En un comunicado, la Secretaría de Estado, adscrita a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, indica que DataCOVID, que cuenta con un primer piloto en la Comunidad Valenciana, permitirá realizar una estimación de la movilidad de la población española durante el periodo de aplicación de las medidas de contención en relación con una situación de normalidad.
«El objetivo es analizar el efecto de las medidas sobre la movilidad de la población, identificando si aumentan o disminuyen los desplazamientos entre territorios o si hay zonas en las que hay una mayor concentración de población, para contribuir a una mejor toma de decisiones en la gestión de la emergencia sanitaria», explica. Por ejemplo, con DataCOVID se podrá conocer si tras la entrada en vigor de las medidas de distanciamiento social aumentan o disminuyen los movimientos de la población entre territorios, si hay áreas con una mayor aglomeración o afluencia o si hay zonas con una alta concentración de población en relación a su capacidad sanitaria.
En este sentido, DataCOVID utiliza las posibilidades que ofrece el Big Data para analizar grandes cantidades de información y extraer conclusiones útiles, «ganando así en eficiencia para una toma de decisiones basada en la evidencia, más coordinada y adaptada a cada territorio».
El estudio cubrirá todo el territorio nacional, dividiendo España en unas 3.200 áreas de movilidad, que identifican agrupaciones de población de entre 5.000 y 50.000 habitantes. Así, los datos de posición analizados permitirán tener una muestra más de 40 millones de teléfonos móviles en toda España. El responsable del tratamiento de estos datos será el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el que las operadoras de telecomunicaciones ya colaboraron el año pasado en la elaboración de un estudio sobre movilidad a partir de datos obtenidos de los teléfonos móviles.
Las tres principales operadores de telecomunicaciones del país, Telefónica, Orange y Vodafone, ya confirmaron su participación en el desarrollo del piloto en Valencia, tras lo cual ya se han comenzado a recopilar los datos agregados y anonimizados aportados para el estudio por algunas de esas compañías como Telefónica.
Asimismo, el Gobierno incide en que el estudio «no rastrea movimientos individuales», sino que emplea datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, anónimos y agregados, proporcionados directamente por los operadores y eliminando cualquier información personal, sin identificar ni realizar seguimientos de números de teléfono o titulares de forma individual.
Así, asegura que, al no emplear datos personales, y usar solo datos anónimos y agregados, este estudio no entra en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y sigue las directrices marcadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Además, recuerda que la normativa sanitaria vigente ampara a las autoridades competentes a «usar datos con fines de investigación en situaciones excepcionales y de gravedad para la salud pública como la actual».
Con este proyecto España sigue la senda de otros países como China, Corea del Sur, Italia, Alemania o Austria, que en las últimas semanas han puesto en marcha distintas iniciativas para analizar los movimientos de población a partir de datos obtenidos de los teléfonos móviles de los ciudadanos.
Los operadores de telecomunicaciones con presencia en España ya ofrecieron al inicio de la crisis por el Covid-19 su colaboración al Gobierno para ayudar a contener la expansión del brote de coronavirus con sus herramientas de Big Data y de gestión de datos agregados y anonimizados y otras capacidades tecnológicas, respetando en todo momento la legislación de protección de datos.
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