La crisis conduce a la privatización de la policía en más de 40 países capitalistas

Candice Bernd

Cuando a finales de mayo las movilizaciones contra el terrorismo policial comenzaron por primera vez en Chicago, los teléfonos de AGB Investigative Services empezaron a sonar. Esta empresa de seguridad privada emplea a más de 750 matones y entre sus clientes se encuentran instituciones públicas, empresas y personas con dinero para contratar guardaespaldas y entrenamiento con armas.

AGB se ha inundado de peticiones de propietarios de negocios que temen que las manifestaciones puedan tener como objetivo sus tiendas y mercancías. Los residentes ricos del norte de la ciudad temen por sus urbanizaciones cerradas. La propia ciudad de Chicago quiere complementar sus propias fuerzas policiales con seguridad privada.

En un fin de semana de junio, Chicago entregó 1,2 millones de dólares a AGB y a otras dos empresas de seguridad privada para proporcionar más de 100 guardas desarmados “para proteger las tiendas minoristas, los supermercados y las farmacias locales” en el sur y oeste de la ciudad. El contrato era temporal, pero Tifair Hamed, vicepresidente de la empresa, dice que la ciudad puede utilizar los servicios de su empresa de forma permanente.

El negocio ha crecido alrededor de un 25 por ciento desde mayo, tanto en el sector de la vigilancia empresarial como en los servicios de formación en el porte de armas. Las horas de trabajo de los guardias apostados frente a las tiendas, subestaciones de servicio eléctrico y edificios comerciales han aumentado. La clientela de la empresa se ha ampliado para incluir hoteles. Busca contratar tantos guardianes como sea posible.

Sin embargo, la decisión de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, de contratar guardias de seguridad privados para patrullar la ciudad suscita preocupación, en particular porque los guardias de seguridad privados no están sujetos a las mismas medidas de rendición de cuentas que la policía.

Chicago no es la única ciudad que depende cada vez más de las empresas de seguridad privada para complementar las patrullas policiales en el contexto de las movilizaciones en respuesta a la violencia racista perpetrada por la policía. Portland y Oregón, también han recurrido a empresas de seguridad privada contra las movilizaciones. El año pasado, la ciudad aprobó un contrato de 10 millones de dólares con G4S Security Solutions para la seguridad del ayuntamiento.

Al igual que Chicago, Portland tiene un impuesto especial para los propietarios de inmuebles en ciertos barrios comerciales que incluye la policía, el transporte, el borrrado de pintadas y la seguridad privada. Pero una auditoría publicada el mes pasado mostró que no controla la manera en que las empresas privadas se gastan el dinero que perciben.

Tres empresas de seguridad privada contratadas por los municipios tratan a los indigentes con más dureza que a los demás. Los inquilinos tienen poco que decir en sus barrios porque están controlados en gran medida por los dueños de los negocios y las empresas. La ciudad ni siquiera recogió las quejas contra los guardias de seguridad de los distintos barrios.

El DHS (Ministerio de Interior) también ha contratado empresas privadas para sofocar las protestas de Portland. Una unidad del DHS desplegada este verano por el gobierno de Trump, el FPS, Servicio de Protección Federal, una policía de seguridad uniformada, moviliza 13.000 efectivos en todo el país mediante contratos con empresas de seguridad privada.

El FPS gasta 1.500 millones de dólares en “respuestas a incidentes” para contratar guardias de seguridad para controlar multitudes en propiedades federales, como los sitios y edificios que el FPS protege en Portland. Muchos de los contratistas del FPS son de empresas de seguridad como Triple Canopy, que se fusionó en 2014 con Erik Prince’s Academi, antiguo Blackwater, el ejército privado más grande del mundo que ha actuado en Irak y Afganistán con estatus de inmunidad.

Los matones privados aumentan en otras ciudades importantes como Nueva York y Seattle a medida que los comerciantes contratan protección privada para sus negocios ante las movilizaciones contra el terror policial. La demanda de guardias de seguridad en todos los mercados es mayor que nunca a causa de las protestas populares. La policía privada ha llegado para quedarse.

El número de matones al servicio de las empresas de seguridad ha comenzado a superar al de policías del sector público después de que se recortaran muchos presupuestos como consecuencia de la crisis económica de 2008. Los recortes no dieron lugar a una disminución de las plantillas de policías, sino más bien hacia la privatización.

Hay más de 1,1 millones de guardias de seguridad privada en Estados Unidos, en comparación con 666.000 policías. El número de efectivos privados supera a los policías en más de 40 países.

Al menos 13 ciudades de Estados Unidos han recortado la financiación de los presupuestos policiales o reducido el número de sus efectivos desde que Minneapolis encabezó la movilización contra el racismo, que en junio condujo a la disolución del departamento de policía de la ciudad. Otras también han iniciado los recortes.

En los últimos meses las ciudades que han recortado los presupuestos policiales han visto una afluencia de guardias de seguridad privada. Los empresarios los sustituyen por matones a sueldo. El ayuntamiento de Minneapolis ha sido criticado por gastar 4.500 dólares diarios en contratar guardias privados para su propia protección después de votar para disolver la fuerza policial municipal de la ciudad.

El recurso a guardias de seguridad privados como alternativa ha aumentado en los distritos escolares locales, donde las juntas reemplazan a los trabajadores de los servicios escolares por guardias de seguridad.

En junio, por ejemplo, la Junta de Educación de Minneapolis canceló sus contratos de seguridad escolar con el Departamento de Policía de Minneapolis. Al mes siguiente, publicó 11 ofertas de trabajo para “especialistas en apoyo a la seguridad pública”, cuyas responsabilidades llegan hasta la intervención en las peleas.

Las fuerzas de policía privadas ya patrullan los campus universitarios. La Universidad de Chicago tiene su propio departamento de policía, con jurisdicción sobre más de 65.000 vecinos de Chicago. Puede registrar, multar y detener a los ciudadanos lo mismo que cualquier otra policía.

Los disparos realizados por los matones de seguridad privada rara vez se investigan o incluso se denuncian. La mayoría de los organismos públicos no exigen que los guardias de seguridad privados les informen de los disparos con armas de fuego y en los enfrentamientos con los matones privados, los ciudadanos llevan las de perder, exactamente igual que con la policía.

Los matones tienen exactamente los mismos pleitos ante los tribunales que la policía pública, por violación de los derechos civiles, uso excesivo de la fuerza o tiroteos. Los que disparan a quienes huyen de los centros comerciales, urbanizaciones y aparcamientos rara vez son sancionados, incluso en los Estados en que las empresas de seguridad están obligadas a presentar informes relacionados con las armas de fuego.

Los organismos públicos encargados de supervisar a las empresas de seguridad privada sólo intervienen cuando un guardia armado ha sido condenado por los tribunales. A los matones no les revocan el permiso de armas.

Las obligaciones legales destinadas a la policía policía no se aplican a los matones. No se puede obligar a una empresa privada a que abran sus archivos al público, aunque desempeñen funciones públicas.

Las empresas privadas recopilan información sobre la vida particular de las personas, e incluso información que un autoridad pública no puede obtener. Luego la información la venden a la policía, cuyos miembros suelen trabajar en la clandestinidad y a tiempo parcial como matones.

Truthout, 1 de septiembre de 2020

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