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El control del discurso público, ese que permite convencer a la población de que hay que odiar al oprimido y amar al opresor, es el botín de guerra en la sociedad del espectáculo. Se dice que el parlamento español es un espectáculo, en palabras de Guy Debord, pero pocas veces se analiza el espectáculo que es la Audiencia Nacional. Leer más
Los individuos se encuentran sometidos a las arbitrariedades del aparato represivo del Estado, y la separación de los poderes ejecutivo y judicial sigue constituyendo todavía un problema no resuelto en la práctica de los procesos y, en particular, de los procesos políticos” (1).
¡Han indultado a unos presos políticos independentistas! Esta ha sido la noticia que ha llenado las páginas de los periódicos y los noticieros televisivos y radiofónicos durante unas semanas. Algunos han aludido al “derecho”, a la “ley”, esta toma de decisiones. Otros aludiendo a lo mismo han rechazado el indulto. Otros han aludido a una decisión política oportunista. Otros han reclamando una amnistía para los presos independentistas, que no para el resto de presos políticos. En fin para todos los gustos.
Sentencias, alegatos, apelaciones, más sentencias, recursos a distintos tribunales autóctonos o extranjeros, y un sinfín de argumentaciones que si es delito haber convocado un referéndum, que si es sedición, que si es un derecho amparado internacionalmente… cuando la cosa no fue a mayores y, pienso que a estas alturas se puede afirmar que nunca pasó por la cabeza de los convocantes ir más allá de un amago, arrastrando tras de sí una parte de la población de Catalunya que creyó a pies juntillas los discursos emanados, cuyo objetivo real no era otro que el tira y afloja para el reparto del pastel presupuestario.
Pero el peligro real consistía en la activación de una inmensa masa de población que se organizó con el deseo de ser sujeto de la política, que hubiera podido ser un ejemplo para futuros propósitos emancipatorios, los cuales podían apuntar más allá de los discursos meramente territoriales de los convocantes y sobrepasarlos. Esta “disfunción” entre la élite política y un considerable movimiento de masas activado, provocó el temor suficiente para dejar las cosas como en un ensayo pero sin llegar a la finalización de la obra.
En dicho ensayo, la élite política catalana no tuvo en cuenta que había otros políticos que también deseaban un pedazo mayor de tarta. Y tampoco tuvieron en cuenta que desde hace muchísimos años no existe la denominada división de poderes. El poder es único y engloba la economía, la política, la justicia y las fuerzas armadas, de lo contrario no existiría el poder. Y para existir, además, hay que ejercerlo, y en este ejercicio es equivalente la pena y el perdón, la cárcel y el indulto.
El Derecho es un sistema de relaciones sociales en total sintonía con los intereses de la clase dominante y puesto en práctica por el poder de dicha clase para asegurar su hegemonía, pero al mismo tiempo es también utilizado para dirimir conflictos entre fracciones de la propia clase dominante, como ha sido todo el entramado legal relativo al “conflicto catalán”.
“Quisiera, en particular, que, al igual que en todos los campos del conocimiento y de la consciencia, en el campo del Derecho, que no nos limitáramos a “cambiar el nombre de las calles” o a “poner los letreros del revés” sino que trabajáramos con afán en una demolición y en una reorganización radicales… Todavía está muy de moda limitarse a cambiar el nombre de las calles en vez de rehacer el empedrado, o pintar de rojo las viejas paredes que se derrumban en vez de rehacerlas radicalmente” (2).
(1) Juan Antonio Delval. Introducción al libro “De los delitos y las penas” de Cesare Beccaria. Alianza Editorial. 1982
(2) Pëtr Ivanovic Stucka. La función revolucionaria del derecho y del estado. 1921
«Dado el gran volumen de efectos adversos conocidos notificados para con las vacunas de la Covidien-19 mediante el Programa de Tarjeta Amarilla, y para favorecer la identificación de nuevos problemas de seguridad con las vacunas de la COVID-19, le pedimos que a partir de ahora únicamente nos notifique los efectos adversos siguientes:»
Así reza la alerta de seguridad 2021016 emitida por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluyna en febrero de este año, que pide a los profesionales sanitarios reporten aquellos casos que, tras la inoculación de la vacuna contra el coronavirus produzcan episodios «desconodidos/graves, sobre todo si motivan un ingreso hospitalario, ponen en peligro la vida o tienen un desenlace mortal.»
