Los nuevos documentos desclasificados por el gobierno estadounidense muestran las oscuras deliberaciones de Nixon en noviembre de 1970, tras la victoria de Salvador Allende en las elecciones chilenas, y el papel de Henry Kissinger en la decisión de derrocarle.
Un enviado del gobierno de Trump se reunió en secreto con un representante del de Maduro en la Ciudad de México en septiembre para negociar la dimisión del dirigente venezolano.
Richard Grenell, antiguo director de la inteligencia de Estados Unidos y embajador en Alemania, y Jorge Rodríguez, un político venezolano cercano a Maduro, se reunieron en la capital mexicana. El Secretario de Estado Michael Pompeo y el resto del Departamento de Estado no fueron informados del viaje con antelación, según dos de las fuentes consultadas.
Grenell trató de discutir la salida de Maduro, pero no está claro si Rodríguez y Maduro están abiertos a dicha posibilidad. En cualquier caso, las conversaciones no tuvieron éxito.
Trump trata de conseguir una serie de logros en política exterior antes de las elecciones del 3 de noviembre, entre ellos, acuerdos de paz en Oriente Medio, la retirada de las tropas de varios países y la liberación de los presos estadounidenses en las cárceles de Siria.
Las fuentes dan relatos contradictorios sobre la autorización de Grenell para reunirse con Rodríguez, aunque dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O’Brien, lo autorizó con el apoyo del presidente.
Pero Pompeo y el enviado del Departamento de Estado para Venezuela no se enteraron del viaje de Grenell hasta después de que terminara. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, tampoco fue informado antes del viaje.
Rodríguez voló a México el 16 de septiembre en uno de los aviones presidenciales de Venezuela, camuflado en el diario de vuelo como un viaje en la aerolínea nacional Conviasa.
Francisco Arias Cárdenas, el embajador venezolano en México, que en 1992 acompañó a Chávez en el intento fallido golpe de estado, pidió a la cancillería mexicana cambios de última hora en el vuelo que permitieran a Rodríguez entrar en el país. Aunque a Rodríguez se le permitió entrar, la reunión no fue preparada por su oficina presidencial o el ministerio de asuntos exteriores.
Rodríguez se negó a hacer comentarios, al igual que los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca y el Departamento de Estado.
Las personas familiarizadas con las negociaciones de Maduro pidieron a la agencia Bloomberg no ser identificados.
En Santiago de Chile se celebró la manifestación más masiva desde el inicio de la pandemia. El motivo era el primer aniversario del levantamiento popular del 18 de octubre. Las convocatorias se reprodujeron a lo largo del país, obligando a los medios de comunicación a cubrir el acto de la mejor manera que saben: mintiendo descaradamente.
En medio de las movilizaciones dos iglesias ardieron y, a partir de ese momento, las protestas pasaron a un segundo plano y comenzó la manipulación de los medios para hacer olvidar la batalla contra el gobierno.
Difundieron una supuesta cuenta de Instagram, donde una mujer “anarco-feminista” celebraba encapuchada la quema de la iglesia. “Quema de iglesias en Chile por parte de la extrema izquierda radical”, titulaba Burbuja (1). Un senador dijo que eran obra de “anarquistas satánicos” (2). Aquí La Razón tituló que “los anarquistas [estaban] detrás de la quema de iglesias en Chile” (3).
Según The Times se trataba de una cuenta falsa, creada un día antes de la convocatoria, lo que evidencia un acto premeditado de distracción (4).
En Chile la semana que viene hay convocado un referéndum para aprobar una nueva Constitución que sustitya a la que legó Pinochet. La intoxicación decía que la “anarco-feminista” era partidaria de la aprobación.
Es ridículo porque, como cabía esperar, en Chile los anarquistas no están por una opción o por la otra sino que rechazan el mismo acto del referéndum.
Para explotar a fondo la sensibilidad del público, los medios dijeron, además, que en el incendio habían perdido la vida -calcinados- cien gatitos. También eso era falso. Una organización animalista, “Fundación Vínculo Humano Animal”, salió a desmentir el bulo.
Uno de los templos quemados, la Iglesia San Francisco de Borja, lo utilizan habitualmente los Carabineros para sus actos ceremoniales.
En la región de la Araucanía la quema de iglesias fue algo corriente en 2016.
