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9 de abril de 2020

De la derogación de la ley mordaza a su imposición a toda la población

Quién iba a decirnos que los mayores defensores de la derogación de la Ley Mordaza iban a extenderla a toda la población, a imponer el toque de queda en todo el Estado y a sacar al ejército a patrullar las calles con armamento de guerra incluido. Si tenemos que sacar una lección de estas últimas semanas es que lo que no consigue la crisis económica lo consigue una crisis sanitaria, la aceptación de que existe una represión “por nuestro bien”, por nuestra seguridad. Una represión brutal que hace tan solo unas semanas estábamos denunciando.

El balance es el siguiente. A día de hoy se han puesto 330.000 sanciones, que van desde los 600€ para las leves hasta 30.000€ para las más graves, es decir, 1 multa cada 6 segundos. Se han producido 2.850 detenciones, algunas de ellas acompañadas de actitudes intimidatorias y agresiones. Entre estas se han decretado varios ingresos en prisión acusados de desobediencia grave y atentado contra la autoridad. En total se han practicado más de 3 millones de identificaciones en controles a pie de calle, en controles de tráfico, en autobuses, Metro y Cercanías. Solo en Madrid se han puesto más de 37.500 multas, cerca de 2.400 al día, siendo el distrito de Puente de Vallecas donde más sanciones se han registrado. Y es que el confinamiento no se lleva de la misma forma en casas amplias con jardín que en pisos patera o con familias numerosas. De entre todos los identificados, sancionados y detenidos ¿Cuántos lo han sido por no tener más remedio que ir a trabajar y no poder justificarlo o por tener que ir a cuidar a algún familiar? En cuanto al trabajo, España es tradicionalmente uno de los países con las cifras de economía sumergida más altas de la UE.

Se calcula que 2 millones de trabajadores realizan trabajos en negro, es decir, sin contrato y por tanto sin poder ser justificados. ¿Qué ha sido de todos estos trabajadores que ya no figuran en las listas del paro ni reciben ninguna prestación? ¿En qué situación han quedado? ¿Cuántos de ellos se habrán saltado el confinamiento para tratar de llevar algún ingreso a casa?

Lo más preocupante de todo esto ha sido ver como muchas de esas actuaciones policiales han sido jaleadas desde algunos balcones, cuestión sobre la que hay que manifestarse radicalmente en contra. Es más, es nuestra obligación denunciar que no se puede decretar el confinamiento masivo de millones de personas de la noche a la mañana sin haber asegurado antes su sustento. Esto es igual de irresponsable y de criminal que enviar a miles de trabajadores sanitarios a hacer frente a esta crisis sanitaria sin medios de protección, sin personal suficiente y bajo unas condiciones de sobreexplotación insólitas.

Durante el Estado de Alarma seguimos exigiendo la derogación de todas las leyes represivas, el sobreseimiento de todas las causas abiertas por motivos políticos y sociales, la devolución de las multas y el fin del maltrato policial a los detenidos. Y por supuesto, llamaremos a la lucha si se vulneran aún más los derechos y libertades de las clases populares pasada la crisis sanitaria.

Ayer fueron los luchadores, los comunistas, los anarquistas, los independentistas, los medios de comunicación independientes, los activistas antidesahucios, los twitteros, los raperos…hoy son quienes se saltan por extrema necesidad el confinamiento.

Mañana puedes ser tú
No normalices la represión

Movimiento Antirrepresivo de Madrid

9 de abril de 2020

La ley marcial aprobada en Gran Bretaña amenaza con la posibilidad de un Golpe de Estado en cualquier momento

La ley marcial, los estados de emergencia y demás formas de terrorismo de Estado no se acaban nunca por dos motivos: facilitan la dominación de clase y, además, la justifican. Cabe añadir que las normas que se imponen no expiran nunca, así como tampoco las instituciones que se crean por motivos extraordinarios.

