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Las contrarreformas laborales durante los gobiernos de Felipe González (3)

Raúl Navas

Los planes estratégicos de la burguesía española no estaban plenamente aprobados. Pretendían seguir recuperando los niveles de tasa de ganancia anteriores a la crisis de los 70 a base de aumentar el nivel de explotación de la clase obrera. La CEOE exigía controlar el gasto público, más incentivos fiscales para los empresarios, rebajas de los tipos de interés, reducción de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, facilidad para despedir, y más contratos basura. Además de pretender la destrucción de derechos laborales, exigían aplicar cuanto antes una gran reconversión industrial. El capital sabía que lo que ellos y sus gobiernos no se habían atrevido a realizar lo estaba haciendo ahora un gobierno del PSOE, con influencia entre las masas. En las elecciones de 1986, la CEOE tuvo una postura completamente diferente a la defendida en 1982, y por tanto no hicieron ninguna campaña electoral contra el PSOE. En 1986, Cuevas llegó a decir que González compartía las tesis económicas de la patronal.

En este contexto, la burguesía española apoyó de forma entusiasta la llamada Reconversión Solchaga, que suponía destrozar industrias como la siderúrgica o naval. Se impulsaron los despidos y cierres en las empresas industriales, que golpeaban a los batallones pesados del proletariado español. Los altos hornos de Sagunto, la industria naval y siderúrgica fue desmantelada. La Ley de Reconversión de julio de 1984, profundizaba en esa línea. Durante la aplicación de estos planes se destruyeron 2.700.000 millones de empleos, con un impacto tremendamente negativo en el empleo estable.

Junto a esta política, el gobierno intentó hacer semiconcesiones incumplidas, como la Ley de Protección del Desempleo, que prometía un aumento de las prestaciones del desempleo hasta alcanzar al 48 por ciento del total de los parados registrados en el INEM en 1986. Pero a finales de ese año la tasa de cobertura solo alcanzaba al 42 por ciento.

Tras la reforma laboral de 1984, la de pensiones de 1985 y con una reconversión industrial muy avanzada, el gobierno presentó en 1988 la Ley de Empleo Juvenil. Ese año también se había presentado una reforma laboral parecida en Portugal que precarizaba las condiciones de trabajo de los jóvenes menores de 25 años, que fue contestada con una huelga general en marzo de 1988.

La reforma laboral presentada por el gobierno del PSOE fue la gota que colmó el vaso para la convocatoria de una Huelga General el 14 de diciembre de 1988. Se exigía la retirada del Plan de Empleo Juvenil, recuperación del poder adquisitivo perdido, derecho de negociación publica para funcionarios, equiparación de las pensiones mínimas al SMI [salario mínimo], incremento de la cobertura de desempleo, establecer un plan de empleo, etc.

La huelga fue un rotundo éxito, que incluso fue reconocido por el propio gobierno, quien sufrió un doloroso golpe político. La CEOE exigió que no se retirase la reforma laboral y no se cediera al “chantaje sindical”, aunque ellos mismos tuvieron que admitir subidas salariales superiores al 5 por ciento para 1989. Por otra parte, Felipe González se vio obligado a retirar el contrato de inserción para jóvenes y su Plan de Empleo Juvenil, e incluso a asumir reivindicaciones ofensivas de los trabajadores. Se consiguió la implantación de las pensiones no contributivas, el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva, ampliación de la cobertura del seguro de desempleo, cierto control sindical sobre contratos de trabajo, un incremento en el gasto social, etc.

En 1990 se consiguió el control sindical parcial sobre información de los contratos de trabajo, y la patronal exigió que se pusiera fin a la política de concesiones. Ese año se cerró un ciclo muy alto de conflictividad laboral, traducido en importantes conquistas laborales y salariales. Según un informe del Ministerio de Trabajo, en el periodo 1986-1990 España fue el segundo país de la CE con mayor índice de huelgas.

Este periodo de semiconcesiones se cerró tras la caída del Muro de Berlín con un profundo giro a la derecha que allanó el camino para la aprobación de posteriores contrarreformas laborales y de pensiones. La burguesía tuvo un poderoso regalo para profundizar en su ofensiva ideológica en un contexto en el que se multiplicaban los defensores de la economía de libre mercado, con toda su lógica (incluido el libre despido). La ideología burguesa se impuso en casi todas las esferas sociales y élites políticas y sindicales, de manera que comenzó a ser pecado defender una propuesta que fuera contra la libertad de empresa. Incluso la defensa de la estabilidad en el empleo pasó a ser considerado una herejía o algo “pasado de moda”.

Se inició un nuevo periodo, que también debe se estudiado para comprender el proceso de precarización que hemos sufrido. La comprensión histórica de estos procesos debe un paso necesario para emprender activamente la tarea sindical de luchar por dar un vuelco al panorama laboral actual y poner fin a esta correlación de fuerzas tan desfavorable entre capital y trabajo.

Fuente: http://info.nodo50.org/Las-contrarreformas-laborales.html
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Las contrarreformas laborales durante los gobiernos de Felipe González (2)

Raúl Navas

En 1984 se aprobó una nueva normativa que extendía la contratación temporal, que no aparecía en el programa electoral del PSOE. Concretamente fue la reforma laboral de noviembre de 1984 (Ley 32/1984) suscrita por el gobierno, la CEOE, CEPYME y con el apoyo inicial de UGT.
Por su parte, CC.OO. criticó el acuerdo, y en ese mismo año se llegó a hablar de Huelga General. La reforma permitía varias modalidades de contratación temporal con el objetivo de “incentivar la creación de empleo”. Desaparecía la necesidad de causalidad en los contratos temporales, y se utilizan para puestos que en realidad deberían ser estables. Se impulsaba el contrato a tiempo parcial y se establecía la posibilidad de despido colectivo en empresas de menos de 25 trabajadores.

