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Pau Casanellas

En 1984, después de haber abandonado cualquier responsabilidad política, Rodolfo Martín Villa dejaba escrito en sus memorias que, poco antes de morir, el mismo Franco no percibía como necesaria la continuidad de las instituciones del régimen franquista, consciente de los grandes cambios que se producirían en España una vez él ya no estuviera. La atribución de la frase al dictador -absolutamente grotesca-, así como el sesgado relato de sus memorias, servían a Martín Villa para legitimar la propia trayectoria política durante el franquismo como una preparación de la transición y, a la vez, darle un sentido de continuidad con los cargos que ocupó en los primeros años de democracia parlamentaria.

Además de ser paradigmático de una operación de maquillaje muy común entre quienes tuvieron alguna cuota de poder -y alguna responsabilidad en el ejercicio de la represión- durante los últimos años del régimen, el caso de Martín Villa resulta especialmente cercano, ya que, durante el último año y medio de vida de Franco, Barcelona sufrió como gobernador civil (cargo que, como máxima autoridad gubernamental en la provincia, tenía bajo su responsabilidad la aplicación de la política de orden público) […]

Cuando, en mayo de 1974, Rodolfo Martín Villa llegó a Barcelona como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento (responsabilidades que eran ejercidas por la misma persona), ya hacía años que había dejado en el armario la camisa azul, pero no las ideas falangistas.

Su entrada a las estructuras del partido único del régimen se había producido -como era trayectoria natural de las generaciones de dirigentes franquistas que ya no habían hecho la guerra- a través del Frente de Juventudes, donde se integró muy joven para hacer olvidar la militancia izquierdista del padre. Con todo, esta elección temprana, en la que en alguna medida había podido influir la necesidad, pronto se convirtió en un compromiso convencido. Así lo demuestra su carrera política posterior, tanto dentro del Sindicato Español Estudiantil (el SEU, sindicato único estudiantil), del que fue jefe de Madrid y, después, jefe nacional (1962 a 1964), como de la Organización Sindical Española (el OSE, el sindicato vertical del régimen).

Sobre la etapa del SEU, a la que pertenecen las conocidas imágenes de Martín Villa con la camisa azul falangista, él mismo decía en 1971, en una entrevista: “Mi formación en el SEU y sus instituciones hace que me considere, cualquiera sea ​​la consideración legal que se otorgue a la Falange, como un hombre radicalmente falangista, con el orgullo de quien atribuye a la Falange lo que es más positivo y avanzado del Régimen nacido el 18 de julio”.

Teniendo presentes estas palabras, se entiende perfectamente que en aquellos mismos años no tuviera ningún inconveniente en ser fotografiado -como se puede comprobar en más de una entrevista- junto al retrato de José Antonio Primo de Rivera que tenía colgado tanto en el despacho como en el domicilio familiar.

Tras el paso por el SEU, José Solís le apadrinó dentro del sindicato vertical, en el marco del cual ejerció varios cargos. Entre ellos, el de delegado provincial de Sindicatos de Barcelona (1965-1966) -su primer aterrizaje en la provincia- y, más adelante, el de secretario general de la OSE (1969/73). No era poca, pues, la experiencia política que Martín Villa había acumulado con 39 años, cuando fue destinado por segunda vez en Barcelona.

La muerte en atentado de Luis Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973 propició que Carlos Arias Navarro asumiera la presidencia del gobierno. El nuevo jefe del consejo de ministros -cargo que Franco había ostentado hasta junio de 1973, momento del nombramiento de Carrero- pronto hizo público un programa etiquetado de “aperturista”, pero que en realidad tenía mucho de continuismo y poco voluntad de reforma (y nada, por supuesto, de pretensiones de cambio de régimen).

Martín Villa, el último de los diversos gobernadores civiles que designó el nuevo gobierno en los primeros meses de mandato, tenía que ser, pues, el hombre de la “apertura” en Barcelona. Y así ha sido a menudo caracterizado su mandato: como una etapa de relajación de los rígidos criterios imperantes en materia informativa y cultural.

