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Se cumplen 30 años de la gran huelga ferroviaria argentina

Cuando aquel 1 de febrero de 1991 nos reunimos unos pocos compañeros en la Seccional Kilómetro 1 del Roca, no sabíamos que comenzábamos a escribir una de las heroicas y memorables páginas de la historia del movimiento obrero ferroviario.

Allí estábamos el anfitrión Kilo 1 (Plaza Constitución), Remedios de Escalada, Temperley, en mi caso por Tolosa, todos del Roca; Haedo y Castelar del Sarmiento, San Martín Vapor del Mitre, y compañeros de algunas seccionales más, todos de La Fraternidad.

El clima era una rara mezcla de bronca y euforia. La bronca estaba motivada por los bajos salarios, las luchas malogradas y traicionadas por la Comisión Directiva del gremio.

Desde hacía catorce meses veníamos luchando por el salario con paros arrancados desde la base, pero dirigidos por los burócratas que los convertían en día de descanso y no les daban continuidad. Dilataban las negociaciones con el gobierno a pesar de la permanente movilización y presión de los compañeros. Siempre había una excusa para no profundizar las medidas, primero la inminente convocatoria a la Asamblea General de Delegados, luego mientras esta transcurría, la cuasi prohibición de realizar medidas de fuerza por la reciente puesta en vigencia del decreto del reglamento del derecho de huelga.

El 5 de febrero fue el primer peldaño de la escalera que tendría su cima tras 45 días de huelga, votada, convocada, sostenida y dirigida por los compañeros de base.

El Plan de Lucha comenzaba con un paro de 24 horas el 5 de febrero.

Las seccionales de La Fraternidad producto del recambio generacional tenían en su mayoría direcciones ejecutivas jóvenes. Nuestra experiencia era escasa en el tiempo, pero rica en lo que generamos en los últimos años. Muchos de nosotros teníamos militancia política y éramos la generación que la dictadura postergó, maniató nuestros ideales y desapareció. El comienzo del Plan de Lucha, aquel 5 de febrero, superó nuestras expectativas: 17 seccionales de La Fraternidad, 2 de Señaleros. El Roca y el Sarmiento se paralizaron y el paro fue parcial en el Mitre.

El 11 de febrero nos volvimos a reunir en Plenario, nuevamente en Kilo 1. Esta vez éramos muchos más dispuestos a la lucha. Contentos con el balance de la primera jornada y con mandatos de asambleas de profundizar las medidas. Se vota paro por 48 horas para el 13 y 14 de febrero, si hay despidos el paro será por tiempo indeterminado.

El miércoles 13 de febrero comienza el paro de 48 horas. Ahora son 27 seccionales de La Fraternidad, 4 de Señaleros y 2 de la Unión Ferroviaria incluyendo la poderosa Rosario. Se producen los primeros 32 despidos y proclamamos el paro por tiempo indeterminado hasta la reincorporación de los de los compañeros.

El jueves 14 ya éramos treinta y nueve las seccionales en lucha y se suman dos seccionales de la Unión Ferroviaria: Rosario y Victoria del Mitre.

Ante estas circunstancias había que organizarse, en todas las seccionales se constituyeron comisiones de fondo de huelga, alimentos, salud, prensa, fiestas, de mujeres, limpieza y mantenimiento del local, piquetes de convencimiento y visitas a compañeros, y de cada necesidad que surgía.

Todas estas actividades demandaban dedicación y sacrificios, el local se había convertido para muchos de nosotros literalmente en nuestra casa. Allí comíamos, dormíamos y prácticamente vivíamos.

Esta organización y la solidaridad que nos rodeó nos permitió sostenernos dignamente durante 45 días.

El gobierno con la complicidad de la directiva nacional de La Fraternidad nos quería quebrar a cualquier precio, no nos pagaron los sueldos, nos perseguían con patotas, apelaron a servicios y a la represión policial deteniendo a algunos compañeros cuando iban a hacer tareas para la huelga.