También se extendía la polivalencia en las funciones del trabajador y la productividad y los complementos en el salario. Una vez más, estos se ataques se justificaban con la excusa de la crisis económica y la promesa de crear empleo.

En esta reforma se encuentran los inicios de los contratos basura y la legalización del fraude en la contratación temporal. Se imponía la temporalidad como la norma general para contratar y se autorizaban hasta 14 formas de contratación temporal. La patronal por fin había conseguido el uso del contrato temporal de forma descausalizada. No hacía falta acreditar razón alguna por la cual el empresario establecía un contrato temporal y no uno indefinido.

La nueva normativa autorizaba hasta 14 formas de contratación temporal, como “excepciones al principio general de la contratación indefinida”. Aparecían modalidades como: contrato de fin de otra, contrato por circunstancias de la producción, contrato de interinidad o contrato por lanzamiento de una nueva actividad. Además aumentaba la duración máxima de los contratos en prácticas y formación, se eliminaban los topes a la contratación temporal en función de la plantilla y se potenciaban los contratos a tiempo parcial. También se introducían numerosas bonificaciones fiscales para los empresarios, de hasta 400.000 pesetas por contratar a mayores de 45 años, e incluso deducciones de 500.000 pesetas en el impuesto de sociedades por contratar a jornada completa.

Una vez más, esta normativa basada en la precarización era justificada con la promesa de creación de empleo. En el pleno del congreso, el 1 de marzo de 1984, Almunia decía lo siguiente: “Esta reforma no va a producir 1.000 empleos diarios, como otro ministro afirmó aquí al presentar el Estatuto de los Trabajadores, pero estamos convencidos de que es la única fórmula posible para generar el máximo empleo”(1).

Es decir, desde el PSOE se asumía claramente la mentalidad empresarial y defendían que la precarización era la única manera de crear empleo y combatir el paro. Por tanto, no era de extrañar que representantes del capital alabaran la política económica del PSOE. A estas alturas los representantes del capital aplaudían la política económica de Felipe González. Desde la CEOE, José María Cuevas aplaudió públicamente al gobierno por haber aprobado la nueva normativa de contratación temporal, resaltando que no habían conseguido que otros gobiernos anteriores aceptaran aprobar una legislación laboral de este tipo. Cuevas llegó a referirse a Felipe González en 1984 como un “gran converso”. Otro ejemplo lo tenemos en Rodolfo Martín Villa, ex ministro de UCD y político del régimen durante de la dictadura de Franco, quien dijo en el periódico Cinco Días: “Suscribo la política económica del gobierno, porque no me parece, ni mucho menos de izquierdas”(2).

La normativa laboral de 1984 tuvo un impacto muy negativo en el empleo estable. Un estudio realizado por CC.OO. en 1989 señalaba que un 80 por ciento de los contratos eventuales de fomento del empleo eran irregulares, debido a la generalización del fraude en la contratación temporal. Se comenzaron a realizar contratos por obra y servicio sin detallar nada más que esas dos palabras. Se señalaba que sólo en 1988 se habían firmado 1.9 millones de contratos eventuales, y además se denunciaba que la tasa de temporalidad había pasado de un 10 por ciento antes de la reforma de 1984 al 31.5 por ciento en 1990.

El poder adquisitivo de los salarios reales se había deteriorado más de un 3 por ciento en 1984 (3). Tras atacar los salarios e imponer la precarización en los contratos laborales, el siguiente paso del gobierno fue atacar las pensiones públicas. En 1985 se aprobó la Ley de Pensiones (Ley 26/1985 de Medidas Urgentes por la Racionalización de la Estructura y Acción protectora de la Seguridad Social), que fue la actuación más impopular y contestada en la primera legislatura de Felipe González.

La ley endurecía las condiciones para tener derecho al cobro de pensiones y reducían la cuantía económica de las mismas. Aumentaba de 8 a 10 años, el mínimo de tiempo cotizado para acceder a una jubilación. Además se modificaba el sistema de cálculo de prestación en perjuicio del pensionista, eliminando el derecho de escoger los dos años cotizados de los últimos 10 como base de cotización y se establecía que el cómputo se hiciera en base a 8 años.
Así, el gobierno conseguía que muchas mujeres quedaran fuera o con pensiones muy bajas. Esta contrarreforma laboral fue respondida por una Huelga General el día 20 de junio de 1985, convocada por CC.OO. y CNT, pero sin el respaldo de UGT. Aunque Nicolás Redondo, entonces secretario general de la UGT y diputado del PSOE, rompió la disciplina de partido y voto en contra de la ley en el parlamento.

Posteriormente no se apostó por endurecer el conflicto y la reforma no pudo ser detenida. Incluso dos años después, tuvo lugar la aprobación de la Ley 8/87 de Fondos de Pensiones allanaba el camino a la privatización y su gestión por bancos y empresas.

