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La pobreza infantil afecta a uno de cada tres menores en España, donde amenaza con volverse crónica, según la citada economista, que denuncia la falta de “una verdadera política familiar” en el país. La pobreza severa ha aumentado del 6 al 10 por ciento con uno de cada diez menores en esta situación, lo que significa que viven en hogares (una pareja con dos hijos) con menos de 632 euros al mes, según el informe.

El texto demuestra que, con la crisis económica, la pobreza infantil se ha acentuado porque sus familias dependen de las rentas del trabajo y el impacto del alza del desempleo, de más del 23 por ciento.

Los niños con sus dos progenitores desempleados han pasado de representar el 15 por ciento de la población infantil pobre al 25 por ciento, asegura el informe.

El estudio hace también un seguimiento periódico, a lo que denomina pobreza dinámica, que demuestra que con la crisis aumenta el porcentaje de niños pobres, que “antes de la crisis era del 10 por ciento y ahora es del 13 por ciento”, según Ayllón.

Según los datos, un 44 por ciento de los menores ha caído en pobreza al menos en una ocasión.

“Más de 420.000 niños (en España) se encuentran en situación de pobreza, debido a los gastos relacionados con la vivienda (…) En 2012, uno de cada dos menores que vivía en régimen de alquiler era pobre”, refleja el informe en referencia también al problema de la vivienda de los menores españoles.

La dramática situación de pobreza infantil demuestra que el capitalismo no tienen ningún futuro porque el futuro son -precisamente- esos niños hambrientos y empobrecidos cuyo número no para de aumentar.

Los Juzgados y Tribunales siguen registrando cifras históricas en cuanto a los desalojos de inmuebles ordenados por el impago del alquiler o de la hipoteca. Y aunque la estadística judicial no discrimina entre viviendas familiares –habituales o no- y otros inmuebles, las cifras globales dan una idea de este drama que crece desde el año 2007.

En el primer trimestre de 2015 se produjeron casi 19.000 desalojos de inmuebles a través de una comisión judicial acompañada de la fuerza pública (lanzamientos). En concreto fueron 18.869, lo que supone un aumento del 2,1 por ciento respecto a los tres primeros meses de 2014.

De ellos, 9.917 desalojos se ordenaron por el impago del alquiler, que es lo que se denomina desahucio. Y hubo otros 8.178 desalojos a consecuencia de ejecuciones por impago de la hipoteca. Así consta en el informe sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales difundido por el Consejo General del Poder Judicial respecto al primer trimestre de 2015.

Solo desde el año 2013 hasta marzo de 2015, los juzgados llevan ya ordenados 154.000 desalojos por orden judicial (lanzamientos). Más de la mitad han sido desahucios (84.102, con un descenso del 0,3 por ciento), seguidos de ejecuciones hipotecarias (62.866, que aumentaron un 6 por ciento).

El lanzamiento es la consecuencia más dramática de un proceso judicial que comienza muchos meses antes, con la ejecución hipotecaria. Muchas personas o empresas entregan sus propiedades al banco o al prestamista antes de que llegue una comisión judicial a desalojarlos.

Bajo el mandato de Felipe González (1982-1996), el Estado llevó a cabo cerca de 80 privatizaciones. Destacan grandes privatizaciones como las firmas automovilísticas SEAT y ENASA o Transatlántica (transporte marítimo) y Marsans (Viajes). El Gobierno de González comenzó privatizaciones parciales de empresas rentables y de sectores clave para la economía, como en los casos de la eléctrica Endesa, la petrolera Repsol, la entidad bancaria Argentaria o la empresa de telecomunicaciones Telefónica.

El gabinete de Jose María Aznar (1997-2004) inició nuevos procesos privatizadores y cerró los ya comenzados por González, deshaciéndose de importantes compañías públicas como Endesa, Tabacalera, Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural. Solo un año después de ganar las elecciones, en 1997, Aznar empezó a vender. Bajo su mandato, pasaron a manos privadas las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte, telecomunicaciones… en total se privatizan unas 50 empresas.

Casualmente, el propio Aznar, fue “fichado” por una de las empresas que él mismo privatizó, Endesa. Este fenómeno se produjo con muchos otros ex ministros de los sucesivos gobiernos neoliberales.

José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) es el presidente español que menos pudo privatizar debido a que la gran mayoría de los planes que puso en marcha ya en el final de su mandato no se llegaron a concretar.