La nota hace hincapié en que se reporten los siguientes efectos secundarios: «anafilaxia, arritmia, fallo cardiaco, cardiomiopatía de estrés, enfermedad arterial coronaria, miocarditis, muerte súbita o muerte de cualquier causa, síndrome de Guillain-Barré, encefalomielitis diseminada aguda, narcolepsia, convulsión generalizada , meningoencefalitis, mielitis transversa, parálisis facial de Bell, vasculitis cutánea, eritema multiforme, microangiopatía, alteraciones de la coagulación (tromboembolia y hemorragias), trombocitopenia idiopática, artritis aséptica aguda, síndrome del distrés respiratorio agudo, Covidien-19 (enfermedad aumentada tras la inmunización), anosmia y ageusia y daño hepático o renal agudo.»
Fuente: Generalitat de Catalunya
Y, por descontado, comparables.
Iba a escribir unas pocas líneas sobre las que denominan «desafortunadas» declaraciones de Pablo iglesias en las que compara el exilio del líder independentista catalán con los exiliados españoles al término de la guerra civil española, cuando veo que el asunto está perfectamente zanjado por el magnífico artículo de Alan Herchoren escrito en este blog.
Aquí hemos zurrado de lo lindo a Pablo iglesias desenmascarando su pose artificiosa de «izquierdas», pero no se nos caen los anillos por admitir que lleva razón cuando compara ambos exilios, al menos objetivamente. Porque no más exponer su idea, se apresura, casi se atropella fonológicamente, a decir que no está de acuerdo con la causa de Puigdemont y que él no quiere que Catalunya se vaya de España, o sea, que tranquilícese la tropa, que soy un patriota. Ocurre lo de siempre en la supuesta «izquierda progre», o «caviar», que se quedan varados en las consecuencias de los conflictos sin atender ni analizar las causas de los mismos. O, si las atienden, se quedan a medio camino, en un amagar y no dar. Iglesias piensa que Puigdemont se ha tenido que exiliar por mantener y profesar unas ideas políticas al igual que los exiliados españoles tuvieron que hacer lo propio después de perder una guerra contra el fascismo, dos fenómenos comparables, pues. Pero, si Iglesias fuera consecuente consigo mismo, si llevara su conclusión hasta el extremo lógico, tendría que deducir que la CAUSA, el precipitado, es la misma en ambos casos, esto es, la existencia y pervivencia del fascismo, ayer en su forma más cruda, la guerra, y hoy, con otro ropaje si bien inspirado en la fuerza bruta, que eso es el fascismo:mandando esbirros uniformados a reprimir a los independentistas o, simplemente, demócratas que están por el libre derecho a la autodeterminación de los pueblos aún no siendo, muchos, independentistas. Es esta una conclusión a la que no quiere llegar Iglesias -se queda a medio camino- porque para él vivimos en una democracia, burguesa o formal, pero democracia, y, por lo tanto, según esto, según este imperativo categórico, SE DEBERÍA permitir el ejercicio de ese derecho a decidir, pero ocurre lo contrario, que SE IMPIDE, y ello en «democracia», de modo que una de dos: o esto es una democracia de pacotilla, de cartón piedra, o, sencillamente, no es democracia. A estos corolarios debería llegar Iglesias si estirase su razonamiento dialécticamente, pero se detiene en cuanto ve, barrunta el peligro de ser consecuente, por lo tanto, es mejor vivir (políticamente) en la inconsecuencia y, en adelante, tratar de apurar mejor el arsenal argumental con el que enredar el «conflicto», enmarañarlo, oscurecerlo, obnubilarlo, aunque sea para ganar unos votos en el caladero pequeñoburgués del independentismo catalán.
De otra parte, triste y lamentable el papel -como señala Herchoren- de las asociaciones memorialistas (o el Wyoming) calificando de «desafortunadas» las comparaciones de Iglesias prestándose al juego cínico e hipócrita de la caverna y brunete mediática fingiendo dolerse hipócritamente del exilio republicano, como si les importara una mierda a estos fascistas. Lo que causó su exilio y el exilio de Puigdemont es el fascismo imperante desde abril de 1939, ayer sin disfraz y hoy con vacuna.
Desde el año 2017, un total de 251 mossos d’Esquadra han requerido la representación por la Generalitat tras ser acusados por agresiones, vejaciones o malos tratos en el ejercicio de sus funciones.
Una pregunta parlamentaria de la CUP respondida por escrito por el conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha permitido conocer la cifra.