Notas:

(1) El País, 2 de marzo de 1984, el ministro al que se hace referencia es Rafael Calvo Ortega.
(2) Cinco Días, 02/01/1985
(3) El País, 25/01/1985

Fuente: http://info.nodo50.org/Las-contrarreformas-laborales.html
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Las contrarreformas laborales durante los gobiernos de Felipe González (1)

Raúl Navas

En las elecciones de 1982 el PSOE liderado por Felipe González obtuvo un triunfo histórico, consiguiendo más de diez millones de votos (48.1 por ciento). Esta contundente victoria generó enormes ilusiones entre los trabajadores y la juventud, que veían en el nuevo gobierno una eficaz herramienta para que hubiese un autentico cambio. El PSOE había prometido reformas que de llevarse a cabo beneficiarían a la clase obrera: creación de 800.000 puestos de trabajo, mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, jubilación a los 64 años, etc.
Los primeros pasos del PSOE tras las elecciones fueron sintomáticos. No habían pasado ni quince días de la victoria electoral, cuando Alfonso Guerra y Felipe González mantuvieron una reunión con los representantes de la CEOE, Ferrer Salat, y José María Cuevas. Además Felipe González presidió su primer acto público en el desfile de la División Acorazada Brunete. Sus promesas electorales en el terreno social y laboral fueron abandonadas bajo la excusa de la “herencia recibida” de UCD. Disculpa comodín por parte de muchos gobiernos de todo el mundo a lo largo de la historia.
La política del PSOE desde el principio fue la de aceptar y gestionar el sistema capitalista y capitular ante los dictados de la banca y los empresarios. Esta política generó frustración y desengaño entre las masas, que pronto empezaron a preguntarse ¿dónde está el cambio? Por otro lado, ni la Iglesia, ni el ejército, ni la banca y los empresarios tenían nada que temer. Todo lo contrario, sabían que cuestiones como la reconversión industrial, privatizaciones, contrarreformas laborales, contención salarial, control del gasto público, etc., comprendían medidas de ajuste tan duro e impopular, que solo podían ser aplicadas por un partido como el PSOE.
El capital, pronto comprobó que el PSOE en el gobierno no era ningún enemigo. Además nos encontramos en un contexto internacional en el que la socialdemocracia europea ya había empezado a olvidarse de prioridades como el pleno empleo, derechos laborales, ayudas sociales o los servicios públicos. Estos objetivos se habían subordinado a nivel internacional a otros como el control de la inflación, desregulación de las normativas laborales o programas de privatizaciones; siempre en beneficio del capital financiero. La socialdemocracia había abrazado completamente una ideología comprometida totalmente con el capitalismo.
Mientras la banca batía beneficios récord en 1983, la CEOE exigía que para ese año la subida salarial fuese entre un 2 y un 6 por ciento inferior a la inflación prevista. Además se pretendía profundizar que el empleo temporal fuese la norma en detrimento del empleo estable. En febrero de 1983 se firmó el Acuerdo Interconfederal en febrero de 1983, por parte de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME. Se establecía la jornada laboral de 40 horas semanales (que se aplicaría más tarde de lo prometido) y 30 días de vacaciones a cambio de moderación salarial. La patronal aseguraba que los topes salariales creaban empleo y continuó exigiendo rebajas en las cuotas empresariales a la seguridad social, despidos más baratos y fáciles, y legalizar los llamados contratos basura.
El PSOE había prometido crear 800.000 puestos de trabajo, pero en dos años el país contaba con casi 500.000 parados más, gracias a una decidida política laboral que era ineficaz en la creación de empleo, pero que satisfacía las reivindicaciones de la patronal. En dos años de gobierno, según la EPA el paro había pasado de 2.235.000 a la cifra de 2.710.500 desempleados en septiembre de 1984. En toda Europa se tomaban medidas para desregular el mercado laboral con el argumento de combatir el desempleo en un contexto de paro creciente […]
Desde el capital se repetía que para luchar contra el paro se debía precarizar el mercado laboral. En octubre de 1984 se firmó el Acuerdo Económico y Social, bajo la promesa de creación de Empleo. Almunia, como Ministro de Trabajo justificó el abandono de la promesa electoral de jubilación a los 64 años alegando que no era urgente ni prioritario.
Fuente: http://info.nodo50.org/Las-contrarreformas-laborales.html
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Memoria Histórica

Nada se pierde, todo se transforma

Eso decía el químico francés Lavoisier. Nada se pierde; todo se transforma. Según parece. Lavoisier era un dialéctico sin saberlo. Otro dialéctico sin saberlo fue Francisco Franco, cuando dijo que todo estaba atado y bien atado. Y no se equivocó para nada. En España se dio una de las mayores operaciones de transformación de la historia reciente que dio lugar a los “ejemplares” Pactos de La Moncloa que a su vez fueron el acta de nacimiento de la “democracia” española.

Para comenzar hay que caracterizar al Estado español como un vasallo del imperio USA, lo cual hace comprensible todo el accionar de la política española de los últimos 50 años. La llegada del general Eisenhower a Barajas, marca la fecha de entrega de la soberanía española al imperio USA, que muestra en una foto memorable el abrazo que se dan Paco Franco y Eisenhoer, entre los cuales está el sonriente general Vernon Walters, que fuera jefe de la CIA, y que hablaba perfectamente castellano y servía de lenguaraz en esa lamentable ocasión.

La muerte de Franco significó un punto de inflexión en la historia de España, porque a partir de ese momento comienzan a entrar en escena otros operadores, que ya habían planificado el próximo futuro del país.

Hay que señalar que en el diseño de ese futuro cumplieron un servicio importantísimo los servicios de seguridad del Estado, que desde mucho antes de la muerte del dictador ya habían comenzado a dibujar lo que sería la España sin Franco. Hacía falta hacer creer que el franquismo; o sea el fascismo español había colapsado, y que nunca más se iba a repetir una situación como esa. Y todo ello de la mano de un “demócrata” como Adolfo Suárez, y otro más “demócrata” que era Juan Carlos de Borbón.

