En Portugal también se ha entablado una batalla entre el derecho a la vivienda y la búsqueda del lucro. En Lisboa, Oporto y otras ciudades portuguesas, trabajadores, estudiantes y jóvenes han salido a la calle, han instalado campamentos de protesta y han desafiado a un sistema que trata la vivienda como un activo financiero y no como una necesidad básica de los seres humanos.
En octubre, varias operaciones policiales desmantelaron campamentos de protesta en la Plaza del Rossio, en Lisboa, y en la plaza D. Joao I, en Oporto; se produjeron detenciones de manifestantes a golpes. Miles de personas se han movilizado contra el vertiginoso aumento del coste de la vivienda y las propuestas gubernamentales para debilitar la protección legal de los inquilinos.
Las protestas ponen de manifiesto una contradicción fundamental del capitalismo: mientras los trabajadores luchan por asegurarse un techo, la vivienda sigue generando riqueza para los propietarios. Lo que está ocurriendo en Portugal no es simplemente una crisis de oferta y demanda; es un aspecto de la lucha de clases, del derecho de propiedad privada y de la política económica.
La supervivencia de la clase obrera se está volviendo imposible. El salario mínimo legal en Portugal es de 920 euros brutos al mes. Esta cantidad se reduce en un 11 por cien debido a las cotizaciones a la seguridad social a cargo del trabajador. Dado que esta cifra se sitúa por debajo del umbral del impuesto sobre la renta, los trabajadores perciben unos ingresos netos mensuales que no llegan a los 820 euros.
Sin embargo, el precio del alquiler resulta ya inalcanzable para muchos. En Lisboa, un apartamento de un dormitorio cuesta, de media, entre 1.200 y 1.800 euros al mes. Esto significa que los trabajadores destinan entre el 146 por cien y el 220 por cien de sus ingresos netos totales al pago del alquiler. En Oporto y otras grandes zonas urbanas, los apartamentos de un dormitorio en el centro de la ciudad cuestan, de media, entre 900 y 930 euros; es decir, que el 100 por cien de los ingresos netos se destina al alquiler, sin contar siquiera los gastos de suministros básicos o la alimentación.
La explotación capitalista de la vivienda ha privado a los trabajadores jóvenes de su independencia básica. Los adultos jóvenes en Portugal se ven obligados a seguir viviendo con sus padres hasta una edad media de entre 29 y 33 años. Se trata de una de las cifras más elevadas de toda la Unión Europea.
Como otros países del continente, Portugal es un Estado rentista y parasitario, impulsado por la especulación extranjera, las ventajas fiscales para las inmobiliarias y la desregulación del mercado de alquiler privado.
El turismo, los alquileres a corto plazo, la especulación internacional y los fondos buitre han intensificado la presión sobre las grandes ciudades. Los hogares se convierten en activos mediante los cuales se acumula riqueza, mientras que las personas que los necesitan son vistas como obstáculos para maximizar los beneficios.
Cuando una vivienda se valora principalmente por su rentabilidad, las necesidades de sus ocupantes pasan a un segundo plano; es la ley del más fuerte, la dictadura del capital especulativo, financiero e inmobiliario.
Cuando la clase trabajadora salió a la calle, organizando campamentos y asambleas, el Estado capitalista reveló su verdadera naturaleza. El gobierno implementó políticas de vivienda abusivas, destinadas a acelerar los desahucios y eliminar los controles de alquiler. Cuando se crearon campamentos en Lisboa y Oporto para luchar contra los desahucios, el Estado desplegó a la policía fuertemente armada —con porras y perros— para desmantelarlos. Hubo numerosos heridos y detenidos por defender sus derechos más básicos.
El hecho de que la policía desaloje campamentos para proteger los intereses de especuladores que no mantienen ningún vínculo real con sus propiedades, constituye un ejemplo perfecto de su papel como mamporreros al servicio de los capitalistas.
Actualmente, en Portugal ha estallado una oleada de huelgas obreras en sectores como el transporte, la sanidad y la función pública. Es otra expresión de que la clase trabajadora atraviesa por una crisis marcada por el elevado coste de la vida.
Pero no es posible controlar el mercado inmobiliario únicamente mediante la regulación. Se han eliminado los controles de alquiler, se ha reducido la protección frente a los desahucios y el Estado ha dejado claro que empleará la fuerza contra cualquiera que decida plantarle cara.
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