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El comisario europeo de “justicia”, el belga Didier Reynders, ha estado comprando billetes de lotería premiados durante diez años para blanquear dinero negro. No es la primera vez que surge un escándalo de este tipo, que oscurece el perfil impoluto de los comisarios europeos y remarca la responsabilidad de Ursula von der Leyen en el blanqueo de dinero de uno de sus colaboradores más cercanos.

Es un caso parecido al de Carlos Fabra, empresario y presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011 y uno de los viejos cabecillas del Partido Popular. La lotería le tocó en siete ocasiones. Hace diez años le condenaron a cuatro años de cárcel por delitos fiscales y no tuvo empacho en burlarse de todos diciendo que vivía de su jubilación y de la ayuda que le prestaban sus hijos.

La mano derecha de Julián Muñoz en Marbella, Juan Antonio Roca, tuvo mucha más suerte aún: la lotería le tocó 80 veces. Amasó más de 2.400 millones de euros, la cuarta fortuna de España y la obtenida con más rapidez.

En Bruselas ocurre lo mismo. El blanqueo de dinero de la lotería es sólo la punta del iceberg de un político como Reynders, un pilar de la política belga desde hace décadas particularmente corrupto. Desde 2019 las investigaciones le vinculan con las redes de lavado de dinero negro a través de instituciones públicas, belgas y europeas. Algunas de ellas son muestras de la política imperialista de Bélgica en Congo y Libia, así como en los contratos internacional de venta de armas.

Espía y delincuente: una redundancia

Nicolás Ullens

El relato es digno de una película. En 2019 Nicolás Ullens, un agente del espionaje, acusó a Reynders de corrupción y lavado de dinero en relación con varios negocios, incluida la construcción de la embajada de Bélgica en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, y la venta de armas.

No hay nada mejor que ser un espía para ser impune y Ullens era ambas cosas al mismo tiempo. Gozaba de gran consideración entre la aristocracia. El año pasado mató a tiros a su suegra, la baronesa Myriam Lechien porque no le dejaba un legado sustancioso en la herencia. La víctima formaba parte de una de las familias más adineradas de Bélgica y, por supuesto, también era eso que llaman una “mecenas del arte” porque el arte es lo mismo que la lotería: una lavadora de dinero negro.

Reynders ha puesto en marcha todas sus artimañas y presiones políticas para absolver a Ullens, que deje de airear trapos sucios y se calle la boca.

Otro caso de corrupción estuvo vinculado a la destrucción de Libia y el asesinato de Gadafi en 2011, cuando Reynders era ministro de Asuntos Exteriores. El gobierno belga pagó cientos de millones de euros a destinatarios desconocidos. Hoy sabemos que Reynders se quedó con una parte de aquellas mordidas, según denunció Ullens, aunque la cantidad no está clara. El dinero procedía de cuentas embargadas pertenecientes a Gadafi.

Aquellos pagos procedentes de cuentas libias en Bruselas también se utilizaron para financiar las entregas de armas. Los medios informaron que la ONU colocó estos fondos libios en varios bancos, incluidos 14.000 millones de dólares en Bélgica, donde fueron embargados.

El atraco de los fondos libios es parecido al de los rusos. A pesar de la prohibición impuesta a los bancos de levantar el embargo de aquellos activos, Bélgica ordenó la transferencia de 1.400 millones de dólares, es decir, el 10 por cien de los intereses generados por la mitad de los fondos depositados en los bancos belgas. En otras palabras, el dinero libio fue saqueado y utilizado para comprar armas y otros fines privados inconfesables.

Alguien que está al frente de la “justicia” europea sabe que embargar fondos públicos es ilegal, al igual que utilizarlos para comprar armas en Libia.

Cocaína saudí en valija diplomática con destino a Francia

En 2012 Reynders realizó una visita privada a Arabia saudí, donde se reunió con el príncipe Najef Bin Fawaz Al Salan. Unos años antes, en 2007, un tribunal francés condenó al príncipe saudí a diez años de prisión por introducir dos toneladas de cocaína en Francia durante un viaje diplomático.

