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Pero si hablara de la “lucha contra el terrorismo” (anarquista o cualquier otro) en España acabaría en una mazmorra inmunda, así que hablaré de otro país, como Francia, por ejemplo, algo que -de momento- no atraerá las iras de ningún inquisidor de la fiscalía (o eso espero).

En 2008 la policía antiterrorista francesa, respaldada por la correspondiente intoxicación mediática, como es habitual, fabricó la historia de los sabotajes a varias líneas del AVE francés (TGV). Un caso claro de terrorismo cuya lotería le tocó a los anarquistas, aunque podía haber tocado a cualquier otro. Lo importante es que la policía y los medios necesitaban ruido y les resulta fácil lograrlo si nadie les hace frente como se merecen.

Como consecuencia de aquellos “sabotajes anarquistas” la policía francesa remueve Roma con Santiago, con redadas y registros en cada uno de los centros donde se reunían los sospechosos, hasta que dieron con el lugar ideal para orquestar la farsa: una comuna de okupas en la localidad de Tarnac.

Aquellos pacifistas y alternativos no eran tan inofensivos como creían los vecinos, sino tipos peligrosos y mal encarados. ¡Hay que estar un poco más alerta y llamar a la policía a la mínima sospecha!

La lotería policiaca siguió cuando algunos (y no otros) fueron acusados de un delito creado en los tiempos en que el general fascista Petain era el amo del Vichy colaboracionista de la Segunda Guerra Mundial. Se llama “asociación de malhechores con fines terroristas”, el equivalente a la “pertenencia a banda armada” autóctona. A Francia no le bastaba con el yihadismo sino que también necesitaba resucitar el “terrorismo de extrema izquierda” para justificarse a sí misma, sus atropellos y sus crímenes: el auténtico terrorismo de Estado.

Para tapar la boca a los escépticos de la prensa, la ministra del Interior daba datos tan exactos como que la red de “terroristas de extrema izquierda” que la policía vigilaba la componían 300 alborotadores dispuestos a todo, sobre todo a luchar contra los recortes presupuestarios y la reforma laboral que el gobierno quería emprender de inmediato.

Tras la redada, el Ministerio de Interior movilizó a 150 sabuesos para demostrarle al juez que aquella película no era de ficción sino real como la vida misma. La policía puso todo su empeño en ello y los hechos, las circunstancias, los testigos, los informes, las pruebas, las pistas, los indicios… todo fue tuneado para la ocasión.

La policía se volcó en el guión que llevaba escrito de antemano, y fue jaleada por los medios hasta tal punto que se pasaron de rosca. Durante meses tuvieron micrófonos instalados en el supermercado del pueblo y llegaron a falsificar los atestados. Era algo tan obvio que tres años después del montaje, un juez abrió un sumario contra la policía por apañar las pruebas.

El asunto dio un giro de 180 grados; los vigilantes se vieron sometidos a lo que más odian: ser vigilados.

Alain Bauer, el artífice del informe, es un antiguo militante socialista que creó una empresa de seguridad con la que se ha llenado los bolsillos gracias a la privatización de la policía. Su informe es tecnología represiva típicamente fascista, es decir, preventiva. Dado que el gobierno sabía que sus recortes y su reforma laboral encontrarían una furibunda oposición, necesitaban atajarla atemorizando a las masas, para lo cual tenían que fabricar un enemigo y rodearle de la parafernalia típica del caso.

Lo mismo que la Operación Pandora en España, en Francia apareció una obra premonitoria sobre “La futura insurrección” firmada por un “Comité invisible” pero atribuida por la policía a una de las víctimas del montaje, el anarquista Julien Coupat, que ha negado ser su autor. El Informe Bauer aseguraba que esta obra era similar a los primeros folletos que publicaron las Brigadas Rojas en Italia.

En la Europa actual asistimos con la mayor naturalidad e indiferencia a que las letras de las canciones, los chistes y los escritos, en digital o en el papel, se conviertan en manos de policías, fiscales y jueces en crímenes de la peor especie, en torno a los cuales se orquestan verdaderos montajes como el de los inofensivos okupas franceses.

Los sabotajes a las líneas de alta velocidad se hicieron colocando ganchos en las catenarias, algo que ya hacía el movimiento antinuclear alemán hace un cuarto de siglo y que es inocuo para los viajeros. No había terrorismo por ninguna parte, ni ningún motivo de alarma y menos para la paranoia que desataron los medios. Nunca hubo ningún otro terrorismo que el de la policía, los fiscales y los jueces.

Pero el fiscal, un verdadero degenerado, puso de manifiesto sus propias taras personales y profesionales cuando aseguró que los okupas eran peligrosos porque eran anticapitalistas y tenían contactos con las “movidas anarquistas internacionales”, lo cual el contraespionaje francés (la hoy desaparecida DST) trató de probar con un informe del FBI sobre la participación de Coupat en varias manifestaciones celebradas en Estados Unidos contra centros de reclutamiento del ejército.

El ejercicio de un derecho básico, como el de manifestación, se convertía en su contrario: en la prueba de un grave delito.

En la “lucha contra el terrorismo” el sistema judicial ha pasado a formar parte, también en Francia, de la guerra preventiva. En unos casos se utiliza para invadir países o derrocar gobiernos; en los otros, para encarcelar indiscriminadamente y atemorizar a la población con farsas seudojudiciales.