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Los agentes locales de la CIA en el golpe de Estado contra Chile de 1973

En las últimas semanas, por orden de Donald Trump, se han desclasificado en Estados Unidos más de 27.000 documentos relacionados con la investigación del asesinato de John F. Kennedy en 1963. Muchos de estos documentos tienen poco o nada que ver con la muerte de JFK, pero dado que registran operaciones secretas de algunas de las agencias estadounidenses más cercanas a la investigación del crimen, fueron archivados en la colección que Trump ordenó liberar.

Dentro del material desclasificado hay un dossier de cerca de doscientas páginas de documentos de la CIA de 1973 y 1974 relacionados con Chile. Este material nos permite aproximarnos de manera muy cercana a los medios a través de los cuales se desarrollaban las operaciones encubiertas norteamericanas y a la inteligencia que la CIA podía recolectar sobre Chile en diversas partes del mundo.

Un telegrama de la estación de la CIA en Santiago del 13 de mayo de 1974 informaba a los cuarteles generales de la agencia en Langley de un “agente a sueldo recientemente reclutado” cuyo nombre en clave era Futrunk-1. En el lenguaje cifrado de la CIA durante la Guerra Fría, el prefijo “Fu” denominaba a Chile. La palabra “trunk” denominaba a la institución u organización a la que pertenecía el agente o informante identificado con el nombre en clave.

Este documento de mayo de 1974 respondía a una solicitud de agentes de la CIA en París para ayudar a un periodista de la televisión francesa, identificado como Unsober-1, a obtener una entrevista con Pinochet. La estación de la CIA en Santiago señalaba que la solicitud podría responderse favorablemente a través de los oficios de Futrunk-1.

Los agentes en Chile, sin embargo, no eran partidarios de realizar la gestión, entre otras cosas porque no querían que el periodista francés se enterara de que Futrunk-1 era un agente a sueldo de la CIA, lo cual era virtualmente inevitable si es que la entrevista en efecto tenía lugar.

De esta explicación es posible colegir que Futrunk-1 era un funcionario de gobierno muy cercano a Pinochet —de allí su capacidad de gestionar la entrevista— y que tenía alguna prominencia pública —lo que podría explicar la renuencia de la estación de la CIA en Santiago a que su nombre pudiese ser reconocido por el periodista francés.

Varios reportes emitidos por la estación de la CIA en Santiago en septiembre de 1974 nos permiten reconocer más claramente otras instituciones y organizaciones en las que la CIA contaba con agentes e informantes chilenos. A principios de ese mes, se hizo pública en Estados Unidos una carta del parlamentario demócrata Michael Harrington a su colega Thomas Morgan en la que se detallaban algunas de las actividades encubiertas de la CIA en Chile desde 1964. Ante la amplia publicidad dada por la prensa norteamericana a las afirmaciones de Harrington, la estación de la CIA en Santiago quiso consultar con algunos de sus informantes y agentes sobre el posible impacto que estas revelaciones podían tener en Chile.

En un telegrama del 12 de septiembre de 1974, se informaba de conversaciones con Fuermine-1 y 5, Fubrig-1 y 2, Fupocket-1 y Fubargain-1. Fuermine-1 y 5 eran claramente miembros del Partido Demócrata Cristiano. Fuermine-1 se disponía en esos días a viajar a Europa invitado por una organización de la Democracia Cristiana alemana. Fuermine-5, por su parte, había recibido fondos de la CIA poco después del golpe para financiar un viaje de miembros del partido a varios países de Europa para explicar las razones del derrocamiento de Allende.

En efecto, en octubre de 1973 viajaron a Europa los militantes democratacristianos Juan de Dios Carmona, Juan Hamilton y Enrique Krauss; en noviembre lo hizo Patricio Aylwin. Es probable que ninguno de ellos supiera del origen del financiamiento de sus viajes. No obstante su molestia por la filtración de la información en Estados Unidos, Fuermine-5 manifestó a su interlocutor de la CIA que la imprecisión con que Harrington describía esta maniobra y su propia cautela en la administración de los fondos impedirían que la información se hiciese conocida incluso dentro de su propio partido.

La CIA financió el diario El Mercurio

Fubrig-1 y 2 eran o habían sido altos funcionarios de El Mercurio, de acuerdo a lo que puede inferirse de los reportes de la CIA del 12 y el 17 de septiembre de 1974. Las afirmaciones del representante Harrington no se referían explícitamente a El Mercurio, pero no era difícil hacer la asociación. En los días siguientes, además, la prensa norteamericana aludiría explícitamente al diario de Agustín Edwards como receptor de fondos de la CIA y la misma página editorial de El Mercurio desmentiría enérgicamente las acusaciones, calificando a Harrington como un mero “lugarteniente” del Senador Ted Kennedy, una de las principales voces opositoras a la dictadura militar en el concierto internacional.

La actitud desafiante y agresiva de El Mercurio puede explicarse en parte porque, de acuerdo a lo señalado por Fubrig-2, la nueva administración del diario no sabía de los aportes de la CIA entre 1970 y 1973. Fubrig-2, a quien los reportes de la CIA describen como la persona que “dirigía el show” en El Mercurio en los años de Allende, habría administrado los recursos de la CIA de manera que no quedaran rastros evidentes de su origen, por lo que es probable que oficialmente no hubiera rastro de esos fondos, ni siquiera dentro de la documentación del diario. Por supuesto, otra cosa es asumir que nadie en El Mercurio sabía por medios informales de las significativas cantidades de dinero —alrededor de un millón de dólares de la época— que el diario recibió de la CIA entre 1970 y 1973. Fupocket-1 muy probablemente pertenecía a una organización empresarial o gremial anti-allendista.

El documento del día 12 de septiembre de 1974 señala que este individuo había sido el receptor de 25.000 dólares para la compra de una radio poco antes del golpe de estado. Fupocket-1 también manifestó su molestia con el hecho de que estas operaciones salieran a la luz pública en Estados Unidos. Sin embargo, se mostró confiado de que su nombre no sería asociado a la compra de esta radio, por cuanto su identidad no aparecía en ninguno de los documentos con los que se realizó la transacción y, además, en su “grupo” nadie supo que se destinaron fondos específicamente para esta maniobra.