Nuestro ejemplo de lucha no podía cundir, todo era válido para acabarnos, nos llamaban rebeldes y llevamos con orgullo esta condición. Cuando vieron que no éramos fáciles de vencer, Menem decidió cerrar los ramales. Esto provocó sumar un nuevo punto a nuestro reclamo. La defensa inclaudicable de los ferrocarriles al servicio del pueblo.

El paro se fue extendiendo hasta alcanzar al 80 por ciento de los afiliados a La Fraternidad; a varias seccionales del gremio de señaleros y también algunas de la Unión Ferroviaria. Cuatro de las cinco líneas ferroviarias estaban paradas.

Necesitábamos darnos formas democráticas de funcionamiento. Todas las decisiones eran discutidas y votadas en asambleas seccionales de base, no había ninguna restricción, una persona un voto. De allí surgían los mandatos a los delegados a un plenario de seccionales, este organismo estaba compuesto por delegados de cada una de las secciónales en lucha, se discutía y votaba democráticamente las medidas que conducirían la huelga.

El plenario de seccionales estaba presidido por un órgano colegiado denominado Mesa de Enlace, que lo componían representantes de las distintas líneas ferroviarias y de los tres gremios en lucha, la mayoría pertenecía a La Fraternidad.

Estas herramientas de funcionamiento que nos dimos y las formas rigurosamente democráticas jugaron un papel fundamental, porque los compañeros sentían que la consigna que titulaba nuestros boletines de huelga era una realidad, “Esta vez no habrá traición, esta vez dirigen las bases”.

La fuerza de la lucha pudo con todo obstáculo, ni la ley fue un impedimento para llevarla adelante. El Ministerio de Trabajo decía que no podía negociar con nosotros porque no teníamos la representación legal, que debían hacerlo con la Directiva Nacional del gremio, obviamente que jamás aceptaríamos que los burócratas carneros y traidores, por todos repudiados asuman nuestra representación, así que ante la contundencia de la huelga al Gobierno no le quedó más remedio que sentarnos en la mesa de negociación.

Por esos días un grupo numeroso de compañeros realizaba una huelga de hambre en Plaza de Mayo y era rodeada de la solidaridad del pueblo, una de las primeras noches la policía federal intentó reprimir y desalojar, rápidamente se acercaron diputados y personalidades del campo popular y lo impidieron.

Un grupo de personalidades notables (Augusto Comte; Ernesto Sábato; Federico Storani; Simón Lázara; Carlos Raimundi y Ricardo Alfonsín que estuvo representado por Raúl Alconada Sempé), ofició de testigos garantes de la oferta gubernamental: reconocimiento de la mesa de enlace; reincorporación de todos los despedidos; aumento de sueldos de aproximadamente el 100 por ciento; y reapertura de los ramales. ¡Un triunfazo de los trabajadores!

Esa gran huelga fue invisibilizada por los grandes medios y principalmente por la burocracia sindical, que siempre la ha ocultado y callado porque los trabajadores en su conjunto nunca deben saber que son poseedores de un poder que arrasará con la anquilosada burocracia y sus negociados.

Los trabajadores ferroviarios escribimos estas páginas / días en la historia del movimiento obrero, para que otros no tengan que empezar de cero hoy es nuestro deber, dar a conocer esa gesta y sus enseñanzas, mantener viva la memoria de una lucha que conmovió los cimientos de un neoliberalismo que daba sus primeros pasos y que posteriormente, ya recompuesto, arrasaría con la Patria.

Comisión de prensa, ferroviarios 1991, ‘Una lucha por la dignidad de los trabajadores’
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2021/02/14/a-30-anos-de-la-gran-huelga-ferroviaria-esta-vez-no-habra-traicion-esta-vez-dirigen-las-bases/

¿Vuelven las huelgas obreras a las maquiladoras de México?

Con una manifestación y la presencia virtual de la dirigente del Movimiento 20/32, Susana Prieto Terrazas, cientos de trabajadores de Matamoros reclamaron desde la plaza principal, un bono de 10.159 pesos y un aumento salarial del 15 por ciento. De lo contrario, afirmaron, podrían ir a huelga.

