Doble rasero

El 19 de mayo de 1986, el periódico inglés The Guardian editaba un artículo del profesor de la Universidad de Oxford Jerry Ravertz y la profesora de la universidad de Leeds Sally Macgill que tenía por título “Los desastres ponen a los magos de la tecnología a prueba” en el cual analizaban las explosiones del transbordador espacial Challenger y de la central nuclear de Chernobil, en lo que denominaban el síndrome Ch-Ch.

Planteaban que no fueron “accidentes” sino desastres esperados en un momento u otro debido al catastrófico colapso de la sofisticada megatecnología sometida a presiones políticas y a la falta de controles. Algo similar a lo que actualmente está ocurriendo con la biotecnología, como podemos apreciar diariamente a través de las noticias sobre unas vacunas como panacea frente a un virus al que culpabilizan del desastre económico, socio-cultural, ecológico, alimentario e industrial. En una carrera desenfrenada todo el mundo está inventando vacunas contra algo cuyas características son todavía desconocidas. China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, diferentes universidades, todas las grandes empresas mutinacionales químico-farmacéuticas, la Fundación Bill Gates, etc., etc. Una carrera contra reloj para ver quién llega primero a la meta en la carrera del mercado, importando poco o nada la salud humana, pero amparados todos ellos por legislaciones elaboradas “ad hoc” para eludir cualquier responsabilidad en caso de fallecimientos o graves secuelas derivadas de la inoculación de las mismas.

Estados Unidos cuenta con una ley que excluye las demandas por daños y perjuicios de los productos que ayudan a controlar una crisis de salud pública. El 9 de diciembre de 2015 el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) modificó siete declaraciones de la Ley de Preparación Pública ante Emergencias (PREP), sobre la cobertura de las vacunas. Al amparo en la sección 564 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Ley FD&C), se puede permitir que, en casos de emergencia, se recurra a productos médicos sin aprobar, o a usos sin aprobar de productos médicos. La sección 564 de la Ley FD&C fue modificada por la Ley del Proyecto BioShield de 2004 y la Ley de Reautorización de Preparación contra las Pandemias y Todas las Amenazas (PAHPRA), que fue promulgada en marzo de 2013.

Esta misma legislación es la que están intentando incorporar ahora en el marco de la Unión Europea para la firma de los contratos de compra de vacunas a diversas multinacionales químico-farmacéuticas (AstraZeneka, Moderna, BioNTech, Pfizer, Fosun Pharma, Sinopharm, Sanofi, GSK, Johnson & Johnson)

Del mismo modo que en las megatecnologías de la energía atómica y la fabricación de armamento extremdamente letales, se ha creado un culto a la mega-bio-tecnología basado en la infalibilidad de los expertos y en una representación mediática de la ciencia en la cual dichos expertos, a sueldo de las grandes corporaciones, operan a partir de la suposición que cualquier error no es tan solo imposible, sino inconcebible. Una auténtica teocracia científica negadora de la propia ciencia.

La explosión nuclear en Ucrania tenía los antecedentes de Windscale (Cumbria, Gran Bretaña) en octubre de 1957 y en Three Mille Island Pensilvania, EE.UU.) en marzo de 1979 y posteriormente Fukushima en marzo de 2011.

Pero, uno puede preguntarse: ¿qué tiene que ver una central nuclear o un cohete espacial con un virus? Aparentemente nada, pero a medida que investiguemos un poco podemos ir viendo elementos coincidentes por lo que respecta a las afirmaciones “científicas” de docenas de expertos de diversas organizaciones con vínculos económicos y políticos con la industria atómica y el complejo militar-industrial en las cuales se minimizan las consecuencias de las explosiones antes citadas.

Informes cuyo objetivo es desacreditar aquellas investigaciones independientes que alertan de los peligros de la industria atómica y bélica con sus consecuencias en el medio ambiente y en la salud humana. “La superstición del tributo o del precio del progreso es universalmente aceptada como una verdadera explicación: acarrear accidentes mortales y hasta estragos en los hombres no es considerado como una calamidad o como un inconveniente del progreso, sino como su mejor legitimación, del mismo modo que exigir víctimas en sacrificio, para otorgar sus bienes nunca fue considerado como un abuso, una injusticia o hasta una canallada de los dioses, sino la parte que les correspondía en la relación de intercambio” (1).

