Los países europeos cuidan muy bien su imagen de países donde se miman los derechos humanos. Creen que eso es lo que les diferencia de otros, a los que defenestran de manera sistemáticamente. Eso nos hace superiores, e incluso mejores que los demás y, medida que denunciamos los crímenes de terceros, silenciamos los propios.
Dinamarca es uno de esos países idílicos a los que nada cabe reprochar en materia de derechos humanos… siempre que miremos para otro lado porque, entre 1966 y 1991, al menos 4.000 mujeres y niñas groenlandesas, algunas de tan solo 12 años fueron esterilizadas, sin su consentimiento o conocimiento.
Así lo reconoce una investigación oficial iniciada el año pasado. La esterilización tenía por objeto reducir las tasas de natalidad y el tamaño de las familias, con el pretexto de que era “por su propio bien”: era una forma de mejorar el nivel de vida y las condiciones sociales y de salud en la isla. Los daneses no lo hacían por un interés egoísta sino en beneficio de la población local, compuesta por mujeres indígenas.
Ambos, que se encontraron administrando anticonceptivos sin consentimiento, violaron el derecho de las mujeres inuits al respeto de su vida privada y familiar y las sometieron a un trato vejatorio.
Las consecuencias documentadas para las mujeres incluyeron sangrado abundante, infecciones graves, cicatrización de las trompas de Falopio, extirpación del útero y la incapacidad de tener hijos.
La esterilización es un crimen de genocidio, más evidente aún cuando afecta a poblaciones indígenas y se lleva a cabo de manera encubierta. En 2024 el gobierno danés encargó a tres juristas y un sicólogo una operación de lavado de la fea imagen que su país estaba dejando. Los “expertos” debían dictaminar si la esterilización se puede calificar como “genocidio”.
Pero a los “expertos” los eligieron con mucha precaución y no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre algo tan obvio. Dos de ellos dimitieron y presentaron un informe separado.
No se puede dejar al zorro al cuidado de las gallinas. En una declaración el partido groenlandés Siumut exigió que la cuestión del genocidio debería ser resuelta por “un tribunal internacional competente e independiente”.
Como es sabido, Estados Unidos está al acecho y acusa al gobierno danés de “mala conducta” contra la población de la colonia. Los daneses no pueden hacer con su población aborigen exactamente lo mismo que ellos hicieron con la suya.
‘Nos trataron como animales’
La Convención de la ONU sobre el genocidio prohíbe no solo los asesinatos en masa, sino “medidas destinadas a prevenir los nacimientos” dentro de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y requiere que los actos se lleven a cabo con la intención de destruir a ese grupo en su totalidad o en parte.
Dinamarca firmó la Convención sobre genocidio en 1951, la violó y desde 1969 el gobierno conocía las esterilizaciones de la población inuit.
Inger Platou, de 70 años, fue una de las mujeres afectadas. En declaraciones a Reuters antes de la publicación de las conclusiones de los “expertos”, describió que le dijeron que le habían practicado una “operación menor”. Luego descubrió que le habían insertado un DIU sin su consentimiento (*).
“Nos trataron como animales”, dijo. “Sin nuestro consentimiento, solo querían impedir que las mujeres dieran a luz o tuvieran hijos. Fue un acto muy inhumano”. Contó que un médico le dijo después que las complicaciones derivadas del DIU le habían impedido quedar embarazada.
Posteriormente, adoptó a dos niños colombianos. “Somos hijas de la época colonial y muy sumisas a la autoridad”, afirmó.
El jueves el parlamento aprobó una ley de indemnización para pagar 46.758 dólares a cada mujer esterilizada.
(*) https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/forced-birth-control-greenland-violated-womens-rights-didnt-constitute-genocide-2026-08-28/