Las formas de dominación se favorecen de tal manera que la burguesía suspira porque surjan dramas, como la voladura de las Torres Gemelas, o virus asesinos, hasta el punto de que si no aparecen conviene iniciarlos, magnificarlos e incluso inventarlos.

En Gran Bretaña la Ley sobre el Coronavirus recién aprobada (*) ha desatado, como es habitual, una campaña de prensa para dejar claro a los más temerosos que “no crea un estado policial” y que las facultades extraordinarias otorgadas a la policía y los militares “sólo” van a durar dos años.

Como todo lo que concierne a esta pandemia, también esa campaña de prensa es falsa, para lo cual no hace falta más que leer el artículo 89, que aclara las partes que son temporales, las que no lo son y las que pueden ser prorrogadas con diferentes pretextos y argucias del Primer Ministro o de cualquier otro miembro del gobierno que lo estime necesario.

Como consecuencia de ello, una cuarta parte (y quizás más) de toda la Ley nunca expirará, por más que la pandemia remita, deje de haber muertos, vacunen a toda la población en masa y los hospitales se vacíen.

Las leyes de emergencia se aprueban para formar parte del elenco represivo de forma permanente. “Per omnia saecula seculorum”, decían los jurisconsultos romanos.

Desde hace siglos un capítulo fundamental de toda ley marcial, pero especialmente en Gran Bretaña, es siempre la impunidad: lo que hagan o dejen de hacer quienes toman las decisiones y las ejecutan no son cuestiones sometidas a responsabilidad. El gobierno y sus funcionarios no rinden cuentas, tienen carta blanca para hacer cualquier cosa, algo que se puede denominar de muchas otras maneras, como “patente de corso” o impunidad.

Pues bien, varias secciones de la Ley británica aclaran que la carta blanca es permanente: los funcionarios públicos están eximidos de responder por cualquier daño que causen a un paciente que esté siendo tratado por el coronavirus e incluso de cualquier otra enfermedad de la que se “sospeche” que pueda estar relacionada con el coronavirus.

En otras palabras, la responsabilidad médica ha desaparecido, tanto para los médicos como para los hospitales. Si matas a un enfermo ya no hay consecuencias, lo puedes seguir matando tranquilamente tal y como ordenan los protocolos sanitarios que el propio gobierno ha aprobado.

Por ejemplo, si alguna multinacional inventa una vacuna, el gobierno puede acelerar su aplicación a los enfermos (y a los sospechosos) sin necesidad de seguir los protocolos habituales de seguridad. Por decirlo en román paladino: podemos utilizar a los enfermos y sospechosos de contagio como ratones de laboratorio.

¿Necesitan Ustedes más ejemplos? Vean: los artículos 59 a 70 permiten dar un golpe de Estado ya que el gobierno puede aplazar las elecciones y esa facultad no tiene un plazo de caducidad. El golpe de Estado es una amenaza que se quedará para siempre. “Per saecula seculorum”.

(*) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/89/enacted

4 de abril de 2020

El gobierno espiará 40 millones móviles con el pretexto de controlar los movimientos de los apestados

El Gobierno controlará más de 40 millones de móviles españoles para estudiar la movilidad durante la crisis del coronavirus. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha impulsado, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), un estudio de movilidad denominado DataCOVID, a través del cual analizará datos «anónimos y agregados» de desplazamientos de la población mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, y durante el tiempo necesario hasta que se restablezca la normalidad, para contribuir así a «una toma de decisiones más eficiente basada en los datos».

En un comunicado, la Secretaría de Estado, adscrita a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, indica que DataCOVID, que cuenta con un primer piloto en la Comunidad Valenciana, permitirá realizar una estimación de la movilidad de la población española durante el periodo de aplicación de las medidas de contención en relación con una situación de normalidad.

