El PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo inicial para prohibir los desahucios antes de que acabase el año. Pero el acuerdo hace aguas. Después de dos semanas, el gobierno de coalición no ha logrado aprobar el decreto antidesahucios a causa de las presiones de los fondos buitre y los grandes empresas inmobiliarias.
«Hay mucho dinero en juego». Así define un alto cargo del gobierno la sensación que se respira en el Ejecutivo desde hace apenas dos semanas, cuando se anunció la aprobación inminente del decreto. Desde entonces, ministros clave en la elaboración del decreto han recibido llamadas de las grandes inmobiliarias.
Empresas y fondos buitre amenazan con una oleada de recursos en los tribunales si, durante los meses que dura el estado de alarma, no pueden volver a arrendar esas viviendas por estar las mismas ocupadas por familias vulnerables a las que se les aplicaría la moratoria hasta ofrecerles otra solución habitacional.
Ese aviso ha encendido las alarmas en el gobierno, que va a tener que pagar un precio si promulga el decreto. No va a ser gratis y el gobierno tendrá que indemnizar a los buitres, aunque es posible que a los buitres no les interese y se larguen.
Al menos amenzan con hacerlo. Los buitres, como Blackstone, tienen mucho dinero invertido en España. Blackstone ya amenazó a la ministra Nadia Calviño con abandonar España por los cambios en la ley de arrendamientos que entonces planeaba aprobar el gobierno de coalición.
Ahora el PSOE propone hacerse cargo con dinero público del cien por cien de los alquileres derivados de la paralización de los desahucios y abonárselos a los buitres. Los de Podemos aceptarían como último recurso que el gobierno se hiciese cargo de los alquileres a cambio de no desahuciar.