(1) https://www.burbuja.info/inmobiliaria/threads/quema-de-iglesias-en-chile-por-parte-de-la-extrema-izquierda-radical.1240338/
(2) https://www.eldinamo.cl/nacional/2020/10/19/ivan-moreira-anarquistas-satanicos-iglesias-dd-hh/
(3) https://www.larazon.es/internacional/20201022/rsdftsw2wbbfhhxgrmssz7tbcu.html
(4) https://thetimes.lat/todo-era-falso-ni-gatitos-muertos-ni-la-anarquista-en-llamas-the-times-verifico-informacion-sobre-iglesias-incendiadas/
En tiempos del gobierno laborista de Harold Wilson (1964-1970) el IRD, una unidad secreta del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, lanzó una ofensiva propagandística en Chile para evitar que Allende ganara las elecciones presidenciales de 1964 y 1970.
Los documentos desclasificados por el Ministerio británico de Asuntos Exteriores muestran la complicidad de los laboristas en la desestabilización de Chile.
El IRD reunió información destinada a perjudicar a Allende y a dar legitimidad a sus oponentes políticos, y distribuyó documentos a figuras influyentes de la sociedad chilena.
Dicho organismo también compartió información con el gobierno de Estados Unidos sobre las actividades de la izquierda en el país latinoamericano. La embajada británica en Santiago ayudó a una organización mediática financiada por la CIA que formaba parte de un esfuerzo encubierto de Estados Unidos para derrocar a Allende, que culminó con el golpe de estado de 1973.
Un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de 1964 señala que América Latina era “una zona vital de la Guerra Fría y que la lucha contra una toma de posesión comunista aquí es un interés nacional británico, al menos tan importante como la negociación del comercio y el aumento de las exportaciones”.
El informe añadía que a Estados Unidos “le preocupaba que el Reino Unido actuara en la mayor medida posible en el ámbito de la propaganda” en América Latina.
Varios meses antes de las elecciones presidenciales de Chile de 1964, una unidad de la Oficina del Gabinete Británico denominada Grupo de Trabajo sobre América Latina del Comité Antisubversivo aconsejó al IRD que era “importante impedir que la extrema izquierda obtuviera logros significativos” en Chile, “ahora y en el futuro”.
En aquel momento, Salvador Allende se presentaba a la presidencia como dirigente del Frente de Acción Popular contra el demócrata cristiano Eduardo Frei, quien finalmente ganó con el 56 por ciento de los votos contra el 39 por ciento de Allende.
El IRD lanzó su ofensiva propagandística en Chile apoyando secretamente a Frei en los meses previos a las elecciones. Como escribió Elizabeth Allott, funcionaria del IRD durante mucho tiempo, poco después de la victoria de Frei, la unidad se centró en “distribuir nuestra producción más seria a contactos fiables y asegurar la publicación de ciertos artículos de prensa” críticos con Allende y favorables a Frei.
Allott también propuso “una acción política especial con el apoyo de Estados Unidos” para dividir el voto de la izquierda.
Para los británicos las elecciones de 1964 fueron un éxito histórico. “En Chile, ciertamente tuvimos una rara oportunidad”, escribió Allot. “Si pensamos que nuestro trabajo en América Latina es importante, entonces ciertamente hay pocos lugares que requieran tantos recursos y donde haya tanta libertad de acción para nosotros en nuestros roles negativos y constructivos”.
Leslie Glass, Subsecretario de Estado Adjunto de Asuntos Exteriores y ex Director General de los Servicios de Información Británicos, escribió unos días después de las elecciones que era “una victoria sobre los comunistas para presionar al país”, añadiendo que ahora había “un gobierno de apoyo cuya política, si se lleva a cabo de manera eficaz, ofrece lo que probablemente sea la mejor oportunidad que hemos tenido en el continente de privar a los comunistas de su razón de ser”.
Frei gobernó Chile durante los siguientes seis años hasta que el país volvió a las urnas en 1970. En ese momento, Allende encabezó una coalición llamada Unidad Popular, comprometida con la realización de ciertas reformas en Chile.
Las políticas de nacionalización de Allende planteaban una amenaza considerable para los intereses británicos y estadounidenses, en particular en la principal industria de Chile, el cobre, cuyas minas eran en gran parte propiedad de empresas estadounidenses.
Como Allende parecía cada vez más probable que ganara las eleccioines, la propaganda británica se intensificó. “Chile está en la primera línea del comunismo en Sudamérica”, señaló un planificador del IRD en 1969.