«El objetivo es analizar el efecto de las medidas sobre la movilidad de la población, identificando si aumentan o disminuyen los desplazamientos entre territorios o si hay zonas en las que hay una mayor concentración de población, para contribuir a una mejor toma de decisiones en la gestión de la emergencia sanitaria», explica. Por ejemplo, con DataCOVID se podrá conocer si tras la entrada en vigor de las medidas de distanciamiento social aumentan o disminuyen los movimientos de la población entre territorios, si hay áreas con una mayor aglomeración o afluencia o si hay zonas con una alta concentración de población en relación a su capacidad sanitaria.

En este sentido, DataCOVID utiliza las posibilidades que ofrece el Big Data para analizar grandes cantidades de información y extraer conclusiones útiles, «ganando así en eficiencia para una toma de decisiones basada en la evidencia, más coordinada y adaptada a cada territorio».

El estudio cubrirá todo el territorio nacional, dividiendo España en unas 3.200 áreas de movilidad, que identifican agrupaciones de población de entre 5.000 y 50.000 habitantes. Así, los datos de posición analizados permitirán tener una muestra más de 40 millones de teléfonos móviles en toda España. El responsable del tratamiento de estos datos será el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el que las operadoras de telecomunicaciones ya colaboraron el año pasado en la elaboración de un estudio sobre movilidad a partir de datos obtenidos de los teléfonos móviles.

Las tres principales operadores de telecomunicaciones del país, Telefónica, Orange y Vodafone, ya confirmaron su participación en el desarrollo del piloto en Valencia, tras lo cual ya se han comenzado a recopilar los datos agregados y anonimizados aportados para el estudio por algunas de esas compañías como Telefónica.

Asimismo, el Gobierno incide en que el estudio «no rastrea movimientos individuales», sino que emplea datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, anónimos y agregados, proporcionados directamente por los operadores y eliminando cualquier información personal, sin identificar ni realizar seguimientos de números de teléfono o titulares de forma individual.

Así, asegura que, al no emplear datos personales, y usar solo datos anónimos y agregados, este estudio no entra en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y sigue las directrices marcadas por la Agencia Española de Protección de Datos.

Además, recuerda que la normativa sanitaria vigente ampara a las autoridades competentes a «usar datos con fines de investigación en situaciones excepcionales y de gravedad para la salud pública como la actual».

Con este proyecto España sigue la senda de otros países como China, Corea del Sur, Italia, Alemania o Austria, que en las últimas semanas han puesto en marcha distintas iniciativas para analizar los movimientos de población a partir de datos obtenidos de los teléfonos móviles de los ciudadanos.

Los operadores de telecomunicaciones con presencia en España ya ofrecieron al inicio de la crisis por el Covid-19 su colaboración al Gobierno para ayudar a contener la expansión del brote de coronavirus con sus herramientas de Big Data y de gestión de datos agregados y anonimizados y otras capacidades tecnológicas, respetando en todo momento la legislación de protección de datos.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200403/gobierno-control-telefonos-movilidad-coronavirus-7916298

4 de abril de 2020

La ola de histeria está fabricando una sociedad de déspotas por un lado y asustados por el otro

La Comandancia de Alicante de la Guardia Civil ha publicado un listado de productos “de primera necesidad” que justifican ir a comprar al supermercado o circular por la calle. Hay que comprar y hay que comer lo que diga un comandante de la Guardia Civil.

Por su parte, la alcaldesa de Gijón ha limitado los paseos al perro a 200 metros de casa y solo tres veces al día.

La represión sólo se manifiesta como tal, con su verdadero rostro, cuando alcanza esas cotas máximas, a la vez absurdas y delirantes. Los detenidos lo saben muy bien y los presos también.

A su vez, para que alcance el delirio, la represión necesita impunidad, despotismo, que es la máxima expresión del terror, en este caso del terrorismo de Estado. Es ese punto nada sutil en el que uno se da cuenta de que pueden hacer contigo lo que les de la gana porque no pasa nada.

Hay algo que lo justifica todo, cualquier cosa. En este caso es una pandemia, que a su vez disemina miedo, millones de personas asustadas ante algo que no saben lo que es, de lo que nunca habían oído hablar y ahora escuchan por todas partes.

