Francia retira el proyecto de ley de estado de guerra sanitario

Francia es otro ejemplo de que las epidemias, reales o ficticias, van acompañadas de un estado de guerra. Son un campo abonado para todo tipo de ensayos represivos. No es casualidad que el gobierno presentara el proyecto de ley a la Asamblea el mismo día en el que Bruselas aprobaba la primera vacuna que nos va a librar de la peste sanitaria para introducirnos la peste política.

Los portavoces se han apresurado a decir que el proyecto estaba redactado con anterioridad a la decisión de Agencia Europea del Medicamento, es decir, que no hay relación entre un asunto y el otro, lo cual es inverosímil.

Con la retirada del proyecto ha ocurrido lo mismo: había que reaccionar con rapidez para impedir que los antivacunas ganaran adeptos. La campaña contra las vacunas se sumaba a la campaña contra la represión, y al revés, en un momento en que los rescoldos de las movilizaciones contra la ley mordaza no se han apagado por completo.

Macron acumula ya dos proyectos represivos en la nevera, que aguardan mejores tiempos para salir a la luz, lo que indica que los gobiernos europeos ya sólo saben aprobar leyes fascistas y que no hay otro dique más que la lucha decidida en la calle… si es que aún quedan organizaciones dispuestas a convocar algo más que payasadas puramente virtuales.

Las encuestas indican un flagrante fracaso de la ola de miedo en Francia: el 59 por ciento de la población no se quiere vacunar. Las razones son evidentes y no es necesario recurrir a los argumentos clásicos de los antivacunas.

Las vacunas que se están aprobando son experimentales, hasta el punto de que algunos se niegan a calificarlas como tales vacunas.

Su aprobación es con carácter provisional porque no se han llevado a cabo las pruebas necesarias para garantizar su seguridad.

Las multinacionales que las comercializan tampoco garantizan dicha seguridad, por lo que se han desentendido de cualquier responsabilidad por sus efectos adversos.

El mundo y, sobre todo, los médicos, parecen haber olvidado que la atención sanitaria es un derecho, no una obligación.

Los tratamientos sanitarios experimentales requieren una información previa que no ha existido en absoluto a lo largo de un año de pandemia, durante la cual se ha yugulado brutalmente cualquier clase de opinión alternativa o independiente.

Cualquier intento de imponer un médico o una terapia es intolerable desde todo punto de vista, sobre todo si se hace por decreto de un gobierno. Hace muchos años que los protocolos sanitarios internacionales reconocieron que las personas tienen derecho a elegir los remedios que consideren más oportunos para su salud.

La salud pública mejoraría mucho más si en lugar de redactar leyes y decretos, se acabaran los recortes presupuestarios.

Más información:
– El gobierno francés presenta un proyecto de ley para prohibir los viajes a quienes no se vacunen

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