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Mientras aumenta la tensión entre Bruselas y Pekín, ayer el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, pidió a la Unión Europea encontrar una solución negociada con China. “Queremos evitar una guerra comercial con una espiral de aranceles, que en última instancia perjudica a ambas partes”, afirmó Habeck en un comunicado tras su reunión en Berlín con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao. Este último deberá viajar mañana a Bruselas para convencer al comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, de que renuncie a la subida de aranceles de la Unión Europea.

Berlín y otros gobiernos europeos temen la guerra comercial. La petición de Habeck recuerda a la de Pedro Sánchez. Queremos “una Unión Europea y una China abierta al mundo, más allá de las realidades geopolíticas y geoeconómicas”, insistió al inaugurar un Foro Económico China-España la semana pasada. “Por eso contamos con un diálogo honesto para gestionar las tensiones existentes, que en gran medida se derivan del anuncio de la imposición de derechos de aduana a los vehículos eléctricos chinos”, añadió en referencia a la guerra comercial desatada por Bruselas desde el verano pasado.

El 20 de agosto Bruselas anunció su decisión de imponer un recargo de hasta el 35,3 por cien durante cinco años a los coches eléctricos procedentes de China, incluidos los del fabricante estadounidense Tesla, que tiene una fábrica en Shanghai. La Unión Europea acusa a Pekín de haber distorsionado la competencia al subvencionar masivamente a los fabricantes en su territorio, permitiéndoles ofrecer precios más bajos. Para los europeos se trata de frenar las importaciones de vehículos eléctricos chinos, sin bloquearlas completamente como ocurre en Estados Unidos con su recargo superior al 100 por cien.

Los nuevos aranceles se suman al estándar del 10 por cien impuesto por la Unión Europea a las importaciones de automóviles. Se dice que el recargo más alto entre las empresas que cooperan en la investigación de la Unión Europea es del 20,7 por cien. Se espera que el arancel se aplique a algunos productores chinos como Chery, Great Wall Motor Co y NIO, así como a una serie de empresas conjuntas entre chinos y europeos.

Los nuevos aranceles se aplicarán desde ahora hasta finales de octubre durante cinco años, sujetos a nuevas modificaciones y, sobre todo, a la aprobación de los Estados europeos, muy divididos al respecto. Luego sustituirán los impuestos provisionales decididos a principios de julio. China y las empresas afectadas tuvieron diez días para presentar sus observaciones, que la Comisión tuvo en cuenta para revisar su propuesta, que aún debe someterse a la votación de los 27 países de la Unión Europea. Los aranceles se implementarán a menos que una mayoría cualificada de 15 miembros de la Unión Europea que representan el 65 por cien de la población de la Unión se oponga.

Pero dentro de Europa, varios países, entre ellos Alemania, pero también Hungría y Suecia, están intentando frenar a Bruselas en sus decisiones. En julio China anunció que estaba investigando prácticas comerciales de la Unión Europea consideradas desleales en relación con ciertos productos lácteos, el día después de que Bruselas confirmara impuestos más altos sobre los vehículos eléctricos chinos importados.

“El Ministerio de Comercio ha decidido abrir una investigación antidumping sobre determinados productos lácteos importados de la Unión Europea a partir del 21 de agosto de 2024”, dijo en un comunicado. Abarca productos como el queso fresco y la cuajada, el queso azul, así como determinadas leches y cremas”, indicó el Ministerio de Comercio. El procedimiento debería durar un año y posiblemente podría ampliarse seis meses más. China podría entonces decidir imponer recargos a estos productos para proteger su mercado, si demuestra que las prácticas de la Unión Europea son desleales y perjudican la competencia.

En enero Pekín ya anunció que estaba investigando una supuesta infracción de la competencia por parte de bebidas espirituosas de vino, como el coñac, importadas de la Unión Europea y, en particular, de Francia, lo que había dado impulso a la investigación desde Bruselas. En junio también inició una investigación antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo y productos porcinos de la Unión Europea, productos producidos principalmente en España, Francia, Países Bajos y Dinamarca.

Durante mucho tiempo Suecia presumió de ser una tierra de acogida para refugiados y emigrantes. Ahora ha dado un giro radical a su política migratoria, en sintonía con otros países europeos. El ministro de Emigración, Johan Forssell, lo ve como un paso crucial en la “reorientación de la política migratoria” del país.