Para cerrar el círculo del pánico se necesitan personajes grotescos, como un comandante de la Guardia Civil metido a nutricionista, al que ascenderán y colgarán medallas y menciones honoríficas.

Este tipo de comandantes son la foto perfecta del Estado que nos gobierna. Pero no sólo él. Un sujeto así necesita alguien por encima suyo que le respalde, diseñado en el mismo taller de chapa y pintura: el Delegado del Gobierno, el ministro Marlasca, el Director General de la Guardia Civil… toda esa cadena de mando que no sólo no le parará los pies sino que se quedan entusiasmados con su celo inquisidor.

Hay otra cosa que también tranquiliza la mala conciencia de los progres y los defensores de los derechos humanos, que también necesitan sentirse protagonistas en estos momentos tan críticos: la ingenuidad de suponer que lo que está ocurriendo es pasajero.

Es inútil hacerles comprender que en 1821 se introdujo en España la ley marcial y nunca se ha derogado. Que en 1936 los fascistas publicaron un bando declarando el estado de guerra y nunca se ha derogado. Que las leyes antiterroristas promulgadas por los franquistas desde 1947 se han sucedido unas a otras sin solución de continuidad, lo mismo que las de orden público, seguridad ciudadana…

No deberíamos olvidar que la ley marcial la ha impuesto un gobierno del PSOE y de Podemos y ha llegado para quedarse. Si en Mesopotamia las leyes se escribián en las piedras para que duraran eternamente, lo mismo ocurre con el pánico: ha llegado para quedarse porque no hay nada más fácil que dominar a una población que está atemorizada y no sabe por qué, ni de qué.

Eso es exactamente el miedo, un estado que se fabrica sin saber el motivo y, lo que es peor, a pesar de que no haya ningún motivo para tenerlo.

Las personas libres decimos lo siguiente: señor comandante, sepa Usted que vamos a comprar, vamos a comer y vamos a beber lo que nos de la real gana.

Señora alcaldesa de Gijón: vamos a pasear al perro los metros que no de la real gana.

Las personas sólo somos libres cuando aprendemos a decir que no.

31 de marzo de 2020

Un virus como pretexto para dar un golpe de Estado y aplastar a la disidencia política

Esta mañana hemos desayunado café con churros y con un largo reportaje de la agencia Associated Press, o sea, un portavoz del imperialismo que se titula así precisamente: “El virus como pretexto para aplastar la disidencia” (*). Muy mal tienen que estar las cosas en el mundo para que nos sirvan este tipo de informaciones desde la primera hora de la mañana. Hasta ellos mismos se están asustando de la manada de lobos que han sacado a patrullar las calles, mientras obligan a la población a recluirse en sus casas.

Una noticia así, que es absolutamente cierta, tiene que tener truco. En este caso consiste en poner en marcha el ventilador: todo el mundo está haciendo lo mismo, pero especialmente ciertos países del Eje del Mal. En este caso le toca el turno a Serbia que, como todos, aprovecha la histeria para su propio ajuste de cuentas político.

“Desde que el presidente Alexandar Vucic anunció el 15 de marzo un estado de emergencia indefinido, el parlamento ha sido marginado, las fronteras cerradas, se ha impuesto un toque de queda de 12 horas controlado por la policía y se ha prohibido a los mayores de 65 años salir de sus casas”, dice la agencia en referencia a Serbia.

Hay gobiernos que no se andan con rodeos, pero el más “estricto” no es precisamente Serbia porque el toque de queda es de sólo 12 horas y sólo han confinado a los ancianos. En otros sitios de Europa confinan a todos (enfermos, sanos y grupos de riesgo) y el toque de queda es indefinido.

Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Presidente no escatima amenazas y advierte a sus ciudadanos “que los cementerios de Belgrado no serán lo suficientemente grandes para enterrar a los muertos si la gente ignora las órdenes de cierre de su gobierno”. Vucic no se anda con rodeos y dice a las claras lo que otros sólo insinúan.

