La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad ha rechazado entregar los contratos de las vacunas contra el coronavirus que requirió el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dentro de un procedimiento impulsado por una asociación contra el “pasaporte covid” en Baleares.
La asociación solicitó los contratos originales “suscritos por el gobierno con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Jansen y/o la Comisión de la Unión Europea”, en los que conste “el precio de las dosis, las entregas, posibles indemnizaciones por fallos en el fármaco así como todas las cláusulas y estipulaciones”.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares consideró pertinente la prueba y el pasado 28 de julio libró un oficio en el que daba diez días al Ministerio para certificar la documentación solicitada.
El 3 de agosto la Agencia del Medicamento contestó informando de que estos contratos “están sujetos a confidencialidad al ser parte de los acuerdos de adquisición anticipada concluidos por la Comisión Europea con los fabricantes de vacunas”.
El organismo señala que el reglamento del comité rector que asiste a la Comisión en los contratos “señala expresamente que los documentos presentados a miembros del comité rector deberán ser tratados como confidenciales”.
La Comisión asegura que los contratos están protegidos por motivos de confidencialidad “por el carácter altamente competitivo de este mercado mundial”, para proteger las negociaciones “sensibles”, información comercial, financiera y planes de desarrollo y producción; y remarcó que “todas las empresas exigen que dicha información comercial sensible siga siendo confidencial”.
Por ello, la divulgación de los contratos por parte del gobierno supondría una quiebra de dicha confidencialidad.
La petición del Tribunal Superior de Justicia de Baleares deriva de un recurso contencioso-administrativo presentado por la asociación Liberum contra un acuerdo del Consell de Govern ampliatorio del alcance del “pasaporte covid”; en concreto, contra un acuerdo del 28 de diciembre del año pasado por el que se extendió el uso del certificado a la práctica de deportes al aire libre por parte de menores.
La demanda inicial consideraba discriminatorio el certificado entendiendo que vulneraría diversos derechos fundamentales, como el derecho a igualdad ante la ley, a la integridad física y a la intimidad. Argumentaba que se estaría “criminalizando a los no vacunados sin ninguna evidencia científica”.
La asociación solicitó los contratos con las farmacéuticas para descartar la posible existencia de “cláusulas espurias”, es decir, la posibilidad de que se hubiera acordado en estos contratos el compromiso por parte del Estado de aprobar un mecanismo para forzar las vacunaciones.
Ante la respuesta del gobierno, la asociación ha reiterado su petición de recabar los contratos. El oficio en el que se ordena entregar la documentación es firme y el gobierno debe someterse al control judicial.
La entidad presentó el recurso junto a la firma de 549 ciudadanos de Baleares y ha impulsado acciones similares en otras Comunidades Autónomas.