Por último, Fubargain-1 era un oficial de alto rango de alguna de las fuerzas armadas, probablemente el Ejército, con acceso directo y aparentemente cercano a Pinochet. De acuerdo a lo señalado por Fubargain-1 a su interlocutor de la CIA, a Pinochet le pareció “tonto” que en Estados Unidos se dieran a conocer las operaciones de inteligencia relacionadas con Chile, pero no se alteró demasiado. Distinta fue la actitud de oficiales de más bajo rango. Para este grupo, al que Fubargain-1 describía como ignorante de las formas de la política estadounidense, las revelaciones sobre la intervención de la CIA en Chile y su amplia difusión en la prensa norteamericana sólo podían representar un intento de sabotaje de la labor del régimen militar. Estos oficiales, además, resentían la falta de reconocimiento a la independencia con la que habían actuado las fuerzas armadas en el derrocamiento de Allende.

Aunque Fubargain-1 no compartía totalmente este diagnóstico, pues sus viajes a Estados Unidos le habían permitido llegar a comprender mejor la política de ese país, en esta ocasión mostró por primera vez ante agentes norteamericanos su disconformidad con lo que él percibía como una creciente incomprensión de la labor de la Junta Militar por parte del gobierno estadounidense.

Los planes de resistencia armada

De acuerdo a algunos reportes de la CIA fechados poco después del 11 de septiembre de 1973, algunos grupos de la izquierda chilena, en algunos casos en colaboración con agentes diplomáticos cubanos, habían diseñado planes de contingencia para la eventualidad de un golpe militar contra el gobierno de Allende. En su libro El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana, la historiadora Tanya Harmer describe con bastante detalle la batalla que tuvo lugar el mismo 11 de septiembre en la embajada de Cuba en Santiago entre fuerzas militares chilenas y un centenar de ciudadanos cubanos que resistieron por algunas horas parapetados en la sede diplomática. La razón por la cual la embajada de Cuba se convirtió en un campo de batalla fue que en la sede diplomática se almacenaba una gran cantidad de armas que los representantes cubanos habían ingresado a Chile durante el gobierno de Allende y que supuestamente debían ser usadas para defender el gobierno revolucionario de la Unidad Popular ante un golpe militar.

Documentos de la CIA producidos pocos días después del golpe complementan el relato de Harmer, basado principalmente en testimonios personales de agentes diplomáticos cubanos. De acuerdo a un reporte de la estación de la CIA en Ciudad de México del 21 de septiembre de 1973, un oficial de inteligencia cubano había señalado que el golpe militar no los había sorprendido en absoluto. Según lo señalado por este agente, tanto Fidel como la numerosa representación diplomática y militar cubana en Chile consideraban que Allende era un “buen marxista, pero no mostraba suficiente agresividad hacia sus enemigos”.

En efecto, las credenciales revolucionarias del martirizado presidente chileno eran impecables en lo teórico, pero insuficientes para la concreción efectiva de un proyecto de transformación radical como el propuesto por la izquierda chilena. La derrota de Allende sería para Castro y la política exterior cubana una confirmación indesmentible de la insuficiencia de los medios institucionales para el triunfo de una revolución de izquierda.

Más sorpresiva para la inteligencia y la diplomacia cubana había sido la organización de las fuerzas armadas chilenas en el golpe de estado. Aparentemente, los escenarios de posible resistencia que se habían diseñado por parte de la representación cubana en Chile no contaban con la determinación e implacabilidad demostrada por los militares chilenos a partir del 11 de septiembre y se basaban parcialmente, como también señala Harmer, en una expectativa demasiado optimista respecto de la capacidad de organización clandestina de los partidos de la izquierda chilena, muchos de cuyos miembros habían recibido armas y algún tipo de entrenamiento militar por parte de Cuba.

En cualquier caso, el oficial de inteligencia cubano en México manifestaba su confianza en que más temprano que tarde se organizaría algún tipo de resistencia armada a la flamante dictadura militar. Cuba había logrado introducir y distribuir en Chile un alto número de “armas automáticas, explosivos e incluso armas anti-tanques y anti-aéreas”. El destino de esas armas es más o menos incierto. Muchas de ellas, de acuerdo a Harmer, fueron almacenadas en La Moneda y la casa particular de Salvador Allende en calle Tomás Moro, por lo que cayeron rápidamente en poder de los militares. Otra cantidad importante estaba almacenada en la embajada de Cuba en Santiago y de ellas se hizo cargo Harald Edelstam, embajador de Suecia en Chile, quien se comprometió a distribuirlas en cuanto pudiera. En cualquier caso, el testimonio del oficial de inteligencia cubano en México el 21 de septiembre daba a entender que existía un número suficiente de armas y municiones en Chile, a su juicio de mejor calidad y capacidad que el armamento de las fuerzas armadas chilenas, como para poder esperar que se organizara en el mediano plazo una resistencia armada efectiva a la dictadura militar.

Otra línea de apoyo internacional a planes de resistencia de la izquierda chilena habría provenido de Perú. Reportes de la estación de la CIA en Lima fechados el 21 y el 26 de septiembre de 1973 indicaban que pocos días después del golpe el Partido Comunista Peruano de línea soviética (PCP/US) había activado un plan de contingencia en cuyo diseño aparentemente había participado la misión diplomática chilena en la capital peruana. De acuerdo a la fuente de la CIA, identificada como un ciudadano chileno residente en Lima, la embajada de Chile en Perú informó rápidamente al Comité Central del PCP/US del golpe en Chile, aparentemente para activar el plan previamente diseñado.

El Comité Central del PCP/US decidió, mientras esperaba por instrucciones de Moscú, enviar a seis miembros de las Juventudes Comunistas a Chile. Para cruzar la frontera, los comunistas peruanos contaban con pasaportes oficiales con identidades falsas, expedidos antes del golpe por la embajada chilena en Lima.

Las instrucciones de Moscú llegaron finalmente el 15 de septiembre. De acuerdo a estas directrices y las posibilidades del momento, el Comité Central del PCP/US decidió instruir a un número indeterminado de sus cuadros a asistir a sus camaradas chilenos en la reorganización del partido en la clandestinidad y, eventualmente, en la organización de la resistencia armada a la dictadura. A esta empresa se unirían comunistas de otros países latinoamericanos, que se organizarían en Lima para emprender el viaje a Chile en la última semana de septiembre. La prioridad en ese momento la tenía la reorganización del partido en Chile.