A finales de 2010, por ejemplo, el Ejecutivo anunció la gestión privada de los aeropuertos de Madrid y Barcelona y la privatización parcial del 30 por ciento de Loterías del Estado. Dos medidas con las que pretendía ingresar 14.000 millones de euros. En septiembre de 2011, el Gobierno sacó a Bolsa el 30 por ciento de Loterías, pero tuvo que suspender días después esta operación “porque no se daban las condiciones de mercado”.

Mariano Rajoy, quien inició su mandato en 2011, planteó desde el comienzo de su legislatura una oleada de privatizaciones. La última en llegar ha sido la de AENA, que será privatizada en un 49 por ciento, de forma que el 28 por ciento se colocará en Bolsa a través de una oferta pública de venta (OPV) y el 21 por ciento restante se licitará para un núcleo estable de accionistas seleccionados mediante un proceso de concurrencia. La privatización de AENA ya fue anunciada hace un par de años, pero de momento no se había hecho pública.

Por otro lado, otro de los grandes servicios públicos que hay en España, en ferroviario, también está cambiando progresivamente hacia una mayor liberalización. El objetivo del Gobierno de Rajoy, desde el comienzo de su mandato fue que la compañía pública de ferrocarriles, Renfe, se dividiera en cuatro compañías, cada una de ellas con una línea de negocio bien distinta: tráfico de pasajeros, mantenimiento de trenes, tráfico de mercancías, y gestión del parque de trenes y material rodante de la compañía.

Esta división estaba incluida en el plan presupuestario 2013-2014 que el Gobierno remitió a la Unión Europea (UE) en agosto de 2011.

En el mes de junio de 2014, el Gobierno aprobó que una compañía privada entre a competir con Renfe en la prestación de servicios de transporte de viajeros en trenes de Alta Velocidad (AVE), según anunció la ministra de Fomento, Ana Pastor. Con esta medida, el Ejecutivo rompe el servicio público de Renfe en tráfico ferroviario de pasajeros e inicia la progresiva privatización del sector.

Otra de las privatizaciones que estaban en la cartera de Rajoy era la empresa pública de Paradores Nacionales. Finalmente el ministro Jose Manuel Soria anunció en 2012 que Paradores no se privatizará, aunque explicó que podría haber una “gestión privada indirecta” en algunos hoteles.

En cuanto a Loterías y Apuestas del Estado, su privatización ha estado también en la agenda del Gobierno. La criticó cuando estaba en la oposición, la valoró seriamente cuando llegó al Gobierno y ahora parece que está en punto muerto. Otra de las empresas públicas en el punto de mira es Correos y Puertos del Estado.

En julio de 2014, el Gobierno de Rajoy aprobó un decreto relativo al Registro Civil que ha sido denunciado como un intento de privatización encubierto. Y es que la nueva normativa estipulaba la adjudicación del servicio de un nuevo software a una compañía privada. La polémica no es nueva toda vez que colectivos judiciales y de funcionarios llevan años protestando contra la privatización de los registros civiles. La reforma impulsada por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se espera que entre en vigor para este 15 de julio.

Sin analizar esa podredumbre no se entienden los motivos por los cuales periódicamente el mundo padece terribles pandemias, como el Ébola o las distintas gripes, capaces de arrasar con la población mundial. Aunque la corrupción impera en todos los organismos internacionales, por su propia naturaleza, en la Organización Mundial de la Salud, es escandalosa.

La Organización Mundial de la Salud se dedica periódicamente a sembrar la paranoia con falsas pandemias a fin de mantener aterrorizado al mundo entero y vender medicinas (“vacunas”) masivamente que llenen los bolsillos de las grandes multinacionales farmacéuticas. Todo esto se lleva a cabo en nombre de:

1. La salud y el bienestar de la humanidad, especialmente del Tercer Mundo
2. Por motivos altruistas, filantrópicos, de fundaciones, de beneficencia y de las ONG
3. De la ciencia y de la medicina

La medicina no tiene nada que ver con la ciencia, ni con la salud de las personas. Se trata de un sector económico que, como cualquier otro, se rige por los principios del beneficio máximo. Su objetivo es vender los remedios que fabrican y venden grandes monopolios internacionales, la industria farmacéutica, que necesita enfermedades y enfermos, especialmente grandes plagas internacionales, como el Ébola, para poder vender mercancías.