Para ello los servicios se encargaron de liquidar las cortes franquistas, que “voluntariamente” decidieron autoinmolarse por el bien de España. No fue así. Las Cortes franquistas se disolvieron por las presiones de los servicios de seguridad que visitaron uno a uno a los procuradores en cortes amenazándolos con las informaciones que tenían los propios servicios sobre ellos. El que no tenía una querida estaba inmerso en sucios negocios inmobiliarios, o en colusiones dolosos con bancos o con operaciones inmobiliarias dudosas. Los únicos resistentes fueron los que se llamaron el “búnker”, que fueron aquellos que los servicios nunca pudieron probarles ninguna felonía.

De esa manera “limpia”, las cortes franquistas se autodisuelven y dan paso al segundo acto de este teatro. Había que formar partidos políticos desde el estado, y para ello contaron con dos siniestros personajes que se prestaron “por la patria” a representar el papel que les dieron. Uno de ellos fue Felipe González, que es sabido que viaja a Suresnes a refundar el PSOE con un capitán de la guardia civil, que lo lleva y lo trae de vuelta; todo ello diseñado por los servicios de seguridad del estado; y el otro es Santiago Carrillo, al cual la Trilateral Comission y Adolfo Suárez le encargan la liquidación del PCE.

Está claro que toda la política española está dictada por los servicios de seguridad del Estado, por delegación del gran poder, que no reside en España, sino en los USA. Es decir, que los partidos políticos están creados desde el Estado, o más bien desde el sistema, el cual utiliza al Estado para llevar a cabo su política.

Los últimos acontecimientos ocurridos en torno al PSOE, vienen a abonar esta tesis. Pedro Sánchez dimite como consecuencia de las presiones del “aparato”. Era necesario que como ocurrió con las cortes franquistas el PSOE se “sacrificara”, absteniéndose para permitir “por el bien de España” que haya un gobierno. Y ese gobierno tenía que ser necesariamente el de Mariano Rajoy.

Esa operación estaba necesariamente apañada por el Estado. Era necesario un gobierno del partido podrido (PP), para que termine su labor de demolición, y para que la figura de Pedro Sánchez se agigante hasta la celebración del próximo congreso del PSOE, donde seguramente será ungido secretario general, y en las próximas elecciones, gane el cargo de primer ministro. El próximo gobierno español será de “izquierdas”, con Pedro Sánchez a la cabeza, y con el apoyo de Podemos, que se convertirá en la otra pata de la mesa. Lo veremos; y suma y sigue. Me comenta mi hijo, que según este plan, Pedro Sánchez será el Alexis Tsipras que hará falta para completar la obra. Estoy de acuerdo con él.

Todo seguirá atado y bien atado, hasta que la clase obrera; aquella que nada tiene que perder, corte ese nudo gordiano, y comience una nueva andadura libre ya de ataduras.

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Aquella mañana que el PSOE desató el terrorismo de Estado

Foto policial de Juan Martín Luna
En octubre de 1982 el PSOE llegó al gobierno como parte integrante del golpe de Estado que se había producido el año anterior. Su objetivo era llevar adelante el mismo programa político de los militares golpistas; exactamente el mismo. Entre otras cosas suponía organizar los GAL y desencadenar la guerra contra eso que ellos llaman “terrorismo”, aunque muy pronto iba a quedar al descubierto la cortina de humo orquestada en torno al famoso “terrorismo”.

Hasta 1982 en España nunca se había producido un abismo tan grande entre la política subterránea de los “poderes fácticos” que llevaron al golpe de Estado y al PSOE al gobierno, y la efervescencia popular por un cambio real y una mejora en las condiciones de vida y trabajo que permitieron al PSOE recaudar más de diez millones de votos. La mitad de los votantes votaron al PSOE.

Como consecuencia de esa situación paradójica que rodeó a aquellas elecciones, los GRAPO propusieron una tregua unilateral para que el nuevo gobierno pudiera poner en marcha el programa electoral que había prometido, especialmente, la salida de la OTAN, es decir, que su actividad armada no se pudiera convertir en la típica excusa que siempre encuentran.

Pero el PSOE no tenía ninguna intención de cumplir absolutamente ninguna de sus promesas, sino más bien hacer todo lo contrario, lo que demostró desde el primer minuto al asesinar el 5 de diciembre de 1982 al máximo dirigente de los GRAPO Juan Martín Luna. Fue toda una declaración de intenciones, de lo que se estaba preparando en las cloacas del Ministerio del Interior.

Al dirigente de los GRAPO lo mató la policía a tiros en Barcelona en una emboscada montada por el Mando Único para la Lucha Contraterrorista que dirigía el conocido comisario fascista y torturador Manuel Ballesteros. El crimen a sangre fría era tan evidente que a la Audiencia Provincial de Barcelona no le quedó más remedio que condenar a los inspectores policía que dispararon: David Juan León Romero, Ángel Luis Adame Bernáldez y Valentín Martín Cabello.

Naturalmente que sólo era un paripé para guardar las apariencias. La pena que impusieron a cada uno de ellos no pudo ser más ridícula, la mínima: seis meses y un día de prisión porque actuaron con el atenuante de “cumplimiento del deber”, es decir, que los policías no actuaron por iniciativa propia sino siguiendo órdenes emanadas del gobierno del PSOE. En 1988 el Tribunal Supremo confirmó aquella sentencia.

Las condenas levantaron una oleada de indignación dentro el Ministerio del Interior contra los jueces. El ministro, que no era otro que el también fascista José Barrionuevo que luego fue condenado como dirigente de los GAL, el terrorismo de Estado, defendió públicamente el crimen cometido por sus policías en Barcelona.

Por el contrario, la Unión Progresista de Fiscales criticó a la policía por lo que calificó como “actitudes de desobediencia o desestabilización”, es decir, indirectamente decían que un año y medio después del 23-F la policía estaba intentando promover otro golpe de Estado.