Sólo si la situación lo permitía se consideraría la posibilidad de montar una resistencia armada al régimen. Según los comunistas peruanos, no era necesario ingresar armas a Chile, por cuanto aún había suficientes escondidas en el país para la eventualidad de una insurrección contra la dictadura militar. No existen registros posteriores que den cuenta de la efectiva puesta en marcha de esta operación, lo cual, si es que ocurrió, de todos modos no tuvo ningún efecto en el desarrollo de los sucesos en Chile. Ante la determinación y brutalidad con la que actuaron las fuerzas armadas a partir del 11 de septiembre de 1973 y por más armas que se hubieran ingresado a Chile, ningún plan de resistencia civil podía resultar efectivo.

http://www.theclinic.cl/2018/01/02/los-chilenos-la-cia-otras-historias-nuestra-guerra-fria-mundial/

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Israel creó una escuela de terrorismo para los golpistas centroamericanos

Matanza de Dos Erres
Es posible que a más de uno le haya sorprendido que Guatemala secundara fielmente la decisión de Trump de trasladar la capital de Israel a la Jerusalén ocupada y se pregunte por los motivos de ello. También es posible que suponga que ha sido por servilismo hacia Estados Unidos, lo cual es cierto; pero falta otro aspecto importante: el servilismo hacia Israel, un país cuya presencia en Centroamérica es un secreto a voces.

Desde los años ochenta, en plena vorágine criminal de los golpistas centroamericanos, Israel ha intervenido activamente en todos y cada uno de las matanzas y crímenes que se han cometido, especialmente en Guatemala.

El sanguinario general Ríos Montt confesó a un periodista de ABC News que en 1982 su golpe de Estado no llamó la atención -a diferencia de otros- porque sus soldados estaban adiestrados por 300 consejeros militares del Mosad.

Como buen Estado mafioso, Israel se apoya en la “omertá” de las grandes cadenas, donde tiene grandes cómplices que le permiten matar en silencio.

Uno de aquellos 300 asesinos del Mosad, el coronel Amatzia Shuali, confesó que no le gustaba lo que hacían los “paganos” con las armas, pero le daba lo mismo: “Los que nos aprovechamos somos los judíos”, relató a Andrew y Leslie Cockburn en “Dangerous Liaison”.

Aunque la presencia israelí en Centroamérica se remonta a los sesenta, se intensifica tras las restricciones impuestas a la “ayuda exterior” en época de Carter como consecuencia de las denuncias internacionales que llovieron desde el Golpe de Estado en Chile en 1973.

En Centroamérica Israel encontró un mercado y un punto de apoyo diplomático basado en lo que mejor se les da: el crimen. Los siniestros métodos empleados por el ejército israelí en Cisjordania, Gaza y Líbano se exportaron a Guatemala, El Salvador o Nicaragua, países sacudidos entonces por la guerrilla.

La prensa local hablaba entonces de “palestinización” y no se refería sólo a la guerrilla sino a las poblaciones indígenas, que comenzaban a ser exterminadas implacablemente a la manera sionista, como en el poblado de Dos Erres, en El Petén.

La soldadesca mató a toda la población e incendiaron las viviendas. Los cadáveres llenaron las calles. Muchos de ellos tenían la cabeza destrozada a martillazos. Unos días antes de la matanza, Reagan había visitado a su socio Ríos Montt, pero además del respaldo de la Casa Blanca, el asesino tenía otro apoyo no menos importante: toda la munición que se ha encontrado en las fosas comunes es Galil, fabricada en Israel.

Hace un año una jueza guatemalteca hizo lo que ningún juez en España: detuvo a 18 de los asesinos de Dos Erres, entre ellos a Benedicto Lucas García, antiguo jefe de Estado Mayor del ejército, que fue un innovador en las técnicas de tortura, especialmente exitosas con los niños. El general les hablaba a sus esbirros del soldado israelí como “un modelo y un ejemplo para nosotros”.

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La tortura es impune también en Ecuador porque es un crimen del Estado

Andrés y Santiago Restrepo fueron torturados y desaparecidos en 1988 durante el gobierno de Febres Cordero. Años más tarde, en 1995, Daniel Tibi, ciudadano francés, quien trabajaba en Ecuador como comerciante de joyas fue detenido extrajudicialmente y torturado al interior de la Penitenciaria del Litoral. Estos casos al igual que el de “Los 11 de Putumayo”, o el de “Los Hermanos Jiménez” tienen algo en común: la detención arbitraria, los actos de tortura realizados por miembros de la Policía o el Ejército, y la impunidad en el sistema de justicia ecuatoriano.

Parecía que esta historia había quedado atrás, al menos así lo dijeron quienes estuvieron al mando del gobierno los últimos diez años. Pero no fue así. Dos casos ocurridos durante el gobierno de Rafael Correa, recuerdan que la tortura por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, y la impunidad frente a estos casos continúan persistiendo en el país: el Caso Ayol y el Caso Turi.

El Caso Ayol ocurrió en septiembre del 2014. En ese entonces, Angelo Ayol de 17 años era, estudiante del Colegio Mejía, fue detenido arbitrariamente y luego torturado por miembros de la Policía Nacional en medio de una protesta estudiantil. Después de tres años, donde existieron seis intentos de reconstrucción de los hechos, se llegó a la Audiencia Preparatoria de Juicio.

El Juez de la Unidad Penal de Pichincha, Giovanny Freire, señaló en su dictamen de 23 de octubre de 2017, que en el proceso se prueba que Angelo Ayol fue arrestado, golpeado y torturado por efectivos de la Policía, pero no se logró probar la responsabilidad de los dos policías procesados. Los policías fueron sobreseídos.

En el Caso Turi, hasta ahora, tampoco se ha logrado establecer la responsabilidad penal de los policías involucrados, pese a que se cuenta como prueba con el vídeo de seguridad de la cárcel del Turi, donde se muestran las torturas a las que fueron sometidas 200 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en esta cárcel ubicada en Azuay.

La justicia en un primer momento trató este caso como un Delito de Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, sin embargo, sobreseyó a los quince policías implicados. Parecía que el caso nuevamente quedaría en la impunidad, pero el 22 de diciembre pasado, la justicia decidió nuevamente llamar a juicio a 42 policías, retomando el delito de Tortura. De esta manera el Caso Turi se convierte en uno de los pocos casos que se juzgan por este tema en la actualidad en Ecuador.

200 torturados en la cárcel de El Turi

Las negras botas pisaban sin piedad las cabezas, las piernas y los torsos desnudos de los prisioneros. Pasan una y otra vez por medio de los cuerpos, se aseguran que nadie se mueva, ni se queje. En otro momento se aprecia cómo un policía vestido de camuflaje y un chaleco antibalas saca un objeto de entre sus ropas, se agacha y acerca el aparato hacia uno de los detenidos, éste se sacude y retuerce todo su cuerpo como respuesta ante lo que se presumen fueron corrientes eléctricas; ante su actitud de dolor, otro policía asesta un potente toletazo sobre sus nalgas y el castigo continúa. Uno de los detenidos, en su intento desesperado de evitar que lo torturen, prefiere untar excremento sobre su cuerpo.

