Los discos duros de los ordenadores del Partido Popular fueron borrados para obstruir la investigación sobre su financiación ilegal. La manipulación de los ordenadores posibilitó que, por primera vez desde que arrancó el caso Gürtel, el Partido Popular figurase como querellado en una causa criminal.
El artículo 264 del Código Penal impone penas de cárcel de seis meses a dos años a quien sin autorización borre, dañe o haga “inaccesible” datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos. Ese delito es atribuible a una persona jurídica, en este caso el Partido Popular porque presentó el borrado de datos “como algo habitual y que forma parte de la rutina y actividad diaria en la gestión administrativa del propio partido”. Naturalmente que no guardan copia de los contenidos.
Ante esta situación las acusaciones del caso de los papeles de Bárcenas, entre ellas la Asociación Libre de Abogados, presentaron una querella contra el Partido Popular por la “destrucción u ocultación” de pruebas en octubre de 2013. Ante la denuncia, el juez Pablo Ruz hizo lo de siempre: para quitarse trabajo de enmedio la rechazó.
El asunto empezó a pasar de unas manos a otras hasta que llegó al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid al que los denunciantes le piden lo imposible: que identifique a los responsables del departamento de informática que llevaron a cabo el formateado del disco duro del ordendor y a los responsables del partido que destruyeron el registro de visitas, donde deberían haber quedado reflejados los encuentros de los donantes con los jefecillos del Partido Popular.
Como la titular del Juzgado de Instrucción número 32 tampoco quiere trabajar, o sea, investigar nada, los denunciantes tienen que recurrir a la Audiencia Provincial de Madrid y al enviar allá los papeles, de tanto mareo resulta que los han debido tirar a la papelera, o mejor dicho, no saben ni a dónde los han tirado porque no aparecen. Ayer el Juzgado número 32 les dice a los denunciantes que «se han perdido» por el camino, aunque debería haberles dicho más bien que alguien los ha hecho desaparecer.
El caso es que 14 meses después del recurso, no hay papeles, que es lo que el Partido Popular ha dicho siempre. Ni siquiera hay discos duros, que están completamente en blanco. Todo está tan limpio porque se ha limpiado dos veces. Una limpieza detrás de otra.
En sus intentos de explicar lo inexplicable las fuentes oficiales dicen que no hay explicación, pero a nosotros se nos ocurren dos hipótesis:
a) hay mala fe, una mano negra al servicio del PP, la misma que borró los discos duros para ocultar las pruebas
b) no hay mala fe pero los tribunales son un desastre, lo cual es aún peor: ¿cómo permiten que alguien tan chapucero pueda condenar a una persona?, ¿no serán sus condenas otra chapuza?
Cuando el asunto de los GAL apuntaba a la cabeza del PSOE, ya lo dijo Felipe González: «No hay pruebas ni las habrá». Ahora Rajoy puede decir lo mismo. Funcionan exactamente igual que la mafia. Lo llaman de otra manera: Estado de Derecho.