El gobierno sueco de Ulf Kristersson acaba de anunciar una medida de choque: ofrecer hasta 30.000 euros por persona para animar a los inmigrantes a abandonar voluntariamente el país. Esta iniciativa, prevista para 2026, supone un aumento espectacular respecto a la actual gratificación de retorno, que tiene un límite de 879 euros para un adulto.

Un informe encargado por el gobierno desaconsejó el aumento de la gratificación, estimando que sería ineficaz en vista de su coste y que correría el riesgo de ralentizar los esfuerzos de integración de los inmigrantes ya presentes en el territorio. Sin embargo, el gobierno persiste, con la esperanza de desprenderse de cientos de miles de inmigrantes que están desempleados desde hace mucho tiempo o dependen de la asistencia social.

En 2015, en el punto álgido de la crisis migratoria europea, Suecia acogió a 160.000 solicitantes de asilo, la tasa per cápita más alta de la Unión Europea. Esta afluencia masiva, sin embargo, marcó un punto de inflexión, e incluso llevó al gobierno socialdemócrata de la época a admitir que el país ya no podía mantener su “política de puertas abiertas”.

Hoy, con una coalición reaccionaria apoyada por los neonazis, Suecia está endureciendo considerablemente su política migratoria. Más allá de aumentar la gratificación de retorno, el gobierno planea facilitar la deportación de inmigrantes si consumen drogas, tienen vínculos con bandas criminales o si “amenazan los valores fundamentales suecos”. Estas medidas se suman a otras restricciones que ya existen, como limitar la reunificación familiar y aumentar el nivel del salario mínimo necesario para obtener un permiso de trabajo.

El viraje refleja una tendencia más amplia en Europa, donde muchos países están endureciendo las condiciones de acceso a refugiados y emigrantes. Suecia se encuentra a la vanguardia de este enfoque restrictivo.

Europa envejece a un ritmo alarmante y se enfrenta a un déficit de mano de obra que no tiene precedentes. Esta tendencia, junto con una disminución de la tasa de natalidad, ha creado una flagrante escasez de fuerza de trabajo en muchos sectores clave de la economía. Los países europeos están obligados a tragarse su xenofobia y contratar trabajadores inmigrantes.

Uno de los países más xenófobos, Alemania, ha tomado la delantera. El jueves firmó un convenio histórico con Kenia para llevar 250.000 trabajadores kenianos a suelo alemán, lo que no es más que un remedio tibio porque necesita dos millones de emigrantes.

Esta iniciativa, saludada por el Canciller Olaf Scholz como “un acuerdo muy importante”, pretende colmar el déficit de fuerza de trabajo que lastra a la mayor economía de Europa.

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó entusiasmo por el traslado y destacó el potencial de sinergia entre la tecnología alemana y la mano de obra keniata. Esta asociación, que va más allá de un simple acuerdo migratorio, promete forjar vínculos duraderos entre los dos países, promoviendo intercambios culturales y profesionales.

Sin embargo, esta iniciativa plantea cuestiones cruciales sobre el equilibrio entre las necesidades de los países de origen y las de los países de acogida. La “fuga de cerebros”, un fenómeno bien conocido en los países en desarrollo, podría privar a Kenia de talentos esenciales para su propio crecimiento económico. Sin embargo, los partidarios del convenio argumentan que las habilidades adquiridas en Alemania podrían, en última instancia, beneficiar a Kenia a través de transferencias de conocimientos e inversiones de los emigrantes.

El convenio entre Alemania y Kenia es parte de una tendencia más amplia de “migración elegida”, un enfoque adoptado por un número creciente de países europeos que tiene como objetivo atraer perfiles específicos de trabajadores para satisfacer las necesidades del mercado laboral, manteniendo al mismo tiempo un estricto control sobre los flujos migratorios.

La iniciativa alemana podría servir como modelo para otros países europeos que enfrentan el mismo problema de déficit de mano de obra. Para que este modelo sea sostenible, será necesario tener en cuenta los intereses a largo plazo de los países de origen, tal vez incluyendo programas de formación profesional y desarrollo que beneficiarían a las economías africanas.

Los xenófobos deberían dejar de votar por los grupos de la “extrema derecha” para decantarse por partidos que, como los laboristas británicos, lo hacen mejor y sin tanto ruido.

En Europa los muros son cada vez más altos. A partir del mes de abril de año que viene los europeos que quieran viajar a Reino Unido tendrán que sacar una autorización electrónica para poder entrar en el pais, que les costará 10 libras esterlinas y afectará a todos los viajeros, incluidos los menores.