Las revelaciones sobre Reynders causaron conmoción en Bruselas, coincidiendo con el inicio del segundo mandato de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Von der Leyen habló de los tópicos favoritos de los hipócritas europeos: una de sus prioridades es fortalecer ese fantasma que llaman “Estado de Derecho”, de proteger los derechos fundamentales, garantizar la integridad presupuestaria de la Unión Europea…

Nadie mejor que un delincuente como Reynders al frente de la “justicia” europea y nadie mejor que la señora Pfizergate ejerciendo de valedora para echar el telón por encima del latrocinio de los presupuestos europeos.

En Bruselas los chorizos son como los demás. La única diferencia es que Reynders está muy bien inumnizado, como antiguo ministro del gobierno de su país y comisario europeo. En Bélgica el blanqueo de dinero se castiga con hasta cinco años de prisión. Por supuesto, Reynders hizo mucho más que lavar dinero. Robó los fondos de Gadafi, de Libia y, más recientemente, de Rusia.

Pero Von der Leyen y Reyners no son los únicos en Bruselas que se dedican al lavado de dinero y a modificar el escenario de sus delitos para asegurarse la impunidad. En 2015 el primer ministro griego, el olvidado Alexis Tsipras, y la canciller alemana, también olvidada Angela Merkel, se acusaron mutuamente con mensajes de texto comprometedores sobre el rescate a Grecia. El primer ministro holandés Mark Rutte (ahora jefe de la OTAN) guardó secreto con otros cabecillas europeos y envió un mensaje de texto al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ofreciéndole un compromiso que conviniera a todas las partes involucradas. En menos de una hora se llegó a un acuerdo y se salvó el euro. Según documentos confidenciales, el primer ministro griego fue chantajeado por Merkel, Rutte y la mayoría de los demás jerifaltes de la Unión Europea.

Por lo que pueda pasar: borrar los mensajes de texto de los móviles

En mayo de 2022 un periódico holandés informó que, lo mismo que los fiscales españoles, el primer ministro Rutte también tiene la costumbre de borrar periódicamente los mensajes de texto de su teléfono móvil. Sólo transmite a sus colegas algunos mensajes y guarda el resto como si fuera un “archivo en tiempo real”. Sin embargo, sería más exacto hablar de “eliminación en tiempo real”, de borrar las huellas del escenario de un crimen o las huellas dactilares de un arma.

En Países Bajos, al Primer Ministro le apodan “Pinocho” porque miente con frecuencia y continúa haciéndolo. Pero eso sólo se podria saber contrastando lo que habla ante los micrófonos con lo que guarda en la memoria de su móvil.

No hará falta recordar que el móvil que utiliza un cargo público no es personal sino público: pertenece a quien se lo paga.

Como jefa de la Unión Europea, Von der Leyen no ignora los delitos de Reynders. Juntos compran el silencio de los demás y se amenazan mutuamente para obtener fondos públicos o desviar el dinero de los presupuestos públicos con objetivos inconfesables. Volaron a Libia, al Congo y ahora le toca el turno a Rusia.

Además, a Reynders también le exigen que explique la desaparición de valiosas obras de arte africanas procedentes de Libia y del Congo que llegaron a su poder por vías también inconfesables.

El servicio de inteligencia exterior de Rusia asegura que Moldavia se está preparando para tomar el relevo a Ucrania, es decir, para iniciar otra guerra contra Rusia. Pero es absolutamente inverosímil: si Ucrania no pudo, ¿cómo va a poder un ejército aún más insignificante?

Es cierto que la Guerra de Ucrania no se puede acabar sin tener antes preparado un relevo. También es cierto que ste año el presupuesto militar moldavo aumentó en un récord del 68 por cien: es más de 1.500 millones de lei. Sin embargo, al cambio no llega a 100 millones de dólares.

Como tantos otros minifundios surgidos del derrumbamiento del bloque del este de Europa, Moldavia no tiene otro ejército que la OTAN. El plan de la presidenta moldava, Maia Sandu, es formar una coalición militar para apoderarse de la República Popular de Transnistria, según dicen los rusos.

Sandu ha pedido garantías de apoyo militar y político occidental, pero sabe que abrir un nuevo frente contra Rusia es una misión imposible. También ha llevado a cabo una serie de ejercicios militares en colaboración con la OTAN en la orilla derecha del río Dniéster, para que todos en Transnistria pudieran oir los disparos y se asustaran.