Estos hechos se aprecian en el vídeo de seguridad de la cárcel de El Turi. Allí se registran cada una de las agresiones en contra de los reos, ese 31 de mayo de 2016. Este vídeo constituye una de las pruebas más contundentes y completas de una violación a los derechos humanos, según Daniel Véjar, abogado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, quienes han acompañado este caso.

“Están en el infierno”, con esta frase habría iniciado el operativo de requisa. El operativo estuvo conformado por ochenta policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). El grupo UMO es el encargado de controlar el orden en eventos masivos y en protestas sociales; el GIR en cambio es un grupo élite formado en contra de la delincuencia.

Integrantes de estos dos grupos fueron los encargados de “mostrarles el infierno” a los casi 200 internos de los pabellones JB y JC. Los sacaron violentamente de sus celdas mientras les propinaban toletazos y les rociaban gas pimienta, según los testimonios de los detenidos, los agentes les habían dicho que esta era “su presentación”.

Los policías pusieron a los reclusos boca abajo con los brazos sobre la cabeza. Nadie podía siquiera regresar a ver, al menor intento, un policía lanzaba un severo golpe con su tolete sobre el cuerpo de un recluso. Uno a uno los llevaron hasta un rincón, donde un castigo peor comenzaba. Cada preso era obligado a desnudarse completamente frente a los policías. Sus zapatos fueron lanzados a las gradas que conectan el pabellón con el resto de la cárcel. Los presos tuvieron que hacer “sapitos” (saltar en cuclillas) y mostrar su ano por orden policial. Terminado el castigo, los presos intentaban vestirse a la velocidad de la luz y regresar con los pies descalzos, nuevamente a la fila, que era ordenada por otro policía a punto de patadas. Por testimonio de los prisioneros durante la primera audiencia del juicio de Habeas Corpus, se sabe, entre otras cosas, que les dijeron: “escoria”, “mujercitas”, etc.

La Defensoría Pública de Azuay presentó una Acción de Hábeas Corpus a favor de trece personas privadas de libertad PPL de El Turi, en junio del 2016, luego de los hechos sucedidos.

Según el artículo 89 de la Constitución, el Hábeas Corpus busca recuperar la libertad de una persona injustamente detenida y, proteger la vida e integridad de una persona privada de la libertad, por lo que este debe darse en un máximo de veinte y cuatro horas de presentada la acción. Sin embargo, en el Caso El Turi pasaron cuatro meses donde se hicieron seis audiencias de Habeas Corpus para que finalmente este recurso se conceda.

La primera audiencia de Habeas Corpus se realizó entre el 23 y 31 de junio del 2016; en esta ocasión se presentaron los vídeos de seguridad del Centro Penitenciario, donde se constatan las agresiones ocasionadas por los policías. Pese a esto, el Ministerio del Interior, en ese momento encabezado por José Serrano, solicitó que se realice un peritaje de los vídeos presentados, argumentado que fueron manipulados por la Defensoría Pública. En la segunda audiencia, los jueces concedieron el Habeas Corpus a favor de los trece privados de libertad y dispusieron acciones de reparación. El Ministerio del Interior apeló la sentencia aduciendo que uno de los jueces no tenía competencias para dictar esta medida. Una nueva audiencia de Habeas Corpus, la tercera, se da el 22 de julio del 2016, sin la participación de los detenidos y sin la presentación de los vídeos de seguridad de la cárcel. En esta audiencia, la sentencia anterior fue anulada, pese a que se reconoció la violación del Derecho a la Integridad de los PPL. La cuarta audiencia de Habeas Corpus intentó realizarse el 5 de septiembre del 2016, pero fue suspendida pese a que contó con la presencia de los detenidos. Días más tarde, la quinta audiencia convocada para el 22 de septiembre volvió a suspenderse. Finalmente, la acción de Habeas Corpus se concede a favor de los trece Privados de la Libertad, tras la sexta audiencia realizada.

En la sentencia de Hábeas Corpus, entre otras cosas, se estableció que cada 31 de mayo, la policía reciba un curso de derechos humanos, y que el Ministerio del Interior, de Justicia y los policías implicados ofrezcan disculpas públicas a los PPL de El Turi, las mismas que debían ser publicadas en un diario.

Al juicio de Habeas Corpus le siguió un juicio penal, que buscaba sancionar a los responsables por la violación de derechos hacia los detenidos. El 26 enero del 2017, la Fiscalía del Azuay formuló cargos en contra de 46 policías por el Delito de Tortura, artículo 151 del COIP). Vendría después la reconstrucción de los hechos, según el procedimiento penal, sin embargo, esta acción fue aplazada por cinco ocasiones. Finalmente, al sexto intento, realizado entre el veinte y cuatro y veinte y cinco de mayo, se logró recrear lo sucedido en Turi. Según Daniel Véjar, abogado de INREDH, los recurrentes aplazamientos para la reconstrucción de los hechos demuestran una falta de voluntad y de coordinación entre las instancias del Estado para dar información y sancionar el caso: “Hubo seis intentos de reconstrucción de los hechos, se puede suspender una o dos veces hasta que se emitan los permisos necesarios, pero suspender las seis veces, sí que llama la atención. Faltó la voluntad del Estado para hacer esta diligencia”.

No hay torturas sino ‘extralimitaciones’

Posteriormente, la Fiscalía solicitó una Audiencia de Reformulación de Cargos que se llevó a cabo el 8 de junio, y donde el Delito de Tortura bajo el cual se investigaba a los policías, cambia por “Extralimitación en la Ejecución de un Acto de Servicio”, pero ¿qué diferencias hay entre estos dos delitos?

Según el Código Penal, un funcionario púbico en ejercicio de sus funciones puede cometer tortura por instigación propia o bajo su consentimiento, ante lo cual se establece una pena de 10 a 13 años, según el artículo 151 del COIP. Mientras que el delito de Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, artículo 293 del COIP, se refiere al servidor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Agente Penitenciario que durante sus funciones, no hiciera uso progresivo de la fuerza y causará lesiones en contra de una persona, este delito está castigado con una pena máxima tres años.

Es decir, la justicia consideró que las actos sucedidos en El Turi no fueron tortura, sino que solamente a la Policía se le pasó la mano en el uso de la fuerza, durante el operativo.

