La simpatía creciente por el movimiento Boicot, Sanciones y Desinversión (BDS) ha obligado a los gobierno europeos a reaccionar contra la causa palestina y en apoyo a un Estado acusado de apartheid.
El 3 de julio el Parlamento británico aprobó una ley que castiga a los opositores de la política israelí. La represión también ha cobrado impulso en Alemania y otros países europeos. La solidaridad con la causa palestina se está convirtiendo en el objetivo de una legislación represiva que en Israel coincide con un gobierno dominado por personajes que no ocultan su condición de racistas antipalestinos.
Los sionistas se están aprovechando de la adopción en Europa de la definición de antisemitismo desarrollada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que conduce a amordazar las críticas a Israel, sean cuales sean los crímenes de los que ese Estado puede ser culpable.
En 2019 los parlamentarios alemanes aprobaron una resolución no vinculante denunciando el movimiento BDS, describiendo sus métodos como antisemitas y recordando los llamados a boicotear a los judíos del III Reich. La resolución establece que Alemania se opone a la difamación de los judíos o el cuestionamiento de su derecho a existir, así como “el derecho a la autodefensa del Estado judío y democrático de Israel”.
Los tres principales partidos políticos alemanes, el Partido Socialdemócrata, la Unión Demócrata Cristiana y los Verdes aproyaron la ley.
De 1945 a 2018 el gobierno alemán pagó alrededor de 86.800 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas y supervivientes del genocidio judío, a lo que añadió obligaciones morales, en beneficio sobre todo de Israel.
Para los partidarios de Palestina, el clima se ha deteriorado últimamente. En los últimos años, el espacio para la defensa de Palestina en Alemania se ha reducido. El discurso pro-palestino calificado automáticamente como antisemita, y tras la aprobación de la resolución anti-BDS en el parlamento alemán en 2019, las instituciones federales comenzaron a declarar antisemitas todas las acciones que apoyan el movimiento de boicot. Esto ha permitido que universidades, gobiernos regionales e instituciones públicas nieguen a los palestinos el derecho a la libertad de expresión y reunión.
Tras la adopción “no vinculante” de la ley que designa al movimiento BDS como antisemita, el director del Museo Judío de Berlín, Peter Schäfer, investigador en estudios judíos, tuvo que dimitir, presionado de los cabecillas del gobierno israelí y la comunidad judía de Alemania, quienes acusaron al museo de participar en actividades anti-israelíes y anti-judías.
Un tuit del museo del 6 de junio respaldando un artículo del diario progresista Die Tageszeitung que informaba sobre una carta firmada por 240 académicos judíos e israelíes rechazando la idea de que el BDS es antisemita.
Las consecuencias son obvias: en Alemania muy pocos se atreven hoy a apoyar el boicot a Israel. El 20 de mayo el Tribunal Administrativo Superior de Berlín-Brandeburgo confirmó la prohibición policial de una manifestación celebrada en Berlín para conmemorar la Nakba palestina incitación antisemita de la población, a la glorificación de la violencia, a la transmisión de un voluntad de usar la violencia y por lo tanto a la intimidación y la violencia”.
Se han cancelado varias conferencias recientes en las que hablarían judíos no sionistas, a veces israelíes. En julio de 2022, consternado por las acusaciones de antisemitismo escuchadas tras una conferencia en la que había participado en Alemania sobre la apropiación indebida de la memoria del Holocausto, Avraham Burg, expresidente del parlamento israelí y de la Organización Sionista Mundial, escribió un artículo de opinión publicado por Haaretz:
“¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Israel ha hecho del antisemitismo una poderosa arma diplomática. Su gobierno conservador amplió enormemente el concepto. Toda crítica es antisemita; cualquier oponente es un enemigo; todo enemigo es Hitler; cada año es 1938”.