Esto es lo que ha pasado con el pedido de extradición por parte del gobierno español al gobierno alemán contra el «huido» Puigdemont.
Los jueces alemanes del estado de Schleswig Holstein, luego del encarcelamiento de Puigdemont han puesto a este en libertad con fianza de 75.000 euros, al considerar que no le es aplicable la figura penal de la rebelión. Pero parece que tampoco ven claro que se le pueda acusar de malversación de dinero público, es decir que según la acusación del inefable juez español Larena, Puigdemont habría gastado dinero del estado para costear los gastos de convocatoria del referéndum del día uno de octubre de 2017.
La permanente, terca y machacona llamada del gobierno español del PP (Partido Podrido) para que sea «la justicia» la que resuelva el problema político que se generó en Cataluña precisamente por su oceánica torpeza, ha desembocado en el más absoluto ridículo, y ha dejado por los suelos el menguante prestigio del mismo.
El abogado de Puigdemont señor Boyé, dijo hace pocos días que no le daba ningún miedo los tribunales alemanes. Lo que le daba miedo era el juez español del Tribunal Supremo Sr. Larena, que ejerce de instructor de la causa contra los políticos catalanes.
Si finalmente el tribunal alemán decide que entrega a Puigdemont solo por malversación o si decide que tampoco dicho delito ha sido cometido por Puigdemont según la legislación alemana, Puigdemont sería un hombre libre, y no podría ser juzgado en España al no ser autor de ninguno de esos delitos.
Pero la cosa se pone peliaguda con respecto a los otros políticos que están en prisión, acusados de los mismos delitos que Puigdemont. ¿Podrían ser juzgados por unos delitos que la justicia alemana no ha visto en Puigdemont? Siempre estaría a disposición de sus defensores el agravio comparativo que significaría eso. Si el jefe, que era y es según algunos políticos catalanes Puigdemont, no cometió esos delitos de los cuales le acusa el juez Larena, tampoco se les puede acusar a ellos, y tendrían que se puestos en libertad inmediatamente, y tendrían derecho al cobro de una indemnización por el tiempo que han estado en prisión sin razón alguna.
Pero esta decisión de los jueces alemanes ha puesto al descubierto a los ojos de todo el mundo la falacia de la división de poderes en España.
Esta teoría de la división de poderes tiene más de doscientos años, y fue iniciada por el francés Montesquieu, y ha resistido el paso del tiempo, pero en realidad es una pura ficción.
Lo que debe reivindicarse no es la separación de poderes que en realidad no existe en ningún país del mundio. El llamado Poder Judicial, es un poder del estado, y por lo tanto es el guardián de la legalidad existente. Lo que en realidad debe ser el Poder Judicial es no dependiente de ningún partido político; es tener la libertad de fallar contra el gobierno si lo considera legal y, sobre todo, debe ser el guardián incorruptible de los derechos de los ciudadanos, y también exigirles a los ciudadanos que cumplan con sus deberes, sin distinciones de clase, religión, raza o género.
En España ha quedado al desnudo que el Poder Judicial está al servicio del gobierno de turno y, sobre todo, al servicio de la clase gobernante representada por el Ibex 35.
Boyé es abogado de los exconsellers refugiados en Bélgica Toni Comin y Meritxell Serret,no de Puigdemont.
Aclaración que no afecta el excelente artículo.