Fue en enero de 2019 cuando Prieto Terrazas promovió una serie de huelgas en la frontera tamaulipeca dentro del denominado Movimiento 20/32, que paralizó durante varias semanas a la industria maquiladora.

En una transmisión realizada desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la abogada aseguró que por ley las empresas deben otorgar un bono de 10.159 pesos a los trabajadores y un aumento salarial del 15 por ciento, por lo que lanzó un ultimátum para este 24 de enero.

“El 15/10 se va a dar hasta sus últimas consecuencias. Hasta el 24 de enero tienen de plazo por no autorizar el bono de 10.159 pesos y el aumento salarial del 15 por ciento, todos estamos dispuestos a estallar las huelgas como lo hicimos en enero del 2019”, advirtió.

Señaló que ante el temor de las huelgas algunos empresarios ofrecieron bonos de tres a siete mil pesos que los trabajadores no están dispuestos a aceptar.

“El día de hoy tenemos más de 30 empresas aceptando pagar el bono de 10.159 pesos […] El hartazgo en Matamoros, Tamaulipas duró 16 años, antes de enero de 2019 para hacer crisis, no podría ser posible que se durmieran otros 15 años, estamos despertando”, afirmó.

Anunció que defenderá de forma gratuita a todos aquellos trabajadores que no reciban este bono por parte de los dueños de las maquiladoras. “Le digo a los compañeros que están en la plaza que no se desanimen que nunca, que la apatía de otros no tiene nunca porque mermar el entusiasmo propio”, expresó.

https://www.elsoldetampico.com.mx/policiaca/movimiento-2032-amenaza-con-huelgas-otra-vez-en-matamoros-6222709.html

Las trabajadoras camboyanas ocupan una fábrica cerrada a causa del confinamiento

En marzo el propietario de una fábrica textil a 50 kilómetros al sur de la capital de Camboya, Phnom Penh, la tuvo que cerrar a causa del confinamiento impuesto por el gobierno. A las trabajadoras no les pagaron sus salarios, ni tampoco ninguna clase de indemnización.

Creyendo que el cierre era temporal, las trabajadoras pidieron préstamos para alimentar a sus familias y se endeudaron.

En diciembre una parte de la plantilla ocupó la fábrica. Vigilan las máquinas de coser porque el dueño ha enviado matones para desalojarlas y apoderarse de las instalaciones.

“Estas máquinas son mi dinero; son mi vida”, dijo Vanna, una trabajadora, prometiendo retenerlas hasta que reciba unos 2.000 dólares en sueldos y bonificaciones adeudados desde el cierre.

El sector textil de Camboya, con un volumen aproximado de 7.000 millones de dólares -el mayor empleador del país, con 800.000 trabajadores, en su mayoría mujeres- ha sufrido un doble golpe este año debido al confinamiento y a los recargos ilegales impuestos por la Unión Europea con el pretexto de las violaciones de los derechos humanos.

Baño de sangre en Perú: las movilizaciones obreras son aplastadas con dos manifestantes asesinados

Dos manifestantes, entre ellos un menor de edad, murieron ayer en Perú en las nuevas protestas de los trabajadores del sector agroindustrial contra el régimen laboral recién aprobado.

El número total de trabajadores muertos en la lucha aumenta a cuatro y, además, las protestas también dejan decenas de detenidos y de heridos por los disparos de la policía.

El menor fallecido tenía 16 años y murió por un proyectil de arma de fuego disparado por la policía, durante los nuevos bloqueos en la Carretera Panamericana a la altura de Virú, en la norteña región de Lambayeque.

Una segunda víctima mortal fue identificada como Reynaldo Reyes Ulloa, de 27 años. Fue herido durante la protesta y murió cuando era trasladado al hospital.