Ciertamente, en consonancia con la línea impuesta desde Madrid, el gobernador promovió un mayor acceso a la información, pero de manera limitada y sólo en algunos ámbitos. En materias consideradas sensibles, como las noticias sobre la enfermedad de Franco o sobre el entonces príncipe Juan Carlos, Martín Villa ordenó una constante vigilancia y rigor. Asimismo, las publicaciones clandestinas sufrieron siempre un estricto control.

Una víctima especialmente representativa de este clima fue el periodista Josep Maria Huertas Claveria, sentenciado en agosto de 1975 a dos años de prisión -de los que finalmente cumplió ocho meses- por injurias al ejército, en un consejo de guerra en que el Gobierno Civil no ahorró informaciones para complementar la instrucción. En el ámbito cultural, a pesar de la autorización de algunos recitales de cantautores identificados con el antifranquismo -como el de Raimon en el Palacio de Deportes de Barcelona el 30 de octubre de 1975-, las autoridades provinciales mantuvieron actualizada una lista de artistas vetados, entre los que se encontraban, entre otros, Paco Ibáñez, Lluís Llach, Serrat o Jaume Sisa. Hubo una cierta “apertura”, pero muy limitada.

Respecto a la oposición, la política de Martín Villa apenas se diferenció de la tendencia general de endurecimiento de la represión, en un contexto de deslegitimación creciente del régimen y proliferación de luchas en todos los ámbitos. Fruto de esta situación, en reuniones internas del gobernador civil con altos cargos policiales incluso se previó, en caso de graves alteraciones del orden público, la militarización de determinados servicios públicos (como el metro), de sectores estratégicos (agua, gas, electricidad) o de la producción de alimentos básicos (como el pan), lo que evidencia la inquietud de las autoridades ante la eventualidcd de tener que afrontar situaciones de gran ingobernabilidad.

Un episodio concreto puede servir para ejemplificar el carácter de Martín Villa en este terreno. La noche del 30 de abril de 1975, dos personas fueron tiroteadas por la policía en Santa Coloma mientras repartían propaganda convocando a movilizarse durante el Primero de Mayo.

En protesta, cuatro asociaciones de vecinos de la ciudad enviaron un escrito al gobernador, el cual, en respuesta, les hizo llegar una carta en la que esgrimía el “derecho de autodefensa que asiste un miembro de las Fuerzas de Orden Público”. Curiosa autodefensa, convendría añadir, la que se ejerce a tiros frente al reparto de octavillas.

Pero si algo hay que denunciar especialmente del mandato de Martín Villa como gobernador civil de Barcelona, ​​es el auge que se produjo era las agresiones y atentados ultrafranquistas, especialmente a partir de la primavera de 1975. El entonces subjefe provincial del Movimiento, Antonio Casas Ferrer, ha sido acusado de haber ejercido no sólo de interlocutor, sino también de protector y animador de estos comandos. De lo que no cabe duda es que, más que “incontrolados”, eran simples marionetas de las autoridades: como revelaba un documento policial de noviembre de 1977 referido precisamente en la zona de Barcelona, las actividades de estos grupos eran controladas por la Jefatura Superior de Policía, que los tenía identificados a casi todos y que controlaba las actividades -específicos el informe- en un 80%.

Antes de vestirse -como hicieron tantos otros- la camisa de demócrata, Martín Villa aún ocuparía importantes responsabilidades políticas. Primero, dentro del gobierno formado inmediatamente después de la muerte de Franco -en la que Arias Navarro se mantuvo a la presidencia-, como ministro de Relaciones Sindicales. Luego, en el ejecutivo formado en julio de 1976 por Adolfo Suárez, como ministro de la Gobernación.

La victoria de la UCD en las elecciones de junio de 1977 permitió que se mantuviera prácticamente dos años más en el cargo, bajo la denominación de ministro del Interior. La continuidad en la violencia policial y, sobre todo, en cuanto a la “guerra sucia”, hacen pensar que, como mínimo, desde el ministerio no hubo ninguna voluntad de poner fin a este tipo de prácticas.

De hecho, poco antes de los comicios que sellarían definitivamente el fin de la dictadura, en sus últimas decisiones como integrante de un gobierno que no había sido refrendado por las urnas, Martín Villa situó dos hombres especialmente identificados con la represión en lugares clave del organigrama policial: José Sainz como subdirector general de Seguridad y Roberto Conesa como comisario general de Investigación.

