La ley italiana reconoce que hay una ‘incertidumbre científica’ acerca de las vacunas

Con 144 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones, el Senado italiano ha respaldado la ley sanitaria del gobierno (*), que tiene dos artículos característicos sobre la responsabilidad criminal de los trabajadores sanitarios en materia de vacunación.

La Exposición de Motivos de la ley explica las modificaciones introducidas de la siguiente manera: “En un contexto caracterizado por márgenes de incertidumbre científica, y un marco en continua evolución, la perspectiva de incurrir en una posible responsabilidad penal, como consecuencia de eventos adversos atribuibles, aunque sólo sea en hipótesis a la administración de la vacuna puede generar alarma”.

Más adelante, el texto explica el artículo 3 de la ley de la siguiente manera: “La disposición excluye la responsabilidad por los delitos de homicidio y lesiones personales por negligencia cometidos en el periodo de emergencia cuando los hechos sean causalmente atribuibles a la administración de la vacuna contra el Sars Cov 2”.

Es interesante que la ley italiana reconozca con la boca pequeña la “incertidumbre científica” que ha existido y sigue existiendo sobre la pandemia, lo que contrasta con las declaraciones contundentes de los políticos, los expertos y los medios de comunicación, que han tratado de aparentar lo contrario.

Las vacunas forman parte integrante de esa “incertidumbre científica” y, sin embargo, la ley no protege a los vacunados, sino a los vacunadores.

Como suele ocurrir, la ley le da la vuelta al asunto: la política sanitaria no ha presentado un cuadro dogmático de la pandemia para crear alarma, sino para evitarla, y ese mismo argumento falaz es el que utiliza para excluir a los trabajadores sanitarios de cualquier tipo de responsabilidad.

El argumento de la “alarma” trata a la población como menores de edad, incapaces de tomar decisiones por sí mismos. Uno de los rasgos más característicos de la pandemia ha sido precisamente la alarma, pero ha llegado el momento de evitarla.

El personal sanitario alcanza así el mismo estatuto legal que las multinacional farmacéuticas: todos son impunes, nadie se responsabiliza de las consecuencia de las vacunas.

Por otro lado, el artículo 4 exige la vacunación obligatoria de los trabajadores sanitarios, lo cual resulta esperpéntico, teniendo en cuenta la “incertidumbre científica”, porque no se obligar a nadie a vacunarse si no hay certeza.

Como se ve, la ley tiene dos caras: protege a los trabajadores sanitarios cuando vacunan a terceros y les deja sin opciones cuando se vacunan a sí mismos. Es una de las características de esta pandemia, donde han sido víctimas y verdugos al mismo tiempo.

Algunos partidos parlamentarios intentaron eliminar este artículo 4, pero su propuesta sólo fue apoyada por 45 senadores.

(*) https://www.byoblu.com/2021/05/14/lobbligo-vaccinale-per-i-sanitari-riceve-lok-del-senato/

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