El alcalde de Cádiz se convirtió en el último pleno municipal en protagonista de una escena que dejó en papel mojado su discurso como activista antisistema y candidato electoral.
Ocurrió cuando Juan Antonio Albiol y Tamara Escarcena, una pareja gaditana que atraviesa una situación desesperada por falta de trabajo y vivienda, irrumpieron en la sala municipal para exigirle que cumpliese con todo lo prometido antes de las elecciones. Entre ello, sobre todo, empleo y vivienda para los gaditanos, y fin de los cortes de luz. Nada de eso, afirman, lo está cumpliendo.
“Lo que no vais a conseguir nunca en la vida es que cometa un delito”, fue la respuesta del alcalde. El matrimonio tiene dos niños pequeños, de uno y cuatro años, un negocio de zapatería a punto de cerrar y varios recibos del alquiler en deuda. Hace más de una semana que la empresa eléctrica, perteneciente al ayuntamiento, les cortó el suministro.
Aseguran que, hace meses, se encontraron por la calle con el alcalde, y le pidieron una cita. “Kichi” llamó entonces al concejal de Servicios Sociales para tratar de encontrar alguna medida. Desde entonces, no saben nada.
“Mucho prometer y ahora no nos dejas a hablar. Y luego te vas a protestar por los sirios. Ayuda a los gaditanos”, le reprocharon en el pleno.
“Ahora mismo está reunida aquí la soberanía del pueblo de Cádiz y nadie puede interrumpirlo, nadie”, prosiguió “Kichi”. Pese a la repercusión mediática de la escena, la situación sigue igual. Sin soluciones.
El primer edil de Cádiz llegó a la alcaldía tras el 24-M como segunda fuerza más votada y sostenido por el PSOE. En sus promesas coincidía con el resto de denominados “alcaldes del cambio”, pertenecientes a las distintas marcas municipales de Podemos.
Auditoría de las deudas municipales, servicios básicos garantizados y paralización de desahucios de primera vivienda. “Kichi” prometía, para esto último, tomar “medidas valientes” y lograr que la empresa municipal de vivienda, Procasa, fuese “un garante bien dotado del derecho constitucional de la vivienda”.
“No podemos permitir ni un solo desahucio más en Cádiz. Vamos a trabajar para declarar Cádiz ciudad libre de desahucios, y para poner al servicio de todos y todas un parque público de viviendas en alquiler”, se leía en la candidatura de “por Cádiz sí se Puede”.
No es la primera vez que el regidor gaditano se convierte en protagonista a cuenta de un desahucio. De hecho, apenas unos días después de llegar a la alcaldía, el alcalde no pudo impedir que la Policía desalojara a una familia de la casa en la que vivían en Cádiz en régimen de alquiler.
Entonces, el alcalde y cuatro concejales de su grupo municipal “Por Cádiz sí se puede” acompañaron a un grupo de activistas antidesahucios para tratar de evitarlo. “Kichi” admitió entonces haber sentido una “gran impotencia” por no haber podido evitar el desahucio de la familia.
Aún así, el edil defiende el trabajo del Consistorio en estos primeros meses y afirma que el protocolo contra los desalojos ha logrado parar más de 140 desahucios.