Igualmente, para que no quedaran dudas de su apoyo a determinadas figuras, condecoró a dos de los máximos exponentes de las brutalidades del franquismo: por un lado, el mismo superagente Conesa, y, por otro, el policía Antonio González Pacheco, Billy Niño (medalla de oro y de plata, respectivamente, al mérito policial). Se trataba del último gesto de soberbia de un franquista -y falangista- convencido, reciclado en demócrata sólo por la fuerza de los acontecimientos.

Fuente: https://directa.cat/martin-villa-aquell-governador-radicalment-falangista-de-barcelona

 

Juan Miguel Baquero

El dictador filtró para sí parte de las donaciones “a la causa nacional” en plena guerra civil y revendió 600 toneladas de café donado por Brasil a España en 1939. El general golpista tenía en agosto de 1940 una fortuna cercana a los 400 millones de euros y el “holding empresarial” de El Pardo acumuló sueldos, comisiones, regalos y gratificaciones para amasar su riqueza.

Franco era un corrupto que ejecutó mordidas desde la guerra civil. Un opresor que aflojó las cuentas públicas de España y estableció un entramado que desaguaba riqueza en su figura omnímoda. “Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos”, dijo el dictador en un discurso (Lugo, 1942). Es el lado oscuro, e ilegal, de una fortuna que engordó en plena dictadura al calor de la corrupción sistémica del régimen franquista.

El perfil latrocínico del militar arranca a lo grande: se hizo con casi 400 millones de euros tras la “cruzada” contra la República. Queda en pañales la trama Gürtel y las cuentas en Suiza de Francisco Correa (18,6 millones) o Luis Bárcenas (47). Francisco Franco (El Ferrol, 4 de diciembre de 1892 – Madrid, 20 de noviembre de 1975) disfrutó cuatro décadas como Jefe de Estado para acumular donaciones, sueldos, regalos y comisiones.

Franco no perdió el tiempo. Arañó dinero recibido por los golpistas en pleno conflicto armado y revendió toneladas de café donadas por Brasil. A lo largo de su vida recibió innumerables “regalos”, caso del Pazo de Meirás o un todoterreno agasajo de Adolf Hitler. Todo era posible bajo su manto omnipotente. Como lo era la gratificación mensual de 10.000 pesetas que recibía de la compañía Telefónica.

“Franco se consideraba el Estado, España. Necesitaba dinero y se apropió de él”, cuenta el historiador Ángel Viñas. A cuatro décadas de la muerte del dictador, el autor publica el libro La otra cara del caudillo (Crítica, 2015), una obra que da “un paso más en el continuo proceso de desmitificación de Franco”.

Tenía un plan y robó, para cumplirlo, una idea al propio Hitler: el Führerprinzip o mandato dictatorial como “fuente de Derecho”. Usaba “leyes reservadas” y ocultas al Boletín Oficial del Estado, disposiciones secretas que explotó “desde los años de la guerra civil hasta 1957”. Una “curiosa y desconocida costumbre de Franco” que solo conocían “aquellos privilegiados que se ocuparon de llevarlas a la práctica”, describe Viñas.

Por ahí filtró a su interés parte de las donaciones “a la causa nacional”. Las mordidas al apoyo económico a la rebelión militar contra la República inauguran en octubre del 36 la cuenta corrupta que vive un episodio de oro al final de la guerra con las 600 toneladas de café entregado por el dictador brasileño Getúlio Vargas. “Un regalo al Estado español” que Franco pasó a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes dependiente del Ministerio de Industria y Comercio “y cobró por adelantado su importe”, 7,5 millones de pesetas, que serían hoy unos 85,6 millones de euros.

Con una nómina en 1935 de 2.493 pesetas y de 50.000 como Jefe de Estado, la riqueza del militar llegó en agosto del año 40 a 34,3 millones de pesetas. Un capital “acumulado en diversas cuentas corrientes” que suponen cerca de 388 millones de euros. “Todo ‘ganado’ en cuatro años. No está mal para empezar”, subraya Viñas.

