponer de pisos acumulando polvo.
Por todo esto, el primer mantra que suelen repetir quienes intentan hacer campaña contra las okupas, es mentira. No son particulares los más afectados por la okupación. Nuestras propias experiencias y los datos de los estudios que hay sobre el tema lo confirman, pero da igual, seguirán erre que erre.
El segundo suele ser el papel predominante de las mafias en la okupación. Evidentemente hay personas que obtienen un beneficio económico a cambio de abrir una puerta, pero de ahí a llamarlo mafia hay un paso, pues suelen ser personas que ni con esta labor escapan de una situación de precariedad económica. Comparar a las auténticas mafias, con sus vínculos políticos, sus operaciones de blanqueo, tráfico y especulación de millones de euros, sus regueros de muertos, etc., con pequeñas redes de personas con ciertos conocimientos de cerrajería, viene a ser como compararme con Messi porque metí un gol en un pachanga con colegas. Del todo es ETA dentro de la disidencia política, al todo es Mafia fuera de los márgenes económicos.
Este artículo de 2019 no es, ni mucho menos, el primero del estilo que hemos publicado en este medio. La criminalización del fenómeno okupa lo hemos explorado en otras ocasiones (como se puede leer aquí, aquí y aquí), pero nunca antes habíamos percibido los ataques con tanta furia.
Burda manipulación
Tal es el nivel de manipulación en torno a este tema que varios jueces (incluso algunos de derechas) se han echado a Twitter a explicar en hilos qué es y qué no es okupación, lo cual les ha servido para llevarse insultos de varios sectores de la derecha.
Pero da igual que hasta la judicatura (estamento dedicado, por definición, al mantenimiento del orden social y el status quo) muestre indignación con el tratamiento mediático que se está haciendo. La derecha está encantada y está explotando la situación a gusto. A finales de agosto, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, publicó un tuit reclamando “acabar con la ocupación ilegal y proteger la propiedad privada y la seguridad de los españoles“. Un vídeo con una sucesión de escenas de personas entrando en casas acompaña el mensaje. “Mientras Sánchez no hace nada y sus socios alientan la impunidad, reiteramos la propuesta de recuperar las penas de prisión por usurpación de vivienda y los desalojos en 48h“, insiste Casado en el texto.
Una postura muy similar a la ilustrada reflexión de Albert Rivera, ex-secretario general de Ciudadanos y actual abogado, lo cual hace más sangrante su postura (al menos a Casado nadie se le ocurre llamarle jurista, viendo cómo se sacó la carrera y el máster).
Y no hablemos ya de Vox. Hace unos días, la diputada Rocío de Meer (la misma que llamó a los barrios obreros “estercoleros multiculturales“) aprovechó para explotar el miedo que están generando los medios para asegurar que cuando gobierne la ultraderecha los okupas serán desalojados a patadas (lo cual provocó que, de nuevo, una jueza de derechas tuviera que reprochárselo en redes sociales).
En definitiva, estamos asistiendo a una campaña mediática impulsada por los más privilegiados, que buscan que interioricemos su miedo y pensemos que, si nos vemos en la calle, será por culpa de okupas y la gente pobre, y no por la especulación inmobiliaria. La derecha política está explotando el miedo que se está generando y prometen actuar de forma implacable contra esa ficticia amenaza. Y la izquierda, por su parte, no destaca por hacer una defensa de esta práctica. La mayoría de sus representantes cuando no la criminalizan (no olvidemos que la ex-alcaldesa Manuela Carmena también cayó en la moda de decir que prácticamente si salías a tomarte un café te podían okupar la casa y quedarse tu perro), guardan silencio ante los ataques, o se limitan a decir que la ley actual es suficiente para atajar el “problema».
El por qué de la okupación
Lo que ningún medio está haciendo es entender por qué hay personas que deciden okupar como medio de obtener una vivienda. Por ello, reproducimos a continuación el texto “Vecinas Okupas“, escrito por la extinta Oficina de Vivienda y publicado en este medio hace seis años.
Durante los años de la burbuja inmobiliaria, la vivienda se convirtió en una excelente mercancía con la que especular. Bastaba con dar una vuelta por cualquier barrio para ver aparecer nuevos edificios todas las semanas, en una maniobra de enriquecimiento de unos pocos que parecía no tener fin. Madrid era una ciudad tomada por las grúas, el hormigón y el ladrillo. Sin embargo, en algún momento, alguien decidió llevarse la fiesta a otra parte y la burbuja estalló.
El resultado fue un espectacular aumento del paro, cientos de miles de familias atrapadas en hipotecas trampa y tres millones y medio de viviendas vacías. Hoy, seis años después del estallido oficial de la burbuja, las consecuencias de aquella estafa son más claras que nunca: cada día se producen casi doscientos desahucios y la vivienda se ha convertido en un lujo inaccesible. En este contexto, la okupación de viviendas es una práctica cada vez más extendida.
