El gobierno británico pretende criminalizar las manifestaciones

Las enmiendas de última hora introducidas por el gobierno de Boris Johnson en el proyecto de ley sobre policía, delitos, sentencias y tribunales son un intento descarado de reprimir las protestas. Priti Patel, la ministra del Interior, insertó 18 páginas adicionales en el proyecto de ley después de su paso por la Cámara de los Comunes y tras la segunda lectura en la Cámara de los Lores. Esto parece una táctica deliberada para evitar el control parlamentario efectivo. Sin embargo, hay un silencio ensordecedor en gran parte de los medios de comunicación británicos.

Entre las nuevas enmiendas hay medidas que prohibirían a los manifestantes encadenarse o sujetarse a otra persona, objeto o elemento en el suelo. Estas medidas están redactadas de forma tan vaga que podrían aplicarse a cualquier persona que se encadene en cualquier lugar, con el riesgo de una condena de 51 semanas de prisión.

Obstaculizar de cualquier manera las grandes obras de transporte también será delito, con una pena que puede llegar a las 51 semanas de cárcel. Es un intento de detener las grandes protestas contra la construcción de carreteras y la ampliación del aeropuerto.

Otras enmiendas amplían en gran medida las facultades de detención y registro de la policía. La policía tendrá derecho a detener y registrar a personas o vehículos si sospecha que llevan un instrumento que se pueda utilizar en las protestas prohibidas, lo que presumiblemente incluye pancartas, folletos y carteles.

Otras nuevas facultades darían a la policía el derecho a detener y registrar a las personas sin necesidad de sospechas, si creen que se va a celebrar una manifestación en esa zona. Cualquiera que se resista a la búsqueda podría ser encarcelado hasta 51 semanas.

Las actuales facultades de detención y registro se utilizan de forma desproporcionada contra los negros y mulatos, que tienen seis veces más probabilidades de ser detenidas que los blancos. Estas nuevos facultades disuadirían aún más a las minorías a protestar. Los medios de comunicación pueden seguir culpando a los movimientos de protesta por ser predominantemente blancos y poco representativos.

A partir de ahora será difícil participar en una manifestación sin cometer un delito. A una persona se le puede prohibir manifestarse si participa o contribuye a una manifestación que sea “susceptible de causar graves disturbios”.

No se puede manifestar quien ha cometido previamente “delitos relacionados con la protesta”. Quien publique algo en las redes sociales que anime a las personas a manifestarse también puede entrar en la lista negra.

Cualquiera que entre en uno de estos apartados de la ley -como un preso en libertad condicional- podría estar obligado a presentarse ante las autoridades a “determinadas horas y en determinados días”. También se le puede prohibir relacionarse con determinadas personas o “utilizar internet para facilitar o fomentar” un “delito relacionado con las protestas”.

Estas enmiendas se suman a otros ataques del gobierno de Boris Johnson a las libertades fundamentales, como las “órdenes civiles”, que podrían hacer que los periodistas sean tratados como espías y se les prohíba reunirse con ciertas personas y visitar ciertos lugares.

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