Daniel Véjar de INREDH critica este cambio de tipo penal y cita la Convención Americana de Derechos donde se establece que para configurarse un caso de tortura no importa la intensidad, ni la profundidad de las lesiones sino el objetivo: “Existe tortura que no necesariamente deja huellas, pero no por eso, deja de ser tortura. El tiempo mínimo de las lesiones demostraba que no eran suficientes para ser tortura, pero no debería importar la intensidad, sino la finalidad”. Para él, en este caso si existió una finalidad, puesto que los mismos policías durante el proceso habrían manifestado que los PPL se encontraban amotinados por lo que procedieron a neutralizarlos. Esto demuestra dice Véjar, que hubo una finalidad que fue el castigo.

Luego de este cambio en el tipo penal, vendría la Audiencia de Formulación de Cargos, donde el Fiscal Adrián Arpi se abstuvo de acusar a 34 policías por “falta de pruebas”, el 1 de agosto de 2017. Así la lista de imputados se redujo de 49 a 15. Posteriormente, el diez de agosto del 2017, se realizó la Audiencia Preparatoria de Juicio y el Juez Penal de Cuenca, Alfredo Serrano, consideró que no hubo suficientes elementos para dictaminar la responsabilidad de los quince policías acusados, aunque el Juez si reconoció la existencia del delito. Daniel Véjar, abogado, cuestiona que no se hayan señalado responsabilidades penales en esta audiencia “El error del juez es reconocer que existe materialidad y no decir, vuélvase a investigar o sígase investigando”.

El caso de El Turi volvió a reactivarse el 10 de octubre, cuando la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, declaró la nulidad del proceso de investigación por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio en contra de policías procesados. De esta manera, todas las audiencia, sus resoluciones quedaron sin efecto, y el caso volvió a tratarse como Tortura. Ante ello, el 15 de diciembre, 42 policías, entre ellos el Mayor René Cañar, quien figuró como jefe del operativo en la Cárcel de El Turi, fueron convocados a la audiencia de evaluación y preparatorio del juicio por el Delito de Tortura. Finalmente y luego de un año y medio de los hechos, el juez William Sangolquí decidió llamar a juicio a cuarenta y dos policías, en la audiencia realizada el viernes 22 de diciembre del 2017.

Los torturadores son premiados

El Caso de El Turi es uno de los más recientes casos de tortura que se registran en Ecuador, y donde participan efectivos de la Policía Nacional; sin embargo, no es el único. En el 2010, se presentó el Informe de la Comisión de la Verdad que investigó 118 casos de violaciones a derechos humanos, sucedidos entre 1984 y 2008.

En estos 118 casos se identificaron seis tipos de violaciones de derechos: privación de la libertad, violencia sexual, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, atentado contra la vida y tortura; sucedidos en contra de 456 víctimas; de estas, 365 fueron víctima de tortura.

Según las investigaciones de la Comisión de la Verdad, en 158 casos de tortura se presume la participación de la Policía Nacional, mientras que el Ejército estaría involucrado en 147 casos y en catorce de estos habría una participación conjunta de estas dos ramas de la Fuerza Pública.

En el 2013, la Comisión de la Verdad llevó a Fiscalía los expedientes de los 118 casos de violaciones a derechos humanos que investigó, y 18 expedientes más sobre casos que el organismo no logró estudiar, para un total de 136 casos para que se investiguen judicialmente y se inicien procesos penales en contra de los responsables; sin embargo Elsie Monge, Directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, en entrevista para Wambra en mayo de 2017, mencionó que de estos 136 casos, solo 6 se judicializaron y dos terminaron en sentencia: el Caso Cajas, Jarrín, Vaca y el Caso Lema.

Sancionar a los implicados en casos de tortura también ha sido casi imposible dentro de la misma institución policial y militar. En el caso El Turi pese a las reacciones de las autoridades tampoco ha habido sanciones. El 22 de septiembre del 2016, en una rueda de prensa, José Serrano, ex ministro del Interior, y Ledy Zúñiga, ex ministra de Justicia reconocieron la existencia y gravedad de los hechos al interior de cárcel; ofrecieron además una investigación administrativa. Sin embargo, a más de un año de los hechos ningún policía, ni el encargado del operativo René Cañar, fueron sancionados, ni siquiera administrativamente. Es más, el entonces mayor René Cañar fue posteriormente ascendido a capitán.

Para Daniel Véjar, este tipo de casos y violaciones de DDHH en donde está involucrada la Policía o las Fuerzas Armadas se siguen repitiendo porque el Estado no sanciona estos hechos: “Existen tantos patrones de repetición que cabe la pregunta ¿son hechos aislados, o si hay una falta de preparación suficiente en la Policía, o si existe una retaliación, falta de profesionalización, o a quiénes estamos nombrando para que ocupen esos cargos de poder? Tenemos una conducta que ha permanecido desde el Caso Restrepo hasta la actualidad y esto no se corrige”.

Esta aparente falta de voluntad del Estado para sancionar y prevenir los casos de tortura parece no solo estar en la justicia sino también en otros niveles del Estado. Así, Ecuador es un estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en cumplimiento con esta obligación creó en 2012, la “Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes”, a cargo de la Defensoría del Pueblo. Este organismo debe monitorear las condiciones en las que se encuentran las personas dentro de los lugares de privación de libertad, y busca prevenir que se realicen actos de tortura en estos espacios; su monitoreo debe ser parte de un informe anual. Sin embargo, en la página web de la Defensoría todavía no está colocado el informe 2016, año en que sucedieron los hechos en la cárcel de El Turi.

Para el abogado de INREDH es muy distinto cómo el Estado trata los casos de tortura frente a otros, como la criminalización a la protesta. Menciona que la justicia ecuatoriana ha sancionado en los últimos años con más rigurosidad la protesta, pero no así actos de tortura:

“El Estado se ha dado maneras de sancionar cosas mucho menos graves o que no deberían ser delito, como el Ataque o Resistencia, o el delito de Paralización de Servicio Público cuando estos son un ejercicio de resistencia o protesta social. Pero si se evidencian todo tipo de trabas cuando el acusado, es personal del Estado”.

https://wambra.ec/ecuador-tortura/

Escena grabada de las torturas a los presos en la cárcel de El Turi
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Colombia, la paz de los cementerios: dos militantes torturados y asesinados en dos días

Gonzalo Antonio Martínez Guisao
Entre la noche del pasado miércoles y la mañana del viernes asesinaron a dos dirigentes sociales en distintas partes de Colombia. El primero fue Gonzalo Antonio Martínez Guisao, asesinado el miércoles por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia cuando se dirigía al municipio de Carepa (Antioquia), y el segundo, Esneider Ruiz Barreto, quien murió en Puerto Guzmán (Putumayo).