Por su parte, en un comunicado el Grupo de Abogados Jóvenes de Madrid consideró insuficiente la pena impuesta a los criminales y criticó las declaraciones del ministro en las que defendía el crimen cometido. El comunicado era muy interesante porque los abogados solicitaban la actuación del Fiscal General del Estado por si algunas de las declaraciones de los miembros de la policía amenazando con que “ante las mismas circunstancias actuaríamos de igual manera” pudieran constituir un delito de apología, equivalente de lo que hoy llaman “enaltecimiento del terrorismo”.

De las decisiones judiciales se desprenden otras reflexiones interesantes. La primera de ellas señala con el dedo al terrorismo de Estado como verdadero “terrorismo” y la segunda muestra claramente que el Ministerio del Interior no quería la paz sino la guerra. Pero no cualquier clase de guerra sino una guerra sucia en la que la policía quedara al margen de posibles sentencias incriminatorias de los tribunales.

A lo largo de los primeros años de gobierno del PSOE, la guerra sucia de los GAL cumplió puntualmente las amenazas que realizó la policía en diciembre de 1982: “ante las mismas circunstancias actuaremos de igual manera”. Felipe González, el ministro Barrionuevo y el PSOE en su conjunto se encontraban en plena fase de preparación de las cloacas del Estado constitucional y los demás partidos parlamentarios callaron como perros todos los crímenes, empezando por el de Martín Luna que sentó un precedente fundamental para entender lo que ocurrió después: que el terrorismo de Estado tenía una dirección política que empezaba por el propio gobierno, que en aquellos tiempos encabezaba el PSOE.

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Los vínculos criminales de Felipe González llegan hasta Venezuela

Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Darío Vivas, Gladys Requena y Adel El Zabayar han criticado este martes [2015] al expresidente español Felipe González por presentarse como “suprajuez” en Venezuela cuando, en realidad, está defendiendo “la corrupción, la violencia y el terrorismo de Estado” que ha sufrido el país sudamericano.

De este modo, los diputados, que forman la delegación venezolana que participará en la próxima reunión de la Unión Interparlamentaria (UIP), han vinculado la postura del ex presidente González  con su relación con el ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. “Es público y notorio la relación personal entre ambos”, ha declarado Vivas, al tiempo que ha asegurado no entender porque razón se hizo “pana” (amigo) de Pérez, el padrino político de Antonio Ledezma.

Por ello, los parlamentarios del PSUV, el partido del presidente venezolano, Nicolás Maduro, han asegurado que no ven honesta la decisión de González de ofrecerse como abogado defensor de los opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma.

Así, Vivas ha asegurado que el pueblo de Venezuela no quiere ni necesita que nadie se ubique por encima de las instituciones del estado. “No necesitamos un suprajuez y creo que Felipe González pretende ser eso, para defender la corrupción, la violencia y el terrorismo de Estado”, ha argumentado el parlamentario venezolano, al tiempo que ha defendido el proceso judicial abierto en Venezuela “contra delincuentes de la política” por estimar que es acorde a la Constitución y los instrumentos legales.

Los miembros del PSUV han tachado de “grosería” la posición de González y han afirmado que “no tiene moral desde el punto de vista ético político”. En particular, la diputada Requena ha vinculado el terrorismo de estado en Venezuela perpetrado en la década de los 60 con los valores de González, a quién ha calificado de “lobbista de las transnacionales”.

“Se identifica con esos métodos, y con el hijo predilecto de Pérez que es Ledezma un golpista, fascista y represor (…) González pretende restaurar la antigua república que permite concretar sus negociados”, ha denunciado Requena, que es delegada permanente de Venezuela ante la UIP.

Los diputados venezolanos han identificado la agresión directa de Estados Unidos contra la soberanía nacional de Venezuela como un hecho insólito y han denunciado las injerencias norteamericanas, “cuyo Congreso pretende que legisle para el mundo”, han asegurado. Así, han mostrado su oposición radical al acatamiento y vinculación de las resoluciones de las instituciones estadounidenses.

Además, la delegación ha defendido la detención de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, a quienes han acusado de ser los autores intelectuales de la oleada de violencia que sacudió el país en febrero de 2014 y han querido poner el acento en la violencia de guarimbas, cables situados a media altura en zonas concurridas por motoristas que causaron al menos siete muertes en los altercados.

Este colectivo que, según los miembros del PSUV, ha sido desoído cuando varios de sus representantes visitaron España, a diferencia de lo sucedido con los líderes de la oposición, que “peregrinan como si fueran activistas de la paz”.

Los diputados venezolanos han realizado estas declaraciones en un acto celebrado en Madrid, desde donde se desplazarán el próximo día 29 a Hanoi, la capital de Vietnam, para participar en la reunión de la Unión Interparlamentaria (UIP), un foro en el que están representados los parlamentos de más de un centenar de países del mundo y que mantiene relaciones directas con Naciones Unidas. Venezuela ejercerá la vicepresidencia de la próxima Conferencia de la UIP y pretende que en la asamblea se fije una posición sobre la situación de injerencia estadounidense que vive Venezuela.

Fuente: http://www.diariocritico.com/nacional/felipe-gonzalez/venezuela/antonio-ledezma/475333
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El futbolista que trató de asesinar a Lenin

El fútbol llegó a Moscú a principios del siglo XX y a través de las fábricas. Los grandes empresarios, con los ricos Morozov a la cabeza, encontraron en el balón una forma de alejar a sus trabajadores del vodka y las revueltas políticas.