Es el negocio más rentable que se ha inventado. Sin embargo, un análisis superficial de esta industria pondría de manifiesto precisamente todo lo contrario: la proliferación de instituciones benéficas, de fundaciones y de ONG “sin ánimo de lucro”. Uno de los mayores empeños de este tipo de mercaderes encubiertos es abrir nuevos y mayores mercados para las grandes multinacionales farmacéuticas. La presentación ideológica de esta campaña de ventas es el acceso de las gigantescas masas de habitantes del Tercer Mundo a unas medicinas cuyos precios no pueden pagar.

Hay todo un discurso llorón e hipócrita en torno a ese mercadeo repugnante: una de las grandes lacras del Tercer Mundo es la pobreza, como los pobres no pueden pagar la atención médica, son presa fácil de enfermedades; el remedio es que los ricos paguemos los fármacos que los pobres no se pueden permitir. Esta campaña publicitaria, que es en sí misma un negocio, no sólo pretende ampliar el mercado de las multinacionales farmacéuticas, sino además:

1. Convertir a la población del Tercer Mundo en cobayas para experimentar los efectos de ciertos fármacos que luego se venderán en las grandes metrópolis (a aquellos que puedan pagarlas)

2. Esterilizar de manera encubierta a las mujeres, especialmente a las pertenecientes a minorías étnicas, con supuestas “vacunas” dirigidas aparentemente a curar enfermedades

3. Eliminación de la atención local y la creación de grupos de presión y Estados paralelos en torno a los hospitales, los médicos, las medicinas, las ONG y la beneficencia

La Organización Mundial de la Salud es el mejor ejemplo de la absoluta subordinación de la medicina moderna a los intereses de las multinacionales farmacéuticas, hasta el punto de que un 80 por ciento de su presupuesto lo cubren ellas, bien directamente, bien a través de fundaciones repugnantes como la de Bill Gates, o de ONG que son más de lo mismo: el brazo encubierto de las multinacionales.

Bastará un ejemplo reciente para ilustrarlo. A pesar de que es harto conocido que los azúcares contenidos en las bebidas industriales son una de la causas más importantes de que el índice de diabetes y otras enfermedades se haya disparado, las presiones de la patronal que las fabrica, la Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas, ha impedido una regulación del tipo de azúcares que deben contener o del porcentaje admisible.

Pero si el azúcar de los refrescos industriales es un problema de salud pública, las bebidas sin azúcar son aún peores ya que lo sustituyen aspartamo, un edulcorante artificial conocido en Europa como E-951, que es un neurotóxico.

No hay ninguna razón para que, lo mismo que los paquetes de cigarrillos, las bebidas lleven también en sus etiquetas bien visible una consigna como: este refresco perjudica seriamente su salud. La única diferencia es que unas multinacionales han fracasado en su campaña de ventas y las otras marchan viento en popa.

Si eso ocurre con las bebidas que se comercializan en el mundo entero, lo de los fármacos, analgésicos, vitaminas, vacunas y demás es aún peor.

Pues según el semanario alemán Manager Magazin, la semana pasada el Deutsche Bank, el primer banco privado alemán, abrió una investigación interna sobre sus sucursales en Rusia, sospechosas de blanqueo de un dinero cuyo origen parece más bien negro. Algunos ejecutivos ya han sido suspendidos de empleo y sueldo.

A través de complejas operaciones en mercados internacionales de derivados, el banco lavó dinero de sus clientes rusos, cuyo nombre no ha trascendido.

No son los primeros ni los únicos manejos del Deutsche Bank. A finales de abril le multaron con 2.250 millones de euros por manipulación de las tasas interbancarias en el mercado de Nueva York. El banco estuvo a punto de perder la licencia bancaria que le permite operar en Estados Unidos.

La secretaria adjunta del Ministerio de Justicia, Leslie Caldwell dijo: “Durante años, empleados de Deutsche Bank manipularon ilegalmente tasas de interés en todo el mundo […] con la esperanza de manejar el mercado de forma fraudulenta para generar beneficios para ellos y en detrimento de los clientes del banco”.

Otro secretario adjunto del mismo Ministerio, Bill Baer, añadió: “Deutsche Bank conspiró en secreto con sus competidores para manipular los tipos de interés de referencia del centro del sistema financiero mundial”.

El Deutsche Bank emplea a casi 100.000 trabajadores repartidos por todo el mundo y mueve 32.000 millones de euros. También se encuentra asediado por 6.000 pleitos que pueden afear sus balances contables. En fin, son los menos indicados para dar lecciones de nada.

Mientras esto ocurre, en Bruselas lo que preocupa es que el Deutsche Bank se llene los bolsillos con el dinero que Grecia le debe…