Tal y como estaba previsto, Reino Unido generalizará la obligación para los visitantes extranjeros de presentar una autorización electrónica para entrar en el territorio. Además de los europeos otras 83 países distintos tendrán que presentar la nueva autorización.

Si alguien creyó que la xenofobia se dirigía sólo contra los africanos o los moros, se equivocó. Fuera de nuestro propio país, todos somos africanos y moros. Después de los viajeros de Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia saudí, Omán y Bahréin, los viajeros de otros países se verán afectados a partir del 2 de abril del año que viene.

Se llama ETA (Electronic Travel Autorisation) y es similar a la ESTA estadounidense, será accesible a través de un formulario en línea (*).

Será obligatorio para todos los viajeros, incluidos menores y bebés, incluso si se encuentran en tránsito en el país.

Tendrá una vigencia de dos años y permitirá varios viajes de una duración máxima de seis meses.

Está dirigido a visitantes que “no necesitan visado para entrar en Reino Unido para estancias cortas, o que no tienen estatus migratorio británico antes de su viaje”.

Esra vez vez el pretexto es que el documento permitirá agilizar la entrada al país ya que el viajero no tendrá que presentar su pasaporte en la frontera. Sin embargo, es otra medida más de control policial, ya que integrará en particular datos personales y biométricos, como las huellas dactilares.

Esta carga burocrática obstaculizará aún más el turismo en Reino Unido, que se está reduciendo tras el Brexit y la pandemia. El país atrajo 38 millones de visitantes el año pasado, frente a 41 millones en 2019.

Este año la caída del turismo representará una merma de ingresos de 2.800 millones de libras esterlinas (3.300 millones de euros).

(*) https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta

A lo largo de la historia la política migratoria de los países europeos ha evolucionado de manera muy significativa en muchos aspectos, pero ahora mismo e puede resumir en lo siguiente: como eso que llaman “extrema derecha” está creciendo en número de votos, vamos a hacer lo mismo que ellos y quizá así nuestros votos también aumenten.

Ya no hace falta que la “extrema derecha” gane unas elecciones para imponer restricciones a la emigración porque lo hacen los “demócratas” y los “centristas”, como los que forman el gobierno de coalición alemán, por ejemplo, que ha anunciado la ampliación de los controles a todas sus fronteras terrestres.

No se trata de una nueva política de Bruselas, sino de Berlín, es decir, que también afecta a otros países de la Unión Europea. Las fronteras de Alemania con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca estarán ahora sujetas a controles temporales, que se suman a los ya vigentes con Polonia, República Checa, Austria y Suiza.

La decisión entrará en vigor la semana que viene por un período de seis meses. El espacio Schengen ha pasado al olvido con el pretexto del “terrorismo islamista”.

Portugal restringe la concesión de visados ​​de trabajo

Lo mismo que Francia, Portugal es otro caso de colonialismo de ida y vuelta. Ahora los colonizados han dejado de ser portugueses; ya no interesan y ha llegado el momento de cerrar el grifo.

Conocido alguna vez por su política abierta hacia los trabajadores extranjeros, Portugal ha reducido la concesión de visados de trabajo en un 24 por cien en los últimos meses. Es una ruptura con la estrategia anterior, que pretendía estimular la economía atrayendo mano de obra internacional cualificada.

El gobierno portugués ha puesto en marcha un plan de acción migratoria, imponiendo normas más estrictas a los candidatos a la inmigración profesional. El Primer Ministro ha expresado claramente su deseo de poner fin a determinados mecanismos considerados demasiado permisivos. Esta nueva política se traduce concretamente en la obligación para los extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea de tener un contrato de trabajo antes incluso de presentar una solicitud de visado.

Sin embargo, en los primeros ocho meses de este año los visados de trabajo han aumentado un 15 por cien en comparación con el mismo período del año pasado.

Ya no bastan los pasaportes, ni tampoco los visados. Hacen falta permisos de residencia, permisos de trabajo y cuentas corrientes bien surtidas. Son maneras progresivas de estrechar el control policial sobre los emigrantes.

En la misma medida en que el control se estrecha y se pretende más riguroso, aumenta el número de extranjeros en situación irregular y a medida que aumenta ese número, hay más fuerza de trabajo en condiciones de semiesclavitud.

Antes los esclavos dependían de sus amos y ahora dependen de sus papeles, y hay muchos tipos de papeles, o de falta de papeles. Lo mejor es siempre llevar siempre algún papel encima, aunque sea falso o esté caducado.