A finales de los años 60 el IRD desplegó un oficial de campo especializado en Santiago, cuyas operaciones estaban dirigidas directamente a frustrar la victoria electoral de Allende.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió un agregado laboral a Chile para supervisar la actividad sindical, aunque el agregado fue retirado antes de las elecciones de 1970.
El 13 de julio de 1970, unas semanas antes de las elecciones, Allott informó al embajador británico David Hildyard que “la operación del IRD… se había centrado en impedir la llegada al poder de una alianza de extrema izquierda en las elecciones presidenciales de 1970, y en ayudar a las organizaciones adecuadas que probablemente seguirían existiendo independientemente de lo que ocurriera en las elecciones”.
“El oficial de campo del IRD… tiene contactos muy estrechos con funcionarios especializados del Ministerio [chileno] de Asuntos Exteriores [censurado] y algunas organizaciones estudiantiles. Como en cualquier otra parte de América Latina, podemos cubrir áreas que están fuera del alcance de los estadonidenses”.
Allott también propuso al jefe del IRD, Kenneth Crook, que Gran Bretaña entrenara al ejército chileno en “contrasubversión”. Se refirió en particular a la formación previa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la dictadura brasileña, que incluía técnicas de tortura.
Los esfuerzos británicos para detener a Allende fracasaron y las elecciones presidenciales chilenas de septiembre de 1970 llevaron al poder al primer socialista declarado del país.
La acción encubierta británica en Chile se llevó a cabo en colaboración con Estados Unidos, cuyo papel en la desestabilización del país se hizo evidente en los decenios siguientes. Entre 1962 y 1970, la CIA “emprendió diversas actividades de propaganda”, entre ellas “emisiones” de información “en la radio y los medios de comunicación” a favor de Frei y en contra de Allende.
También organizó operaciones de sabotaje contra Allende y realizó una campaña de tres años entre 1970 y 1973 para asesinarlo, canalizando millones de dólares para fortalecer los partidos políticos de la oposición, según un informe del Senado de Estados Unidos.
Los archivos del IRD muestran que a finales de los años 60 los británicos compartieron asesoramiento estratégico e inteligencia con los estadounidenses. Aunque los planificadores del IRD advirtieron a Estados Unidos de que no adoptaran una “línea demasiado extrema” en su propaganda anticomunista, proporcionaron a los estadounidenses una lista de periodistas chilenos que podían difundir contenidos.
Reino Unido y Estados Unidos también intercambiaron información sobre las actividades de la izquierda en Chile, acuerdo que continuó al menos hasta marzo de 1973, como lo demuestran los archivos británicos desclasificados.
El 11 de septiembre de 1973, Allende fue derrocado en un golpe militar dirigido por Pinochet, lo que suscitó una amplia condena internacional. Su régimen se convirtió rápidamente en uno de los más represivos de América Latina en la historia moderna, con miles de opositores políticos encerrados en el estadio nacional de fútbol o en centros de detención secretos.
Junto con la acción encubierta de Estados Unidos, los funcionarios británicos desempeñaron su papel en la preparación del terreno para la toma de posesión de Pinochet en alianza con Estados Unidos.
En octubre de 1970 la embajada británica en Santiago de Chile ayudó en secreto a una agencia de noticias financiada por la CIA, Forum World Features (FWF), a organizar “una cobertura especial de la situación chilena”. Un mes después de la elección de Allende, el Secretario británico de Asuntos Exteriores, Alec Douglas-Home, pidió a la embajada en Santiago que “respondiera a cualquier acercamiento” del FWF después de que su jefe, Brian Crozier, pidiera ayuda con una serie de historias “entre bastidores” sobre el programa de Allende.
La agencia FWF jugó un papel importante en el ataque propagandístico contra Allende. En diciembre de 1973, tres meses después del golpe de Pinochet, el periodista de la FWF Robert Moss publicó “El Experimento Marxista de Chile”, un libro encargado por la CIA que negaba el papel de Washington en el golpe y culpaba a Allende.
El gobierno de Pinochet compró 10.000 ejemplares del libro para distribuirlos dentro de una campaña de propaganda y Crozier recordó más tarde que la obra de Moss “jugó su papel en la necesaria desestabilización del régimen de Allende”.