Ni en Serbia ni en ningún otro lugar las medidas adoptadas son realmente un estado de excepción a la antigua usanza, una medida temporal. La paranoia es a cada minuto. El Presidente serbio está todos los días delante de los micrófonos, aprobando un decreto detrás de otro porque para eso tiene plenos poderes. Allí la oposición le critica porque les ha quitado el trozo del pastel que les corresponde.

Según la Constitución serbia, el Presidente carece de potestad gubernativa, pero da igual porque estamos ante un golpe de Estado en toda regla, al estilo boliviano, que es el estilo del siglo XXI. Antes Vucic era una figura testimonial y ahora es que pincha y corta en exclusiva, por encima del Primer Ministro.

Además de la oposición, los defensores de los derechos humanos también lamentan los “abusos” y los “excesos” que ocurren en países apestosos, como Serbia. La ley marcial está justificada por la “crisis sanitaria”, pero no hay que pasarse y recemos para que luego todo vuelva por sus fueros.

Tanto en la economía como en la política burguesa la noción de “crisis” funciona de esa manera. Cuando sobreviene les pilla de sorpresa porque creen en la mano invisible de Adam Smitih, de modo que todo de fluir por sí mismo y la crisis es una excepción, una emergencia. Entonces le buscan explicaciones a la crisis. Pero cuando la crisis se hace permanente, la propia crisis explica todo lo demás.

¿Por qué hemos impuesto la ley marcial? Por la crisis sanitaria. ¿Por qué hemos cerrado las fronteras? Por la crisis sanitaria. ¿Por qué están colapsados los hospitales? Por la crisis sanitaria. ¿Por qué se hunde la bolsa? Por la crisis sanitaria. ¿Por qué hay cinco millones de parados? Por la crisis sanitaria. ¿Por qué cierran las empresas? Por la crisis sanitaria. ¿Por qué imponen la censura? Porque hay desaprensivos que difunden noticias falsas sobre la crisis sanitaria…

No pregunte más. ¿Qué le ocurre a Usted?, ¿no ve la tele? ¿no se ha enterado de que hay una pandemia?, ¿no se da cuenta de que la situación es muy seria?

Fíjense bien en la seriedad de todo esto: en Serbia hay 800 casos de coronavirus y 16 muertes, pero los gobiernos dictatoriales, como Serbia, China o Rusia, siempre manipulan las cifras, que por lo tanto, deben ser muy superiores.

Lamentablemente, en el caso de Serbia, quien da las cifras es la Universidad Johns Hopkins. Lo realmente significativo de todo esto es que se haya producido un golpe de Estado por 16 muertos y 800 contagiados que, en su mayor parte, dice la agencia de prensa, no tienen ningún síntoma o son muy leves.

(*) https://apnews.com/dffb2fa43d0c5fddc4508f2558603e67

30 de marzo de 2020

El coronavirus concede licencia para matar, pero quien dispara es la policía

Un trabajador de quienes hoy engrosan los sectores más desfavorecidos fue brutalmente agredido en la tarde de este viernes en la ciudad de Corrientes, Argentina.

Se trata de un “carrero” que circulaba “changueando” por la zona de la Villa Juan de Vera. En el marco de los operativos por el cumplimiento del aislamiento social fue perseguido con balas de goma por policías de la Comisaría 12 de esta Capital. Ante la situación, el animal que tiraba del carro salió a correr asustado, lo que fue interpretado por los agentes como un “intento de fuga”. A eso le siguió una balacera desproporcionada que causó varias heridas al hombre.

Una vez aprehendido, de oficio, sin ninguna denuncia ni alerta por robo, lo arrestaron e iniciaron una causa por “resistencia a la autoridad y supuesto hurto”. Esto último se intentó fundamentar en que el carro transportaba menos de un centenar de ladrillos, retirados poco antes de una obra en demolición, con permiso de sus obreros.