Bazán, un diputado del Frente Amplio de izquierdas, próximo a las demandas de los trabajadores, aseguró que las muertes se deben a la represión de la policía.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se preguntó “hasta cuándo se van a seguir produciendo muertes en protestas ciudadanas por la intervención de la policía”, y recordó que, desde 2003, han muerto más de 160 personas en las protestas políticas y sociales de Perú.

Los bloqueos de carreteras se reanudaron la semana pasada, cuando el Parlamento quiso demorar la aprobación de la nueva ley agraria.

El nuevo régimen laboral agrario se aprobó el martes, cuando el Congreso aprobó dar un bono a los trabajadores equivalente al 30 por ciento del salario mínimo, que en Perú está fijado en unos 257 dólares.

Esto supone que los trabajadores agrarios pasarán a ganar de de 11 a 14 dólares al día, pero los trabajadores del zona norte de Perú no están conformes con que ese aumento no sea parte del salario fijo y, por lo tanto, no compute para el resto de beneficios laborales, como las pagas extras.

Ayer los obreros retomaron la protesta y se repitieron los enfrentamientos de semanas anteriores, con la policía lanzando gases lacrimógenos y los manifestantes respondiendo con piedras y otros objetos contundentes.

El sector agroindustrial de Perú multiplicó sus ingresos en los últimos años de unos cientos de millones a cerca de 6.000 millones de dólares anuales gracias a productos de gran demanda internacional, así como las generosas exenciones fiscales que se suponían temporales y llevan 20 años vigentes.

En las últimas décadas la patronal del sector se ha esforzado por impedir la sindicalización de los trabajadores, lo que ha generado que la protesta no tenga interlocutores claros.

Más información:
– La policía peruana asesina a un trabajador que participaba en el corte de una carretera con barricadas
– Tres campesinos muertos durante una huelga masiva en Perú
– Una semana de lucha de los trabajadores agrícolas de Perú con dos muertos y 24 detenidos

 

Una semana de lucha de los trabajadores agrícolas de Perú con dos muertos y 24 detenidos

Los trabajadores agrícolas de Perú llevan un mes de lucha por la mejora de sus condiciones laborales en las explotaciones rurales dedicadas a la exportación.

Desde el lunes de la semana pasada los piquetes bloquearon la carretera Panamericana, la principal arteria que recorre el país, inmovilizando decenas de autobuses y camiones, que hasta el viernes permanecieron varados en varios tramos de la carretera.

Para desbloquear el transporte la policía disparó con perdigones contra los piquetes de manifestantes.

El miércoles los trabajadores capturaron a dos policías en Chao, que fueron liberados después de ser agredidos. También se registraron ataques a policías, con cortes en sus rostros y sustracción de sus armas reglamentarias.

El martes el ejército tuvo que reforzar a la policía para desbloquear la carretera en la región La Libertad, a unos 500 kilómetros al norte de Lima.

Los bloqueos han costado la vida a dos trabajadores, Jorge Muñoz y Mario Fernández. Durante toda la semana pasada los enfrentamientos con la policía se multiplicaron, con el saldo de al menos 24 detenidos y 51 heridos.

Los sindicatos agrarios han anunciado una huelga general para el mañana.

Los trabajadores exigen la derogación de la Ley de Promoción Agraria, cuya vigencia fue ampliada el año pasado hasta 2031, es decir, diez años más.

Sin embargo, a comienzos de este mes los trabajadores lograron que el Congreso la derogara y la semana pasada volvieron a la carga ante la demora en aprobar una nueva ley.

El sector agroindustrial de Perú está en auge gracias a productos de gran demanda internacional como arándanos, espárragos o alcachofas, lo que no ha redundado en la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, que quieren acabar con la precariedad y un salario mínimo de 257 dólares mensuales.

Uno de los objetivos de la antigua regulación era reducir los altos índices de trabajo negro en el sector agroexportador pero, como era de esperar, eso no ha ocurrido porque las empresas burlaron la ley.

En 2018 tres campesinos murieron durante una huelga de trabajadores de la papa en el centro y sur de Perú que generó enfrentamientos con la policía y bloqueos de carreteras.