Hugh Carless, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, se mostró de acuerdo, escribiendo en diciembre de 1973 que el libro “nos ayudó a encontrar un equilibrio” sobre Chile.
Rory Cormac, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Nottingham, asegura que los documentos desclasificados revelan que, a medida que la capacidad material de Gran Bretaña ha ido disminuyendo, ha recurrido a la acción clandestina para ayudar a mantener su papel en el mundo.
Mañana se cumple un año del levantamiento popular en Chile, la mayor movilización desde la dictadura de Pinochet (1973-1990). Ayer, como todos los viernes, siguieron las protestas con enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros. La “zona cero” se llenó de barricadas. En Peñalolén la policía detuvo a 10 personas que atacaron la comisaría.
Un año después, Chile hace un recuento dramático de sus 30 muertos y miles de heridos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 460 personas resultaron con traumas oculares, de las que dos quedaron totalmente ciegas. No es nada diferente de una guerra que la pandemia no ha logrado silenciar. Hay más de 4.600 causas abiertas contra la policía, pero sólo 66 carabineros han sido imputados.
Tras cinco meses en el hospital, Paola Martínez se llevó a su sobrino, Mario Acuña, a su casa malherido. Llegó con una traqueostomía y una gastrostomía. “Cuando le vi abrir su ojito por primera vez lloré de alegría, yo siempre tengo fe de que el Mario va a salir adelante, a veces imagino que me llama”, cuenta con un hilo de voz.
Acuña, de 44 años, recibió una brutal paliza el 23 de octubre, cuando asistía a una manifestación en Buin, a las afueras de Santiago.
Su tía recuerda que eran un puñado de vecinos, incluidos niños, los que salieron a la calle a poner velas por las víctimas, pero apareció una patrulla policial y “se enzarzó” con él. Estuvo en coma algo más de un mes. Hoy apenas es capaz de seguir la mirada con los ojos y hacer un poco fuerza con las manos.
No saben el daño exacto que tiene porque nunca llegaron a hacerle una resonancia. Proveniente de una familia muy humilde y sin padres, Acuña era un trabajador informal, que no cotizaba y que, por tanto, no tiene derecho a sanidad pública.
“El gobierno no se ha hecho cargo y el hospital, menos. Me enseñaron a aspirarlo, pero no a limpiarle la traqueo ni la gastro. Fui aprendiendo con las pocas enfermeras que venían al principio”, denuncia.
Sobreviven gracias a la ayuda vecinal y a los fondos que varias organizaciones sociales consiguen recaudar. Todo es donado, desde la cama clínica hasta las sondas por donde le alimentan.
Su caso está bajo investigación, pero hay muy pocos avances a un año de la fatal paliza: “Ya no quiero su ayuda, sólo pido justicia”, clama.
Otro caso es el de Álex Núñez, un electricista de 39 años que no sobrevivió a la paliza que recibió el 20 de octubre en Maipú, otra localidad de la periferia de Santiago de Chile.
Núñez ni siquiera estaba manifestándose. Fue a entregar un equipo en pleno toque de queda cuando le sorprendió un control policial. Antes de perder la consciencia “me dijo que le golpearon como si su cabeza fuera una pelota de fútbol”, indica Natalia Pérez, su expareja y madre de sus tres hijos.
“Hay que encontrarlos y sacarlos de la calle porque esos asesinos siguen trabajando. Sus compañeros que saben lo que pasó son igual de culpables. Si quieren limpiar la institución, deben hablar”, agrega.
El joven es una de las cinco víctimas en las que el Estado chileno reconoció su responsabilidad y se presentó como querellante, pero su causa tampoco progresa.
A Pérez, que no ha recibido “ni las condolencias” por parte del gobierno, le gustaría salir a manifestarse este fin de semana, cuando se cumple un año del estallido social y se espera una multitudinaria concentración, pero cree que lo mejor para sus hijos es irse al campo y desconectar: “Estos tipos no se han dado cuenta del dolor que han provocado”.
Brandon Camus, de 23 años, a veces se siente culpable porque está vivo, conserva el globo ocular y “sólo” ha perdido la vista de su ojo derecho, pero no puede controlar la “rabia” que siente contra los Carabineros. La pintura es lo único que le calma.