Luego es trasladado a la Comisaría Segunda de esta Capital, donde permaneció hasta la noche, sin contacto con sus familiares. Si bien son visibles las marcas que dejaron los balazos en su cuerpo no hay registro de las lesiones recibidas por parte del personal policial, aunque sí fue derivado a control médico en el Comando 911.

Tras varias horas de encierro recuperó la libertad pero con una imputación penal a cuestas, incluso ante la intervención de abogados y organismos de derechos humanos tras la visibilidad social que adquirió el caso.

Este sábado, 28 de marzo, fue radicada una denuncia penal Nro. 223486/20, con constatación de lesiones por parte de la médica forense de turno, ante la fiscalía de Instrucción Nro. 3 de feria, a cargo de Mónica Inés Espíndola. Las actuaciones serán remitidas a la brevedad al juzgado de Instrucción Nro. 6, que conduce Graciela Ferreyra.

En los próximos días esta denuncia será acompañada por la Red Corrientes de derechos humanos, por el Comité Contra la Tortura de Corrientes, por la Correpi (Coordinadora contra la Represión Institucional) y por otras organizaciones sociales y de derechos humanos del ámbito local y nacional.

Dichas organizaciones vienen denunciando el modo arbitrario y represivo en que se expresan en varias ocasiones los operativos para el cumplimiento del decreto DNU 297/2020 que declara el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia del COvid-19.

Si bien se entiende la responsabilidad y el cuidado que exige la situación sanitaria actual, es sobre los habitantes de los barrios más humildes donde se registran abusos en las fuerzas de seguridad. Son situaciones de violencia que atraviesan emergencias y gobiernos.

https://agenciaparalalibertad.org/denuncian-abuso-policial-en-operativos-por-la-cuarentena/

29 de marzo de 2020

Eximen de responsabilidad criminal a militares y policías peruanos por matar durante la cuarentena

En Perú los militares y policías que maten o hieran a la población, mientras patrullan las calles para hacer cumplir la cuarentena, quedarán eximidos de responsabilidad penal, de acuerdo a una nueva ley publicada ayer en la Gaceta Oficial del país andino.

“Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”, sostiene la nueva ley. Esta especie de ley marcial fue aprobada por el Congreso de la República con el eufemístico nombre de “Ley de Protección Policial”.

Perú se encuentra bajo toque de queda desde las 8 de la noche hasta la 5 de la mañana y aislamiento domiciliario obligatorio desde el 16 de marzo y supuestamente hasta el 12 de abril, si bien es sabido que las fechas de finalización son mera especulación para mantener más tranquila a la población. Desde ese momento ya fueron detenidas unos 26.000 peruanos por el incumplimiento de salir a las calles.

Las fuerzas de seguridad y militares peruanas cuentan con un oscuro prontuario dado su accionar en el combate a la guerrilla Sendero Luminoso entre 1980 y el año 2000.

Hasta el momento Perú cuenta con solo 671 casos confirmados de coronavirus y 16 fallecidos, pero una estructura poblacional sumida en la pobreza lo que conduce al gobierno a extremar la represión ante posibles saqueos y rebeliones.

En este contexto de pobreza, fuerzas de seguridad y militares quedan exceptuados de responsabilidad al matar pueden ser un remedio mucho peor que la enfermedad. ¿Será este el modelo a aplicar en América Latina?

https://kontrainfo.com/grave-en-peru-ya-eximen-a-militares-y-policias-de-responsabilidad-penal-por-matar-o-herir-por-cuarentena/

29 de marzo de 2020

El coronavirus es la coartada perfecta para cualquier cosa: ayer el gobierno autorizó a espiar todos los móviles

El gobierno vigilará los movimientos de los ciudadanos a lo largo de los días en que ha estado vigente el estado de alarma, así como en los días previos, cuando el contagio por coronavirus empezó a generalizarse, gracias a los datos que ofrezcan las diferentes operadoras de telefonía móvil, según señala una orden publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital realizará un informe a partir de estos movimientos para “determinar las principales vías de contagio y diseñar un modelo de lucha eficaz contra él”.