La “coalición militar” de la que habla Sandu no es otra que incorporar a Rumanía a la aventura, pero ahora mismo la situación en Bucarest, en medio de un pucherzo electoral, no lo permite. En los países de Europa oriental esos que califican como “prorrusos” son un problema. Están en todas partes y empiezan a ganar las elecciones, incluido en Rumanía y Moldavia.

Evgenia Gutsul

Pero hay algo peor: la propia Moldavia, a pesar de su tamaño, es un mosaico político y nacional. No sólo nos referimos a Transnistria, sino también a Gagauzia, una región autónoma cuya presidenta, Evgenia Gutsul, no reconoce a Sandu por el pucherazo electoral que dio en las elecciones de octubre, donde fue derrotada por el candidato “prorruso”.

Sandu no admitió el resultado y dijo que había ganado ella para aferrarse al sillón presidencial. A su vez Gutsul no la reconoce a ella.

Lo mismo que Transnistria, también la región autónoma de Gagauzia está acusada de ser “prorrusa”. Su población es de origen turco y en tiempos de la URSS ya era una república autónoma con un territorio de 1.800 kilómetros cuadrados y una población de poco más de 130.000 habitantes que hablan turco pero son de religión cristiana.

Después de ganar las elecciones, el año pasado los “prorrusos” organizaron una visita de sus colegas turcos de la República de Tartaristán, pero a su Presidente, Rustam Minnijanov, no le permitieron bajar del avión para participar en un congreso de amistad entre los pueblos. Para el gobierno moldavo no se trataba de una fiesta entre los turcos sino de un desembarco de los rusos.

La desconfianza de Sandu y la reacción moldava es lógica. Lo mismo que Transnistria, en 1994 Gagauzia también quiso permanecer en una URSS que ya había desaparecido, por lo que negociaron su autonomía dentro de Moldavia.

La anterior presidenta autonómica, Irina Vlah, fue diputada del Parlamento de Moldavia y se declaró comunista. En 2015 fue elegida en primera vuelta con el 51 por cien de los votos y con un lema inequívoco: “Juntos por Rusia”. En 2019 obtuvo el 91 por cien de los votos para su segundo mandato.

En la Guerra de Ucrania, la población gagauza está del lado de Rusia. En 2014 organizaron un referéndum para decidir su futuro si Moldavia se incorporaba a Rumanía y confirmaron con un 95 por cien de votos que, en tal caso, se integrarán en la Unión Económica Euroasiática.

El año pasado estallaron manifestaciones contra el aumento de los precios y los dirigentes autonómicos preguntaron al Kremlin si podía suministrar gas a la población a precios asequibles.

Estados Unidos y la Unión Europea prestan ayuda a Ucrania a expensas de los activos embargados a Rusia. Hay planes de confiscación pero el depositario, que es Euroclear, un banco privado con sede en Bruselas, se opone a ello. No quiere responsabilizarse de las torpezas de los políticos de Bruselas.

Euroclear es uno de los mayores depositarios y un actor profesional en el mercado de valores. Las relaciones de depósito con depositarios de todo el mundo le permiten ocupar un lugar único en la infraestructura financiera internacional.

Más de 300.000 millones de euros en poder de Moscú fueron depositados en las cuentas de Euroclear. El año pasado ganó 4.400 millones invirtiendo el dinero ruso.

El Departamento de Finanzas de Estados Unidos asignó a Ucrania un préstamo de 20.000 millones de dólares como parte del préstamo general del G7 de 50.000 millones de dólares con cargo al dinero embargado a Rusia.

En Moscú lo llaman robo. El G7 “está robando el dinero de otros, preparando el terreno para apoderarse y gastar todas las reservas soberanas rusas en Occidente”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En Euroclear están preocupados, y no lo ocultan. El depositario no debería ser considerado responsable si la Unión Europea decide confiscar activos a favor de Ucrania, dijo la directora del sistema belga de liquidación y compensación, Valerie Urban, en una entrevista (*).

