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Del tráfico de drogas al tráfico de medicamentos en medio de la pandemia en Colombia

Alijo de medicamentos de contrabando
En Colombia, la mayor pandemia sigue siendo la corrupción. A seis semanas de que se decretara la emergencia por la pandemia del coronavirus, las irregularidades en la contratación en los departamentos y municipios de Colombia, que destinan recursos millonarios a programas supuestamente encaminados a mitigar los efectos de la pandemia, despertaron las alamas a un nivel tal que propiciaron el lanzamiento de la estrategia “Transparencia por la Emergencia”, un trabajo articulado nunca antes visto en el país entre la Contraloría- encargada del seguimiento fiscal-, la Procuraduría -cabeza del ministerio público que sanciona a los funcionarios- y la Fiscalía -ente acusador- para hacer seguimiento de la corrupción.

Hasta ahora, los entes de control colombianos tienen en investigación 56 contratos que suman 136.000 millones de pesos (poco más de 35 millones de dólares) que concentran las mayores irregularidades identificadas, pero en total el objetivo es revisar los 31.938 contratos que se suscribieron durante la emergencia económica en todo el territorio.

De acuerdo con la Procuraduría hay 24 procesos disciplinarios abiertos en 14 gobernaciones del país, las cuales tienen a ocho gobernadores directamente involucrados, otros con miras de abrírseles procesos y funcionarios públicos de estas entidades también en la mira. En las alcaldías hay por su parte 70 casos en 56 municipios, y en las entidades del orden nacional 24 expedientes, uno de ellos contra el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro, por presuntas irregularidades en Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, creada por el Gobierno para dar respuesta a la emergencia sanitaria.

El caso del ministro de Agricultura es en particular destacable ya que por su condición de aforado deberá ser elevada ante el Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal del país.

De acuerdo con la Contraloría el ministro deberá responder por la falta de control en los créditos subsidiados creados por el Gobierno, que destinó un total de 226.000 millones de pesos al sector (58.4 millones de dólares). De estos los pequeños productores solo recibieron 4.200 millones (1 millón de dólares), los medianos 8.300 millones (2.1 millones de dólares) y los grandes agroindustriales 213.566 millones (55.2 millones de dólares) concentrando el 90 por ciento de los recursos.

Entre los mandatarios en la mira de las autoridades ya hay dos sancionados por parte de la Procuraduría que fueron suspendidos de sus cargos por irregularidades en la gestión de la pandemia y posible desvío de recursos públicos: el acalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balcero; y el gobernador de Chochó, Ariel Palacios. El caso del alcalde Balcero de Calarcá, fue el primero de un funcionario suspendido durante la emergencia y se debió a un contrato suscrito con un comerciante del municipio, Abelardo de Jesús Echeverri, para repartir mercados a la población más vulnerable. Dicho contrato tenía un monto de 15 millones de pesos (3.879 dólares) pero terminó inflándose hasta los 396 millones de pesos (102.426 dólares).

La irregularidad se hizo manifiesta por el propio proveedor quien denunció que la firma de este contrato inflado no era suya, por lo tanto, había sido falsificada. Dicho contrato fue suscrito por la Secretaría Administrativa de Calarcá, por lo que la suspensión por tres meses ordenada por la Procuraduría no solo fue contra el alcalde Balcero sino contra el secretario titular de esta cartera, José Winser Garzón Tobaría.

La Procuraduría afirmó que separar al alcalde y su funcionario del caro era necesario pues de lo contrario “seguiría afectando principios fundamentales y esenciales que regulan la contratación del Estado”. Este caso está en indagación preliminar por parte de la Fiscalía para establecer responsabilidades penales.

Por su parte, el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, habría participado en la firma de un contrato por 2.000 millones de pesos (517.305 dólares) que según el Ministerio Público iba en contra de las normas de contratación estatales.

Dicho contrato tiene por objeto realizar actividades relacionadas con jornadas educativas de dos horas sobre temas de limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado, salud mental, lactancia materna, sexualidad, prevención de enfermedades y tuberculosis, todas estas enfocadas en el coronavirus. Sin embargo, la Procuraduría determinó que dichas actividades no eran prioritarias en un departamento donde la seguridad alimentaria, el pago de los salarios y la dotación de insumos al personal médico sí constituían necesidades urgentes a las que se debían destinar los millonarios recursos.

Ariel Palacios, Gobernador del Chocó, es el primer mandatario departamental en ser suspendido por un presunto caso de corrupción en el marco de la emergencia por el coronavirus Ariel Palacios, Gobernador del Chocó, es el primer mandatario departamental en ser suspendido por un presunto caso de corrupción en el marco de la emergencia por coronavirus.

Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia y más afectado históricamente por la guerrilla, con una población principalmente afro, racial e indígena. Aquí se registró la primera muerte por coronavirus el pasado 26 de abril, y hay otras 13 personas confirmadas positivas.

Las gobernaciones de Arauca, Magdalena, Atlántico, Cesar, La Guajira, Vichada y San Andrés, también están bajo la lupa de los entes de control por casos similares.

El ejército no se salva

Los cuestionamientos de la Procuraduría y demás entes de control por irregularidades en el manejo de la pandemia del coronavirus también estuvieron dirigidos al ejército, institución que resultó señalada por comprar con notables sobrecostos insumos de protección como tapabocas y guantes.

El foco está puesto en el contrato 044 suscrito por el ejército, el cual fue solicitado por parte del Ministerio Público para investigación. Este contrato, suscrito con la empresa Paciffic Group and Bussines en la ciudad de Medellín por un valor de 200 millones de pesos (51.730 dólares), era para proveer tapabocas, desinfectantes, guantes y otros elementos necesarios para la pandemia.

Sin embargo, el monto por unidad de los tapabocas, que en situaciones normales no supera los 2.000 pesos (menos de un dólar) y que durante la pandemia por la gran demanda se consiguen en 20.000 pesos (5 dólares), fueron adquiridos por el Ejército a 45.000 pesos (11 dólares).

