El llamado Caso Villarejo se inicia como una operación encubierta del servicio secreto militar contra el movimiento independentista catalán, del mismo estilo de las que se montaron en Euskadi contra la izquierda abertzale durante años. Es, pues, un caso evidente de guerra sucia.
La última demostración de ello es la decisión de la Audiencia Nacional de darle el carpetazo a las “funciones asignadas a José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014” con el argumento de que es posible que estén “legalmente clasificadas”.
Dado que es posible que sea “información secreta”, la Audiencia Nacional ni siquiera lo va a comprobar y, a su vez, la sigue manteniendo en secreto. Un secreto encima de otro.
Pero no sólo es secreta sino también sucia, otro ejemplo más de este “Estado de Desecho” en el que los jueces son una extensión del propio servicio secreto, como también es sabido desde hace muchos años, por más que la mayoría mantenga la boca bien callada.
El plan de la Audiencia Nacional es desviar la atención del caso hacia asuntos secundarios porque esa es otra de las constantes de la guerra sucia: una vez que el Estado fascista otorga patente de corso a sus matones, éstos la utilizan en provecho propio y se pasan de rosca. Ocurrió con los GAL y ha vuelto a ocurrir ahora.
Hay que recordar que Villarejo fue condecorado en 2014 porque entonces era un héroe, mientras que ahora deambula por las cárceles porque se ha convertido en un villano y el Estado esconde el papel heroico del comisario y sólo destapa su otra faceta, que es la única que quedará en los medios para el futuro. Pues bien, lo interesante de este caso es la primera parte y no la segunda.
Cuando la Audiencia Nacional se refiere a los años 2013-2014, es decir, la primera legislatura de Mariano Rajoy, deja también muy claro que el plan contra Catalunya no es consecuencia del referéndum de 2017. Incluso hay referencias documentales que se remontan a 1994, por lo que la desestabilización política la comenzó el Estado, no los independentistas.
Una de las funciones por las que el comisario fue condecorado, dice la Audiencia Nacional, es “la captación de información de interés policial”, lo cual dicho sin eufemismos significa que una parte del movimiento independentista catalán trabaja para el Estado central, es decir, que son infiltrados y entre otras razones por eso mantienen en secreto esa parte de la investigación.
Otra parte de la guerra sucia ha consistido en destapar viejos asuntos de corrupción, como el de la familia Pujol, que se inician en la transición como un intento de incorporar a una parte de la burguesía catalanista en apoyo de la reforma del viejo “Régimen de 1936”. Esa parte pasó a apoyar la transición no sólo por la concesión de la autonomía para Catalunya sino a base de sobornos y de corrupción, es decir, tanto por motivos políticos como personales y para evitar “males mayores”, lo cual significa exactamente: para evitar que en 1977 ocurriera lo que ocurrió en 2017.
De esa manera los burgueses que, como los Pujol, se vendieron al mejor postor, lograron que el “Régimen de 1936” ganara tiempo, exactamente 40 años de margen, durante los cuales el Estado se pudo centrar en aplastar otro tipo de movimientos, especialmente fuera de Catalunya, así como imponer la entrada en la OTAN y en la Unión Europea.
Durante décadas el Estado central calló y controló los sobornos en Catalunya, hasta que el juego entre ambos se acabó y entonces pasó a utilizarlo como arma arrojadiza para desacreditar a los independentistas en su conjunto, que no han sido capaces de depurar sus filas, ni de los corruptos, ni de los infiltrados, si es que es posible diferenciar a unos de otros.
El Caso Villarejo no es más que un ejemplo de la verdadera naturaleza de este Estado, que juega a dos barajas. Es evidente que a Villarejo el gobierno no le otorgó misiones de espionaje que son impropias de la policía, sino que fue el propio CNI quien dirigió la operación contra Catalunya porque las tarea de mantener a raya a los independentistas, dentro y fuera de Catalunya, es una tarea que incumbe al ejército. Lo explica claramente la propia Audiencia Nacional de la siguiente manera:
“Se han encontrado diversos documentos -fechados entre 1994 y 2003- en los que se encuentran informaciones que pudieran estar vinculadas con funciones asignadas al investigado José Manuel Villarejo Pérez en el marco de sus cometidos profesionales, en tanto que algunas de ellas se refieren al funcionamiento del CESID, del Ministerio del Interior y, fundamentalmente, de la Dirección General de la Policía; material documental que se consideran afectado por la vigente legislación sobre secretos oficiales”.
No se puede ser más claro.
Los independentistas catalanes, que siguen con los ojos bien cerrados, deberían estar muy interesados por saber quiénes son esos “colaboradores” y “agentes autonómicos”que están cobrando de los fondos reservados, es decir, que parecen una cosa y son otra.
El año pasado, por verdadera mala suerte, cayó en manos de la Audiencia Nacional todo un archivo, llamado “Taja”, que sacaron inmediatamente de la investigación porque incluye información que puede afectar a la “defensa y seguridad del Estado”.
Tanto el dinero como la información no se refieren a quienes descaradamente defienden la unidad de España en Catalunya, sino a sus tentáculos dentro del independentismo porque sólo ellos, los llamados “procesistas”, son capaces de reconducir la situación que se ha creado de la misma manera que durante la transición. Son los nuevos Pujol.
Naturalmente, una parte del Caso Villarejo concierne a los chanchullos del ya amortizado reyezuelo, donde se pone de manifiesto el mismo estilo policiaco de siempre, el que impera en España desde 1939. Exactamente el mismo.
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