La Unión Europea se formó en torno a la energía y la industria pesada. Inicialmente se llamó “Comunidad Europea del Carbón y del Acero” y, en marzo de 1957 al mismo tiempo que se firmó el Tratado de Roma, se firmó también el que creaba la Comunidad Europea de la Energía Atómica, llamada “Euratom”.

El objetivo era construir una industria nuclear próspera a escala continental. En 2011 el accidente de Fukushima cambió las tornas, especialmente en Alemania, donde las centrales nucleares se cerraron progresivamente. Sólo Francia siguió la senda trazada por Euratom. Durante estos años la energía nuclear ha estado ausente de los discursos y los textos oficiales de Bruselas.

Las normas que rigen el fondo europeo para la “transición energética”, destinado a apoyar a territorios en la eliminación gradual del carbón, como Polonia y Estonia, por ejemplo, excluyen explícitamente el apoyo a la energía nuclear, y lo mismo ocurre con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El GreenDeal, el pacto verde que fija objetivos climáticos de la Unión Europea para 2030 y 2050, o incluso RepowerUE, un plan de urgencia elaborado para aislar a Europa de Rusia y, al mismo tiempo, descarbonizar el suministro energético del Viejo Continente, no hablan de la energía nuclear.

Ahora el tono ha vuelto a cambiar, por la crisis de la energía de 2021 y las sanciones a Rusia. A finales del paado mes de agosto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que es necesario hacer más en el ámbito de la energía nuclear y anunció que va a nombrar un Comisario de Energía partidario de reabrir y construir más reactores.

A dia de hoy no hay ninguna otra aternativa a las energías convencionales que la nuclear, y las políticas verdes con las que Von der Leyen llegó a Bruselas (Agenda 2030) han fracasado, una por una, a pesar del gigantesco despilfarro de dinero.

Von der Leyen había hecho de la energía nuclear un tabú, pero el pasado mes de marzo acudió a la cumbre nuclear europea organizada en Bruselas. Luego en Praga, en un discurso, afirmó que la Unión Europea necesitaba más energía nuclear. “Necesitamos hacer más para producir nuestra propia energía, más energías renovables, más energía nuclear y más eficacia”, dijo el 30 de agosto.

Es un desaire a su país, Alemania, que cerró sus últimas centrales atómicas a finales del año pasado. Según el diario Die Welt, Von der Leyen debería asignar la cartera de Energía a Jozef Síkela, actual ministro checo de Industria y Comercio y un ferviente partidario de la energía nuclear, que planea construir en su país varios pequeños reactores modulares (SMR) y otros cuatro más de alta potencia.

Francia ha ganado la batalla, así como los grandes monopolios energéticos. La energía nuclear se ha integrado en la reforma del mercado eléctrico para que pueda beneficiarse de subvenciones públicas o su reconocimiento como tecnología estratégica en la regulación para una industria de “cero emisiones”.

De momento, en este punto Bruselas deja las manos libres a las diferentes opciones energéticas de cada país miembro. La próxima semana, cuando se publique el listado de comisarios, se reanudarán los trabajos del grupo parlamentario sobre energía nuclear.

Desde 1945 Estados Unidos ha construido su hegemonía sobre numerosas herramientas económicas, políticas, militares e ideológicas. Una de ellas ha sido la venta de armas: Estados Unidos suministraba a sus peones todo el armamento de que pudieran pagar, con préstamos y arriendos.

Como en cualquier otro mercado, en el de armas también hay superproducción y el productor, que son las empresas estadounidenses del ramo, a través del gobierno, tienen un programa para deshacerse del material excedentario, que se llamada EDA (Excess Defense Articles).

El gobierno de Washington actúa como capitalista colectivo para ajustar la oferta a la demanda y transferir los excedentes de produccion a sus peones políticos del mundo entero, como Grecia.

Desde que ingresó en la OTAN en 1952, Grecia es uno de los mayores clientes del mercado armamentista de Estados Unidos. Pero hasta eso está cambiando. El Estado Mayor griego acaba de rechazar una oferta estadounidense de vehículos de combate de infantería Bradley. La negativa se refiere a 164 vehículos blindados, de los cuales 62 se ofrecen de forma gratuita en el marco del programa EDA.

En otras palabras, Grecia no quiere esos blindados ni aunque se los regalen. Estuvieron mucho tiempo almacenados y requieren una costosa renovación. Algunos incluso habían sido “canibalizados”, es decir, despojados de piezas esenciales para mantener otros vehículos en servicio. Es una práctica habitual en la gestión de flotas militares.