Un policía le disparó un balín el 14 de noviembre cuando volvía a casa tras marchar por Valparaíso, a 100 kilómetros de Santiago, y aún se le eriza la piel cuando recuerda el momento en que llegó al hospital. “Era como un recinto de guerra, estaban todos sangrando, con un montón de heridas y perdigones”, apunta el universitario, delante de su mesa de trabajo, llena de rostros heridos y dolientes.
Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir perdigones y bombas lacrimógenas en la cara dieron la vuelta al mundo y obligaron al gobierno chileno a lanzar un programa de reparación de traumas oculares y a limitar el uso de estas municiones antidisturbios.
Camus, que está a la espera de una nueva operación, no forma parte del programa porque no vive en Santiago y tiene que costearse el tratamiento por su cuenta. “A los manifestantes nos ven como enemigos, como amenazas. Con la revuelta popular quedó en evidencia que Carabineros no funciona, deberían disolverse y crear una nueva institución con otras lógicas”, indica.
https://www.clarin.com/agencias/efe-vidas-rotas-violencia-policial-protestas-chile_0_vcnI1avJW.html
Alto Analytics es una empresa española dedicada a la fabricación de bulos, a pesar de que uno de sus objetivos comerciales es la denuncia de los mismos.
Tiene oficinas en Madrid, Washington y Sao Paulo. Su actividad abarca 125 países y 53 idiomas. Crea una “buena imagen de marca” en las redes sociales para gobiernos, políticos, candidatos electorales, ONG, empresarios y periodistas. Entre sus clientes están la ONU, la fundación de Bill Gates, Ikea, Telefónica o la banca.
El año pasado la patronal de la banca española le confió la puesta en marcha de un sistema de “gestión de la conversación digital” que hay en las redes sociales en torno a los bancos para recuperar su tradicional “buena reputación” (1).
Sin embargo, se ha especializado en situaciones “delicadas” porque también elaboró un informe sobre los “chalecos amarillos” en Francia. Según su página web, “el software y los algoritmos de inteligencia artificial de Alto convierten miles de millones de puntos de datos públicos en ciberinteligencia accionable para una mejor y más rápida toma de decisiones”.
Lo mismo que Maldita, Newtral y demás cazafantasmas, Alto Analytics elabora una realidad a la medida del cliente, intoxica a los medios de comunicación y redacta informes fraudulentos para que los gobiernos puedan justificar determinadas decisiones, como el estado de excepción en Chile en octubre del año pasado.
Para justificar la represión y la censura, Alto Analytics elaboró un informe que culpaba de las protestas populares en Chile a “actores externos”, o sea, a “los rusos”. El informe fue un encargo de la empresa Quiñenco, que forma parte de uno de los mayores grupos monopolistas chilenos: Luksic. La referida empresa puso a Alto Analytics en contacto con el ANI, la central chilena de espionaje (2).
El 12 de diciembre el gobierno de Piñera pasó el informe a la fiscalía, que no se dejó embaucar por la patraña: aquello solo era “humo”. En las movilizaciones masivas participaron manifestantes “que no tenían coordinación entre sí”, dijo la fiscalía (3).
El 21 de diciembre el diario La Tercera reveló extractos del informe (4).
En Chile las redes sociales se mofaron del gobierno y de los autores del informe que, en aquel momento, aún eran una incógnita (5).
En enero La Tercera volvió a la carga y destapó a Alto Analytics como los autores del bulo (6).
Inicialmente la empresa negó haberlo elaborado, hasta que, un mes después, El Mundo se hizo eco de la noticia (7).
El informe se redactó en inglés y desde febrero se puede leer ahora en la propia web de Alto Analytics (8).
Tras conocerse la autoría, el subsecretario del Ministerio chileno de Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que la empresa española era “de alto prestigio mundial”.
En su informe Alto Analytics constataba una evidencia: la cadena rusa RT aparece en el noveno puesto en el escalafón de medios influyentes de Chile, por encima de TeleSur y, desde luego de la BBC, Deustche Welle, CNN o New York Times.
Esta influencia informativa desarticula a los medios oligárquicos convencionales, que la reconvierten en “injerencia extranjera”, la misma que ha operado en el Brexit, en Cataluña, en las elecciones que ganó Trump… Todo es culpa de RT y los rusos, sin cuyo exorcismo la población chilena no se hubiera levantado hace un año contra el gobierno.
Aparte de los rusos, decía el informe, Chile es muy vulnerable a las “malas influencias” de gente como el portero de fútbol Claudio Bravo o la cantante Mon Laferte. Para que no ocurran disturbios, además de difundir “buena información”, hay que censurar la “mala”, erradicarlos de los buscadores y de las redes sociales.