La empresa con la que se suscribió dicho contrato, que también es proveedora del Ejercito de contratos similares en ciudades como Bogotá, Tunja, Pasto o Cúcuta, tiene en su registro mercantil la comercialización de insumos de ferretería, pintura, carpintería, pero no de estos elementos de uso médico.

El ejército respondió ante la investigación de la Procuraduría negándose a enviar la documentación requerida por el ente de control alegando que dichos contratos estaban protegidos por el secreto militar, sin embargo, tras una queja del Ministerio Público elevada al Ministerio de Defensa, este último ordenó al ejército colaborar con toda la información requerida par la investigación.

Este caso ya ha resultado en tres coroneles apartados de sus cargos en Tunja y Cúcuta, los cuales estuvieron involucrados con la contratación de tapabocas N95 con presuntos sobrecostos.

Tráfico de medicamentos

En Cesar y La Guajira, departamentos vecinos ubicados al norte del país en zona fronteriza con Venezuela, comparten en el marco de la pandemia no solo los problemas en los que hoy están sus gobernadores por las presuntas irregularidades en la atención al coronavirus, sino que han sido epicentro de un alza en el tráfico de medicamentos de contrabando que ha proliferado durante la crisis.

Las indagaciones sobre irregularidades en los mercados de la Gobernación del Cesar llevaron a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría a realizar una inspección en la sede de la Gobernación para recolectar pruebas a finales de la semana.

La autoridad departamental, en cabeza del gobernador Luis Alberto Monsalve Gnecco, está en la mira por haber suscrito 37 contratos por un valor superior a 14.000 millones de pesos (3.6 millones de dólares) para la adquisición de 88.700 kits de mercados o bonos para redimir en establecimientos de comercio los cuales deberían estar destinados a la población más vulnerable. En todos ellos hay presuntas irregularidades por sobrecostos en alimentos que están siendo cobrados un 40 y hasta un 100 por ciento más de su valor en el mercado.

Uno de esos contratos, el primero señalado por la Contraloría, tiene un valor total de 367.140.000 por la adquisición de 2.900 kits de mercado. Lo que encontró el ente de control fiscal al contrastar los precios de los productos con la referencia de Colombia Compra Eficiente -portal del Gobierno que da un marco de precios- fue que el contrato debía costar 268 millones de pesos, encontrando diferencia de casi 100 millones, el 37 por ciento de su valor total.

Tanto el Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, como varios funcionarios de su administración, así como otros políticos del Cesar, han sido vinculados formalmente a la investigación por estos hechos.

En La Guajira el panorama no es muy diferente, pero tiene una particularidad: allí se viene dando un alza en el tráfico de medicamentos desde que empezó en Colombia el conteo de casos por el coronavirus.

En Maicao, municipio fronterizo con Venezuela y que concentra gran parte del contrabando que se da entre los dos países por el norte de la frontera, fueron incautados al principio de la emergencia un cargamento de medicamentos avaluados en 8.000 millones de pesos (2 millones de dólares) los cuales pretendían ser distribuidos por una cadena de red de droguerías distribuidas en La Guajira y Cesar.

Dicho cargamento desnudó una red de medicamentos piratas que funcionaba en todo el país y que se surtía con drogas traídas de Ecuador, pero también saqueando el sistema farmacéutico en departamentos como Risaralda, Nariño y Norte de Santander. Las medicinas luego eran enviadas a Cesar y La Guajira para su distribución.

Estas actividades no se han detenido, como lo demuestra la incautación a mediados de abril de un cargamento de medicinas de contrabando, procedentes de Estados Unidos que desde Venezuela pretendían ingresar por la frontera con Maicao. Dicho cargamento avaluado en 28 millones de pesos (7.242 de dólares) fue interceptado por la Policía Aduanera (POLFA).

Una fuente de la POLFA que opera en los puntos de control de Maicao contó que una de las modalidades de distribución y comercialización de estos medicamentos de contrabando involucra a funcionarios de las EPS e IPS (empresas prestadoras de salud) que son cómplices en el saqueo al sistema de salud. Además afirmó que en la frontera estos medicamentos se camuflan entre otras mercancías de contrabando que cruzan a Venezuela por los pasos ilegales y viceversa, por lo que se han incrementado los controles en todos los pasos fronterizos por parte de las autoridades aduaneras, ya que en el marco de la pandemia el tráfico de medicamentos para tratar la enfermedad viene al alza.

De acuerdo con cifras oficiales, desde que empezó el Gobierno de Iván Duque se han hecho 1.393 acciones de control contra el contrabando de medicamentos en el país.

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/05/02/corrupcion-y-trafico-de-medicamentos-en-medio-de-la-pandemia-en-colombia-investigan-56-contratos-por-usd-35-millones/

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Corrupción

La policía italiana incauta una cantidad histórica de anfetaminas producida en Siria por el Califato Islámico

Ayer la policía italiana anunció una incautación récord de 14 toneladas de anfetaminas, en forma de 84 millones de tabletas de captagón producidas en Siria por el Califato Islámico.

Esta incautación realizada en el puerto de Salerno (al sur de Nápoles) tiene un valor de 1.000 de euros en el mercado, según un comunicado de prensa de la policía italiana, que evoca “la mayor incautación de anfetaminas a escala mundial”.

Según la investigación dirigida por la fiscalía de Nápoles, las drogas estaban en tres contenedores sospechosos que contenían cilindros de papel para uso industrial y ruedas de metal.

Cada cilindro de papel de varias capas, de unos 2 metros de altura y 1,40 metros de diámetro (probablemente fabricado en Alemania), se utilizaba para ocultar unos 350 kilos de pastillas en su interior, indetectables para un escáner. Las enormes ruedas de metal cortadas por los expertos también estaban llenas de píldoras.

Las tabletas estaban estampadas con el símbolo “captagón”, una droga clasificada como narcótico, también conocida como “droga de la yihad”, dijo la policía.

“Se sabe que el Califato Islámico financia sus propias actividades terroristas principalmente a través del tráfico de drogas sintéticas producidas en Siria, que por esta razón se ha convertido en los últimos años en el principal productor de anfetaminas del mundo”, dice la declaración de la policía italiana.

