Los gastos médicos de urgencia de las víctimas de violaciones y agresiones sexuales son objeto de un estudio publicado en el New England Journal of Medicine (*). Desde unos pocos cientos de dólares, dependiendo de la póliza de seguro, hasta varios miles en el caso de los no asegurados, las cantidades pagadas son gigantescas.
Las mujeres que son víctimas de una violación en Estados Unidos tienen que pagar a veces facturas desorbitadas por un tratamiento de urgencia. Los autores del estudio analizaron los datos de 112.000 pacientes que llegaron a los servicios de urgencias tras una violación o una agresión sexual en 2019 (el último año del que se dispone de datos completos). Informan de que este grupo de referencia estaba formado por un 90 por cien de mujeres y un 38 por cien de menores de edad.
Una visita a urgencias tras una violación o agresión sexual implica dos tipos de tratamiento. En primer lugar, un examen forense durante el cual se toman las muestras necesarias para caracterizar la agresión y recoger pruebas de ADN. Salvo error administrativo, estos costes son cubiertos por el dinero público.
Pero los pacientes también reciben atención terapéutica, “es decir, toda la atención médica necesaria después de un ataque”. Los médicos suelen administrar a los pacientes antibióticos para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la anticoncepción de urgencia. Es posible que tengan que tratar las lesiones provocadas por la agresión, como fisuras vaginales y anales y fracturas.
Es esta segunda parte del tratamiento la que a veces no se reembolsa, y las cantidades que se manejan “son asombrosas”, dice el titular: “Las víctimas sin seguro médico, 17.000 personas en 2019, tuvieron que pagar, de media, 3.673 dólares”.
Los que tienen un seguro pagan cantidades menores, que depende en gran medida de su póliza de seguro. “Estas facturas son un trauma adicional para las víctimas”, denuncian los autores del estudio, “cuando no las disuaden de buscar ayuda profesional”. Se calcula que tras una agresión sexual, sólo una de cada cinco víctimas opta por el tratamiento médico.
(*) https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2207644