La crisis fronteriza en Ceuta está actuando como un catalizador de lo que hasta ahora era un tema incómodo e impopular en España: el incremento del gasto militar y la industria de defensa en España. Aunque no se ha declarado un plan de «rearme» explícito, la circulación de contratos, «foros de debate» y «opiniones expertas» que abogan por incrementar el gasto es ya una realidad.
La amenaza rusa nunca funcionó para agitar el ardor guerrero español, pero la marroquí es sin duda la que más pasiones levanta. Los datos que apuntan a posibles escaramuzas bélicas entre España y Marruecos es una muy buena noticia a ambos lados del Estrecho.
El pasado 1 de septiembre el Consejo de Ministros autorizó seis expedientes de contratación del Ministerio de Defensa por un valor estimado conjunto de 499,8 millones de euros, destinados a reforzar las reservas de munición de las Fuerzas Armadas, renovar medios logísticos y de protección individual del Ejército de Tierra, garantizar el sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire y del Espacio y ampliar las capacidades de apoyo logístico de la Armada.
También autorizaba en el mismo acuerdo al Ministerio de Hacienda a ejecutar una transferencia de crédito por un importe de 1.483 millones de euros al Ministerio de Industria para prefinanciar hasta 14 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa que verán la luz en principio antes de final de año.
La paradoja de este «rearme» es que los dos principales proveedores, Indra y Navantia, venden y fabrican armamento y sistemas para los dos bandos.
Indra se ha convertido en la principal adjudicataria del Gobierno en defensa y seguridad, con contratos que superan los 14.400 millones de euros. Su negocio abarca sistemas de defensa, mando y control, espacio, sensores y tecnología militar.
Pero también es proveedora de infraestructuras críticas y control del espacio aéreo para el Reino de Marruecos. Parte de estos contratos incluyen la instalación de estaciones de comunicaciones por satélite para la gestión del tráfico aéreo en los aeropuertos de Laayoune, Es-Semara y Dakhla, en el territorio ocupado del Sáhara Occidental.
En el caso de Navantia, otra de las principales proveedoras de la armada española, le fue encargada la construcción de un patrullero oceánico de la clase Avante 1800 para la Marina Real marroquí. El valor estimado de este proyecto ronda los 130 millones de euros. Para financiarlo, el Banco Santander concedió un crédito a Marruecos por valor de 95 millones de euros.
El buque, que ha recibido el nombre de «Moulay Hassan», fue entregado en junio de 2026, pocos días antes de la crisis fronteriza.
Todo este movimiento responde a la presión de la OTAN para que España aumente su gasto militar hasta el 5% del PIB, donde Navantia e Indra son las empresas designadas para alcanzar ese objetivo.
La propia industria ya está revisando sus previsiones al alza. Indra, por ejemplo, adelantó sus objetivos y ahora aspira a facturar 7.000 millones de euros en 2026. Tenía previstos ganar 6.000 millones, pero en febrero cambiaron sus cálculos. La industria estima que Europa duplicará sus presupuestos de defensa en la próxima década, lo que supone un billón de euros en nuevos contratos.
El Estado ya tenía programado esos nuevos acuerdos y programas. Lo único que cambia con lo ocurrido en Ceuta es que ahora el gobierno de turno no sufrirá, al menos por ahora, el rechazo social a este incremento del gasto militar.