Hace dos semanas, la misma unidad de investigación de Nápoles, especializada en la delincuencia organizada, interceptó un contenedor de ropa falsificada, en el que se escondían 2.800 kilos de hachís y 190 kilos de anfetaminas en forma de más de un millón de píldoras con el sello “captagón”.

Para financiar el terrorismo yihadista, la OTAN inició la producción de captagón en 2011 en un laboratorio en Bulgaria. Lo mismo que en Nicaragua en los ochenta y también en Afganistán, los imperialistas han puesto en marcha un consorcio de grupos criminales a gran escala, ya que los 85 millones de comprimidos pueden satisfacer un mercado de tamaño europeo.

El confinamiento ha bloqueado la producción y distribución de drogas sintéticas en Europa. Como resultado, muchos traficantes se dirigieron a Siria para reponer sus suministros.

La policía italiana señala que el captagón, que se vende en todo el Oriente Medio, los consumen ampliamente los yihadistas para inhibir el miedo y el dolor.

Producida inicialmente en el Líbano y distribuida en Arabia saudí en el decenio de 1990, esta droga llegó a los escondites de los terroristas.

Más información:
— La OTAN financia al yihadismo con alijos de drogas
— El tráfico de drogas es consustancial al colonialismo y el imperialismo desde su origen
— El imperialismo cambia su política ‘antidrogas’
— La CIA llenó de drogas los barrios pobres de Los Ángeles
— Cuanto más dinero gasta Estados Unidos en la ‘lucha contra las drogas’, más drogas se fabrican
— La guerra del opio en Afganistán

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Memoria Histórica

El tráfico de drogas es consustancial al colonialismo y el imperialismo desde su origen

El tráfico de drogas (“legal”) fue iniciado por el Imperio Británico. Hay una continuidad. La etiqueta colonial se abandonó. Hoy en día el comercio de drogas (“ilegal”) es un negocio multimillonario.Los dos principales centros de producción hoy en día son:

— Afganistán, que produce alrededor del 90 por ciento de la oferta mundial de opio (transformado en heroína y derivados). En 2000-2001 se puso en marcha un exitoso programa de erradicación de drogas (con el apoyo de la ONU) antes de la invasión encabezada por Estados Unidos y la OTAN en octubre de 2001. Desde la invasión y la ocupación militar, según la ONU (1), la producción de opio se ha multiplicado por 50, llegando a 9.000 toneladas en 2017.

— La región andina de América del Sur (Colombia, Perú, Bolivia) que produce cocaína. Colombia es un narcoestado apoyado por Estados Unidos.

La economía de las drogas es una parte integral de la construcción del imperio. El comercio de drogas está protegido por el ejército y el aparato de inteligencia de Estados Unidos.

Históricamente, el tráfico de drogas ha sido una parte integral del colonialismo británico. Era “legal”. El opio producido en Bengala por la Compañía Británica de las Indias Orientales se enviaba al puerto de Guangzhou, en el sur de China.

“La exportación de opio de la India británica a China, financiada por el Estado, fue posiblemente la mayor y más persistente operación de tráfico de drogas de la historia. En su momento de mayor apogeo, a mediados del siglo XIX, representó alrededor del 15 por ciento del total de los ingresos coloniales de la India y el 31 por ciento de las exportaciones de ese país. Para abastecer este comercio, la Compañía de las Indias Orientales -y más tarde el gobierno británico- desarrolló un sistema de cultivo altamente regulado en el que se contrató a más de un millón de agricultores al año para cultivar la adormidera.

“El sistema de organismos garantizaba que los agricultores no participaran en los grandes beneficios del comercio de opio. Gracias a su poder monopolista, lor organismos del opio fueron capaces de mantener el precio del opio en bruto justo al borde de la economía” (2).

Si bien la proporción de tierras agrícolas asignadas al opio era relativamente pequeña, la producción de opio bajo el dominio colonial contribuyó al empobrecimiento de la población india, desestabilizó el sistema agrícola y desencadenó muchas hambrunas.

Según un informe de la BBC:

“Los cultivos comerciales [de opio] solían ocupar entre un cuarto y la mitad de la granja de un campesino. A finales del siglo XIX el cultivo de la adormidera tuvo un impacto en la vida de unos 10 millones de personas en lo que hoy son los estados de Uttar Pradesh y Bihar.

“El comercio era administrado por la Compañía de las Indias Orientales, la poderosa multinacional establecida para el comercio con una carta real que le daba el monopolio de los negocios con Asia. Este comercio estatal se logró en gran medida a través de dos guerras, que obligaron a China a abrir sus puertas al opio de la India británica.

“Los estrictos objetivos de producción establecidos por el organismo del opio también significaban que los agricultores -el típico cultivador de adormidera era un pequeño agricultor- no podían decidir si producían o no opio. Se vieron obligados a someter parte de su tierra y su mano de obra a la estrategia de exportación del gobierno colonial” (3).

Cuando el emperador chino Qing Daoguang ordenó la destrucción de las existencias de opio en el puerto de Guangzhou en 1838, el Imperio Británico le declaró la guerra a China con el argumento de que estaba impidiendo la libre circulación del comercio de mercancías.

El término “tráfico” se aplica a Gran Bretaña. Fue tolerado y apoyado durante todo el reinado de la Reina Victoria (1837-1901). En 1838 se exportaban 1.400 toneladas de opio al año de la India a China. Tras la primera guerra del opio, el volumen de esos envíos (que duró hasta 1915) aumentó drásticamente.

La primera guerra del opio (1838-1842), que representó un acto de agresión contra China, fue seguida por el Tratado de Nanking de 1842, que no sólo protegió las importaciones británicas de opio en China, sino que también otorgó derechos extraterritoriales a Gran Bretaña y otras potencias coloniales, lo que dio lugar a la formación de puertos abiertos (Tratado de los Puertos).

Los enormes ingresos procedentes del comercio del opio fueron utilizados por Gran Bretaña para financiar sus conquistas coloniales. Hoy en día se llamaría “lavado de dinero negro procedente de las drogas”. La canalización de los ingresos procedentes del opio también se utilizó para financiar el Banco de Hong Kong-Shanghai (HKSB), creado por la Compañía de las Indias Orientales en 1865 tras la primera guerra del opio.