En la respuesta del conseller a la diputada Maria Sirvent se indica que de los cuatro años analizados, el 2019 fue el ejercicio en que más agentes fueron investigados por estas actitudes: 88 por lesiones y 5 por vejaciones; seguido del año 2018 (67 agentes por lesiones y 4 por vejaciones), el 2017 (42 por lesiones y 5 agentes por vejaciones) y el actual 2020, en el que van 37 por lesiones y 3 por vejaciones.
El conseller da cuenta pormenorizada de la auditoría a los Mossos a raíz de los hechos que sucedieron en Catalunya en octubre de 2019 en reacción a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. Precisamente, esa auditoría se presentó el 2 de julio de 2020, con ocho propuestas de mejora para la gestión del orden público, pero el expresident Quim Torra detalló a principios de año que se llegaron a abrir 37 expedientes sobre la actuación de los Mossos ante aquellas protestas.
En la presentación de la auditoría se informó de que se investigaron un total de 34 actuaciones de 50 agentes durante las protestas, de la cuales la mitad estaban judicializadas y las 17 restantes sólo se investigaban en el ámbito de la División de Asuntos Internos (DAI). Solo uno de ellos había sido sancionado y la DAI había archivado dos casos.
Hace pocas semanas se conoció que el Departament de Interior ha condecorado a 423 agentes, entre ellos 140 de la brigada móvil y 6 de mediación, por su participación en los diversos dispositivos en esas protestas, algo con lo que el conseller Sàmper mostró su incomodidad.
La pregunta de la CUP tenía por tanto la intención de averiguar también si el año pasado hubo un incremento en el número de investigaciones como consecuencia de aquellos disturbios, aunque resulta imposible conocer cuántos policías autonómicos han recibido represalias como consecuencia de aquella actuación policial.
La diputada también preguntaba sobre el número de procedimientos sancionadores abiertos por manifestaciones no comunicadas y el conseller informa de que la Dirección General de Administración de Seguridad, desde septiembre de 2017 y hasta el día 16 de junio de 2020, ha incoado un total de 59 expedientes en que se denunciaba la infracción de no comunicar preceptivamente la celebración de una manifestación y aporta la relación de fechas de tales incoaciones, un total de 33.
Ha desaparecido misteriosamente de la plataforma «Amazon Prime» y la reacción de sus creadores ha sido ponerlo en abierto en las redes sociales, que en sus primeras horas ya ha superado las 200.000 visitas. Leer más
Por otra parte la Generalitat puso a disposición de Nissan para el desarrollo de su actividad en Cataluña un total de 25,1 millones de euros de subvenciones y préstamos entre los años 2010 y 2017, según el informe.
Para los sindicatos, este conjunto de ayudas de las administraciones central y autonómica es una cantidad importante sobre el conjunto de inversiones realizadas por la compañía, que no se han cumplido y que Estado y Generalitat «dan por perdidas».
Un millar de trabajadores de Nissan se han concentrado pasadas las 9.45 horas de este jueves alrededor de la planta de la Zona Franca de Barcelona, y se han quedado en la puerta principal. La concentración de los trabajadores ha provocado cortes de calles y han quemado barricadas de neumáticos a la entrada de la planta, a la espera de un anuncio del gobierno sobre una supuesta y débil «alternativa de viabilidad».
La última demostración de ello es la decisión de la Audiencia Nacional de darle el carpetazo a las “funciones asignadas a José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014” con el argumento de que es posible que estén “legalmente clasificadas”.
Dado que es posible que sea “información secreta”, la Audiencia Nacional ni siquiera lo va a comprobar y, a su vez, la sigue manteniendo en secreto. Un secreto encima de otro.
Pero no sólo es secreta sino también sucia, otro ejemplo más de este “Estado de Desecho” en el que los jueces son una extensión del propio servicio secreto, como también es sabido desde hace muchos años, por más que la mayoría mantenga la boca bien callada.
El plan de la Audiencia Nacional es desviar la atención del caso hacia asuntos secundarios porque esa es otra de las constantes de la guerra sucia: una vez que el Estado fascista otorga patente de corso a sus matones, éstos la utilizan en provecho propio y se pasan de rosca. Ocurrió con los GAL y ha vuelto a ocurrir ahora.
Hay que recordar que Villarejo fue condecorado en 2014 porque entonces era un héroe, mientras que ahora deambula por las cárceles porque se ha convertido en un villano y el Estado esconde el papel heroico del comisario y sólo destapa su otra faceta, que es la única que quedará en los medios para el futuro. Pues bien, lo interesante de este caso es la primera parte y no la segunda.
