La ETT Terra Fecundis, con sede en Murcia, está siendo juzgada por el “mayor fraude a la Seguridad social de la historia de Francia”.
“Se trata del caso más importante de fraude a la Seguridad Social que se haya juzgado hasta la fecha en Francia” explicó Jean-Victor Borel, abogado del organismo que recauda las cotizaciones sociales de patronos y trabajadores (Urssaf).
Cada año Terra Fecundis envía a miles de trabajadores temporales, en su mayoría sudamericanos, a Francia. De acuerdo a la legislación, los trabajadores de las empresas temporales reciben el salario mínimo francés, pero pagan sus cotizaciones sociales en España, considerablemente más bajas (hasta un -40 por ciento), lo que significa un ahorro sustancial para los patronos franceses.
La fiscalía especializada en delitos fiscales y financieros que investigó el caso en el sureste de Francia considera que Terra Fecundis debió registrarse en Francia y cumplir con la legislación laboral en dicho país. En lugar de ello, los tres dirigentes españoles de la empresa se valieron de la legislación europea sobre el trabajo extraterritorial, que permite a empresas enviar a su personal a otro país europeo para misiones temporales.
Para poder hacerlo, la empresa en cuestión debe tener su sede y actividad principal en su país de origen, en este caso España. Sin embargo, Terra Fecundis obtenía el 80 por ciento de su volumen de contratación en Francia. Terra Fecundis tenía incluso una filial de autobuses para trasladar a los obreros temporales, en su gran mayoría ecuatorianos, Terra Bus Mediterráneo.
Más de 180 empresas galas usan los servicios de la citada empresa de trabajo temporal y según el Ministerio Fiscal “los trabajadores operaban únicamente en Francia y por periodos muy largo, a veces equivalentes a un año”.
La investigación permitió también descubrir las duras condiciones de trabajo de los temporeros, que denunciaron semanas de trabajo de siete días, jornadas extenuantes y estafas salariales. Las autoridades francesas reclaman a la empresa española más de 80 millones por cotizaciones sociales defraudadas, así como 30 millones por retrasos.
Además de los dirigentes españoles, cuatro empleados instalados en Francia también serán juzgados.
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