En 1855 John Bowring negoció, en nombre del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, un tratado con el Rey Mongkut (Rama IV) de Siam, llamado ”Tratado anglo-siamés de amistad y comercio”, que permitía la importación libre e ilimitada de opio en el Reino de Siam (Tailandia).

Si bien el comercio de opio de Gran Bretaña con China fue abolido en 1915, el monopolio británico del comercio de drogas continuó hasta la independencia de la India en 1947. Las filiales de la Compañía Británica de las Indias Orientales, como Jardine Matheson, desempeñaron un papel importante en el comercio de drogas.

Los historiadores se han centrado en la trata triangular de esclavos del Atlántico: esclavos de África exportados por las potencias coloniales a las Américas, seguidos de bienes producidos en plantaciones con mano de obra esclava y exportados a Europa.

El comercio colonial de drogas en Gran Bretaña tenía una estructura triangular similar. El opio producido en las plantaciones coloniales por los agricultores pobres de Bengala se exportó a China, cuyos ingresos (pagados en monedas de plata) se utilizaron en gran medida para financiar la expansión imperial de Gran Bretaña, incluida la minería en Australia y Sudáfrica.

No se pagó ninguna compensación a las víctimas del tráfico de drogas del Imperio Británico, ni a los empobrecidos campesinos de Bengala.

Junto con la trata de esclavos en el Atlántico, el tráfico de drogas colonial fue un crimen contra la humanidad.

Tanto el comercio de esclavos como el de drogas están alimentados por el racismo. En 1877, Cecil Rhodes propuso un plan secreto que consistía en integrar los imperios británico y americano en un solo imperio anglosajón:

“Sostengo que somos la raza más hermosa del mundo… Sólo imagina las regiones que actualmente están habitadas por los más despreciables especímenes de seres humanos… ¿Por qué no deberíamos formar una sociedad secreta… para que la raza anglosajona se convierta en un imperio?

“África siempre está lista para nosotros; es nuestro deber tomarla… Es nuestro deber aprovechar todas las oportunidades para adquirir más territorio, y debemos tener constantemente ante nuestros ojos la idea de que más territorio significa simplemente más de la raza anglosajona, más de la mejor, más humana, más honorable raza que tiene el mundo”.

Existe una continuidad entre la legítima “guerra contra las drogas” de estilo colonial dirigida por el Imperio Británico y las actuales estructuras del tráfico de drogas: Afganistán bajo la ocupación militar de Estados Unidos, los narcoestados de América Latina.

Hoy en día el tráfico de drogas es un negocio multimillonario. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito estima que el blanqueo de dinero de las drogas y otras actividades delictivas representan entre el 2 por ciento y el 5 por ciento del PIB mundial (4), es decir, entre 800 y 3 billones de dólares. El dinero de la droga se blanquea a través del sistema bancario mundial.

Recuerden el escándalo de la cocaína crack revelado en 1996 por el periodista Gary Webb. El crack se vendía a comunidades afroamericanas en Los Ángeles.

Desde 2001, la venta al por menor de heroína y opioides se ha ido «armando» cada vez más para luchar contra el racismo, la pobreza y la desigualdad social.

Si bien el comercio de drogas es ahora una fuente de riqueza y enriquecimiento, la drogadicción, incluido el uso de heroína, opioides y opioides sintéticos, ha explotado. En 2001, 1.779 estadounidenses murieron como resultado de una sobredosis de heroína. En 2016 la adicción a la heroína provocó 15.446 muertes.

Estas vidas se habrían salvado si Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no hubieran invadido y ocupado Afganistán en 2001.

(1) https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan_opium_survey_2017_cult_prod_web.pdf
(2) http://barrett.dyson.cornell.edu/NEUDC/paper_364.pdf
(3) https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49404024
(4) https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html

Más información:

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Operación Bastón: el ejército colombiano es una mafia de narcotraficantes

Caracol Radio habló en exclusiva con uno de los investigadores militares que participó en la llamada Operación Bastón, que buscaba, según este uniformado, hacerle una trazabilidad al capital económico de los generales.

Y aunque el Ministerio de Defensa indicó que inició en el 2017, la fuente aseguró que se puso en marcha en el 2018 bajo ordenes directas del general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.

“La operación, de acuerdo a la misionalidad, es para establecer e identificar que generales estaban relacionados o tenían nexos con narcotráfico, mirar sus activos económicos y revisar que estuvieran acordes a lo normal que ha ganado un general en sus mas de 30 años de servicio”, dijo la fuente, quien pidió mantener su rango y situación actual dentro de la fuerza en el anonimato por seguridad.

Agregó que en los últimos años han sido sacados del Ejército por corrupción y actuaciones al margen de la ley más de 3.000 uniformados, entre ellos más de 30 generales, a los que se les ha descubierto presuntas actuaciones ilegales, como fue el caso del general Jorge Romero, que le vendía, supuestamente, salvoconductos a las bandas criminales de Medellín.

“Lo que hoy está pasando en el Ejército no es como se ha querido vender a los medios, de que se trata de los generales de Santos (Juan Manuel) contra los generales de Uribe (Álvaro Uribe), el problema es el mecanismo mafioso que hay dentro del Ejército, todos los que han sido sacados tenían sus negocios ilegales y pensaron que no se los iban a descubrir”, aseguró el investigador militar.

Agregó “lo que se debe entender es que esta operación atacó un sistema mafioso, un sistema que está completamente organizado, que cuenta con apoyo político, de militares de alto rango retirados y en servicio, que designan funciones y entregan reportes. Con la operación (Bastón) quedó en evidencia también lo politizado que en la está el Ejército”.

“Una de las cosas que deben mirar el gobierno, es el sistema de elección de generales. No llegan por méritos, llegan por favores y con guardados, llegan a generales oficiales con procesos activos por falsos positivos, con procesos por corrupción y siempre se amparan en la presunción de inocencia y cuando son ascendidos hacen múltiples maniobras para que les engaveten las investigaciones, los procesos no avanzan en la Procuraduría y la Fiscalía”, señaló el uniformado.