Cuando la Audiencia Nacional se refiere a los años 2013-2014, es decir, la primera legislatura de Mariano Rajoy, deja también muy claro que el plan contra Catalunya no es consecuencia del referéndum de 2017. Incluso hay referencias documentales que se remontan a 1994, por lo que la desestabilización política la comenzó el Estado, no los independentistas.
Una de las funciones por las que el comisario fue condecorado, dice la Audiencia Nacional, es “la captación de información de interés policial”, lo cual dicho sin eufemismos significa que una parte del movimiento independentista catalán trabaja para el Estado central, es decir, que son infiltrados y entre otras razones por eso mantienen en secreto esa parte de la investigación.
Otra parte de la guerra sucia ha consistido en destapar viejos asuntos de corrupción, como el de la familia Pujol, que se inician en la transición como un intento de incorporar a una parte de la burguesía catalanista en apoyo de la reforma del viejo “Régimen de 1936”. Esa parte pasó a apoyar la transición no sólo por la concesión de la autonomía para Catalunya sino a base de sobornos y de corrupción, es decir, tanto por motivos políticos como personales y para evitar “males mayores”, lo cual significa exactamente: para evitar que en 1977 ocurriera lo que ocurrió en 2017.
De esa manera los burgueses que, como los Pujol, se vendieron al mejor postor, lograron que el “Régimen de 1936” ganara tiempo, exactamente 40 años de margen, durante los cuales el Estado se pudo centrar en aplastar otro tipo de movimientos, especialmente fuera de Catalunya, así como imponer la entrada en la OTAN y en la Unión Europea.
Durante décadas el Estado central calló y controló los sobornos en Catalunya, hasta que el juego entre ambos se acabó y entonces pasó a utilizarlo como arma arrojadiza para desacreditar a los independentistas en su conjunto, que no han sido capaces de depurar sus filas, ni de los corruptos, ni de los infiltrados, si es que es posible diferenciar a unos de otros.
El Caso Villarejo no es más que un ejemplo de la verdadera naturaleza de este Estado, que juega a dos barajas. Es evidente que a Villarejo el gobierno no le otorgó misiones de espionaje que son impropias de la policía, sino que fue el propio CNI quien dirigió la operación contra Catalunya porque las tarea de mantener a raya a los independentistas, dentro y fuera de Catalunya, es una tarea que incumbe al ejército. Lo explica claramente la propia Audiencia Nacional de la siguiente manera:
“Se han encontrado diversos documentos -fechados entre 1994 y 2003- en los que se encuentran informaciones que pudieran estar vinculadas con funciones asignadas al investigado José Manuel Villarejo Pérez en el marco de sus cometidos profesionales, en tanto que algunas de ellas se refieren al funcionamiento del CESID, del Ministerio del Interior y, fundamentalmente, de la Dirección General de la Policía; material documental que se consideran afectado por la vigente legislación sobre secretos oficiales”.
No se puede ser más claro.
Los independentistas catalanes, que siguen con los ojos bien cerrados, deberían estar muy interesados por saber quiénes son esos “colaboradores” y “agentes autonómicos”que están cobrando de los fondos reservados, es decir, que parecen una cosa y son otra.
El año pasado, por verdadera mala suerte, cayó en manos de la Audiencia Nacional todo un archivo, llamado “Taja”, que sacaron inmediatamente de la investigación porque incluye información que puede afectar a la “defensa y seguridad del Estado”.
Tanto el dinero como la información no se refieren a quienes descaradamente defienden la unidad de España en Catalunya, sino a sus tentáculos dentro del independentismo porque sólo ellos, los llamados “procesistas”, son capaces de reconducir la situación que se ha creado de la misma manera que durante la transición. Son los nuevos Pujol.
Naturalmente, una parte del Caso Villarejo concierne a los chanchullos del ya amortizado reyezuelo, donde se pone de manifiesto el mismo estilo policiaco de siempre, el que impera en España desde 1939. Exactamente el mismo.
Más información:
— El director de ‘El País’ es un soplón del CNI
— El Ministerio del Interior sigue siendo una cloaca
— El comisario Villarejo desata una guerra interna dentro de la policía
— Villarejo forma parte de un dispositivo secreto dirigido contra el independentismo catalán
— A la burguesía catalana la tratan como si fueran terroristas
— Villarejo: un comisario de policía pluriempleado y millonario
Y es que con tal de no admitir que el sintagma «España» es un Estado políticamente fallido (gustan de hablar de «Estados fallidos» y lo tienen delante de sus narices), el (pen)último asidero de Sánchez ha sido volver a definir, muy de refilón (en 2017 se extendió más) y refiriéndose a Catalunya, como «nación cultural», como si hubiera una reedición de la finisecular Renaixença catalana. Se aviene, a trancas y barrancas, a aquilatar el concepto «España» como, o bien una «nación de naciones», lo cual es una antítesis, o bien un «Estado multinacional», lo cual es cierto, pero deja de serlo en cuanto se despoja a esas naciones de su quintaesencia básica: formar un Estado soberano.
