Lo actuado hasta ahora por las centrales sindicales apunta a una campaña de perfil bajo y muy localizada, cuyo alcance previsto de seguimiento es, según las primeras encuestas, limitado. La campaña de «huelga» se ha articulado en torno a acciones digitales y pegadas muy localizadas, pero sin agitar a su base social, a menos de diez días de la convocatoria.
Los dirigentes sindicales trabajan con la perspectiva de que «no hay ambiente». Una encuesta de Metroscopia realizada pocos días después del anuncio reveló que un 70% de los trabajadores afirmaba que no participaría en la convocatoria, frente a un 23% que dijo que sí. El sondeo también mostró una división social casi por la mitad respecto a si existen motivos suficientes para convocarla (48% a favor, 50% en contra).
Esto responde a una estrategia deliberada de Comisiones Obreras y UGT, poniendo a la convocatoria distintas etiquetas para justificar el bajo seguimiento al que aspiran. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, declaró el pasado 22 de octubre que esta es una huelga «atípica» y que estamos ante «un paro distinto». Por eso ha avanzado que los sindicatos quieren «que haya un paro laboral relevante, pero que sobre todo sitúe enormes movilizaciones sociales lo más transversales posibles«, motivo por el que han trasladado las manifestaciones a horarios de tarde, con el fin de que no tengan impacto en la jornada ordinaria.
En otras palabras, que la huelga no tenga efecto económico alguno sobre la economía ni sobre las empresas. Así se lo trasladó Sordo veladamente a los 2000 delegados y delegadas en la asamblea que ambos sindicatos celebraron en Getafe el pasado 26 de octubre.
La paradoja de etiquetar como «huelga general» una convocatoria que sus propios organizadores admiten que es «atípica» es la puntilla a la crisis de credibilidad que atraviesan. La encuesta de Metroscopia revela que esta es una convocatoria para los convencidos, no para el conjunto de la sociedad, porque los números no salen.
Para el resto de convocantes al margen de CCOO y UGT, el riesgo estratégico es que esta convocatoria sea percibida como un acto político, de bajo seguimiento laboral, que termine quemando este cartucho para los próximos años. Es más, con esto CCOO y UGT están buscando un acomodo para la situación que reciban con el próximo gobierno, que ya anticipa fuertes recortes en las subvenciones a las entidades sindicales.
La decisión de llamar «huelga general» a una convocatoria que no cumple con los estándares clásicos de la misma, y que es percibida de manera general como una maniobra política, está agravando considerablemente la crisis de las centrales convocantes. La contradicción entre la etiqueta y la realidad de la convocatoria no hace sino confirmar las sospechas de su connivencia con el gobierno de turno, y de su bancarrota ante la mayoría de la clase obrera.
De hecho, la huelga se celebra dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral (que arranca el 13 de noviembre para las elecciones del 29N). Esta proximidad hace inevitable que se lea en clave política. La vicepresidenta del PSOE, María Jesús Montero, llegó a decir que esta es una huelga «contra la oposición», lo que alimenta la tesis de que la fecha fue pactada de antemano.
Este marco se presenta como un arma de doble filo: si la huelga no se percibe como un acto contra el Gobierno, CCOO y UGT habrán enterrado definitivamente su credibilidad, y lo que probablemente sea un fracaso de convocatoria, servirá para abrir una brecha en el monopolio que ambas centrales han mantenido hasta ahora en el mundo sindical.