Hay ingenuos que creen que las criptomonedas son la Sodoma y Gomorra de la posmodernidad y que, además, todo permanece en el más absoluto secreto, por lo que el dinero virtual se habría convertido en el mayor refugio de los chorizos, algo similar a la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. No es así. La mayor plataforma de intercambio de criptodivisas de Estados Unidos, Coinbase, vende la información de los usuarios y de las transacciones al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
En agosto del año pasado Coinbase vendió una aplicación de rastreo de transacciones al ICE por 29.000 dólares, seguida de una venta de programas informáticos por un precio de 1,36 millones de dólares al mes siguiente (*). Ahora el ICE dispone de una enorme variedad de herramientas de análisis de las transacciones realizadas a través de cadenas de bloques (blockchain), tanto si son legales como si son ilegales.
Además, Coinbase ha ofrecido esas mismas aplicaciones a otros organismos públicos, como la Agencia Tributaria, el Servicio Secreto y la DEA. El mes pasado, el vicepresidente de Coinbase, John Kothanek, dijo al Congreso que su empresa estaba dispuesta a ayudar a la causa de la seguridad nacional: “Si eres un ciberdelincuente y usas criptomonedas, vas a tener un mal día […] Vamos a encontrarte y vamos a encontrar esa financiación y vamos a ayudar al gobierno a incautar ese cripto”.
El ICE es ahora capaz de rastrear las transacciones realizadas a través de casi una docena de monedas digitales diferentes, incluyendo Bitcoin, Ether y Tether. El contrato proporciona “datos históricos de seguimiento geográfico”, aunque no está claro en qué consisten exactamente esos datos ni de dónde proceden.
Coinbase no exigió al ICE que aceptara un acuerdo de licencia de usuario final, que pone límites a lo que puede hacer con las aplicaciones. Aunque los libros de contabilidad de las cadenas de bloques suelen ser públicos, el gran volumen de datos almacenados puede dificultar, si no imposibilitar, el seguimiento del dinero desde el emisor hasta el receptor sin la ayuda de ciertas aplicaciones informáticas. Coinbase comercializa Tracer para su uso tanto por empresas privadas como por la policía, destacando su capacidad para investigar el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y “conectar direcciones [de criptomonedas] con entidades del mundo real”.
No hablamos de nada nuevo. Para diseñar sus aplicaciones de rastreo, en 2019 Coinbase compró Neutrino, una empresa de análisis de blockchain. Neutrino fue fundada por tres técnicos de Hacking Team, un grupo italiano que alquila sus servicios de espionaje y vigilancia a clientes como los gobiernos de Etiopía, Arabia Saudí o Sudán.
Homeland Security Investigations, la división del ICE que adquirió los programas de Coinbase, no sólo se ocupa de la inmigración, sino también de delitos transfronterizos.
Por su parte, Coinbase es una empresa con sede en San Francisco que tiene unos 5.000 trabajadores, aunque la crisis económica le ha salpicado de lleno, tanto por el desplome de las criptomonedas como por el de la bolsa. La empresa obtiene la mayor parte de sus ingresos de las comisiones por transacción. El bitcoin ha caído por debajo de los 20.000 dólares y ha perdido el 53 por cien de su valor este año. Las acciones de Coinbase han bajado un 79 por cien en el primer semestre y un 85 por cien desde su nivel máximo.
El número de usuarios ha descendido y los ingresos se han reducido un 27 por cien respecto al año pasado.
(*) https://techinquiry.org/FOIA/Coinbase-ICE-Analytics.pdf