Desde 2007 hasta el año pasado 279 niños murieron en Brasil mientras trabajaban, un promedio de 23,2 muertes anuales. Cintia perdió un brazo a los 14 años en un moledor. Gedeao comenzó a trabajar a los 8 y perdió un ojo cuando tenía 10. Ramón comenzó a trabajar a los 17 años y quedó tetrapléjico debido a la explotación.
Brasil es un país clasista y racista. La mayoría de los niños y adolescentes explotados son afrodescendientes, procedentes de familias de ingresos bajos.
Además de las víctimas mortales, de las 46.507 notificaciones de accidentes laborales entre niños de 5 a 17 años, 27.924 fueron considerados graves.
“El adolescente que trabaja va a tener peor rendimiento escolar, va a tener menos oportunidades de calificación, de escolarización, y con eso, en el futuro, puede se convertirse en un adulto con menos calificación y sujeto a empleos mal remunerados. A partir de ahí, la historia se repite en el ámbito de su familia. Es lo que llamamos de ciclo intergeneracional de pobreza”, asegura Ana María Villa Real, coordinadora de Combate a la Explotación del Trabajo Infantil, del Ministerio brasileño de Trabajo.
En el futuro los efectos de la crisis, el desempleo, la informalidad y, principalmente, el aumento del absentismo escolar, anuncian índices de explotación infantil aún más graves que los actuales. “Tendremos una explosión del trabajo infantil. Para hacerse una idea, estamos con niveles de empleo próximos a 1992, cuando el trabajo infantil era altísimo en Brasil. Es una alerta para la sociedad, pero sobre todo para el Estado, para la adopción de políticas públicas. Estamos en un momento crucial. O tomamos medidas ahora en el sentido de fomentar la protección social, la promoción de derechos, o tendremos un Brasil asolado por el trabajo infantil”, afirma Villa Real.
Son consecuencias que van más allá de la infancia robada, porque son tiempos que no vuelven, traen secuelas irreversibles tanto desde el punto de vista físico como sicológico.
La pobreza es uno de los factores estructurales que llevan a los niños al mundo de la explotación, “pero está vinculada a otros factores como el racismo estructural, La mayoría de los niños y adolescentes que están en situación de trabajo infantil son afrodescendientes, la mayoría de familias de bajos ingresos. Brasil es un país racista, clasista”, afirma Villa Real.
También está la cuestión de la informalidad, que tiende a ubicar al niño en el proceso de trabajo por ser una mano de obra más barata o hasta gratuita, lo que es muy común en algunos núcleos familiares. Eso perpetua también el ciclo intergeneracional de la pobreza y del trabajo infantil.
El presupuesto para asistencia social se está reduciendo desde 2017. Para tener idea, en 2017 la asistencia social tuvo un déficit de presupuesto del 21 por ciento. En 2018 más del 37 por ciento. En 2019 casi 30 por ciento. Este año más de 35 por ciento.
Para 2021 hay un recorte presupuestario de casi el 60 por ciento. De 445 millones de dólares sólo han concedido 178 millones. “Estamos caminando hacia el abismo social”, dice Villa Real.
Cada 15 días muere una niña o niño víctima del trabajo infantil en Brasil
Los policías están fuera y dentro de las manifestaciones, como si las personas no ejercieran un derecho básico sino que estuvieran cometiendo un crimen. Van armados, protegidos, uniformados y camuflados. Están a los costados, por delante, por detrás. La sobrevuelan con helicópteros, toman fotos y vídeos y luego los archivan para identificar a los participantes, que quedan como sospechosos de haber hecho algo malo.
Todas las manifestaciones del mundo son pacíficas, hasta que llega la policía, carga, golpea y trata de dispersar a la multitud. Luego la prensa cuenta las cosas a la inversa: “estaban los policías reunidos tranquilamente y llegó una muchedumbre violenta que la emprendió a palos con los servidores del orden público”.
Protestar siempre es un delito. Ocurre en todo el mundo. El lunes en Costa Rica el Ministerio de Seguridad Pública infiltró agitadores para provocar disturbios en una manifestación contra el Fondo Monetario Internacional, según un vídeo difundido por Noticias Costa Rica (1).