Más información:
– La policía peruana asesina a un trabajador que participaba en el corte de una carretera con barricadas
– Tres campesinos muertos durante una huelga masiva en Perú

El gobierno no logra aprobar el decreto contra los desahucios por las presiones de los fondos buitre

El PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo inicial para prohibir los desahucios antes de que acabase el año. Pero el acuerdo hace aguas. Después de dos semanas, el gobierno de coalición no ha logrado aprobar el decreto antidesahucios a causa de las presiones de los fondos buitre y los grandes empresas inmobiliarias.

«Hay mucho dinero en juego». Así define un alto cargo del gobierno la sensación que se respira en el Ejecutivo desde hace apenas dos semanas, cuando se anunció la aprobación inminente del decreto. Desde entonces, ministros clave en la elaboración del decreto han recibido llamadas de las grandes inmobiliarias.

Empresas y fondos buitre amenazan con una oleada de recursos en los tribunales si, durante los meses que dura el estado de alarma, no pueden volver a arrendar esas viviendas por estar las mismas ocupadas por familias vulnerables a las que se les aplicaría la moratoria hasta ofrecerles otra solución habitacional.

Ese aviso ha encendido las alarmas en el gobierno, que va a tener que pagar un precio si promulga el decreto. No va a ser gratis y el gobierno tendrá que indemnizar a los buitres, aunque es posible que a los buitres no les interese y se larguen.

Al menos amenzan con hacerlo. Los buitres, como Blackstone, tienen mucho dinero invertido en España. Blackstone ya amenazó a la ministra Nadia Calviño con abandonar España por los cambios en la ley de arrendamientos que entonces planeaba aprobar el gobierno de coalición.

Ahora el PSOE propone hacerse cargo con dinero público del cien por cien de los alquileres derivados de la paralización de los desahucios y abonárselos a los buitres. Los de Podemos aceptarían como último recurso que el gobierno se hiciese cargo de los alquileres a cambio de no desahuciar.

https://www.lapoliticaonline.es/nota/86317-blackstone-amenaza-al-gobierno-con-abandonar-espana-para-frenar-el-decreto-de-desahucios/

La policía peruana asesina a un trabajador que participaba en el corte de una carretera con barricadas

El jueves la policía peruana asesinó a Jorge Yener Muñoz Jiménez, un trabajador de la provincia de Virú, cuando participaba en una protesta obrera cortando la carretera panamericana con barricadas.

Los trabajadores protestaban por quinto día consecutivo contra la derogación de la Ley de Promoción Agraria.

Unos 30 policías acribillaron a tiros al piquete de obreros que defendía la barricada y un proyectil de plomo disparado por un arma de fuego impactó en el cuerpo del trabajador. Las asistencias tardaron dos horas y media en atender al trabajadorer herido.

La víctima era un joven de 19 años que trabajaba en dos empresas, por temporadas. Una de ellas era Camposol, una empresa agroexportadora.

“Estábamos tranquilos, pacíficamente, pero la manifestación se ha salido de control a causa de esta muerte, porque la policía empezó a lanzar bombas lacrimógenas, incluso contra las viviendas, muchas personas han tenido que salir con sus hijos”, señaló Walter Campos, miembro del Sindicato de Trabajadores Agroindustriales.

Campos precisó que los policías disparararon al cuerpo de los trabajadores. “Hay perdigones, cartuchos de retrocargas que se han dejado por ahí”, dijo. El lugar donde se produjo el hecho es una zona poblada donde no opera ninguna empresa.

Durante el bloqueo de la carretera, los vecinos llevaron alimentos a los conductores y demás pasajeros que se encuentran varados en los bloqueos. Además la Brigada Médica recogió donativos para atender a las personas que todavía se encuentran detenidos en la carretera.

La Ley de Promoción Agraria fue promulgada en 2000 para impulsar las exportaciones agrarias. Tras 20 años de vigencia y un crecimiento exponencial del sector, el gobierno de Martín Vizcarra decidió ampliar su vigencia por otros 10 años más.