Las víctimas de Windscale, Three Mille Island, Chernobil y Fukushima se pueden equiparar a las recientes víctimas producidas por los ensayos en cobayas humanas para la producción de supuestas vacunas para el SARS-Cov2, o en graves afectaciones de las campañas de vacunación como las producidas en Corea del Sur recientemente. Todo ello es insignificante, según los expertos, ya que forma parte indisoluble del quehacer científico.

Paralelamente las diversas instancias que en teoría deberían velar por la salud humana, la primera de ellas la OMS, están avalando la teoría de la pandemia y utilización de miles de millones de “test” para detectar un supuesto virus mediante una técnica que su propio inventor Kary Mullis puso en tela de juicio que sirviera para ello, en la perspectiva de imponer, mediante un terror planificado, un tipo de vacunación bio-tecnológica el objetivo final de la cual, de momento, solamente es conocido por sus productores.

Mientras los científicos, en su quehacer, coinciden con los intereses de las corporaciones, las revistas especializadas y los medios de comunicación los ensalzan, pero en el momento que sus investigaciones contradicen los intereses espúreos de dichas corporaciones, se desencadena una brutal campanya contra ellos a pesar de haberles reconocido, en su momento, sus logros investigativos. Este es el caso tanto de Kary Mullis como de Luc Montaigner.

Ya en el mismo año que le fue concedido el Nobel de Química, en declaraciones a la revista Esquire, Mullis afirmaba que “la búsqueda interminable de más subvenciones y la permanencia en dogmas establecidos ha hecho daño a la ciencia… la ciencia está siendo practicada por personas cuyos pagos dependen de lo que van a descubrir, y no de lo que realmente producen” (2) y posteriormente puso en tela de juicio la instrumentalización del PCR para objetivos distintos de los que realmente servía, y también puso en tela de juicio el origen vírico del SIDA, lo cual le llevó a una enemistad con la industria quiímico farmacéutica que a través de las revistas especializadas que controla y de los medios de comunicación le pusieron el apelativo de “negacionista”, al igual que la campanya actual contra el también Nobel, Luc Montaigner que cuestiona la operación pandemia respecto al Sars-Cov2.

A ambos, además del epíteto de negacionistas, les han dedicado una campanya de difamación acusándolos de locos, anticientíficos, conspiranóicos desde el New York Times hasta El País o el BBVA OpenMind (comunidad científica de la banca española), que con motivo del fallecimiento de Mullis le han “dedicado” notas como ésta: “La creencia en proyecciones astrales, abducciones alienígenas o en la astrología formaban parte de esa faceta más decididamente estrambótica de Mullis, aunque dañaron más su imagen sus posturas negando relación entre el VIH y el sida. Todo ello podrá menoscabar su figura como modelo científico a imitar” (3).

Volviendo a la cuestión atómica, en la primera explosión en Windscale con una liberación del isótopo radioactivo yodo-131, polonio 210, uranio-233, cloro-36, cesio-137, con unas estimaciones que el incendio liberó 740 terabecquereles (20.000 curies) de yodo-131, así como 22 TBq (594 curies) de cesio-137 y 12.000 TBq (324.000 curies) de xenón-133, entre otros radioisótopos. El análisis posterior de los datos de contaminación mostró un nivel de contaminación nacional e internacional más alto de lo previamente estimado.

Entre el 17 y el 25 de octubre de 1957 se reunió una Junta de Investigación que emitió un informe el 26 de octubre de 1957, y entre las conclusiones “científicas” de la misma afirmaba que: “Las medidas tomadas para enfrentar las consecuencias del accidente fueron adecuadas y no hubo daño inmediato a la salud de ningún civil o de los trabajadores de Windscale. Era improbable que se pudiera dar cualquier efecto dañino”.

El accidente de Three Mile Island en 1979 liberó 25 veces más de xenón-135 que Windscale y la cantidad de emisión de gases radioactivos hacia la atmósfera varió entre 2.5 y 15 millones de curios según las fuentes escogidas. La industria pro nuclear sostuvo que “estudios realizados sobre la población demuestran que no hubo daños a las personas, ni inmediatos ni a largo plazo”. Greenpeace, por su parte, apoyada en estudios independientes sostuvo que existió y existe un aumento claro en los casos de cáncer y leucemia sobre la zona cercana a la central.