El primer campeonato en la capital rusa se organizó en 1910 con nueve equipos, entre ellos el Orechovo-Zuevo, propiedad de los Morozov. Popularmente conocido como OKS desde 1906 y germen del futuro equipo de la Policía (el Dinamo de Moscú) fue el campeón entre 1910 y 1914. Los dueños de la empresa ubicada en los suburbios de Moscú llenaron los periódicos de anuncios en los que reclamaban “ingenieros, empleados y obreros especializados que supieran jugar al fútbol”. Así formaron un equipo que mezclaba británicos que trabajaban en Moscú (McDonald, Grennwood y, sobre todo, los excelentes hermanos Charnock) con buenos jugadores locales.

En ese escenario apareció una figura esencial para entender las relaciones diplomáticas entre Londres y Moscú: el escocés Robert Bruce Lockhart. Nacido en 1887 fue reclutado con apenas 20 años por el Foreing Office. En 1912 fue enviado a Moscú como vicecónsul y con la tarea de modernizar la inteligencia británica en un país que amenazaba con explotar.

La llegada de Lockhart fue recogida por la prensa rusa y los círculos británicos dando la bienvenida al político… y a una gran futbolista. Era un error porque el deportista de élite de la familia era su hermano John, gran jugador de cricket en Cambridge e internacional con Escocia en rugby. Nadie supo eso en Moscú y la familia Morozov, a través de los Charnock, llamó a su puerta para que formara parte del equipo de fútbol de su fábrica textil situada a unos 40 kilómetros al este de la capital. Robert no tenía el potencial de su hermano, pero sí ciertas habilidades con el balón y el deporte en la sangre porque ya su padre había sido jugador de fútbol.

Con cinco británicos más en sus filas, entre ellos el general Archivald Wavell (mariscal de campo británico en la campaña de África en la II Guerra Mundial y penúltimo virrey de la India) el OKS ganó el título. La medalla de ese torneo de Robert Bruce Lockhart la pueden ver quienes visiten en Edimburgo la Biblioteca Nacional de Escocia.

Lector voraz (aseguraba leer seis libros a la vez), mujeriego y de una inteligencia deslumbrante, R.B. Lockhart cuenta en su obra “Memorias de una agente británico” (1932) sus andanzas en el naciente fútbol ruso. Reacio al principio, la experiencia de jugar en un equipo mitad británico mitad proletariado ruso acabo siendo una enorme experiencia vital y profesional para el diplomático británico. Casi invencibles en el torneo local, el OKS comenzó a enfrentarse con clubes de otros países. De esos partidos narra R.B. Lockhart el choque en Moscú contra un equipo al que llama “los campeones de Alemania”. Como gesto de cordialidad, la Unión Rusa de Fútbol (nació en 1912) eligió un árbitro alemán. Harto de la dureza de los germanos, sobre todo del interior derecho, Lockhart se encaró con él “usando palabras que jamás hubiera utilizado en Inglaterra”. El árbitro se fue a por el “ruso”: “Tenga cuidado. Oí lo que dijo. Si vuelve a usar ese lenguaje le expulso”. El diplomático escocés narra en el libro que por un momento vio los titulares del día siguiente en la prensa moscovita: “El vicecónsul británico, expulsado por su lenguaje soez. Se dirigió al árbitro, pidió perdón por reclamar a Dios que acabara con el alemán y pudo seguir jugando”.

Con un excelente ruso, la figura de R.B. fue creciendo en el seno de la delegación británica en Rusia y el Foreing Office reclamó sus servicios en la embajada de Petrogrado. Una vez acabada la I Guerra Mundial fue enviado de nuevo a Rusia y suyos fueron los informes en los que iba detallando qué pasaba en el país del zar Nicolás II y el auge de los bolcheviques.

En enero de 1918 fue nombrado primera espada de la delegación británica en un Moscú ya soviético. Su figura comenzó a ser habitual en actos en los que aparecían líderes soviéticos de primer nivel: Lenin, Trotsky, Dzerhinsky… La capital soviética era un hervidero de intrigas. El 31 de agosto de 1918, Fanya Kaplan trató de asesinar a Lenin. El 2 de septiembre, Pravda denunciaba un complot franco-británico que tenía como fin la muerte de Lenin. El nombre de R.B.Lockhart aparecía en la información. Fue detenido y enviado a la temida Lubianka, donde fue interrogado directamente por Felix Dzerhinsky (creador de la Cheka, origen del KGB).

El 2 de octubre, viendo que el proceso se encaminaba a una pena de muerte segura y que existían motivos para relacionar a Kaplan con su hombre, Londres propuso a Moscú un intercambio por Maxim Litvinov, el representante soviético elegido por Lenin en Gran Bretaña y que había sido detenido con el único objeto de ser moneda de cambio en esa operación. Lockhart fue liberado, pero la sentencia, que fue de muerte para todos los acusados, explicaba que si pisaba de nuevo territorio soviético sería ejecutado de manera inmediata. Ya fuera de Moscú trabajó para que Trotski y sus seguidores pudieran encontrar lugares seguros cuando se desató la persecución al trotskismo en la Unión Soviética.

Durante la II Guerra Mundial, R.B. Lockhart se convirtió en una figura importante en los trabajos de propaganda británica, además de ser el enlace en Londres entre su gobierno y el exiliado de Checoslovaquia encabezado por Edvard Benes. Calladas las armas regresó a sus libros (su autobiografía “El As de los Espías” fue llevada a la televisión), tuvo un programa semanal en la BBC Radio para Checoslovaquia. El 27 de febrero de 1970, con 83 años, se apagó la vida de este Sir británico, diplomático, espía, mujeriego y futbolista.