“Sin embargo, ha perdurado la convicción de que Franco era un hombre honesto y austero”, declara el hispanista Paul Preston. El dictador, “y su mujer”, recibían “regalos de varios tipos, desde medallas de oro a fincas y hasta automóviles de lujo”, enumera como “la punta de un iceberg colosal” que arranca en “su acceso particular a las suscripciones que se hicieron para sufragar el coste del esfuerzo bélico de los rebeldes militares”.

“La idea convencional del Franco sin afán de lucro ya no se sostiene”, aclara Preston. En su afán recaudatorio, el general golpista trazó negocios secretos y oscuros manejos de testaferros familiares. Era el “holding empresarial” forjado desde “la corte de El Pardo”, según desveló en Los Franco S.A. o Ricos por la guerra de España el periodista Mariano Sánchez Soler. Un patrimonio difícil de digerir a base de simples sueldos públicos.

El oficio continuó en plena dictadura. Franco “modificó su comportamiento” y había empresas que, “agradecidas por autorizaciones concedidas”, traspasaban “acciones gratuitamente”. El dictador, así, percibía “dividendos”, mordidas, porcentajes por negocios revueltos entre consejos de ministros y de administración. “La corrupción estaba en el ADN de la dictadura”, dice Viñas.

La imagen corrupta del general rebelde toma huella documental con la apertura a investigadores –año 2010– de los “papeles conservados” en la Fundación Nacional Francisco Franco. “Es claro que Régimen de Franco institucionalizó el pillaje a través de los castigos a los derrotados que algo tenían”, continúa Paul Preston. El soporte legal, la Ley de Responsabilidades Políticas, era “en esencia un mecanismo para justificar la expropiación masiva de los vencidos”.

La corrupción servía como pauta de control y la afición cinegética del general golpista, como oficina ambulante: “importantes sumas de dinero cambiaron de manos mientras los aspirantes a los favores de Franco promocionaban cacerías a fin de conseguir acceso a la fuente de patronazgo”, dice el hispanista.

“No se sabe mucho más” de lo publicado hasta ahora, confirma el historiador Francisco Espinosa. “Aquí no se conservan los archivos de los presidentes ni mucho menos de los dictadores”. Porque el enriquecimiento ilícito no quedó en el autócrata. El contubernio ilícito envolvía al régimen y derramó siempre sobre la oligarquía franquista, desde 1936 hasta la Transición.

Franco, corruptor y corrupto, cosió a la clase dirigente en la confusión premeditada entre lo público y lo privado. Y ése carácter sistémico brotaba en cualquier aspecto de la vida, con el estraperlo como gran ejemplo cotidiano: el comercio prohibido con artículos intervenidos por el Estado o sujetos a racionamiento. Amén del tráfico de penicilina en el ámbito sanitario, el “trabajo esclavo” como inagotable fuente de recursos e incluso la “necesidad de recomendaciones para salvar la vida”, enumera el historiador José Luis Gutiérrez Molina.

El dictador lideraba la patria convertido en una suerte de gestor avanzado de puertas giratorias. Corrupción y desarrollo se dieron la mano para amasar patrimonios y consolidar el capitalismo español. Familias del régimen, cuenta Sánchez Soler, pobladas de “empresarios de fortuna, falangistas de clase media, funcionarios oportunistas, latifundistas de gatillo fácil, altos cargos a la búsqueda de multinacionales… unidos a la caza del dinero y entrenados en la autarquía de la posguerra para enriquecerse con el desarrollismo a partir de 1959”. Concluye Viñas: “si Franco se benefició personalmente de la victoria parece sensato que no pensara mal de quienes también lo hacían” bajo la tenaz sombra del franquismo.

Fuente: http://desmemoria.eldiario.es/fortuna-franco/

¡ Muera la inteligencia !

A lo largo de la transición las librerías de las ciudades españolas fueron testigo de una escalada de agresiones sin precedentes por parte de grupos fascistas apoyados por los aparatos represivos del Estado, dentro de una «estrategia de la tesión» destinada a sembrar el pánico y paralizar el movimiento de masas.

