Otra píldora

B.

Se ha puesto de moda, o asi parece, que la Fiscalía de Audiencias y Tribunales y los abogados de los acusados por actividades políticas se pongan de acuerdo en rebajar la pena cuando no evitar la condena y, consiguientemente, la entrada en la cárcel. Incluso quienes se oponen a ello, como las ultrarreacionarias y fascistas organizaciones que dicen ser «víctimas del terrorismo», como la AVT o Dignidad y Justicia, acaban por aceptar ese pacto, y no recurrirlo, claro que, y esto no se dice, quien recula es el acusado, que reconoce los cargos y el daño causado, y no la acusación particular o popular que se siente satisfecha y con el deber cumplido.

El presidente de Sortu, Hasier Arráiz, acaba de ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -en todo dependiente de la «justicia» española- a dos años de prisión (que no cumplirá) y a inhabilitación, al igual que ocurrió con sus 35 compañeros del proceso basado en la redada de Segura (un pueblo guipuzcoano donde estaban reunidos para, según la judicatura, «tratar de reorganizar la ilegalizada Batasuna», o algo así) tiempo atrás y esta vez por la Audiencia Nacional.

Es decir, se llega a unos acuerdos poco menos como si estuviéramos ante un acto de conciliación en Magistratura tratando un contencioso administrativo de tipo laboral, civil o mercantil, pero en modo alguno «político». Como , por ejemplo, no tiene ese carácter la declaración de David Marjaliza cuando «canta» hasta la parrala señalando quienes estaban implicados en la red de corrupción «Púnica» buscando, como «arrepentido», como delator, como chivato, incluso entre estos chorizos y manguis, su beneficio personal. A los efectos viene a ser casi lo mismo, a pesar de que un militante de Ekin, también absueltos por medio de un pacto esta semana, declara que «si lo hemos firmado (el pacto) es porque nos parece aceptable pero no quiere decir, de ninguna manera, que se haya hecho justicia« (negrita nuestra). Y, en el caso de Arráiz, la cosa se las trae porque, para eludir la cárcel, tiene que reconocer una integración en ETA ¡¡¡que no existió jamás!!! Muy fuerte. De los tiempos en que los acusados se plantaban ante el tribunal alegando no reconocerlo como juez de su causa política y apelando al «pueblo vasco» como único juez a esto, a los «nuevos tiempos y ciclos».

Y es que todo parece válido con tal de, como dicen los líderes abertzales, «vaciar las cárceles». No importa cómo ni la manera. Maneras que si importan al Estado interesado en el pacto que implica la, dicho claramente, humillación del vencido por un Estado que se siente vencedor, pero no vengativo en este caso, porque también esta interesado en ir vaciando las cárceles. Vengativo lo será -y es- con quien no traga sus cláusulas de «reinserción», sus horcas caudinas.

Allá cada cual con sus procedimientos para salir de los «makos», como dicen los militantes vascos. Todos los antifascistas y demócratas les queremos ver en la calle, pero no de cualquier manera, sino gritando AMNISTÍA.

¿O vale todo?

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