Desmoronamiento de las conquistas de la clase obrera en Gran Bretaña

En los últimos meses miles de trabajadores británicos han tenido que aceptar recortes en sus condiciones laborales bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo debido a la aguda recesión económica que vive Gran Bretaña como consecuencia de la crisis económica.

Cientos de empresas, de todos los tamaños y de todos los sectores, han propuesto a sus trabajadores bajadas de salarios, reducciones de beneficios (vacaciones o bonos) y otros recortes a cambio de mantenerlos en sus puestos y no lanzarlos a las filas del creciente paro.

La tasa de desempleo entre junio y septiembre llegó a 4,8 por ciento, lo cual equivale a 1,7 millones de trabajadores. Sin embargo, el Banco de Inglaterra cree que llegará hasta 7,7 por ciento a mediados del año que viene.

Hay empresas que han despedido a buena parte de la plantilla y luego han ofrecido a una parte de ella regresar, pero en peores condiciones. El caso más emblemático ha sido el de la aerolínea British Airways, que junto a Iberia y Vueling forma parte del grupo IAG, la cual en abril pasado anunció que prescindiría de 12.000 de sus 42.000 trabajadores, aunque semanas después reveló que a una parte de los afectados les ofrecería la posibilidad de recuperar sus puestos, pero con unos ingresos hasta un 70 por ciento inferiores.

La práctica fue emulada por el fabricante de coches y motores de aviones Rolls Royce, que anunció en junio que haría lo mismo con la mitad de los 1.400 trabajadores que tenía en su planta en la localidad escocesa de Inchinnan. La empresa de gas Centrica, propiedad de British Gas, hizo lo propio días después con 20.000 de sus 27.000 trabajadores.

En junio el diputado nacionalista escocés Gavin Newlands presentó un proyecto de ley para ilegalizar la recontratación de trabajadores. Pero mientras en el Parlamento se debate el asunto, otras empresas han continuado con la práctica y por ello los sindicatos ya preparan acciones de protesta.

Hoy y los días 14, 17 y 18 de este mes los trabajadores de Heathrow, el principal aeropuerto londinense, irán a la huelga en rechazo a los planes de la administradora de la terminal de forzar a 4.000 de sus colegas a aceptar nuevos contratos, con salarios un 20 por ciento inferiores, so pena de echarlos. “El aeropuerto está usando la pandemia como cortina de humo para desmejorar a los trabajadores permanentemente”, denunció el sindicalista Wayne King.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2020/11/29/gran-ola-precariedad-laboral/0003_202011SM29P12991.htm

200 millones de trabajadores salieron a la huelga en India contra la política económica del gobierno

Ayer 200 millones de trabajadores salieron a la huelga en India, incluyendo a la construcción, banca, manufactura y servicios. Contaron con el apoyo de más de 300 organizaciones campesinas.

La protesta fue convocada por los principales sindicatos y tiene por objeto presionar al gobierno para que derogue cuatro códigos laborales, que privan a los trabajadores de conquistas básicas, como la jornada laboral de ocho horas.

Los sindicatos exigen también un salario mínimo de unos 280 dólares, una pensión de 133 dólares, 10 kilos de cereales para las familias necesitadas y el fortalecimiento del sistema de distribución pública, además del fin del proceso de recortes en las empresas del sector público.

En apoyo a las organizaciones de campesinas, los trabajadores piden la revisión de tres leyes agrícolas introducidas por el gobierno que les privan de las garantías sobre el precio mínimo de apoyo y se desmantele el Comité de Comercialización de Productos Agrícolas, que conduce a la absorción de la agricultura por las grandes empresas.

Los sindicatos afirman que la huelga culmina la ira por las políticas antiobreras constantes y el confinamiento que obligó a los trabajadores migrantes a regresar a las aldeas, dejando a muchos sin dinero ni empleos.

Anurag Saxena, secretario de Nueva Delhi del Centro de Sindicatos de India, aseveró que los trabajadores se quedaron literalmente sin poder comer después que los propietarios no les pagaran durante el confinamiento y el gobierno tampoco concedió ninguna ayuda importante.

