Y aunque el Ministerio de Defensa indicó que inició en el 2017, la fuente aseguró que se puso en marcha en el 2018 bajo ordenes directas del general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.
“La operación, de acuerdo a la misionalidad, es para establecer e identificar que generales estaban relacionados o tenían nexos con narcotráfico, mirar sus activos económicos y revisar que estuvieran acordes a lo normal que ha ganado un general en sus mas de 30 años de servicio”, dijo la fuente, quien pidió mantener su rango y situación actual dentro de la fuerza en el anonimato por seguridad.
Agregó que en los últimos años han sido sacados del Ejército por corrupción y actuaciones al margen de la ley más de 3.000 uniformados, entre ellos más de 30 generales, a los que se les ha descubierto presuntas actuaciones ilegales, como fue el caso del general Jorge Romero, que le vendía, supuestamente, salvoconductos a las bandas criminales de Medellín.
“Lo que hoy está pasando en el Ejército no es como se ha querido vender a los medios, de que se trata de los generales de Santos (Juan Manuel) contra los generales de Uribe (Álvaro Uribe), el problema es el mecanismo mafioso que hay dentro del Ejército, todos los que han sido sacados tenían sus negocios ilegales y pensaron que no se los iban a descubrir”, aseguró el investigador militar.
Agregó “lo que se debe entender es que esta operación atacó un sistema mafioso, un sistema que está completamente organizado, que cuenta con apoyo político, de militares de alto rango retirados y en servicio, que designan funciones y entregan reportes. Con la operación (Bastón) quedó en evidencia también lo politizado que en la está el Ejército”.
“Una de las cosas que deben mirar el gobierno, es el sistema de elección de generales. No llegan por méritos, llegan por favores y con guardados, llegan a generales oficiales con procesos activos por falsos positivos, con procesos por corrupción y siempre se amparan en la presunción de inocencia y cuando son ascendidos hacen múltiples maniobras para que les engaveten las investigaciones, los procesos no avanzan en la Procuraduría y la Fiscalía”, señaló el uniformado.
Este investigador indicó que hay mucha tela para cortar dentro del informe. Incluso dijo que el gobierno debería revisar a los generales que envía como agregados a otros países.
“Hay uno que reposa en los informes como posible colaborador, es más hay información que documenta que estaba en la nómina del Cartel del Norte del Valle”.
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