Este investigador indicó que hay mucha tela para cortar dentro del informe. Incluso dijo que el gobierno debería revisar a los generales que envía como agregados a otros países.

“Hay uno que reposa en los informes como posible colaborador, es más hay información que documenta que estaba en la nómina del Cartel del Norte del Valle”.

https://caracol.com.co/radio/2020/05/17/nacional/1589735764_561876.html

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La DEA: un organismo represivo que se dedica también al lucrativo negocio del narcotráfico

Rolando Prudencio Briancon

Podríamos limitarnos a identificar a la DEA como el cártel más grande que hay en el planeta -y que no deja de serlo- pero sería muy reduccionista reconocerle sólo ésa función represiva, sin referirnos a una otra «función» que furtivamente cumple, que es la que  en el plano político cumple, y que tal como identificaría Lenin: «siendo la política economía concentrada», que la DEA no deja de aprovechar que el narcotráfico sea negocio exitoso, que lo controla sin competidor alguno.

Vale decir que la logrera lógica con la que la DEA encara el manejo de la problemática de las drogas, debe reportarle; a parte del rédito político para los intereses hegemónicos norteamericanos; el económico no deja de estar presente también, y ya como una organización mafiosa como tal.

Y para ese cometido debe implementar un modelo de manejo mafioso del negocio. En síntesis, quiere decir que debe deshacerse de la competencia, o sea de los cárteles que son quienes le disputan el mercado.

Desde luego que la DEA debe mostrarse como el implacable organismo de represión, para ello debe armar todo un «know how», que haga que la opinión pública siga siendo tributaria de su credibilidad hacia ella.

Esa es la razón por la que la DEA arma toda una teatral parafernalia cuando se realizan operativos, que, aunque en muchos casos implica bajas de narcotraficantes, como hasta de los mismos efectivos de la lucha antidrogas en los países donde actúa la DEA; no deja de ser ese costo a sufragar.

Y es que son cientos de casos en los que los operativos antidrogas que se ejecutan, no son sino operativos armados, y si no son, sirve para que se aplique todo un programa; no sólo para lograr mayor efectividad en las incautaciones y detenciones, sino para controlar que el negocio siga reportando ganancias.

Esta sinuosa y siniestra forma de actuar de la DEA fue denunciada por el ex agente de la este organismo en su libro: «La Guerra Falsa»: Michael Levine, en una guerra en la que La DEA mantiene una doble función: Deshacerse de la competencia reprimiendo a los narcotraficantes, y por el otro lucrando del negocio.


http://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2020/05/la-dea-un-organismo-represivo-que-se.html
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Golpe al crimen organizado incrustado en el poder político de México

Javier Buenrostro

La mañana del martes 10 de diciembre, la noticia empezó a correr como pólvora en mesas de redacción, redes sociales y oficinas de gobierno. En Texas había sido arrestado Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), e iba a ser trasladado a Nueva York (a la misma Corte Federal que enjuició al Chapo) por delitos de conspiración de tráfico de cocaína, falsedad de declaraciones y recibir sobornos del narcotráfico.

Las primeras acusaciones importantes contra García Luna datan del ya lejano 2001, cuando en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) era el titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Su relación con el Cártel de Sinaloa era tema constante en las notas de reporteros especializados en narcotráfico. No obstante estos antecedentes, Felipe Calderón decidió nombrarlo Secretario de Seguridad Pública, que a la postre resultó ser el puesto más relevante de su gabinete, convirtiendo a García Luna en el hombre más poderoso de su sexenio detrás de él. Una especie de vicepresidente.

Es en este sentido que la detención de García Luna es más relevante que la del ‘Chapo’ Guzmán, porque el primero representa al crimen organizado y el segundo solamente al narcotráfico. ¿Qué quiero decir con esto? En México (y en otras partes del mundo, como Colombia) se ha construido una «mitología del narcotraficante», como lo ha señalado el sociólogo Luis Astorga. Las narrativas oficiales han creado la imagen de un ente maligno (el narcotraficante) que ataca con todos sus medios la pureza del Estado, corrompiendo a alguna manzana podrida, a alguna autoridad que, a pesar de su naturaleza bondadosa, cae en el pecado de la avaricia y acepta el dinero.

Esta narrativa hace parecer que el mundo del narcotraficante es uno, mientras que el mundo de la política y la economía son otros, que nada tienen que ver o que solo entran en contacto de manera anómala. La mentira de esta narrativa, repetida mil veces por los medios de comunicación, se cae ante las evidencias más básicas. México lleva mucho tiempo siendo un productor de drogas (mariguana, opio) y, en ese sentido, hace mucho que hay una relación entre autoridades locales en un principio, y luego federales y narcotraficantes. Pero quizá la primera gran relación no provenga de la droga, sino del alcohol, cuando era ilegal en Estados Unidos y había un gran tráfico desde México, que junto a las carreras de caballos hicieron del casino de Agua Caliente (1928), en Tijuana, un lugar de reunión para estrellas de cine, empresarios, mafiosos y políticos estadounidenses. El accionista principal era el gobernador de Baja California y quien se convertiría en presidente de México, Abelardo Rodríguez.

Al nombre de Rodríguez se pueden sumar otros políticos de primer nivel como Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Pero donde siempre hubo más tela que cortar fue en las oficinas de la policía, principalmente en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fundada por Miguel Alemán en 1946. Por ahí pasó gente que no solo se dedicó a la represión política y de grupos guerrilleros, sino que fueron vinculados con el narcotráfico como Fernando Gutiérrez Barrios (Gobernador de Veracruz y Secretario de Gobernación) o Mario Acosta Chaparro y Fernando Quirós Hermosillo, quienes además de participar en la Guerra Sucia de los años setenta, estuvieron vinculados con el Cártel de Juárez. Miguel Nazar Haro, otro miembro de la DFS y fundador de la Brigada Blanca, que desapareció a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue acusado de proteger al Cártel de Guadalajara, además de traficar con autos robados.