“No podemos estar en una situación en la que se confiscan activos y unos años después llega Rusia y llama a la puerta exigiendo que les devuelvan su dinero, que ya no existe”, explicó.

La posición es clara: el depositario garantiza la seguridad de los fondos confiados, y si no lo hace, tarde o temprano se enfrentará un proceso judicial. Por ello, subrayó Urban, es necesario un procedimiento de “transferencia de compromisos”.

Las reclamaciones deberían presentarse ante la Unión Europea y no ante el propio depositario, lo que minimiza la vulnerabilidad jurídica de Euroclear.

En el banco son conscientes de que las sanciones no son eternas y que algún día se levantarán. Entonces surgirá la cuestión de los responsables del robo de las reservas. Evidentemente, el depositario, que no actúa por voluntad propia sino bajo coacción, no va a reparar el daño causado a Rusia.

La empresa no sólo corre el riesgo de sufrir daños en su reputación, sino también daños financieros.

En su negocio Euroclear se guía por los reglamentos de la Unión Europea. Sin embargo, la pérdida de la reputación de una institución fiable conducirá a pérdidas significativas, y en los años venideros, y la Unión Europea, por supuesto, no compensará nada.

No puede sobrevivir a un golpe así. De acuerdo con las reglas de gestión de riesgos, el intermediario financiero, al presentar una reclamación, está obligado a formar reservas en caso de pérdida, lo que reducirá automáticamente el capital. Teniendo en cuenta el tamaño de los activos, el importe de las demandas superará el tamaño del capital de la empresa, y eso ya es una quiebra.

En Estados Unidos, cuando los periodistas preguntan, ni saben ni contestan. Se lavan las manos porque Estados Unidos no es formalmente responsable de la situación. “Sólo puedo decir una vez más sobre el proyecto ERA [el préstamo a Ucrania por los países del G7 con reembolso de los ingresos de los activos robados a Rusia] que es un precedente histórico único”, dijo el subsecretario de Estado para Gestión y Recursos, Richard Verma.

El intento de transferir los activos soberanos de Rusia a Ucrania está plagado de consecuencias impredecibles. Zelensky acaba de exigir que la Unión Europea le entregue los 300.000 millones congelados, lo cual significa robo, guerra con Rusia y represalias aterradoras.

Los riesgos económicos y legales para la Unión Europea son mucho mayores: la mayoría de los activos congelados están en cuentas europeas. La confiscación socava la confianza de los inversores internacionales en el sistema jurídico europeo y en el euro como moneda de reserva.

China y otros países comenzarán a retirar activos de la Unión Europea, lo que representa una amenaza para la estabilidad económica, ha advirtido el Banco Central Europeo.

La Unión Europea se encuentra en una situación muy difícil. La presión de Estados Unidos se está intensificando y las exigencias de Rusia siempre serán satisfechas. Bruselas tendrá que responder mientras Washington, como siempre, minimiza sus propios riesgos.

(*) https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-10/euroclear-warns-of-liability-risk-in-confiscating-russian-assets

La Fiscalía sigue obstaculizando la investigación del caso Pfizergate. La vista que tuvo lugar el viernes de la semana pasada en el tribunal de Lieja lo volvió a demostrar. Los fiscales han cambiado de bando y se han convertido en los mejores defensores.

Para negociar el contrato de compra de vacunas contra el “covid”, por un precio superior a 35.000 millones de euros, Ursula von der Leyen y el director general de Pfizer, Albert Bourla, intercambiaron una serie de mensajes de texto.

En abril del año pasado Frédéric Baldan acudió al tribunal de Lieja para presentar una querella criminal por “usurpación de funciones y títulos”, “destrucción de documentos públicos”, “apropiación ilegal de intereses y corrupción”. Pero, desde finales de junio del año pasado, contra todo pronóstico, la Fiscalía europea (EPPO) intenta hacerse cargo del caso, aunque a priori no tiene competencia, con el objetivo evidente de enterrar el sumario.

Prueba de ello es que el viernes, cuando se iba a celebrar una audiencia a puerta cerrada ante la sala del consejo del tribunal de Lieja, la sesión se aplazó indefinidamente por una maniobra sorpresiva por parte de la Fiscalía.

