El domingo los suizos acudirán a las urnas para decidir sobre una iniciativa para limitar la población a un máximo de 10 millones de habitantes para 2050, impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP). La propuesta es una mezcla de malthusianismo y xenofobia.
Se ha formado una coalición sin precedentes contra la propuesta: el Consejo Federal, el Parlamento, todos los partidos políticos excepto el SVP y la Unión Democrática Federal (FDU), las organizaciones empresariales y los sindicatos rechazan unánimemente la iniciativa.
El 16 de marzo, en Berna, los presidentes de las cuatro principales patronales empresariales y sindicales del país —la Asociación Suiza de Empleadores (UPS), la Unión Suiza de Pequeñas y Medianas Empresas (USAM), la Federación Suiza de Sindicatos (USS) y Travail.Suisse— ofrecieron una rueda de prensa conjunta para expresar su oposición.
Fue una convocatoria sin precedentes. El argumento es típico de los países europeos: con una población envejecida y jubilada, sin inmigrantes no hay fuerza de trabajo. La economía suiza se enfrentará a una escasez de aproximadamente 400.000 trabajadores en una década. El sector sanitario, la construcción, la restauración y agrícola se identifican como los más afectados por la falta de mano de obra.
La Asociación Suiza de Empleadores subraya que, de aprobarse la iniciativa, los hospitales, los centros sanitarios y las empresas ya no podrían contratar trabajadores dentro de la Unión Europea.
Según los acuerdos económicos firmados con la Unión Europea, cualquier obstćulo a la libre circulación de personas invalidaría automáticamente los tratados bilaterales. El Consejo Federal estima la pérdida potencial en un 12 por cien del PIB suizo a largo plazo.
Los 800.000 ciudadanos suizos que viven en el extranjero, incluidos 500.000 en países de la Unión Europea, también se verían afectados: su libertad de circulación podría verse comprometida si se supera el umbral de población de 9,5 millones. El resultado de la votación del 14 de junio determinará si el Consejo Federal debe entablar negociaciones con Bruselas para revisar el acuerdo sobre la libre circulación de personas, firmado el 2 de marzo.
Europa es un continente muerto. Necesita fuerza de trabajo, pero no quiere emigrantes. El Consejo Europeo aprobó en febrero una lista común de “países de origen seguros”, lo que facilita la denegación acelerada de ciertas solicitudes de asilo.
Los opositores a la iniciativa suiza argumentan que Suiza es, después de Luxemburgo, el país europeo más dependiente de la mano de obra extranjera: en 2024, el 27 por cien de los trabajadores no tiene pasaporte suizo, y dos tercios de los 1,3 millones de empleos creados desde el año 2000 han sido ocupados por extranjeros, según datos de la Federación Suiza de Sindicatos (USS).
Las últimas encuestas publicadas por el Instituto LeeWas muestran una votación muy reñida: el 52 por cien de los votantes apoya la iniciativa, frente al 46 por cien que se opone, con una marcada división entre la Suiza de habla alemana, inclinada a votar “sí”, y la Suiza de habla francesa, favorable al “no”.
El problema de la mano de obra cualificada
En Reino Unido, el gobierno laborista de Keir Starmer publicó en mayo del año pasado un libro blanco titulado “Restablecer el control sobre el sistema de inmigración”, que endurece las condiciones para acceder a los visados de trabajadores cualificados, elevando el umbral salarial a 41.700 libras para las nuevas contrataciones.
Habitualmente los debates sobre la emigración se centran en los contratos basura y la precariedad, así como en los trabajadores procedentes de países llamados “emergentes”. Por ejemplo, en Estados Unidos la persecución de la policía de emigración se concentró en la fuerza de trabajo de origen centroamericano y latino.
Pero eso no agota el problema, que es mucho más grande. En Estados Unidos la fuerza de trabajo cualificada también está copada por extranjeros. Dos tercios de los casi 400.000 puestos de trabajo tecnológicos de Silicon Valley están ocupados por extranjeros o trabajadores nacidos en el extranjero
Hoy en día hay más fuerza de trabajo cualificada originaria de India (23 por cien) y China (18 por cien) que de Estados Unidos (34 por cien).
Incluso los directivos de las grandes empresas tecnológicas proceden de países considerados como “emergentes”. Desde el año pasado Intel es una empresa dirigida por Lip-Bu Tan, nacido en Malasia, Microsoft por Satya Nadella, Alphabet por Sundar Pichai, Adobe por Shantanu Narayen, IBM por Arvind Krishna, YouTube por Neal Mohan y T-Mobile US por Srinivas Gopalan, todos ellos nacidos en India.
Fuga de cerebros
Antes este fenómeno se calificaba como “fuga de cerebros” y muestra que los grandes beneficios en uno de los sectores punteros de la economía estadounidense está impulsado por una emigración que tiene poco que ver con la que procede de centroamérica.
En 1990 Estados Unidos aprobó un nuevo visado H-1B para favorecer la importación de fuerza de trabajo cualificada. El año pasado los trabajadores de Amazon, Meta, Microsoft, Tata Consultancy y Google fueron los más beneficiados por ese tipo de visados, y solo Amazon registró más de 13.000 de ellos.
El trabajo de desarrollo de aplicaciones informáticas, por ejemplo, representa el 38 por cien de todos los trabajadores que entran con el visado H-1B, que ganan alrededor de un 30 por cien menos que sus homólogos estadounidenses.
Las empresas tecnológicas ahorran casi 100.000 dólares por cada trabajador durante seis años al contratar a un trabajador H-1B en lugar de a un estadounidense. La emigración ayuda a explicar el aumento vertiginoso de la cotización de las acciones de las empresas tecnológicas desde la crisis de 2008.
La creación de los visados H-1B se basa en un fraude generalizado: para contratar a un emigrante especializado en Estados Unidos es necesario que la empresa demuestre que no encuentra un trabajador estadounidense con la calificación necesaria. Es un requisito que no se cumple nunca. A veces a las empresas les basta con por un anuncio publicitario para decir que nadie se ha presentado a ocupar el puesto.
Como consecuencia, el número de trabajadores emigrantes con visado H-1B se ha disparado, pasando de unos 275.000 en 2015 a más de 400.000 diez años después.