El 6 de mayo de 1976 el diario El País titulaba una noticia: «Un centenar de atentados a librerías españolas». Unos días más tarde titulaba otra: «Una librería asaltada cada dos semanas». Nada menos que 33 establecimientos habían sido destrozados en los últimos dieciseis meses después de la muerte de Franco. La prensa de la época hablaba de «ola», «espiral» o «escalada» y el período que se extiende desde la muerte de Franco fue calificado como una «etapa negra» para los libreros. Las cifras utilizadas ascienden a 200 establecimientos afectados.

Algunas librerías son objeto de ataques en varias ocasiones, así como de intimidaciones de diverso grado, convirtiéndose en víctimas múltiples. La librería Tres i Quatre de Valencia ostenta un récord: el número de ataques fascistas más alto de Europa. A finales de 1976 había sufrido siete atentados. Otra librería, Pórtico, de Zaragoza, era veterana en agresiones: tuvo su primer ataque en 1946 y tres décadas después acumulaba ya cinco en pocos meses. La dos librerías Antonio Machado, tanto la de Sevilla como la de Madrid, también fueron atacadas en muchas ocasiones por los fascistas.

La librería Rafael Alberti de Madrid padeció cinco ataques. A finales de abril de 1976 provocó la cólera de los fascistas tras organizar un acto en el que el cantaor Manuel Gerena firmó sus obras. Primero les enviaron un anónimo: «Lo de Manuel Gerena ha colmado nuestra paciencia. Pronto os visitaremos». Ese primer anónimo se saldó con dos atentados el 30 de abril y el 8 de junio, que destruyeron completamente la librería siete meses después. En el primero utilizaron piedras para romper las lunas, que luego sustituyeron por un bloque de hormigón traido de alguna obra cercana, dada la ineficacia de las piedras. El bloque de hormigón, ante la resistencia de las lunas, tampoco fue eficaz, por lo que utilizaron las pistolas. Se identificaron cinco disparos que consiguieron perforar una de las cinco láminas de las lunas. Luego utilizaron una barra puntiaguda y un martillo. La finalidad era hacer un agujero para introducir una carga explosiva.

La librería fue víctima de dos atentados más. El 9 de julio los fascistas pintaron las paredes de la librería con varias cruces gamadas y una amenaza: «Volveremos». Finalmente estuvieron a punto de perforar con un punzón la luna antibalas. 

Tras nuevas amenazas de muerte contra el propietario el 14 de octubre y el 6 de noviembre, la librería fue objeto de un incendio. Para ello introdujeron gasolina bajo la puerta y prendieron fuego después.

Los ataques violentos sólo eran la punta de un iceberg. Además las librerías, revistas y periódicos debían hacer frente a los controles de la censura y a los riesgos de secuestros y de multas que la todavía vigente Ley de Prensa de 1966 albergaba.

Durante la transición los libreros fueron amenazados  permanentemente. Los fascistas les intimidaron y llenaron sus escaparates de pintadas. La amenaza iba a menudo acompañada de pintadas y el cóctel molotov era avalado por la presencia de cruces gamadas.

Los fascistas justificaban sus crímenes por la presencia en todas las librerías españolas de autores marxistas y progresistas en detrimento de los títulos de los escritores reaccionarios como Menéndez Pelayo, Maeztu, José Antonio y Onésimo Redondo.

En noviembre de 1971 se produjo el primero de los ataques, dirigido contra la librería «Cinc d’Oros» de Barcelona. En esta ocasión varios cócteles Molotov contra los escaparates del establecimiento provocaron un incendio ocasionando la destrucción de libros pero también de una reproducción del «Guernica» de Picasso.

En febrero de 1972 un segundo ataque esta vez contra la librería «Antonio Machado» de Madrid ocasionó el destrozo de las lunas de los escaparates y una serie de pintadas insultantes.

A partir de mayo de 1973 las acciones violentas comenzaron a extenderse a otros centros de interés relacionados con la cultura como revistas, editoriales y distribuidoras. Así, «El Ciervo» (1973), «Nova Terra» (1973), y «Enlace» (3 de julio de 1974) respectivamente, fueron objeto de incendios con consecuencias cada vez mayores.

En la madrugada del 14 de octubre de 1975 explotó una bomba en la sede de la editorial Ruedo Ibérico de París. El atentado no constituía un acto aislado contra editoriales en Francia ya que otras empresas habían sufrido la misma suerte: la editorial vasca de Hendaya Mugalde en dos ocasiones, en abril y mayo; la librería «Naparra» en Biarritz, y en París, las Ediciones Ebro.