El 1 de noviembre de 2002, el New York Times publicó un extenso artículo firmado por “eminentes expertos” (4), que llegaba a la conclusión de no encontrar diferencias significativas en la tasa general de muertes por cáncer alrededor de Three Mile Island en comparación con la población general. El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Pittsburgh, dijo que su vigilancia «no proporciona ninguna evidencia consistente de que la radiactividad liberada durante el accidente nuclear haya tenido un impacto significativo en la experiencia de mortalidad general de estos residentes». La autora principal, la Dra. Evelyn O. Talbott, dijo en una entrevista telefónica: “Cuando se compara el cáncer observado con el esperado, prácticamente no hay diferencia”.

La cantidad de radiactividad liberada fue minimizada por el NRC que admitió oficialmente sólo 10 millones de curios. La Union of Concerned Scientists de EE.UU. demostró la existencia de varios indicadores de que se produjo una fuga más grande, los cuales no se tuvieron en cuenta, Investigaciones oficiales llevadas a cabo en las tres décadas pasadas concluyeron que no había habido serios impactos.

Las dosis de radiación se calcularon en virtud de una orden del tribunal que rige el Fondo de Salud Pública de la Three Mile Island. Esta orden prohibía «las estimaciones del límite superior de emisiones de radiactividad o de dosis a la población… a menos que tales estimaciones condujeran a una proyección matemática de menos de 0,01 efectos sobre la salud».

La orden también especificaba que «un analista técnico” designado por el consejo de los Pools (aseguradores de la industria nuclear) elaborara los protocolos de dosimetría» (5).

Sin embargo, según un estudio científico independiente dirigido por el investigador Steven Wing el escape de radiación fue más de diez veces superior al reconocido oficialmente ya que estas restricciones legales sugieren que los investigadores no estaban en condiciones de hacer una evaluación crítica libre sobre las emisiones radiactivas (6).

Después del accidente de Windscale la OMS creó un grupo de trabajo que realizó la siguiente pregunta a diversos expertos en genética del mundo: ¿cuáles son los efectos genéticos de las radiaciones en los seres humanos, ya que esta Industria crece y la radiación nuclear afectará cada vez más a los humanos? El grupo de trabajo incluía a un Premio Nobel de la Genética y otros científicos muy reconocidos. El informe final concluyó que la industria estaba produciendo un aumento en la radiación y que, por tanto, también aumentarían las mutaciones en la población, con lo cual la previsión era que sería perjudicial para las personas y sus descendientes.

Una vez conocido el citado informe, los lobbies de la industria nuclear se pusieron en marcha y en 1959 se firmó el acuerdo WHA 12-40 (Agreement between the International Atomic Energy Agency and the World Health Organization) entre la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) y la Organización Mundial de la Salud (WHO) que fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud órgano plenario de la OMS, el 28 de mayo de 1959. Dicho acuerdo establece básicamente el protocolo de actuación, la obligación del mutuo acuerdo y la confidencialidad en asuntos relacionados con la energía nuclear entre la OMS y la OIEA. (Se puede leer completo en inglés en el siguiente enlace).

Dicho acuerdo, actualmente en vigor, impide cualquier actuación independiente de la OMS en relación con la energía nuclear y sus efectos sobre la salud ya que en el artículo 1, apartado 2 la OMS reconoce a la AIEA como responsable última de los asuntos relacionados con la energía nuclear con fines pacíficos y obliga a resolver cualquier asunto por mutuo acuerdo, ya sea un programa, estudio o actividad relacionada con la energía nuclear. Esta última afirmación, que hace hincapié en la necesidad del común acuerdo, ha llevado a distintos observadores a advertir de la pérdida de independencia de la OMS para el estudio y difusión de cuestiones relativas a la influencia en la salud humana de la energía nuclear. Para el académico suizo Jean Ziegler, actualmente vicepresidente del comité asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la firma del acuerdo WHA 12-40 y su actual vigencia supone la confirmación de que «el lobby nuclear ha conseguido que la OMS renuncie a ocuparse de las víctimas de las catástrofes atómicas”. Ziegler afirma que la OMS está infiltrada por el lobby nuclear y también por la industria farmacéutica. Recordó que una comisión investigadora, creada por la directora Gro Harlem Brundtland (1998-2003), comprobó que algunos funcionarios de la organización eran pagados por la industria tabacalera, mientras la agencia debatía el Convenio Marco para el Control del Tabaco, finalmente aprobado en 2005.