A Martínez unos desconocidos que pertenecían a las AGC, lo bajaron de la camioneta en la que viajaba por la vía que comunica a Carepa (Antioquia) con el corregimiento de Saiza (Córdoba), a la altura del corregimiento de Piedras Blancas. Eran alrededor de las 6:30 pm. Su cuerpo fue encontrado con cuatro impactos de bala, que habría recibido a eso de las diez de la noche. En ese intervalo de tiempo fue torturado.

Martínez era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pechinde, en el corregimiento de Saiza, donde, además, está presente la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas). Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Carepa. Su muerte ha causado incertidumbre en Pechinde, pues sus familiares se sienten amenazados y se ha hablado, incluso de un desplazamiento masivo por motivos de seguridad.

Poco más de un día después fue asesinado Esneider Ruiz Barreto, un joven de 26 años, en Puerto Guzmán (Putumayo). La organización a la que pertenecía Ruiz, Marcha Patriótica, ha advertido que “el contexto de la región del Putumayo continúa critica sistemática y selectiva contra dirigentes sociales”. Ruiz, además de ser de Marcha Patriótica, formaba parte de Atcam, filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).

El gobierno quiere hacer creer que estos asesinatos no son sistemáticos y que obedecen a otras causas, distintas a la del trabajo de los dirigentes. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró hace poco que “hay un origen multicausal, pero estamos identificando ya unos fenómenos que son preocupantes desde el punto de vista de eventual presencia de reductos de [los paramilitares] Autodefensas”.

Los asesinatos de los militantes está cada vez más presente en el plano político. La ONU afirmó que este año han sido asesinados alrededor de 105 dirigentes sociales en Colombia.

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/dos-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-menos-de-dos-dias-articulo-729923

 
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Miles de peruanos salen a la calle para protestar por el indulto a Fujimori

Convocados por el colectivo “No a Keiko”, miles de peruanos han salido a la calle para demostrar su repulsa hacia la decisión del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar a Fujimori, que cumplía 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Los manifestantes aseguran que el indulto es ilegal y los familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta han pedido la anulación del indulto “humanitario”, que es consecuencia de un cambalache político: el 21 de diciembre Kuczynski no fue cesado por corrupción a pesar de las acusaciones en su contra hechas por los fujimoristas de Fuerza Popular. Sin embargo, el hijo de Fujimori, Kenji Fujimori, se abstuvo en la votación, a cambio del indulto de su padre.

El ejército peruano secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle conocida como La Cantuta. Tras el 18 de julio de 1992 nadie ha vuelto a ver con vida a Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz, Armando Amaro, Robert Edgar Teodoro, Heráclides Meza, Felipe Flores, Marcelino Rosales, Juan Gabriel Mariños y al catedrático Hugo Muñoz.

Es uno de los crímenes por los que Fujimori fue condenado a prisión.

El congresista Henry Pease denunció en 1993 frente al pleno del Congreso que había recibido un documento con información detallada sobre cómo habían sido asesinados y desaparecidos por el Servicio de Inteligencia del Ejército.

Aunque el fujimorismo negó la acusación, se formó una comisión investigadora pero ningún criminal quiso admitir su crimen.

Tras semanas de rechazar denuncias en su contra, el general Nicolás Hermoza admitió en el Congreso la posibilidad de que militares hubieran participado en el secuestro de La Cantuta.

Luego aparecieron cuatro fosas en un descampado en Cieneguilla donde dos testigos aseguraron ver a los militares enterrar con prisa los restos de los desaparecidos.

En 1994 ocho miembros del Ejército fueron condenados por el asesinato de las diez personas. Sin embargo, once meses después Fujimori fue reelegido y el Congreso aprobó una ley de Amnistía que dejó libres a todos los criminales.

Tras un proceso judicial de dos años, Fujimori fue condenado por el Tribunal Supremo, que le otorgó 25 años de prisión por ser el autor mediato del crimen de La Cantuta y Barrios Altos.

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Indulto a Fujimori: también Perú concede ‘licencia para matar’

Alberto Fujimori
Ayer el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó un “indulto humanitario” a su predecesor en el cargo Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado con alevosía, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Preparando el terreno, Fujimori, de 79 años y que gobernó el país entre 1990 y el 2000, fue internado el día anterior en una clínica local por un cuadro de «hipotensión» y «arritmia». Una junta médica completó la farsa al recomendar su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

El asunto es mucho más sencillo. Se trata de un intercambio. Unos días antes 10 congresistas de Fuerza Popular, el partido de Fuhimori, salvaron a Kuczynski de la destitución, y “de bien nacidos es ser agradecidos”.

Fujimori fue recluido en setiembre del 2007 en el penal de Barbadillo, tras llegar extraditado de Chile.

También fue condenado por el delito de secuestro agravado, por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Otra de sus condenas fue por usurpación de funciones, soborno y falsedad ideológica, al probarse el pago de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos por compensación de tiempo de servicios.

En setiembre del 2009 fue sentenciado a 6 años de cárcel por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, por el espionaje a políticos y periodistas y por la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.

En enero del 2015 había sido condenado a 8 años de cárcel por malversación de fondos públicos, al haber ordenado el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló esta condena.

En 2013 el gobierno de Ollanta Humala denegó otra petición de “indulto humanitario” solicitado por sus hijos un año antes.

https://elcomercio.pe/politica/alberto-fujimori-libertad-ppk-le-dio-indulto-humanitario-noticia-483996

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El ELN prorrogará el alto el fuego si las negociaciones con el gobierno colombiano progresan

La organización guerrillera colombiana ELN prorrogará el alto el fuego si las negociaciones con el gobierno continúan progresando, aseguró el lunes en una carta a la ONU publicada en Twitter. “Estamos dispuestos a acordar un nuevo alto el fuego una vez que hayamos evaluado conjuntamente en la mesa de negociaciones el progreso, la confianza y los resultados del actual”, dice el comunicado.

El mensaje está dirigido al jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, y un nuevo acuerdo con el gobierno ampliaría el alto el fuego que comenzó el 1 de octubre y se pretende prorrogar más allá de la fecha límite inicial del 9 de enero próximo.

Los observadores verificaron 27 violaciones al alto el fuego en los últimos meses, pero el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó la semana pasada al ELN y al gobierno a trabajar para una extensión que afirme que “la violencia ha disminuido y la situación humanitaria ha mejorado”.

Mientras las negociaciones de paz continúan entre las dos partes en la capital ecuatoriana, Quito, el nuevo jefe de las Fuerzas  Armadas, el general Alberto Mejía, amenazó que si el alto el fuego no se prorroga, el ELN entrará en las prioridades militares del ejército nuevamente.