El BOE de este sábado publica la medida, que se aplicará durante el estado de alarma y los días previos, tanto a los enfermos como a los sanos.

A partir de estos datos, el Ministerio de Sanidad tiene previsto poner en marcha una aplicación informática para“realizar al usuario la autoevaluación, en base a los síntomas médicos que refiera, acerca de la “probabilidad” de que esté infectado por el coronavirus, ofrecer “información” al usuario sobre el virus y proporcionarle consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación.

La ley marcial está favoreciendo la introducción de aberraciones médicas, como ese tipo de aplicaciones, la (des)atención médica por teléfono y la “probailidad” de que alguien se haya contagiado. Es la nueva medicina “a ojo de buen cubero”.

La medida es similar al que ya ha realizado el Instituto Nacional de Estadística (INE) con otros fines con el permiso de las operadoras, aunque no de los usuarios.

La Comisión Europea también ha puesto en marcha una medida similar y, a petición del comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, Telefónica y otros siete operadores de telecomunicaciones proporcionarán datos de localización de sus usuarios de teléfonos móviles siempre con el mismo pretexto: la “lucha” contra el coronavirus.

https://www.lavanguardia.com/vida/20200328/48141359424/coronavirus-covid-19-telefonos-moviles-boe-gobierno-contagio-estado.html

28 de marzo de 2020

Ahora más que nunca: ¡¡Arenas libertad!!

Manuel Pérez Martínez (Arenas) es el Secretario General del PCE(r). Actualmente cumple condena en la prisión de Albocásser (Castellón), tiene 75 años y varias patologías graves. Escayolista de profesión, comunista y luchador antifascista durante la dictadura fascista de Franco hasta la actualidad, ha sido detenido en varias ocasiones. En noviembre cumplirá veinte años encarcelado de forma ininterrumpida desde que fuera detenido por última vez en París y, posteriormente, extraditado a España.

Debido a su delicado estado de salud su abogado ha solicitado hasta en siete ocasiones la entrada de un médico de confianza con el objetivo de poder realizar una valoración médica independiente, tal y como establece el Reglamento Penitenciario. Todas ellas han sido ignoradas. Con la actual situación de alarma motivada por la epidemia del Covid-19, su edad, su estado de salud, así como su estado de reclusión (en el que pasa alrededor de veinte horas encerrado en la celda y cuatro de patio) le sitúa indudablemente en ese sector de riesgo del que tanto alertan las autoridades sanitarias. Por este motivo, se ha interpuesto una solicitud de excarcelación inmediata ya que en caso de contagio su vida correría serio peligro.

Además de los evidentes problemas de salud, la situación dentro de algunas prisiones se agrava por momentos. Médicos de algunos centros penitenciarios han denunciado su incapacidad para combatir la epidemia si esta entra en la cárcel. Además, la tensión dentro de prisión no para de incrementarse debido a la masificación que existe más las medidas restrictivas que se han implementado: con las comunicaciones con el exterior suspendidas (salvo las telefónicas, quien tiene recursos para ello), con cada vez mayor escasez de productos en los economatos, con la incapacidad de aislar a los posibles contagiados, con el incremento de situaciones de pánico como consecuencia de la aparición de algunos contagiados a través de los funcionarios, etc. y que han ocasionado varios intentos de motín.

Por todo ello, nos vemos en la obligación de redoblar la denuncia.

En situación parecida se encuentran decenas de presos políticos. Es el momento de exigir su libertad y la de todos los presos políticos enfermos y mayores de 65 años. Mañana puede ser tarde.