En el 2011 una coalición de organizaciones no gubernamentales, llamada “Por la Independencia de la OMS”, afirmaba que ésta nunca mostró autonomía en sus decisiones y acción para cumplir con el mandato de proteger y curar a las víctimas de fugas radiactivas debido al acuerdo que suscribió en 1959 con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) y exigía la anulación de dicho acuerdo (7).

La última estimación de víctimas de Chernobyl divulgada por las dos agencias (OMS y AIEA) data del 5 de septiembre de 2005 menciona unos 50 muertos y alrededor de 4.000 casos de cáncer.

La coalición “Por la Independencia de la OMS” califica esas cifras de «irrisorias» porque no toman en cuenta el estado de salud de los niños, hasta 80 por ciento de ellos afectados en zonas contaminadas, ni el número de muertos e inválidos entre los 600.000 y un millón de «liquidadores», como se llamó a quienes acudieron a evitar una catástrofe aun mayor en Chernobyl. El estudio “Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment”, traducido del ruso y publicado en diciembre de 2009 por la Academia de Ciencias de Nueva York, estimó en 985.000 la cantidad de muertos por la catástrofe en todo el mundo, entre el día de la explosión del reactor 4 de la central, el 26 de abril de 1986, y 2004.

Por un lado, la OMS hace dejación de cualquier investigación relacionada con los efectos de la energía nuclear y, por el otro lado, se somete al dictado de las corporaciones bio-tecnológicas. Y es precisamente debido a estas subordinaciones que podemos entender el silencio en un caso y las declaraciones apocalípticas en otro, como en la declaración de pandemia del Sars-Cov2, que nutre de sumas millonarias el conglomerado químico-farmacéutico-industrial-militar.

Hablando de la explosión Fukushima, relacionada con el cáncer de tiroides, los científicos, con el visto bueno de la OMS, alegan que: “El cribado sistemático de tiroides produjo como resultado un aumento de anomalías y cánceres detectados que se deben probablemente a la sobredetección, puesto que se detectó una tasa similar en poblaciones no expuestas a la radiación. Este tipo de cribado puede producir más daños que beneficios, generando una ansiedad innecesaria en los padres y en los niños”. Justamente al contrario de lo que están alentando respecto al Sars-Cov2 con la proliferación de cribados mediante PCR.

En 2013 la OMS estimó que los 12 a 25 milisieverts (mSv) de exposición en el primer año después del accidente en las zonas más afectadas podrían dar lugar a aumentos minúsculos en las tasas de cáncer. La OMS señaló que las exposiciones más altas en la zona de Fukushima elevaron ese riesgo en un 0,5% adicional.

Al mismo tiempo, en 2013 Toshihide Tsuda, epidemiólogo ambiental de la Universidad de Okayama (Japón), comenzó a presentar análisis afirmando que el número de cánceres de tiroides en el examen de Fukushima era inusualmente alto y publicó sus resultados en Epidemiology, concluyendo que la primera ronda de pruebas de detección indicaba tasas de incidencia de cáncer que iban de 0 a 605 casos por millón de niños, dependiendo de la ubicación, pero en general «un aumento de aproximadamente 30 veces» sobre la tasa normal de cáncer infantil. Esa afirmación alimentó titulares alarmantes e inmediatamente otros científicos fueron rápidos y severos en sus críticas. Un error fundamental, según varios epidemiólogos, es que Tsuda utilizó avanzados dispositivos de ultrasonido que detectan crecimientos que de otro modo serían imperceptibles, así lo concluyó Richard Wakeford, en marzo de 2016 el epidemiólogo de la Universidad de Manchester, en nombre de 11 miembros de un grupo de trabajo de expertos de la OMS sobre las consecuencias para la salud de Fukushima. La suya fue una de las siete cartas publicadas en Epidemiology para desacreditar las conclusiones de Tsuda (8).

