El martes el Fiscal General de Ruanda, Richard Muhumuza, anunció la apertura de una investigación sobre el papel del imperialismo francés en el genocidio cometido en el país de los Grandes Lagos en 1994. “En la actualidad la investigación afecta a 28 personas que, según las informaciones obtenidas hasta la fecha, el juzgado de instrucción considera que pueden permitir comprender mejor su papel [en el genocidio] y decidir si serán procesadas o no”, dijo en un comunicado público.
“En la medida en que las investigaciones continúen, otros agentes y/o funcionarios franceses podrían ser llamados a asistir al juzgado de instrucción para lo mismo”, añade el comunicado. “Las autoridades competentes del gobierno francés se han comprometido formalmente y la oficina del Fiscal General espera que las autoridades competentes cooperen a lo largo de esta investigación judicial sobre la base de una oferta de reciprocidad”, dice el Fiscal ruandés.
Esta decisión de Ruanda seguirá afectando a las relaciones diplomáticas entre la metrópoli y su antigua colonia, que desde hace 22 años acusa a Francia de la responsabilidad última en los 100 días sangre que acabaron con la vida de 800.000 tutsis (y también algunos hutus) en el país.
En Ruanda el régimen neocolonial, tradicionalmente tutelado por Bélgica y Francia a través de los misioneros católicos, estuvo representado por el dirigente hutu Juvenal Habyarimana, representante de la etnia mayoritaria del país y presidente de Ruanda en 1994 cuando su avión fue derribado en vuelo y falleció.
A partir de entonces se desató una de las mayores y más rápidas orgías de sangre que ha conocido la historia del colonialismo. El fiel de la balanza cayó del lado de la resistencia tutsi de Paul Kagame que, con ayuda de los imperialistas estadounidenses sacó a los franceses de Ruanda.
Desde entonces el gobierno de Kagame acusa y es acusado por los imperialistas franceses del referido genocidio, un intercambio de acusaciones cruzadas, una parte de las cuales se desenvuelve en los estrados judiciales, incluida la Auidiencia Nacional, en donde la fiscalía ha tomado partido a favor del más fuerte, el imperialismo francés y los sacerdotes católicos, en contra del más débil, el gobierno de Kagame.