También director de la DFS fue Javier García Paniagua, hijo de Marcelino García Barragán, encargado de la Secretaria de la Defensa Nacional durante la matanza de 1968 y gobernador de Jalisco. Es Guadalajara (Jalisco) un bastión histórico de la derecha y el panismo, donde se asentaron los narcos a principios de los 80 y se hicieron empresarios para poder lavar su dinero. Se ha señalado a Guadalajara como cuna del ‘Pacto de Impunidad’, ya que el Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha sancionado a una gran cantidad de empresas y establecimientos comerciales por lavado de dinero.

Ninguno de los personajes arriba mencionado fue condenado por delito alguno. Es por eso tan importante la detención de García Luna y porque el crimen organizado es mucho más grande que el narcotráfico. Como vemos son claves los puestos directivos de seguridad y justicia. Incluye lavado de dinero. Las drogas no son el único campo de acción: están el robo de autos, tráfico de armas, extorsiones y secuestros, venta de otros productos prohibidos como en su momento el alcohol o especies de flora y fauna en extinción. El sexenio de Calderón, que es el de García Luna, eman  de un fraude electoral e impuso una militarización bajo el pretexto de combate al narcotráfico, pero que involucra regiones que cuentan con importantes recursos naturales que anhelan las trasnacionales como el agua, el gas, petróleo y por supuesto varios productos de la minería. Este es uno de los argumentos principales de Oswaldo Zavala en su libro ‘Los cárteles no existen’. Sin ir más lejos, por casualidad o causalidad, la matanza de la familia LeBarón se realizó en una zona fronteriza con importantes yacimientos de litio.

Cualquier negocio está formado por distintas ramas o cadenas. La de producción, la logística, la de ventas, mercadotecnia, contabilidad, finanzas, jurídicos, nuevos productos, etc. En el caso del crimen organizado y el narcotráfico es igual. De la mariguana y opio de los años 40 a la cocaína de los 70 y 80 a la producción de drogas de diseño en la actualidad hay un abismo de diferencia. No son el mismo negocio por decirlo de alguna manera. Nadie duda de la relevancia de la efedrina o del fentanilo en el mercado de las drogas actuales, lo que involucra por su volumen a la industria farmacéutica. Como fue el caso de Zhenli Ye Gon, empresario farmacéutico chino nacionalizado por el gobierno de Vicente Fox y aprehendido en 2007. El narcotraficante estilo el Chapo es apenas, en el mejor de los casos, el gerente de producción de un negocio mucho mayor que involucra muchos actores políticos y económicos.

La mayoría de los periodistas de a pie o que reporteaban para diarios locales daban cuenta de la vinculación y complicidad de los gobiernos de la derecha con el ‘Chapo’ Guzmán y el Cártel de Sinaloa. Mientras, a nivel nacional, los principales medios de comunicación bailaban al ritmo de la música de García Luna y lo complacían en todo. Por ejemplo, el periodista Carlos Loret de Mola, que tenía a su cargo el noticiario matutino más visto, se prestó a difundir un montaje que simulaba que víctimas de secuestro eran liberadas por elementos de la AFI. Otros escribían en periódicos sobre los logros en materia de seguridad de García Luna, quien desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destinaba importantes cantidades de dinero en contratos de publicidad.

Igualmente, es lógico pensar que los servicios de inteligencia de Estados Unidos hacen perfiles de funcionarios importantes, especialmente de los relacionados con cuestiones de seguridad y narcotráfico, que son los temas que más les importan a los estadounidenses de su relación con México. Entonces, si era un secreto a voces su vínculo con el Cártel de Sinaloa ¿por qué no se actuó contra él? Desde 2012 que terminó el gobierno de Calderón, García Luna decidió residir a todo lujo en Miami, donde adquirió varias propiedades de valor millonario y donde estableció una consultoría de seguridad pública y gestión de riesgos. Para hacer todo esto contó con la venia temporal del gobierno de Estados Unidos, que le otorgó la residencia permanente y parece que pasó por alto la procedencia de los recursos con los que se estableció en Miami y donde no tenía la mínima intención de pasar desapercibido.

García Luna es el primer personaje de una larga estirpe policial en ser llevado a la justicia estadounidense. Fue además, el segundo hombre en importancia en el sexenio de Calderón y artífice de sus principales acciones de gobierno. No es un hombre que recibió un soborno, fue parte medular de las políticas públicas de México y de la relación con Estados Unidos. Es un hombre que fue aplaudido por populares periodistas y por asociaciones civiles que «luchan» contra la violencia. No es como el Chapo, un outsider. Es una figura principal del sistema cuyos vínculos se tejen en toda su extensión: con los presidentes Fox y Calderón, con otros integrantes del PAN, con los principales medios de comunicación, con empresarios, con gente del sistema de justicia como Eduardo Medina Mora o el hoy abogado preso Javier Collado. Y hasta con autoridades de los Estados Unidos y organismos como la DEA, que ignoraron todas la información que tenían por años.

Dicen que el pez grande se come al chico, pero esta vez está resultando que un pez chico entrega uno cada vez más grande. Primero aprehendieron al hermano e hijo del ‘Mayo’ Zambada. Luego al ‘Chapo’ Guzmán. Esas operaciones y la información derivada los llevaron a García Luna. ¿Qué hará éste para reducir su condena? ¿Entregará a sus superiores? ¿A sus compañeros de gabinete? ¿A los empresarios e informadores de los medios de comunicación? ¿A los jueces y policías que lo ayudaban? ¿A asociaciones civiles corruptas que lo apoyaban? ¿A autoridades de los Estados Unidos que también están involucradas? ¿A unos pocos de todos?

Con la aprehensión de García Luna se va a reescribir la historia del México contemporáneo, especialmente la de los gobiernos de la derecha panista, y en particular el sexenio de Calderón, quien debería terminar en una Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad.

http://www.radiolaprimerisima.com/articulos/8629/golpe-al-crimen-organizado-incrustado-en-el-poder-politico-de-mexico/

Más información:
“El traidor” es un libro de Anabel Hernández que documenta cómo los narcos se han apoderado de México
https://youtu.be/QxMFgflUXbA

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2.800 personas huyen por temor a los combates entre los guerrilleros del ELN y los narcotraficantes en Colombia

Al menos 2.160 personas han huido y otras 680 están confinadas por temor a los enfrentamientos entre los guerrilleros del ELN y los narcotraficantes en una región del noroeste de Colombia que es estratégica para las exportaciones de cocaína, anunció la ONU ayer.