Era un regalo envenenado. Grecia es un país que arrastra los pies desde la crisis de 2009. Sólo tiene dinero para pagar sus deudas con los bancos alemanes y el costo estimado para la remodelación y modernización de los Bradleys supera con creces al presupuesto asignado.

La negativa griega podría acelerar una tendencia ya perceptible: el fortalecimiento de la cooperación militar con los demás países europeos. En 2017 la Unión Europea lanzó la PESCO (Cooperación Estructurada Permanente) que, bajo unas siglas anodinas, encubre el rearme.

Alemania ya ha suministrado 40 vehículos Marder en el marco de un intercambio, mientras que Francia ofrece 120 VBCI usados. Estas opciones se alinean con la Iniciativa Europea de Intervención, lanzada en 2018, que tiene como objetivo planificar una estrategia de guerra común a los distintos países europeos.

El proyecto de “brújula estratégica” de la Unión Europea, aprobado en 2022, es otro ejemplo.

La negativa de Grecia a comprar los Bradley estadounidenses podría considerarse, pues, como un paso hacia una mayor integración estratégica de Europa. También resalta el papel de la crisis económica sobre el rearme, incluso frente a ofertas aparentemente generosas.

El gobierno finlndés se dispone a prohibir a los ciudadanos rusos comprar inmuebles. El anuncio no procede de un Ministerio de Economía sino de Defensa, o sea, es otro caso, de seguridad nacional: “prevenir posibles influencias hostiles a Finlandia”.

“La normativa pretende prevenir posibles influencias hostiles contra Finlandia”, ha explicado esta mañana ministro de Defensa, Antti Hakkanen, en una rueda de prensa.

La propuesta no se aplicaría a los rusos con doble ciudadanía o residentes permanentes en Finlandia u otros países de la Unión Europea. Todavía está sujeto a consultas antes de una votación posterior por parte del Parlamento.

El gobierno finlandés ya controla unas 3.500 propiedades vinculadas a ciudadanos rusos, añadió el ministro. Apoyándose en las normas ya vigentes, Helsinki intenta limitar las adquisiciones de propiedades por parte de ciudadanos rusos cerca de lugares estratégicos.

La declaración se produce cuando las relaciones entre los dos países, que comparten una frontera terrestre de más de 1.300 kilómetros de largo, se han deteriorado significativamente desde que, rompiendo el tratado de paz firmado por ambos países en 1945, Finlandia ingresó en la OTAN el año pasado y, además, firmó un acuerdo de defensa con Estados Unidos.

En diciembre el gobierno finlandés cerró la frontera terrestre con Rusia. El pretexto es el mismo que Polonia pone frente a Bielorrusia: Moscú organiza la llegada de inmigrantes indocumentados con el fin de desestabilizar al país.

Como vemos, Finlandia pretende que Rusia ejerza de aduanero frente a las personas que están de tránsito hacia su país, exactamente lo mismo que la Unión Europea quiere lograr con los países del norte de África para prevenir la llegada de emigrantes a sus propias fronteras. La diferencia es que en el lugar de tratar con países, como Túnez, tiene a Rusia al otro lado de la frontera.

Esta política ha llevado a aprobar a mediados de julio un proyecto de ley que autoriza a los guardias fronterizos a negar la entrada a los solicitantes de asilo que lleguen a la frontera oriental del país sin examinar su solicitud.

La tensión sube de grado a cada paso. Cualquier incidente se convierte en un “casus belli”. El 26 de julio Finlandia denunció que un buque de investigación ruso, el Mijail Kazanski, invadió sus aguas jurisdiccionales frente a la localidad de Hamina.

El 10 de junio, cuatro aviones militares rusos permanecieron durante dos minutos en el espacio aéreo finlandés frente a la localidad de Loviisa, a una profundidad de unos 2,5 kilómetros dentro del interior del país nórdico.

La última violación del espacio aéreo finlandés se remonta a agosto de 2022, cuando dos aviones de combate rusos entraron en el Golfo de Finlandia.

A finales de mayo Finlandia y Lituania exigieron al Kremlin que explicara su plan de modificar unilateralmente su frontera marítima con los dos países, tras la circulación de un proyecto de resolución del Ministerio de Defensa ruso.

No sólo está ocurriendo en Oriente Medio, como ya anunciamos. Las tensiones internacionales han alcanzado un nuevo nivel con el fortalecimiento de las medidas de seguridad en la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen, en el oeste de Alemania. Esta decisión, tomada sobre la base de información proporcionada por los servicios de inteligencia, subraya que el entorno de la OTAN es cada vez más inestable.