Muchos debieron emigrar y cuando regresaron no recibieron el salario necesario para ganarse la vida, incluyendo la educación de los niños, además de la incertidumbre para conseguir un empleo.

Los códigos laborales introducidos por el gobierno tratan de abolir garantías mínimas aseguradas a los trabajadores después de décadas de lucha y eliminan los tribunales laborales creados para resolver conflictos sobre cuestiones de salarios e indemnizaciones.

Por otro lado, las horas extras son gratuitas y los trabajadores pueden ser obligados a trabajar 12 horas y también han cambiado las normas para formar sindicatos.

A la huelga se unieron los trabajadores de sectores precarios, incluyendo las enfermeras parteras auxiliares, vendedores ambulantes, obreros de la construcción y trabajadores de la banca y los seguros, de la defensa y de los ferrocarriles.

Despiden a 100 estibadores del puerto de Bilbao que estaban en huelga

Esta mañana, los casi cien estibadores eventuales de Bilbao han acudido al puerto para comprobar si el rumor que les llegó anoche era veraz. Sí, lo era: están despedidos de facto. Como son eventuales, si es que doce años se pueden considerar eventualidad, no han recibido notificación de despido, ni finiquito, ni nada. Simplemente, la ETT dejó de llamarles la semana pasada y hoy, cuando han ido al puerto, su tarjeta de acreditación estaba desactivada.

El 9 de octubre arrancó la huelga de la estiba en Bilbao para reivindicar la entrada de los eventuales a la plantilla de los fijos, después de una década de jubilaciones y ni una sola contratación —en 2010 eran 408 estibadores; ahora 314—. La respuesta de las cuatro empresas de estiba, CSP Spain, Bergé, SLP y Toro y Betolaza, ha sido contundente: despedir a los eventuales, y pasar a los fijos desde ayer a hacer tareas de carga de almacén, por lo que el tráfico marítimo en Bilbao está sin atender.

El lunes, la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, solicitó a los trabajadores y a la patronal que llegaran a un acuerdo y evitar que la carga de trabajo navegue a puertos colindantes.

Los trabajadores denuncian que las administraciones están de parte y que, en vez de proteger y velar también por los intereses de los trabajadores, ha sido la Autoridad Portuaria de Bilbao quien esta mañana no solo ha denegado el paso a los eventuales, sino que, entre amenazas, les ha requisado la tarjeta a algunos de los casi cien trabajadores que han acudido al puerto.

La patronal ha roto las negociaciones con el comité de empresa y ha amenazado con disolver el Centro Portuario de Empleo. El puerto de Bilbao movió el pasado año 35,4 millones de toneladas de carga, pero desde 2008 no ha habido una sola contratación de trabajadores en plantilla.

Un estibador delegado del sindicato LAB denuncia también que sobre los servicios mínimos exigidos del 50%, la patronal está diseñando calendarios de trabajo ficticios, con sobrecarga, para que los trabajadores lleven a cabo entre el 70 y el 80% del volumen de trabajo.

Sobre el motivo de esta huelga, este estibador es claro: “No hay que perpetuar la eventualidad”. Sobre la retirada de la tarjeta, un estibador eventual añade: “Sus reivindicaciones son las nuestras y, ahora, mucho más”. “Estamos sufriendo una especie de veto y llevamos trece años de eventualidad, cuando aquí hay trabajo para todos”, añade. Los trabajadores eventuales han trabajado una media de 170 jornadas por año durante los dos últimos años.

El primer aviso de huelga llegó el pasado julio, cuando los estibadores anunciaron movilizaciones del 8 al 21 de agosto. Las paralizaron al intentar llegar a un acuerdo que nunca se alcanzó. Finalmente reactivaron la huelga el 9 de octubre, hasta el próximo 25.

https://www.elsaltodiario.com/laboral/despiden-estibadores-eventuales-puerto-bilbao-durante-huelga-reclama-inclusion-plantilla

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