Los más de 2.800 civiles -indígenas y afrocolombianos- se enfrentan a una difícil situación de seguridad debido a la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en una zona rural del municipio de Alto Baudo, en el departamento del Chocó, dijo en un comunicado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de la ONU.

El departamento del Chocó cuenta con grandes plantaciones de coca y está estratégicamente posicionado para exportar la droga a Estados Unidos a través del Océano Pacífico.

Entre 2017 y 2018 hubo 21.100 personas desplazadas por la guerra en el Chocó, según el registro oficial de víctimas.

Considerada la última guerra de guerrillas del país desde la claudicación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmó la paz con el gobierno en 2016, el ELN cuenta con unos 2.300 combatientes y una amplia red de apoyo en las zonas urbanas.

La rebelión armada del ELN opera en el 10 por ciento de los 1.100 municipios del país.

Por su parte, las AGC son el brazo armado del Clan del Golfo, la principal banda de narcotraficantes de Colombia, que surgió de la desmovilización de milicias paramilitares en 2006.

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Albania: un ministro de Interior en el banquillo de los acusados de narcotráfico

El mafioso Tahiri saluda a Manuel Valls
Tanto Albania como Kosovo se han convertido en Estados delincuentes. No sólo están regidos por delincuentes sino que exportan delincuencia organizada. La diáspora albanesa ha creado grupos de hampones en Turquía, Grecia, Macedonia, e incuso en Suiza. Una gran parte del transporte de heroína en Europa pasa por sus manos.

En Tirana ha comenzado un juicio por narcotráfico contra Saimir Tahiri, de 39 años, un antiguo ministro de Interior y estrecho aliado político del Primer Ministro Edi Rama, ambos miembros del Partido Socialista albanés.

Poco antes de dimitir de su cargo en la primavera de 2017, Tahiri participó en una convención europea contra el crimen organizado, junto con colegas como Manuel Valls, hoy miembro de Ciudadanos y entonces ministro francés de Interior.

El juicio contra Tahiri se suspendió por razones de procedimiento. Al salir de la sala del tribunal Tahiri dijo que no tenía ninguna duda de que se trataba de un juicio político y que estaba deseando que se hiciera justicia.

El nombre de Tahiri apareció en una escuchas telefónicas ordenadas durante una investigación de uno de sus primos lejanos en un caso de narcotráfico. Insistió en que en otra parte de la investigación, los tribunales italianos habían establecido que no tenía ninguna relación con esta historia. Basándose en el caso Tahiri, la reacción acusa al gobierno socialdemócrata de corrupción y de vínculos con el crimen organizado.

Albania se encuentra en una profunda crisis política. A pesar del llamamiento internacional, la reacción anunció el boicot a las elecciones municipales del 30 de junio y sus miembros renunciaron al parlamento. Las manifestaciones episódicas que organizan suelen estar marcadas por la violencia. La siguiente es el viernes por la noche. La campaña para las elecciones municipales se está llevando a cabo en un ambiente de tensión, y la reacción cree que no pueden tener lugar después de la decisión de cancelarlas tomada por el Presidente de la República, Ilir Meta, enemigo de Edi Rama. El Parlamento consideró inconstitucional esta anulación.

Una escuela en Shkodra (norte), que servirá como centro de votación para las elecciones municipales, fue blanco el martes de cócteles molotov lanzados por miembros de la reacción, según la policía. También se denunciaron otros incidentes en Kamza, un barrio de Tirana, en las afueras de una escuela donde los policías tuvieron que lanzar gases lacrimógenos. En Burrel, a 50 kilómetros al norte de Tirana, también se produjeron enfrentamientos, según la policía.

En un comunicado, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) denunció los ataques violentos a las instituciones encargadas de organizar las elecciones en varios municipios de Albania. También pidió a los organizadores que se aseguren de que la manifestación de mañana sea pacífica.

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Las líneas aéreas de la CIA: una tapadera de las operaciones clandestinas y el tráfico de drogas

En 1946, al final de la Segunda Guerra Chino-Japonesa, cuando el Ejército de Liberación Popular inició el asalto a los cielos, el general estadounidense Claire Lee Chennault, creador de los Flying Tigers, regresó a China para fundar CAT (Civil Air Transport) con Whiting Willauer, una aerolínea camuflada de aspecto comercial. Los pilotos “nacionalistas” chinos se pusieron al servicio de la CAT y, por lo tanto, de Estados Unidos.

Tres años después, tras la victoria del Partido Comunista de China, la CAT siguió a su fundador, a Chiang Kai-shek y al ejército “nacionalista” y se refugió en Taiwán.

Casi al mismo tiempo la CIA fundó otra empresa llamada Airdale que, a su vez, adquirió el 40 por ciento de la CAT. El resto permaneció en manos de inversores taiwaneses.

A mediados de la década de los cincuenta, con el avance de las fuerzas revolucionarias en la Indochina francesa, Estados Unidos tuvo que tomar el relevo de los viejos colonialistas europeos y la CIA necesitó recurrir a su aerolínea para llevar a cabo el transporte de una manera discreta. Así nació Air America, que sustituyó a la CAT y se convirtió en una de las principales empresas de transporte aéreo del sudeste asiático.

A pesar de su nombre, durante años Air America fue la aerolínea “de bandera” de Taiwán, uno de esos países en los que nunca se sabe dónde acaba la embajada de Estados Unidos y empiezan a gobernar los políticos locales “nacionalistas”.

A principios de los años sesenta las fuerzas militares estadounidenses no podían operar desde Laos, un país “neutral”, así que se repitió la experiencia de Taiwán. En 1964 la CIA creó BOA (Boun Oum Airways) una aerolínea camuflada como si fuera propiedad del príncipe laosiano Boun Oum. Estaba tan camuflada que utilizaba aviones prestados por la CASI (Continental Air Services Inc) que no tenían distintivos propios y los tripulantes era tailandeses. De esa manera, todo parecía asiático y no levantaba sospechas. La ONU podía dormir tranquila.