En la grabación se observa que un contingente de antidisturbios camina con calma por una calle en las inmediaciones de la Casa Presidencial con sus respectivos cascos y escudos de seguridad. Detrás de ellos van dos sujetos, uno con camisa roja y otro con una azul. Ambos caminan con también muy tranquilos.
En segundos se observa que el sujeto de la camiseta roja y su acompañante se detienen, se dan la vuelta y dialogan con un par de policías antidisturbios que venían por la misma calle.
Acto seguido en el audio se escucha: “Sáquennos a nosotros también detenidos, muchachos, sáquennos a nosotros también para estar en la pelota ahora”. Uno de los policías saca las esposas y el tipo de camisa roja coloca sus brazos hacia atrás dejándose detener.
Las imágenes muestran que avanza al lado de otros detenidos sin que estos sepan que es un provocador. El lunes la policía detuvo a 28 manifestantes que están acusados de “agresión a la policía”. Incluso a uno de ellos le acusan de intentar matar a uno de los policías.
Los periodistas le preguntaron al ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, si la policía había introducido infiltrados en la manifestación para que provocaran disturbios, a lo que respondió con un rotundo “no”.
“La Policía tenía una actitud pasiva, tranquila, sosteniendo la línea. Son los manifestantes los que empiezan a agredir ilegítimamente a los policías no solo con piedras, sino con pedazos de acera que empezaron a despedazar para atacarnos”, añadió el ministro (2).
Los convocantes cuentan la versión contraria, y culpan al gobierno y a la policía de incitar a la violencia.
La provocación de disturbios es un truco muy viejo que utilizan los gobiernos para que la prensa hable de ellos y no de la manifestación, ni de los motivos de la misma, ni de los participantes.
(1)https://youtu.be/zM20J46qDOc
(2) https://www.nacion.com/el-pais/servicios/manifestantes-de-rescate-nacional-hieren-a-1/RLCVFZHIOZEDXP77PLRW53LGHQ/story/
Causa indignación el caso de un joven manifestante que fue arrojado desde un puente por un policía el pasado 2 de octubre en Santiago de Chile. Además, durante las protestas masivas por mejoras en la calidad de vida y un cambio constitucional de fines del año pasado, la policía chilena fue acusada de torturas, de disparos indiscriminados que dejaron decenas de lesionados con pérdida total o parcial de la vista y de uso indiscriminado de la fuerza, en algunos casos con consecuencias fatales.
En Colombia murió, a principios de septiembre, el estudiante Javier Ordóñez debido a golpes propinados por policías en una comisaría. Los agentes de seguridad llevaron detenido a Ordóñez porque éste no se atuvo a las normas contra el coronavirus, ya que habría bebido alcohol en la calle. En las protestas contra la violencia policial que siguieron a la muerte de Ordóñez resultaron muertos, según los medios, 13 civiles. A finales de septiembre, el caso de una mujer trans que fue tiroteada en Colombia por un soldado durante un control policial también provocó disturbios.
En junio de 2020, miles de personas salieron a la calle en México para protestar contra el terror policial, después de que un hombre de 30 años, Giovanni López, muriera cuando estaba detenido. López había sido detenido por no llevar una mascarilla contra el coronavirus. Los policías mexicanos son casi tan temidos como los de los cárteles del narcotráfico.
“El nivel de violencia y de ejecuciones sumarias está en muchos lugares de Latinoamérica totalmente fuera de control”, según Fernanda Doz Costa, de Amnistía Internacional. Muchos países ni siquiera registran ese tipo de estadísticas, por lo cual es casi imposible obtener informaciones confiables al respecto.
La historiadora Agustina Carrizo de Reimann investiga sobre la policía en América Latina. La excesiva brutalidad de la policía es un problema estructural desde hace mucho tiempo que puede, en parte, ser explicado por el rol que tuvieron durante las dictaduras y los regímenes fascistas en las décadas de los años 70, 80 y 90.
Muchos policías conservan una forma de pensar similar a la de esa época y casi no se han llevado a cabo reformas en las fuerzas de seguridad desde entonces en la región. «Eso se ve muy bien en los carabineros, la policía chilena. Todavía actúan, en parte, como durante la dictadura de Pinochet, desde 1973 hasta 1990. Los manifestantes son, para ellos, un peligro para el Estado. No son personas que ejercen su derecho a protestar pacíficamente y a quienes deben proteger», subraya Doz Costa. El mismo presidente Sebastián Piñera animó en 2019 a la policía chilena a reprimir duramente a los manifestantes. Piñera describió a los jóvenes que salían a las calles para exigir mejoras de “enemigo implacable” que estaba “en guerra” con Chile.