La base de Geilenkirchen, un eslabón vital en la potencia aérea de la OTAN, ha visto aumentado su nivel de seguridad en respuesta a una “amenaza potencial”. El mando tuvo que ordenar la evacuación del personal no esencial, garantizando la continuidad de las operaciones. Esta medida forma parte de una serie de hechos preocupantes que han sacudido a la región en las últimas semanas.

El incidente de Geilenkirchen no es un caso aislado. Recientemente, una base militar en Colonia fue cerrada temporalmente por sospechas de sabotaje en su suministro de agua. Aunque las pruebas finalmente descartaron cualquier peligro, el episodio puso de relieve la fragilidad de la infraestructura militar estadounidense en el mundo.

La base de Geilenkirchen ya fue objeto de un intento de intrusión. Relacionados o no, los acontecimientos demuestran una intensificación de las actividades hostiles dirigidas contra las instalaciones militares estadounidenses, que se enfrentan una variedad de ataques, desde sabotajes físicos hasta ciberataques.

La decisión de reforzar la seguridad en Geilenkirchen se produce en medio de crecientes tensiones entre la OTAN y Rusia, que ha advertido repetidamente sobre una campaña de actividades hostiles orquestadas por Moscú, incluidos actos de sabotaje y ciberataques en su territorio.

La reciente detención en Alemania de dos personas germano-rusas, sospechosas de planear acciones contra instalaciones militares estadounidenses, ilustra la extensión del pánico en los medios occidentales. Estos incidentes recuerdan que hoy las líneas de frente tradicionales han dado paso a un campo de batalla más difuso, donde no hay límites entre paz y la guerra.

Frente a las amenazas multifacéticas, la OTAN y sus miembros se enfrentan a un desafío importante: proteger una extensa infraestructura manteniendo al mismo tiempo sus actividades operativas.

El aumento del nivel de seguridad en Geilenkirchen es un síntoma de que las provocaciones se vuelven contra sus promotores.

A pesar de los trapicheos contables, la verdadera dimensión del déficit presupuestario también ha acabado saliendo a la luz en Alemania, lo mismo que en Francia. La consecuencia inmediata es que los suministros militares a Ucrania no van a ser un saco sin fondo. Además de la ayuda futura, el gobierno ha interrumpido las entregas prometidas, dice el diario Bild (1).

La demanda ucraniana de repuestos para sus obuses autopropulsados ​​Panzerhaubitze 2000 suministrados por Alemania no ha sido satisfecha, lo que ha privado de obuses al ejército ucraniano en medio de la batalla de Kursk.

Los obuses Panzerhaubitze 2000 son uno de los 30 pedidos prioritarios, valoradas en más de 3.000 millones de euros, que quedan por cubrir. Los demás incluyen sistemas de defensa aérea, artillería y drones.

“No se puede garantizar el suministro de las reservas de la Bundeswehr como se planeó y prometió”, dice un informe del Ministerio de Defensa, que advierte que el apoyo a Ucrania está amenazado.

A principios de la semana pasada, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, envió un mensaje a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa sobre la necesidad de recortar la ayuda militar a Ucrania a causa del díficit, y todos prometieron enviar lo que ya se había prometido (2).

Pero ni siquiera eso es posible. “La fiesta se ha acabado, la caja está vacía”, dijo un miembro del gobierno a los medios durante un debate sobre la congelación de la ayuda. Con la “fiesta” se refería a una guerra en la que han muerto cientos de miles de personas.

Alemania es el segundo mayor proveedor de material militar a Ucrania después de Estados Unidos, con más de 10.000 millones de euros en suministros hasta la fecha. Los suministros más conocidos han sido los tanques Leopard, que el año pasado los medios vendieron como la “varita mágica” de la olvidada contrafensiva ucraniana.

La ayuda alemana en la guerra contra Rusia abarca desde vehículos de combate de infantería Marder hasta sistemas de misiles de largo alcance IRIS-T y Patriot, cañones antiaéreos Gepard, sistemas MARS MLRS, misiles Stinger, drones y reservas de tanques de la era soviética y BMP heredados de la antigua Alemania del este.

(1) https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/internes-pistorius-papier-ukraine-armee-gehen-deutsche-waffen-aus-66c1a49e08029073a258e15f
(2) https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine/ukraine-keine-weitere-finanzielle-militaerhilfe-der-bundesregierung-19924590.html