De manera encubierta, la CIA dirigió los combates en Laos lo mismo que en Siria. Creó ejércitos de fantasmas, unos procedentes del interior y otros del exterior. Algunos de ellos habían combatido en las filas de los “nacionalistas” chinos contra los comunistas, como los hmongs. Otros eran mercenarios tailandeses, otros eran reservistas laosianos…

La CIA utilizó los aviones de la BAO y de Air America para reforzar a esas milicias irregulares, al propio ejército real y para transportar y reabastecer a las fuerzas especiales en misiones clandestinas, así como operaciones de rescate sobre el terreno, de reconocimiento fotográfico y desplazamiento de refugiados. De 1959 a 1962 las operaciones secretas más importantes las llevó a cabo la CIA utilizando la cobertura de esta aerolínea de apariencia civil: “Ambidextrous”, “Hotfoot” y “White Star”. Después de 1962, una operación similar conocida como “Proyecto 404” se encargó de trasladar agregados y asesores militares a la embajada de Estados Unidos en Vientiane.

A mediados de la década de los setenta, Air America contaba con más de 300 pilotos, copilotos, ingenieros de vuelo y especialistas en carga aérea, llamados “ravens” (cuervos) en clave. Tenía dos docenas de aviones bimotores de transporte, otra docena de aviones de campo corto de despegue y aterrizaje y 30 helicópteros dedicados a operaciones en Birmania, Camboya, Tailandia y Laos.

La imagen icónica de la aerolínea de la CIA es el último helicóptero que en 1975 abandonó Saigón después de posarse sobre el tejado de un edificio en el número 22 de la calle Gia Long de la capital vietnamita, utilizado por los espías y la USAID, para evacuar a los cómplices de la guerra imperialista.

En 1975, tras la derrota en Indochina, la CIA se pasó al tráfico de heroína cambiando el uso de los aviones de la aerolínea y dirigiendo al ejército hmong contra el ejercito popular laosiano. El comercio de drogas financió la contrarrevolución, algo que se ha repetido en diferentes epocas y diferentes países.

Con la liberación también cambiaron otras cosas. Por ejemplo, el nombre de Air America ya no era de recibo, por lo que apareció Air Asia, con sede en Taipei, la capital de Formosa.

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En Albania los narcotraficantes han llegado al poder con el apoyo de Estados Unidos

Miles de personas se manifestaron ayer en Tirana en un ambiente tenso, exigiendo la dimisión del Primer Ministro “socialista”, Edi Rama, a quien acusan de corrupción y de la organización de elecciones anticipadas.

Durante varias horas hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la policía fuera de la sede del gobierno y la policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua para repeler a la multitud en varias ocasiones.

Una decena de personas, manifestantes y periodistas, tuvieron que ser ingresados en el hospital, la mayoría de los cuales se quejaron de problemas respiratorios.

Los manifestantes exigen la dimisión del “socialista” Edi Rama, que lleva en el poder desde 2013 y a quien acusan de corrupción.

Un grupo de unos 100 manifestantes arrojó piedras, botes humo y otros objetos al interior del edificio del gobierno, que estaba custodiado por una importante despliegue policial, al grito de “Rama, ¡sal de aquí!” Luego forzaron el cordón policial y ocuparon la plaza frente a la sede del gobierno.

Varias ventanas del edificio se rompieron por el lanzamiento de piedras. Los manifestantes también trataron de derribar la puerta principal para entrar en el edificio, pero fueron rechazados por la policía.

Edi Rama, de 54 años, comenzó su segundo mandato como Presidente del gobierno en 2017. Como todos los políticos albaneses, es un sujeto marcado por la corrupción y los vínculos con el crimen organizado que, además, del interior del país, extiende sus redes por los Balcanes y el norte de Europa, protegido por la embajada de Estados Unidos en Tirana.

Con una producción anual de 1.000 toneladas, la comarca de Lazarat en el sur de Albania, fue una “zona franca” para el cannabis en plena Europa, hasta que los cultivos fueron arrasados en 2014 y se trasladaron a la montaña. Es la policía italiana la que vigila desde los aviones los nuevos cultivos porque muchos albaneses viven de la droga o de la lucha contra la droga.

“Desde 2013 los narcotraficantes han llegado al poder en Albania”, asegura Dritan Zagani, un policía que tuvo que pedir asilo político en Suiza (*). Durante una vigilancia Zagani relata que en una ocasión comprobó la matrícula de un coche que transportaba droga: el nombre de su titular, era de Saimir Tahiri, el ministro de Interior. Cuando informó de ello a sus superiores, le encarcelaron durante seis meses.

En 2016 Grecia entregó al gobierno de Tirana un informe de más de 1.000 páginas sobre Klement Balili, propietario de un hotel de lujo en la costa. Hasta hace poco era director de transportes de la región fronteriza de Saranda. Los griegos le acusan de dirigir un gran cártel de la droga y la prensa le llama “el Pablo Escobar de los Balcanes”.

A pesar de la orden de detención emitida por la Interpol, Albania le protege. En Atenas se quejan de las conexiones políticas de Balili. “El dinero de la droga se ha convertido en dinero político”, dice Fabian Zhilla, un experto albanés en crimen organizado. “Los partidos políticos financian sus campañas electorales con dinero de la droga”, asegura.

Las peleas entre los partidos políticos son una continuación de las peleas enre las mafias de narcotraficantes.

Todo el mundo habla de Colombia porque está en América; nadie dice nada de Albania ni de Kosovo porque están aquí al lado. Pero tanto en un país como en el otro, en el mundo no se mueve un gramo de droga sin que aparezcan los imperialistas.

Con 2,8 millones de habitantes, Albania espera iniciar este año las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

(*) https://www.liberation.fr/planete/2018/06/26/en-albanie-l-argent-de-la-drogue-est-devenu-l-argent-de-la-politique_1662137