“El 9 de enero termina la suspensión bilateral nacional temporal con el ELN y no sabemos qué sucederá en esa negociación. Si se nos ordena que no hay alto el fuego, el ELN será la prioridad. Si el presidente ordena extender el alto el fuego bilateral, esa prioridad será la disidencia. Tenemos muy claro el orden de prioridades”, dijo el general al periódico El Tiempo.

Las conversaciones entre el Estado y el ELN comenzaron en febrero, poco después del inicio de un proceso de paz con el grupo guerrillero FARC.

El alto el fuego de la guerrilla fundada en 1964 tiene como objetivo crear condiciones favorables para que se pueda lograr un progreso tangible en la mesa de negociaciones.

Sin embargo, sigue siendo delicado, especialmente en las provincias de Nariño y Choco, donde el ELN ha quedado atrapado en varios enfrentamientos con grupos de narcotraficantes que han puesto en peligro la seguridad del campesinado.

https://colombiareports.com/colombias-eln-rebels-will-extend-ceasefire-peace-talks-progress/

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Un helicóptero británico de guerra antisubmarina pudo haber atacado al ARA San Juan

Un mensaje de WhatsApp enviado el 4 de noviembre por el suboficial segundo Roberto Daniel Medina a su hermana decía: “El lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá”. De acuerdo a la información hecha pública por la Armada Argentina, el mensaje había sido enviado desde las proximidades de la capital de Tierra del Fuego, el territorio más meridional de Argentina, tras un breve paso del submarino por el archipiélago de Malvinas.

El ARA San Juan es uno de esos casos de extraña autonomía que las Fuerzas Armadas argentinas han mantenido a pesar del proceso de “desmalvinización”, sobre todo, en materia nuclear. Su encargo fue ordenado en 1974 por el gobierno de Isabel Perón, respondiendo así a las demandas de un sector del Ejército que, si bien coincidía con los EEUU en su visceral anticomunismo, veía con recelo el intervencionismo o la sumisión que esto podía tener de cara al futuro. Su nuclearización fue un proyecto desarrollado en la década de 1980, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, pero abortado por problemas presupuestarios, y reanudado en 2010 bajo el mandato de Cristina Kirchner.

Un desarrollo a espaldas de Estados Unidos

Al igual que ocurriera en el año 2000 con el submarino nuclear ruso Kursk, del que años después se supo gracias a las revelaciones del ex oficial del ejército ruso Dimitri Khalezov que portaba cabezas nucleares y que fue abatido, la nuclearización de un submarino argentino ha sido un evidente riesgo militar para las fuerzas armadas británicas en el archipiélago de Malvinas, que en 2010 sumaban esta amenaza a otro proyecto militar similar anunciado en 2009 por Brasil.

Si bien sendos anuncios se hacían “bajo respeto” del Tratado de No Proliferación Nuclear, es lógico que esta forma de propulsión puede tener utilidades más que obvias en la industria armamentística. Esta hipótesis de conflicto ya fue planteada en 2014 cuando la propia Cristina Kirchner declaró que Malvinas es “la base nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur”, en referencia a las cabezas nucleares instaladas por la Royal Air Force en la Base de Monte Agradable, ubicada en Puerto Argentino (“Port Stanley”, según la denominación británica).

Y es que esta opción argentina por la nuclearización de su armada rompía con uno de los compromisos históricos asumidos en la década de 1990 por el entonces presidente Carlos Ménem. Uno de los incidentes diplomáticos protagonizados por Argentina en esta materia ocurrió precisamente en 2006.

Uno de los científicos más prestigiosos del país, Conrado Varotto, director desde 1994 de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), puso especial empeño en la construcción de un cohete. De acuerdo a su criterio, con un cohete nacional, la Argentina podría poner en órbita sus propios satélites sin tener que alquilar cohetes extranjeros lanzados desde plataformas en el exterior. Esto es, sin depender de las prioridades, disponibilidades y precios de terceros países. Según el periodista Santiago O’Donnell, autor del libro “Politileaks”, sólo ocho países en el mundo podían hacer eso, y Varotto quería que la Argentina ingresara en ese “club selecto”.

No es baladí recordar que la tecnología que usa un cohete para transportar un satélite es prácticamente la misma que utiliza para llevar una bomba. En términos prácticos, un cohete satelital es casi lo mismo que un misil. Y la Argentina les había prometido a los Estados Unidos que no iba a construir más tecnología para misiles. Por lo tanto, había prometido que no iba a desarrollar cohetes.

La promesa argentina de no hacer cohetes “por un tiempo razonable” data de principios de la década de 1990, época de las llamadas “relaciones carnales” del gobierno de Carlos Menem con los EEUU, poco antes de que Varotto se hiciera cargo de la CONAE. En ese momento, la Argentina venía de desmantelar el proyecto Cóndor, una colaboración con Irak y Egipto iniciada después de la guerra de las Malvinas para desarrollar un misil de largo alcance. A cambio del desmantelamiento, la Argentina había sido premiada con el título de “aliado extra OTAN”. Sin embargo y a pesar de las dificultades internas y externas, desde el año 2009, militares argentinos trabajan abiertamente en la fabricación de un misil de largo alcance, algo que ha despertado enormes recelos tanto en EEUU como en Gran Bretaña. Uno de los cables de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires así lo reflejaba:

“En la década de 1980, principios de 1990, la Argentina participó activamente en el desarrollo del programa de misiles balísticos Cóndor, que claramente tenía la intención de producir misiles militares MTCR Categoría I, incluso para exportar a Egipto e Irak. (Nota: Un sistema de misiles MTCR Categoría I es el que puede transportar una carga útil de por lo menos 500 kg a un alcance al menos de 300 kilómetros. Fin de la nota.) El programa Cóndor generaba una grave preocupación de proliferación de misiles y un factor irritante importante en nuestra relación bilateral. Esa situación se vio agravada por los intentos de la Argentina de camuflar —y por lo tanto mantener— el programa Cóndor llamándolo un SLV (cohete espacial). El programa de SLV y los misiles balísticos son casi idénticos en diseño, fabricación y funcionamiento. Sus tecnologías son esencialmente intercambiables, y prácticamente no hay tecnologías que apoyan el desarrollo SLV que no faciliten también el desarrollo de misiles balísticos. Cualquier cohete capaz de poner en órbita un satélite también es, por definición, un MTCR Categoría I. También es intrínsecamente capaz de transportar armas de destrucción masiva (WMD) contra objetivos en tierra, y muchos países han cargado con armamento los mismos cohetes que usaron para lanzar satélites.