Los mismos “expertos de la OMS” que, con otros nombres, en este momento están avalando el sometimiento de toda la población mundial al cribado mediante PCR, que es un proceso exactamente igual que el utilizado por Tsuda, detectando fragmentos de ARN que de otro modo serían irreconocibles, y detectando millones de casos “asintomáticos” es decir enfermos sin enfermedad pero arduos clientes de los laboratorios farmacéuticos.

Además los expertos aludían a los errores producidos en Corea del Sur en 1999, cuando el gobierno propició que mediante una pequeña tarifa adicional se ofrecían exámenes de ultrasonidos de tiroides. Inmediatamente los diagnósticos de cáncer de tiroides se dispararon y en 2011 la tasa de diagnóstico era 15 veces mayor que en 1999 convirtiéndose en una “epidemia” pero sin producirse cambios en la mortalidad por cáncer de tiroides por lo cual ponen en duda las pruebas rutinarias (9).

En febrero de 2014, en el estudio sobre las consecuencias emocionales sobre la población derivadas de la explosión de Chernobil (10), afirma que “las consecuencias emocionales de los desastres de las centrales nucleares incluyen depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y síntomas somáticos médicamente inexplicables. Estos efectos suelen ser a largo plazo y están asociados con el temor a desarrollar cáncer. Las consecuencias emocionales se producen independientemente de la exposición real recibida”.

La importancia del impacto psicológico se pone de relieve por su cronicidad y por varios estudios que muestran que la mala salud mental está asociada con las condiciones de salud física y el uso excesivo de los servicios médicos. Los datos preliminares de Fukushima sugieren, que los trabajadores y las madres de niños pequeños corren el riesgo de sufrir depresión, ansiedad y síntomas psicosomáticos y postraumáticos, tanto como resultado directo de sus temores a la exposición a la radiación como resultado indirecto del estigma social.

Este breve repaso a las inconsistencias de diversas declaraciones de la OMS, sesgadas por intereses económicos, políticos y militares, pueden ser de utilidad para entender la gran campanña orquestada a partir de marzo de 2020 declarando pandemia mundial causada por algo todavía irreconocible pero introducido en el imaginario colectivo. Podemos aventurar que la OMS ha participado en este gran proyecto de ingeniería del comportamiento social relacionado con la aceleración para la implantación de unos nuevos patrones tecnológicos cuyos primeros resultados serán de un sufrimiento inmenso para millones de personas.

Un proceso de reproducción social constituído por un conjunto de procesos económicos, políticos e ideológicos que en cada uno de ellos están previstas unas sanciones que se ponen en pràctica cuando el proceso en cuestión se desvía del curso previsto. Göran Therborn a estas sanciones las denomina mecanismos de reproducción y les da el nombre de “coacción económica”, “violencia” y “excomunión ideológica”.

Es lo que estamos atravesando en estos momentos en pleno goze por el triunfo del capital en la presente lucha de clases.

(1) Rafael Sánchez ferlosio. Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado. 1986
(2) Is Kary Mullis God? Nobel Prize winner’s new life 122, Esquire, 16 de julio de 1994, pág. 68-75
(3) https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/kary-mullis-genio-cientifico-la-excentricidad-una-celebrity/
(4) https://www.nytimes.com/2002/11/01/us/normal-cancer-rate-found-near-three-mile-island-plant.html
(5) Rambo SH.Civil Action No.79-0432. District Court for the Middle District of Pennsylvania, 15 December 1986.
(6) Wing S, Richardson D, Armstrong D, Crawford-Brown D. A reevaluation of cancer incidence near the Three Mile Island nuclear plant: the collision of evidence and assumptions. Environmental Health Perspectives 1997; vol. 105; pp. 52-57. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469835/pdf/envhper00314-0052.pdf
(7) https://archive.is/20120702211027/www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98063#selection-1345.0-1499.192
(8) Mystery cancers are cropping up in children in aftermath of Fukushima, https://www.sciencemag.org/news/2016/03/mystery-cancers-are-cropping-children-aftermath-fukushima
(9) Heyong Sik Ahn, de la Universidad de Corea en Seúl en The New England Journal of Medicine en noviembre de 2014.
(10) Emotional consequences of nuclear power plant disasters, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24378494/

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