La Junta Sectorial de magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial adoptó la pasada semana un acuerdo por el que se orienta a los Juzgados de Instrucción de la Comunidad Autónoma a que accedan a las peticiones de desalojo inmediato de viviendas ocupadas que insten bancos o fondos buitre, algo que la ley no contempla salvo en casos tasados.
El acuerdo hace propia una reclamación que venían instando los despachos de abogados de estas entidades desde el inicio de la crisis y que sin embargo no eran normalmente acogidas por no tener encaje legal.
La ley diferencia el delito de allanamiento de morada, que es la entrada en vivienda ajena donde normalmente si hay aparejada la medida cautelar de desalojo inmediato, del delito leve de usurpación, que es el tipo penal aplicable en casos de okupación de viviendas vacías propiedad de entidades financieras y fondos de inversión.
Se trata de la modalidad más extendida, ya que son muy escasas las usurpaciones en viviendas de particulares. Al ser viviendas vacías las que eran objeto de posibles ocupaciones, no quedaba nunca acreditado el perjuicio que le suponía a la entidad financiera que justificara el desalojo de una familia. Esto no quiere decir que no se la desalojara, sino que la denuncia por usurpación tenía un trámite ordinario, y por tanto, unos meses de espera para el banco.
El acuerdo de unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Madrid acoge así una reivindicación histórica de la banca, que tiene un efecto directo y otro indirecto. El directo es que acelerará notablemente el ritmo de los desalojos, y el indirecto es que permitirá a las entidades financieras mantener bajo llave el stock de viviendas vacías, con el consecuente efecto sobre el mercado del alquiler en un momento en que el precio de la vivienda debería haber descendido.
Cabe esperar que, tras esta decisión, otras audiencias provinciales adopten la misma postura en las próximas semanas.