Libertad inmediata presos políticos enfermos y mayores de 65 años
Amnistía total
Amplio indulto para los presos sociales

Movimiento Antirrepresivo de Madrid
marzo de 2020

27 de marzo de 2020

La policía ha detenido a 41.000 personas en Argentina con el pretexto de la cuarentena

A pesar de las dificultades que enfrentamos para acceder a datos fehacientes de detenciones, por informaciones oficiales podemos tener por cierto que más de 41.000 personas han sido detenidas por aplicación del DNU 297/2020. La mayoría de ellas, una vez notificadas de la infracción que se les imputa, penal o contravencional, recuperó su libertad a las pocas horas, mientras que 2.226 personas, alrededor del 0,5%, quedaron privados de su libertad, por tener impedimentos (capturas, comparendos, etc.) o por ser reincidentes en la violación del aislamiento.

A partir de nuestra propia experiencia, y de las denuncias que venimos recibiendo, ratificamos que –como no podría ser de otra manera- las fuerzas de seguridad no actúan de la misma forma en los barrios populares y las villas, ni tratan de igual manera a lxs pibxs y trabajadorxs que a habitantes de zonas privilegiadas. Reiteramos que, en esta situación absolutamente novedosa, nuestro objetivo como organización antirrepresiva es que podamos cumplir un rol de control y denuncia frente a las situaciones de represión que se ensañan con esos sectores más vulnerables.

Muy en particular, como venimos diciendo, hay que redoblar la atención de la situación en las unidades carcelarias, que escalaron desde reclamos y protestas a motines, como en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y antes en Coronda y La Flores, provincia de Santa Fe. Allí, el estado provincial descargó la represión, bajo la dirección del ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín, y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, con la intervención de agentes de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), junto al Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP). El saldo final es –por ahora- de varios hospitalizados y cinco muertos: Alan Matías Miguel Montenegro, de 23 años, en Coronda, y Matías Gastón Crespo, de 31 años, Andrés Ezequiel Behler, de 23, Rolando Duarte, de 60, y Jonatan Exequiel Coria, de 29 años, en Las Flores. Independientemente de las circunstancias en que se produjeran sus muertes, el estado es responsable, ya que se trata de personas bajo su poder de hecho y derecho.

Por otra parte, es incesante la circulación de vídeos y denuncias de vecinxs sobre el accionar de la policía en las barriadas. En La Pampa, en el Barrio Malvinas de General Pico, un hombre salió a comprar pan, recibió disparos de bala de goma de la policía y terminó hospitalizado. Familiares y Amigxs de Luciano Arruga han denunciado el hostigamiento que se vive en el Barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, donde vivía Luciano y aún reside parte de su familia, y desde el Barrio San Alberto llegan imágenes de jóvenes detenidos por la policía, obligados a “bailar”, cantar el himno nacional y hacer sentadillas en plena calle.

Es imposible, hoy, 25 de marzo, ignorar que se cumplen 43 años de la desaparición forzada de Rodolfo Walsh, interceptado por un grupo de tareas de la ESMA, cuando se alejaba del buzón calle en la esquina de Humberto Primo y Entre Ríos, donde acababa de depositar su Carta Abierta a la Junta Militar.

Rodolfo Walsh, que se jugó la vida un día como hoy para difundir la denuncia de lo que sucedía en Argentina, es el que nos enseñó a distinguir el gatillo fácil detrás del “enfrentamiento”, a caracterizar la responsabilidad estatal por los “suicidios” o los incendios en cárceles y comisarías y marcó el camino para la denuncia de la tortura sistemática en lugares de detención. Es el mismo que nos explicó que, así como hay apenas media docena de chistes básicos que admiten infinitas variaciones, la crónica policial también registra media docena de historias “modelo” que justifican las detenciones arbitrarias, y que, adelantándose décadas a su época, incluyó en su análisis de la política represiva estatal los feminicidios de uniforme, con aquello de que “sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria”.

En este nuevo contexto de excepción, sustancialmente distinto al de 1977, pero que victimiza centralmente al mismo pueblo trabajador, vaya en estas líneas el homenaje que no podemos hacerle hoy en las calles.

Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.

La salida es la organización colectiva y popular.

https://agenciaparalalibertad.org/mas-de-41-000-personas-fueron-detenidas-y-sana-con-los-mas-vulnerables/