Aunque no es un fenómeno nuevo –siempre ha existido gente que ha sabido arreglárselas muy bien con esto de la vivienda-, la crisis social en que vivimos ha hecho que recurran a ella muchas personas que hasta ahora no se lo habían planteado. El perfil del okupa ya no es esa imagen estereotipada que algunos siguen teniendo en la cabeza: hay tantas okupaciones como ocupantes y motivos para hacerlo. En realidad, cualquier motivación es válida, desde la de familias que no tienen otro lugar para vivir o que han sido desahuciadas a la de las personas que lo hacen como una opción política. Abrir una casa vacía para habitarla no solo permite que la persona que lo hace pueda encontrar un lugar donde residir, sino que también tiene beneficios para el resto de vecinas. Las viviendas vacías producen una gran cantidad de problemas, tanto para el edificio como para el resto de la sociedad. Cuando no están habitados, es mucho más probable que los pisos tengan problemas de humedad y salubridad que cuando tienen habitantes, ya que no hay nadie que se preocupe de su mantenimiento. Además, en los casos en los que los bancos son los dueños de las viviendas –por ejemplo, porque se ha producido una ejecución hipotecaria- estos se niegan a pagar los recibos de la comunidad, haciendo que estas se arruinen y se vean obligadas a cortar servicios esenciales. En cambio, la mayoría de las personas que okupan una vivienda hacen lo posible por contribuir a estos gastos, ya que también necesitan esos servicios y comprenden la situación de la comunidad. Pero además, la okupación también tiene beneficios para el conjunto de la sociedad. La existencia de viviendas vacías que permanecen cerradas mantiene elevados los precios de los alquileres y las hipotecas, ya que todas esas viviendas no salen al mercado. En cambio, cuando existe un movimiento fuerte de okupación, los propietarios de pisos se ven obligados a bajar los precios, ya que de otra forma no pueden alquilarlos.
Así, las personas que optan por la okupación no solo rompen con el círculo que les obliga a pagar precios enormemente elevados para tener una vivienda, sino que también contribuyen a luchar contra un sistema cruel e injusto. De hecho, esta ha sido siempre una de las principales motivaciones de la okupación, que es una herramienta fundamental de lucha contra un sistema económico que tiene en la propiedad privada su base fundamental. Las personas que okupan, sean cuales sean las razones por las que lo hacen, están atacando dos de los pilares que sustentan el capitalismo: la propiedad privada y el sistema legislativo. Hemos internalizado la dominación hasta tal punto que nos parece admisible que alguien que no posea ninguna vivienda tenga que pagar una cantidad de dinero al mes –un alquiler- a otro que tiene varias, cuando lo lógico sería que esas desigualdades no pudiesen existir o que, al menos, las personas que tuviesen más no pudiesen explotar impunemente al resto hasta el límite de obligarlas a vivir en la calle. Al okupar,estamos cuestionando un sistema cruel, injusto e ilegítimo que permite que existan casas vacías mientras hay gente que carece de ellas. Por eso, la okupación no es solo la respuesta a una situación concreta de necesidad, sino también una elección política. Mantener una vivienda vacía excluyendo a otra gente de su uso por el simple hecho de tener un papel de propiedad no es legítimo ni respetable.
Siempre estaremos del lado del que lucha contra un sistema que permite que existan cinco millones de viviendas vacías y cientos de miles de personas sin casa. En tanto que ataca a un sistema injusto y se niega a obedecer las leyes que lo protegen, toda okupación es un acto político.
A pesar de los falsos mitos que ha interesado difundir, las personas que okupan una vivienda no son diferentes del resto de vecinas. De hecho, es muy posible que algunas de tus vecinas sean okupas y ni siquiera te hayas dado cuenta, desde la familia con dos niños del segundo a la chica con pinta de universitaria del tercero ola pareja con perro del quinto. El ejemplo más reciente es el caso de Jorge, padre de una familia de tres hijos que habitaba una vivienda en el distrito de Usera hasta que fue desahuciado por el banco propietario del inmueble.
Al contrario de lo que alguna gente cree, las viviendas recuperadas no son focos de problemas o suciedad: las personas que las habitan las cuidan porque son sus hogares, y además, para mantenerlas el mayor tiempo posible es imprescindible tener buenas relaciones con las vecinas. Por ello, las personas que okupan una vivienda tratan de molestar menos aún que el resto. Además, de todas formas, si surgen dificultades de convivencia se pueden resolver entre las vecinas, como se hace en cualquier otro caso. Lo único que diferencia a las personas que okupan delas demás es que han comprendido que las injusticias no se van a resolver por sí solas, sino que hay que ponerse manos a la obra. Que sus vidas están en sus manos y que no van a esperar a que nadie decida por ellas. Que van a tomar las casas vacías y las van a llenar de vida.
Por fortuna, no todo son malas noticias. Algunos colectivos, como por ejemplo Distrito Catorce (Moratalaz) han decidido plantar cara contra la campaña anti-okupación mediante la difusión de carteles, panfletos y consignas que aportan datos reales y hacen de contrapeso a la intoxicación mediática que procura envenenar las mentes de la población.
https://www.todoporhacer.org/campana-okupacion/