Durante la dictadura militar, los carabineros estaban bajo el mando del Ministerio de Defensa y en 2011 pasaron a recibir órdenes del Ministerio del Interior. En otros países de América Latina, la policía sigue dependiendo del Ministerio de Defensa, y en algunos los jefes del Ejército son, al mismo tiempo, jefes de la Policía. Sus métodos de entrenamiento son similares a los de los militares.
Otro gran problema es la impunidad de los policías. “En caso de cometer faltas, se los lleva ante un tribunal militar en lugar de ante un tribunal civil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció repetidas veces que eso es inaceptable”, asegura Doz Costa.
La policía no goza de la confianza de los ciudadanos en Argentina. “Primero disparar y luego preguntar”: ese parece ser el concepto de la policía latinoamericana. También en el caso de cuatro adolescentes argentinos que sufrieron un accidente de automóvil que les costó la vida cuando la policía los perseguía, después de que les dispararan sin motivo, en la ciudad de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. El caso es conocido como la “Masacre de San Miguel del Monte”.
La historiadora argentina Carrizo cuenta cómo un policía le disparó a un carterista en plena calle: “Simplemente le apuntó a la cabeza”. La relación de los argentinos con la policía está quebrantada por la falta de confianza en esa institución. “La desconfianza hacia la policía se ve en todas las capas sociales”, indica.
El terror policial afecta, la mayoría de las veces, a los más pobres y a las minorías, sean indígenas, como los mapuches, en Chile y Argentina, o personas negras, como en las favelas de Brasil. Dado que la policía no se ve a sí misma como una fuerza cuyo objetivo es proteger a la población civil, mucho menos se considera protectora de esos grupos, que están en desventaja en la sociedad.
http://laopcion.com.mx/noticia/290134/fuera-de-control-violencia-policial-en-america-latina
La multinacional alemana del automóvil Audi sólo puede ganar dinero en Puebla, México, porque no paga nada, bien porque la han declarado exenta, o porque no paga lo que debe, o porque les quita las vacaciones a los trabajadores, o el seguro de accidentes.
La riqueza de un país europeo como Alemania se sostiene gracias al expolio de un país del Tercer Mundo, como México.
El Ayuntamiento llegó a cerrar la fábrica por los impagos: debe 120 millones de pesos desde el año pasado de un impuesto municipal sobre los terrenos (460 hectáreas) que le regalaron en 2013 para que instalara la fábrica.
Gracias al gobernador Rafael Moreno Valle la multinacional no tuvo que pagar por las tierras donde se instaló y, además, quedó exenta de pagar impuestos estatales durante 12 años.
El gobierno pagó 4 pesos por metro cuadrado para privar de sus tierras a 130 campesinos a cambio de la instalación de la fábrica.
Con el aval del sindicato, la empresa alemana también se niega a reconocer los accidentes laborales para indemnizar a sus trabajadores, les ha quitado sus vacaciones y el derecho a la jubilación.
A mediados de 2018 el sindicato y la empresa firmaron un convenio para disponer de 10 de los 12 días de vacaciones a los que tienen derecho al año los trabajadores. Desde entonces solo pueden tener dos días libres en un año que, además, no pueden ser consecutivos; es decir, tienen que ser distribuidos en los 12 meses.
Es la empresa la que dispone de los días de vacaciones de los trabajadores según las necesidades de la producción, pero ni siquiera hay pagas extra y cuando están en paros técnicos de producción, los trabajadores sólo cobran la mitad del salario.
Audi también se niega a reconocer los accidentes de trabajo. Hace un año un trabajador perdió un dedo, pero la empresa se negó a reconocerlo como accidente de trabajo. En lugar de ofrecerle al menos una indemnización, le amenazaron para que se desistiera de demandar a la empresa. Le dijeron que podía regresar a su puesto o renunciar sin derecho a liquidación.
https://www.periodicocentral.mx/2020/gobierno/item/22416-audi-la-empresa-que-nunca-pierde-en-puebla-se-niega-a-pagar-el-predial-no-reconoce-los-accidentes-de-trabajo-y-les-quito-las-vacaciones-a-sus-empleados