Sospechamos que Sánchez -ni demás psociolistos de pacotilla- no haya oído hablar del «austromarxismo» de principios del siglo pasado cuyo origen fue el Partido Socialdemócrata de Austria con los Karl Renner (que llegó a Presidente), Max Adler, Hilferding, y, sobre todos, Otto Bauer (1881-1938) -no confundir con el amigo coevo de Marx Bruno Bauer-. Fueron ellos -los austromarxistas vieneses- quienes acuñaron la fórmula «autonomía (nacional) cultural» dentro de la estructura de un Estado plurinacional cuyo objetivo era -adviértase- detener la galopante desintegración del vetusto Imperio Austro-Húngaro, es decir, preservarlo, tal y como pretende la oligarquía española, españolista y españolizada. Y ello, repetimos, con tal de sostenella y no enmendalla y no admitir lo evidente, a saber, que Catalunya, Euskadi y Galicia son naciones… sin Estado, que son naciones oprimidas políticamente al margen de su renta per cápita, que lo que no existe es la entelequia llamada «España».
Bauer casi excluía las clases y la lucha de clases en esas «autonomías culturales» que serían una «comunidad de destino» (José Antonio Primo de Rivera añadiría «en lo universal») siempre bajo el capitalismo.
Sánchez, en realidad, y sin proponérselo, por supuesto, es un romántico que piensa en lo que Miguel de Unamuno (en absoluto favorable a ningún tipo de «autonomía» en su tiempo) denominara «regionalismo cultural» (y Fraga Iribarne «peculiaridades regionales» con sus sanas costumbres) evocando la «patria chica» (su Bilbao natal, su «Bocho»), pero también dejó escrito en 1908 que la unión impuesta por la fuerza «desde fuera» no vale. Pues eso.
Bona nit.
Varias empresas chilenas ni siquiera quisieron esperar para hacer lo propio porque “más vale prevenir que lamentar”.
Lo mismo ha ocurrido en Catalunya, donde la patronal Foment del Treball ha desempolvado del viejo baúl de los setenta eso que ahora llaman “capitalismo inclusivo”, a saber, los pactos sociales, la renta básica, las subidas del salario mínimo… Eso que se disfraza con un “mejor reparto de la renta”, más “equitativo” y bla bla bla bla bla bla… Sólo les ha faltado proponer una nueva “reconciliación nacional”, como en 1977.
¡Quién lo iba a decir! La patronal sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando oye los truenos, o sea, cuando las barricadas bloquean las calles y se vuelve difícil lograr que los descontentos vuelvan a sus casas.
Así están las cosas: mientras Pedro Sánchez no le coge el teléfono a Torra, la patronal habla de “pacto social” porque ha decubierto una de las claves de la situación en Catalunya: da lo mismo lo que digan o hagan los partidos, dan lo mismo las elecciones y los escaños, las instituciones no pintan nada (salvo las que empuñan la porra)… El juego ha salido a la calle y hay que impedir que eso se reproduzca.
¿Que podemos decir de los exquisitos que andan por ahí diciendo que lo de Catalunya es una lucha nacionalista y consiguientemente sinónimo de burguesa? Si fuera propio de la burguesía salir a la calle a recibir palos de la policía no sería necesario ningún pacto social.
Catalunya tiene las mismas carcterísticas que otros países capitalistas al borde de un estallido social, como los que han proliferado en este mes de octubre en todo el mundo. No sólo acecha una galopante crisis económica sino, además, una crisis política que la propia represión ha convertido en irreversible.
No hay más que leer las pancartas que encabezan las manifestaciones en Catalunya para que hasta el más inepto acabe de entender que lo que comenzó en 2017 con un inofensivo referéndum se ha convertido una batalla antifascista en toda regla. Muchos creyeron enfrentarse al centralismo y han descubierto el fascismo, la cárcel y los palos en las costillas.
Ha sido el propio Estado el que les ha quitado la venda de los ojos y, en efecto, si la patronal no maniobra rápido, el descontento se les puede ir de las manos. En Ecuador han maniobrado, en Chile han retrocedido… Pero aquí, ¿qué piensan hacer?, ¿dejarlo todo como está para las próximas elecciones?
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