Tras la muerte de Franco, 1976 fue el año el más intenso en acciones terroristas. De mayo a diciembre se produjeron 55 atentados a librerías, frente a 25 durante los meses de enero a junio del año 1977. Se trataba del envío de anónimos, amenazas verbales, llamadas telefónicas anunciando estallidos de artefactos, incendios provocados, ráfagas de metralleta, lanzamiento de botes de tinta y colocación de cargas explosivas, cuando no utilizan los excrementos para embadurnar los escaparates de las librerías.

El alcance de los ataques a las libdrerías queda claro en el siguiente telegrama de 1976, firmado por 27 librerías madrileñas y dirigido a los libreros afectados: «Frente actual escalada violencia extrema derecha, que alcanza a todos los pueblos de la Península, enviamos mensaje solidaridad y hacemos constar indignación ante impunidad de los hechos».

Es otra de las constantes que aparece siempre en el terror fascista de la transición: la impunidad de los criminales. La policía se cruza de brazos y los periódicos se limitan a utilizar términos tales como «unos desconocidos» o «incontrolados».

Sólo hubo una detención, que correspondió al incendio de la ya mencionada librería «Rafael Alberti» de Madrid. Sus autores fueron José Alberto García, Alfonso Moreno, Ricardo Manteca y Francisco José Alemany. Eran los mismos que el 5 de noviembre de 1971 destruyeron la galería de arte Theo, comprendidas una serie de litografías de Pablo Picasso. Aunque la prensa reveló entonces la identidad de los fascistas, en ningún momento establecieron sus vínculos con los servicios de información del franquismo, de la Guardia Civil, del Estado Mayor y de la Presidencia del Gobierno. Sus autores eran agentes de la policía de Madrid: Francisco José Alemany había sido informador de la policía en la universidad y Ricardo Manteca era un asalariado de la Dirección General de Seguridad. La ultraderecha siempre estuvo muy bien controlada.

La impunidad estuvo rodeada de una constelación absurda de siglas que fueron otras tantas cortinas de humo. En cuatro ocasiones la autoría la reivindica un supuesto «Comando Adolfo Hitler». Otra referencia que aparece con cierta frecuencia en los artículos de opinión es la de los Guerrilleros de Cristo Rey y las siglas GAS pertenecientes a los Grupos de Acción Sindical.

Las compañías de seguros se negaron a pagar los destrozos provocados y a cubrir el coste de las reparaciones por el carácter extraordinario de los daños, por lo que la indemnización recaía en el Consorcio de Reasegurados, compañía estatal dependiente del Ministerio de Hacienda que cobraba el 15 por ciento correspondiente a las primas de los seguros normales.

Ahora bien, para que tales indemnizaciones fueran acordadas era necesario un certificado de la policía como prueba del carácter político de los actos violentos cometidos. La condición previa al pago era que los culpables hubieran sido detenidos y condenados por un juez, lo cual no existió nunca tras alguno de los cientos de atentados.

Los ataques a las librerías nunca han cesado. En 1980 los fascistas volvieron a atacar la librería La Oveja Negra en el barrio de Quintana, en Madrid, que ya había sido atacada cuatro años antes. Unos quince o veinte fascistas armados con bates de béisbol y cadenas profirieron gritos de «¡Viva Cristo Rey!» y otros similares, arrojando una papelera a su interior y rompiendo las lunas. Uno de los cristales rotos hirió en la mano a una de las trabajadoras.

En 2005 se produjo otro ataque en Madrid cuando varias decenas de fascistas irrumpieron en la librería Crisol para reventar el acto de presentación del libro «Historia de las dos Españas», agrediendo violentamente a los asistentes y destrozando el local.

A los asistentes los fascistas les metieron panfletos en la boca, además de zarandear e intentar agredirles, entre gritos de “asesinos”, “genocidas”, patadas por doquier, y destrozos de las estanterías repletas de libros.

Uno de los atacantes era un sargento en activo del Ejército de Tierra. Todos ellos eran miembros de Falange Española.