Fuente: http://www.marca.com/futbol/2016/10/30/5816666dca4741ee5a8b4572.html
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Un genocidio de la CIA (¿otro?) olvidado

Darío Herchhoren

Durante la Segunda Guerra Mundial, el imperio japonés, que era una gran potencia militar en su época, atacó a China y creó en Manchuria un estado títere con un emperador (Pu Yi) que se prestó a los manejos imperiales. Esa historia está magníficamente expuesta en la película “El último emperador”. Pero las ansias de los fascistas imperialistas japoneses no se detuvo en China, y ocuparon toda Corea, Birmania, Filipinas e Indonesia. Para todo ello utilizaron su poderosa fuerza aérea y una marina de guerra temible. Su ambición imperial no tenía límites y su mayor interés era atacar y ocupar Australia.

En esos tiempos, lo que hoy conocemos como Indonesia, era una colonia holandesa que se conocía como Batavia. El ejército japonés ocupó toda Batavia, y sometió a su población a todo tipo de crueldades, lo que generó en la población sometida y humillada un fuerte sentido patriótico y la formación de una guerrilla que consiguió finalmente la derrota japonesa y la expulsión de sus tropas con graves pérdidas en vidas y material.

Al frente de esa guerrilla, estaba el Partido Comunista de Indonesia, que estaba muy influido por las ideas nacionalistas. El Partido Comunista de Indonesia fue fundado en 1920, al calor de la muy cercana revolución bolchevique de 1917, y se produjo a raíz de una escisión del Partido Socialista Indonesio.

Durante muchos años, la autoridad colonial holandesa ilegalizó al Partido Comunista, y durante los tiempos de ocupación japonesa obviamente los comunistas fueron ilegales al igual que toda forma de organización política o sindical.

Con la derrota de Japón el imperio holandés ya decaído y ruinoso, solo pudo aceptar la situación de hecho, que era que el movimiento patriótico indonesio había tomado la dirección de Batavia, y se había fundado la nación indonesia con ese nombre.

Al frente del país estaba Ahmed Sukarno, uno de los fundadores del movimiento de países no alineados, junto con Nasser de Egipto; Nehru de la India, y U Nu de Birmania, y el Mariscal Tito de Yugoslavia.

Sukarno contó desde el principio con el apoyo de los comunistas, y del ejército indonesio que estaba formado por combatientes que se habían forjado en la guerra anticolonial y no había en dicho ejército militares de carrera.

La nación indonesia ejercía una política independiente, aunque mantenía buenas relaciones con los USA, y con la Unión Soviética y el bloque socialista, y muy especialmente con la República Popular China, surgida de la guerra civil china que culminó en 1949.

Indonesia es un gran productor de petróleo y gas, y produce arroz y pescado en gran cantidad que exporta a su vecinos. A todo esto, el Partido Comunista Indonesio había crecido enormemente y su influencia era muy importante en el ejército, donde los oficiales ya salidos de academias militares se formaban en China. Esta situación desde luego que no era del agrado de los USA y de la CIA, que conspiraban para derrocar a Sukarno y estaban creando un clima de sublevación dentro de las fuerzas armadas para acabar con Sukarno.

Es en este clima, que un grupo de oficiales jóvenes en la nocha del 30 de septiembre de 1965, dan muerte a seis generales que estaban tramando un golpe militar pro yanqui, y ante esas muertes, el General Suharto, y el brigadier de la fuerza aérea Haris Nasution llaman a “defender la revolución nacional”, acusan a los autores de las muertes de los seis generales de conspiradores y “contrarevolucionarios», y desatan una sangrienta represión contra los comunistas, que son acusados de querer entregar el país a China.

Emiten un decreto por el cual obligan a la población a denunciar a los comunistas y a sus simpatizantes, acaban con la vida de tres millones de personas en un verdadero genocidio. Familias enteras son asesinadas, sus bienes son saqueados o confiscados, los locales del Partido Comunista son destruidos, y obviamente dicho partido desaparece físicamente.

Se crean patrullas de escuadrones de la muerte y patrullas vecinales que se dedican a sembrar el terror entre la población y esas patrullas provocan gran cantidad de muertes. Ahmed Sukarno sigue siendo nominalmente el presidente de Indonesia hasta su muerte, pero en realidad es un prisionero dentro del palacio Merdeka, que es la sede de la presidencia indonesia.

A su muerte lo reemplaza el sangriento y criminal general Suharto, que estuvo al frente del país durante varias décadas, y amasó una fortuna de 35 mil millones de dólares. Siempre se supo que todo este movimiento estuvo orquestado por la CIA que en todo momento apoyó a los genocidas.

Como colofón decir que esta matanza es algo de lo que hay muy poca información, y que se ha tratado de ocultar, cuando no de negar. Decir también que el gobierno del criminal Suharto tuvo excelentes relaciones con el gobierno español de Felipe González, el cual viajó a Yakarta, y firmó con el “demócrata” de la cal viva un importante acuerdo comercial de venta de armas a Indonesia.

A la muerte de Sukarno, su mujer; la japonesa Dewi Sukarno, se convirtió en la amante nada menos que de Francisco Paesa, el estafador a sueldo del ministerio del interior español, y que uno de los hijos de Suharto compró la multinacional de la alimentación norteamericana Nestlé, que estuvo involucrada en la venta de leche en polvo contaminada en Egipto. Como se ve; es de aplicación el dicho de que dios los cría y ellos se juntan.

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‘¡Rusia es culpable!’

Esta semana se ha celebrado en Moscú un foro de inversores en el que Putin pronunció unas palabras contra las acusaciones “totalmente infundadas” y afirmando que Rusia no era culpable de “todos los pecados mortales y de todos los crímenes”.

Se refería, entre otras, a las recientes acusaciones de crímenes de guerra por los bombardeos rusos contra las posiciones yihadistas en Alepo.

