Ayer me quedaron cuatro cosas por decir en la entrevista de La Base de Pablo Iglesias. Me había preparado para hablar del archivo de las causas del emérito por parte de la fiscalía Anticorrupción, pero por falta de tiempo se me quedaron en el tintero cuatro ideas:
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Esto que ha pasado no tendría que haber pasado de ninguna manera. La Fiscalía anticorrupción nunca tendría que haber cerrado esos expedientes. La inviobilidad de la que habla la Constitución no se refiere a actos -y negocios- privados. Aceptar que el ciudadano Juan Carlos de Borbón en la práctica sea impune para todo es una barbaridad contraria a todo derecho. Es indenfendible que no se pueda hacer otra cosa, que tenemos las manos atadas, solo porque interpretamos una ley torticeramente. Y más cuando la fiscalía considera poco menos que probados los delitos investigados, y todavía un poco más. El ciudadano Borbón es un ladrón. La inviolabilidad cubre su actuación pública como rey, porque de sus errores serían responsables los cargos políticos que los refrendan. Pero como persona, como individuo y ciudadano, nadie refrenda sus actos, ¿o sí?
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Es la segunda vez que se aprovecha el momento mediático para minimizar la gravedad de un escándalo relativo a la monarquía. La primera fue la declaración del Estado de Alarma por la pandemia, que dejó el escándalo de la apertura de diligencias en Suiza en segundo plano. Y ahora se aprovecha el contexto de la Guerra de Ucrania. Una burdísima manipulación de la opinión pública para evitar que haya protestas. Pero el malestar seguirá ahí…
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Políticamente, ya es hora de dar un puñetazo en la mesa y decir “¡hasta aquí hemos llegado!” y no andarse con cortesías. Esto no es un problema judicial -que la justicia no es independiente en España lo sabemos todos- sino político. No se puede pasar por alto que ha sido “el gobierno más progresista de la historia” el que ha cerrado vergonzosamente las investigaciones. Esto pasará factura política, porque las nuevas generaciones son de sensibilidad abiertamente republicana. Por una “cuestión reputacional”, esto no tendría que haber pasado nunca.
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Ya como mínimo, como minimísimo, habría que poner los medios para que no se repita la misma situación con Felipe VI, modificando de inmediato la redacción de las leyes necesarias y la propia Constitución, para dejar claro y cristalino que todos somos iguales ante la ley y que los Borbones no tienen licencia para robar.