Y los avances en el desarrollo militar de alta tecnología han sido una evidente fuente de preocupación, hasta el punto de ordenarse meses atrás de la desaparición de ARA San Juan la compra de un escudo antimisiles para el archipiélago. Y evidentemente, la hipótesis de conflicto asumida por el gobierno británico para tomar esta decisión es que su ejército debe defenderse con esta herramienta de misiles de corto y medio alcance como los que está desarrollando de manera sigilosa los centros de transferencia de tecnología militar de Argentina.

Un extraño ejercicio y un premonitorio pedido de Macri al Congreso

Según el portal web “El Destape”, Mauricio Macri y su ministro de Defensa pidieron permiso al Senado –hace tan sólo tres meses– para realizar un simulacro con un submarino tipo ARA San Juan “posado en el fondo del mar” e “imposibilitado de salir a la superficie”. Este pedido fue rechazado por la Cámara de Diputados.

El expediente con la solicitud, que lleva las firmas del Presidente y Oscar Aguad, ingresó al Senado el 25 de julio pasado. Pero incluso más atrás, el ARA San Juan había participado en 2016 de un ejercicio de guerra antisubmarina donde el mismo iba a ser el objetivo de un ataque de adiestramiento de unidades aeronavales.

Con todo ello, el más inquietante de todos estos operativos en los que se involucraba el ARA San Juan es el llamado Operativo Cormorán, un ejercicio multimodal en el que participaban tropas de EEUU, Inglaterra y Argentina que también fue rechazado por la Cámara de Diputados, que tiene mayoría opositora, ya que los términos del citado operativo eran en la práctica un simulacro de invasión de fuerzas extranjeras.

En cualquier caso, no es la primera vez en la historia que los simulacros de catástrofes son la mejor de las coberturas para una catástrofe de verdad, que en este caso ha supuesto la desaparición de 44 personas sin que haya quedado un solo trozo de chapa, ropa o aceite que pueda rescatarse.

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Huelga de hambre de los presos políticos de las FARC para exigir la amnistía

Los presos devuelven la comida

En Colombia ni hay paz ni acuerdos de paz. 10 presos políticos de las FARC que se encuentran recluidos en la Cárcel de Neiva llevan una semana en huelga de hambre porque ni el gobierno ni los jueces han cumplido con lo pactado en los acuerdos “de paz” de La Habana, al mantenerlos recluidos en la cárcel.

Los presos iniciaron la huelga de hambre el pasado 11 de diciembre, según uno de los portavoces “ante el incumplimiento del gobierno y reclamamos que cumpla con lo pactado en Cuba. Todos los presos políticos debemos de estar en libertad”.

Existen imágenes en las que se observa que los presos reciben la comida y luego la vacían en otro recipiente más grande.

“Hay presos políticos que tienen actas, hay otras personas que el Alto Comisionado no se las ha suministrado. Y otro grupo que tienen todos los documentos en regla y el Gobierno y Jueces no les conceden la libertad”, agregó el portavoz de los presos, quien finalizó diciendo que irán hasta las últimas consecuencias, para hacer que su solicitud sea atendida.

En junio se declaró otra huelga de hambre de los 1.110 presos políticos de las FARC encerrados en 19 cárceles para que se implementaran de manera inmediata “la Amnistía y otras formas de excarcelación pactadas en el Acuerdo de Paz en la Habana”.

El dirigente del grupo, Jesus Santrich, se sumó a ella y aseguró que los reclusos reconocidos por las FARC ascendían a 3.400, de los cuales 900 aún no han sido acreditados como tales por el gobierno. Otros 832 sí habían sido liberados.

“De 3.400 personas reconocidas por las FARC, faltan 2.577 por ser liberadas, lo que evidencia el incumplimiento por parte del Estado Colombiano, mientras que el grupo finalizó la dejación de armas en cumplimiento a lo pactado”, explicó un organismo defensor de los presos políticos en un comunicado.

Como en España durante la transición, en Colombia no hay amnistía sino un gota a gota que los presos políticos se ven obligados a arrancar con uñas y dientes.

Los presos políticos de las FARC en huelga de hambre

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El peligro no son los criminales sino la policía de ‘A Cidade Maravilhosa’

El ejército bloquea la salida de un barrio de Río
En noviembre la policía de Río de Janeiro asesinó a 125 personas. El número de crímenes policiales es un 33 por ciento más elevado que en noviembre del año pasado, cuando la policía mató a 94 personas, según datos oficiales publicados el 15 de diciembre por el Instituto de Seguridad Pública, vinculado al Departamento de Seguridad del Estado de Río.

En total, los asesinatos policiales alcanzan a 1.035 personas en lo que va de año o, dicho en otras palabras: en Río de Janeiro la policía comete el 21 por ciento de los crimenes violentos. Los asesinatos policiales crecen a un ritmo del 12 por ciento anual.

Todo indica que el peligro no son los criminales sino la policía, al menos en “A Cidade Maravilhosa”. Cuanto más dismuyen los crímenes violentos, más mata la policía. La tasa de letalidad criminal hubiera bajado de no ser por el gatillo policial.

Los maderos no tienen excusa. El número de policías civiles y militares que murieron en acto de servicio disminuyó de siete en noviembre de 2016 a tres en el mismo mes de este año. Desde comienzos de año la cifra también desciende, de cuarenta en 2016 a 31 este año.

El informe también muestra que hubo 453 casos de homicidios registrados en noviembre de 2017, un 1,7 por ciento menos que en el mismo período en 2016. Los robos en las calles también cayeron un 16,6 por ciento, de 12.167 en noviembre de 2016 a 10.144 en el mismo período.

En octubre murió la española María Esperanza Jiménez Ruiz, de 67 años, por un disparo de un policía militar, cuando estaba de visita turística en Rocinha, la mayor favela de Rio de Janeiro.

Las agencias de turismo organizan paseos para conocer las favelas, pero no informan de que es una actividad de alto riesgo por culpa de la policía. Para un turista ávido de emociones fuertes, más segura que Río de Janeiro es cualquier ciudad de Somalia.

Los residentes de las 800 favelas de Río de Janeiro viven aterrorizados. En Rocinha viven unas 200.000 personas y se encuentra próxima a los lugares más turísticos de Río, entre ellos la playa de Ipanema. El gobierno movilizó al Ejército en el barrio, donde desplegó 1.000 soldados durante una semana. El alcalde de “A Cidade Maravilhosa”, Marcelo Crivella, quiere que los militares vuelvan a ocupar el barrio.

Da miedo sólo pensar en esa eventualidad.

http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/rio-police-killed-33-percent-more-people-in-november-than-last-year/

No es Oriente Medio, es Brasil, un auténtico paraíso para los turistas