La culpabilización tanto de la URSS, mientras existió, como de Rusia, en la actualidad, está muy arraigada en un país, como España, que hace décadas que no respira otra cosa que fascismo, que corre el riesgo de convertirse en una auténtica tradición, como la Semana Santa o las corridas de toros.

España tiene la patente de la culpabilización de Rusia. En 1941, dos días después del ataque de Alemania contra la URSS el ministro franquista, Ramón Serrano Súñer, pronunció un discurso desde la sede del Movimiento Nacional, situado en la castiza calle de Alcalá. Acababa de terminar una manifestación fascista contra “Rusia” y el ministro gritó desde el balcón:

“Camaradas, no es hora de discursos; pero sí de que la Falange dicte en estos momentos su sentencia condenatoria”, dijo. Luego continuó en medio de los aplausos de las hordas enardecidas por el ataque nazi:

“¡Rusia es culpable! Culpable de nuestra guerra civil. Culpable de la muerte de Jose Antonio, nuestro fundador, y de la muerte de tantos camaradas y tantos soldados caídos en aquella guerra por la agresión del comunismo. El exterminio de Rusia es una exigencia de la historia y del porvenir de Europa”.

Si tuviéramos memoria histórica nos daríamos cuenta de que, después de 75 años, las cosas no han cambiado tanto. Lo mismo que ahora, entonces “Rusia” también era culpable, una frase que fue destacada por la prensa franquista, que era idéntica a la actual: cualquier información sobre la guerra que no procediera del III Reich y sus aliados estaba prohibida, silenciada y perseguida.

La frase de Serrano Súñer se convirtió en la consigna de la División Azul. El 13 de julio los primeros fascistas partieron en tren hacia “Rusia” desde la Estación del Norte de Madrid y el ministro volvió a arengar a las tropas que salían a aplastar al Ejército Rojo: “Vais a defender los destinos de una civilización que no puede morir, y a contribuir a la fundación de la unidad de Europa. Vais a combatir junto a las mejores tropas del mundo”.

Los fascistas ya pensaban en construir la Unión Europea, una “nueva” civilización que se debía lograr a costa del exterminio de la URSS-Rusia. El diario oficial de la falange, Arriba, publicó un editorial titulado “Guerra por la causa de Europa”.

A pesar de la propaganda aquella movilización fue un fracaso. Los franquistas se habían comprometido a reclutar 17.000 voluntarios, pero no lo lograron. Sólo llevaron 9.154 efectivos al frente y el ejército tuvo que contribuir con otros 7.292 un poco menos voluntarios.

Todo para pagar la deuda que los franquistas habían contraído con Hitler por su apoyo durante la guerra civil. Los fascistas pagan en esa moneda: con carne de cañón.

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La continuidad de los nazis en la dirección de la República Federal de Alemania

Tribunal del Reich, la Audiencia Nacional nazi
Tras la Segunda Guerra Mundial cerca del 80 por ciento de los cuadros del Ministerio de Justicia de la República Federal de Alemania habían trabajado en el mismo puesto con el III Reich, un número mucho más elevado de lo que siempre se había reconocido oficialmente.

Los datos los publicó ayer el diario Süddeutsche Zeitung, reproduciendo una vieja polémica a la que el historiador Peter Reichel ha calificado como “la segunda historia del nazismo”, es decir, la continuidad del III Reich en la nueva Alemania.

“El número de [antiguos] miembros del NSDAP [el partido nazi] en el seno del Ministerio de Justicia no se redujo tras la guerra, como se había supuesto, sino que aumentó en los años cincuenta”, ha manifestado al Süddeutsche Zeitung uno de los codirectores de la investigación, Christoph Safferling.

Es un tema recurrente que muestra el íntimo vínculo del fascismo con el capitalismo en su última etapa, tal y como analizara Dimitrov en su informe de 1935 a la Internacional Comunista.

Formalmente, la República Federal de Alemania se creó en 1949 como un repudio explícito del pasado más inmediato. Los hechos demuestran algo bien distinto. El contraste con la República Democrática Alemana y otros países del este de Europa es flagrante: sólo la revolución socialista puede acabar con la pervivencia del fascismo.

No sólo los historiadores alemanes, entre otros, como los españoles, están perdidos sino, sobre todo, quienes dicen luchar contra el fascismo sin saber contra qué ni contra quién se enfrentan porque del fascismo, como dice Reichel sólo cuentan la primera parte; les falta la segunda: la persistencia del fascismo bajo “una burda falsificación del parlamentarismo”, como denunciaba Dimitrov en su informe.

En Alemania la historiografía se ceba en el falso anzuelo del holocausto. Pero lo importante es tener en cuenta, como escribió en 1964 Rolf Hochhuth en “Der Stellvertreter” (El Vicario), que los implicados en la “solución final” son los mismos que forjaron luego la “nueva” República Federal de Alemania.

Afortunadamente, hace 20 años saltó una polémica con las últimas investigaciones sobre los crímenes nazis en Serbia y la Unión Soviética.

Los historiadores se hacen los tontos, como en España. Parece que no se quieren enterar de lo que para casi todos los demás es una evidencia, la “Sonderweg” típica de la historia germana, que no es Hitler, como no es Franco en España. El verdadero nudo es que los mismos, las mismas clases sociales coaligadas que llevaron al Reich a la Primera Gran Guerra, la llevaron luego a la Segunda y finalmente a la “nueva” Alemania y a la edificación del sueño fascista: la Unión Europea.

Sin derrocar a esas clases sociales, hoy fundidas en la burguesía monopolista, no es posible acabar con el fascismo, ni en Alemania ni en España.