Dos antidisturbios en el banquillo de los acusados

El juzgado de instrucción 11 de Barcelona ha dictado el auto “de conclusión del sumario” del caso Ester Quintana. El juez considera finalizada la investigación del caso y apunta a un subinspector y a un escopetero como autores del disparo de bala de goma que la noche del 14 de noviembre de 2012 provocó la pérdida de un ojo a la vecina del barrio de la Verneda de Barcelona.
Por primera vez, el auto hace constar las identidades de los dos policías: Eduardo Casas Pascual (subinspector con número de placa 3.772) y Lorenzo Benjumea Blanco (escopetero con número de placa 14.211). Se les acusa de un delito de lesiones, que la fiscal considera que fueron imprudentes y que la acusación particular asegura que fueron intencionales. La diferencia entre ambos supuestos es muy grande, ya que las penas asociadas pasarían de un máximo de tres años de prisión a un máximo de doce años de cárcel, al demostrarse que actuaron intencionadamente. Tanto la fiscalía como la abogada de Ester Quintana, sin embargo, coinciden en que la lesión conllevó la pérdida de un órgano principal.
“Ha sido una instrucción donde se ha podido trabajar con profundidad. Se ha confirmado nuestra tesis, la Generalitat no ha puesto sobre la mesa ninguna prueba que apuntara a una autoría alternativa”, explica la abogada que lleva la defensa de Ester Quintana desde hace dos años y medio. “Estamos muy satisfechas de que este caso sea el primero de bala de goma en España que llega a juicio. Ester Quintana dijo que quería ser la última víctima y, además, será la primera que consigue llevar a los policías al banquillo de los acusados”, concluye Serra, que a la vez denuncia que la Generalitat “sólo ha aportado pruebas cuando ha sido requerida por el juzgado a instancias de la acusación particular. Ninguna voluntad de aportar nada por iniciativa propia”.
Hay que recordar que Felip Puig, el Conseller de Interior de la Generalitat, negó desde un primer momento la participación de los Mossos en las heridas de Quintana -y se vio obligado a rectificar en tres ocasiones por la aparición de imágenes que lo contradecían-, y que el conseller Ramon Espadaler, hoy en día, todavía sigue defendiendo la inocencia de los dos antidisturbios imputados. Manel Prat, que ocupaba la plaza de Director General de la Policía el 14 de noviembre de 2012, presentó su dimisión el 27 de mayo de 2014, poco después de que se conocieran detalles de la investigación del caso Quintana que lo pusieron contra las cuerdas.
Cuando abandonó Interior fue contratado como jefe de comunicación y marketing de la cadena de supermercados Bon Preu, dirigida por Joan Font, miembro del Consejo Asesor de la Transición Nacional y amigo personal de Ramon Espadaler.

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