Una primera audiencia tuvo lugar el 17 de mayo, aunque no se refería al fondo del caso, sino a los términos del procedimiento. Se plantearon tres preguntas: ¿es la Fiscalía Europea competente para investigar el caso? ¿Está la presidenta de la Comisión Europea protegida por su inmunidad? ¿Cuál es el interés de los demandantes en actuar?

Baldan ya no es el único que está presente en la querella. Con el tiempo se le han unido otros 500 querellantes, incluidos dos Estados miembros de la Unión Europea (Polonia y Hungría), asociaciones, partidos políticos, dos grupos de tripulaciones de vuelo francesas y holandesas y personas de todos los países y profesiones.

La audiencia del 6 de diciembre tenía por objeto aclarar estas tres cuestiones. Pero, en el último momento, es decir durante la audiencia, la Fiscalía europea, mediante acrobacias procesales, vino a explicar que el acto no se podía celebrar y que debía posponerse hasta el 6 de enero.

La Fiscalía empezó a programar recursos para varios meses y aún no lo había hecho, pero declaró en la audiencia que estaban programados para el 6 de enero del año que viene.

El aplazamiento fue aceptado, pero al final, las cuestiones de forma (interés en actuar, inmunidad y jurisdicción) se tratarán ante la sala de acusación del Tribunal de Apelación de Lieja el 6 de enero, mientras que la audiencia ante la sala del consejo se pospondrá hasta una fecha indeterminada.

Alrededor de 200 de los 500 denunciantes estuvieron presentes en la audiencia del viernes y la sala estaba llena, aunque era la más espaciosa. Sin embargo, el presidente de la cámara autorizó la constitución de nuevos partidos querellantes. Como consecuecia de ello, ahora hay mil querellantes. Como todo el mundo tiene derecho a asistir al juicio, puede haber un grave problema de espacio.

Estarán todos, excepto Ursula von der Leyen y Albert Bourla. Tampoco estuvo el juez de instrucción Frederic Frenay, algo nunca visto hasta ahora. Debía presentar un informe, pero dijo que la Fiscalía Europea le había obstaculizado la continuación de la investigación a partir del 19 de julio, fecha en la que Ursula von der Leyen fue reelegida presidenta de la Comisión Europea.

La jefa de la Fiscalía Europea, la rumana Laura Kovesi, no piensa en otra cosa que en proteger a Von der Leyen. Según Baldan, la reelección de Von der Leyen sólo fue posible por la protección de la Fiscalía Europea, que nunca notificó oficialmente a la Comisión Europea que estaba investigando a su Presidenta.

Pero se logró una pequeña conquista: los 200 qurellantes finalmente pudieron acceder al sumario de la investigación, algo que ni siquiera los eurodiputados habían logrado. El sumario demuestra que las autoridades europeas actuaban en connivencia con Pfizer y engañaron a la población. Le presentaron un producto diciendo que era seguro, eficaz y que le permitiría proteger a otros consumiéndolo, pero era un engaño y las autoridades de Bruselas lo sabían desde el principio, especialmente Von der Leyen.

Los imperialistas han arrojado la toalla en Ucrania, donde el ejército ruso ha demostrado una amplia superioridad sobre la OTAN. Ahora se trata de saber si Rusia es capaz de apretar igual en los demás frentes que tiene abiertos, empezando por el Sahel, siguiendo por Siria y acabando en Georgia.

¿Será capaz Rusia de sostenerse en todos esos frentes?

El Cáucaso es la segunda frontera donde Rusia no puede hacer concesiones. Los imperialistas han fracasado por la buenas, las elecciones, y lo están intentando por las malas, la desestabilización en la calle. La Unión Europea se ha pasado abiertamente al golpismo, financiando manifestaciones violentas, que han acabado en una grave crisis social.

Occidente tiene la intención de derrocar al gobierno legítimo del país y establecer a la OTAN en el Cáucaso, como ocurrió en 2014 en Ucrania. Tbilisi parece cada vez más el escenario de una guerra civil. Los manifestantes atacan a la policía e intentan destruir los edificios públicos para protestar contra las políticas del partido “Sueño Georgiano”, que ganó las elecciones parlamentarias e implementó una serie de reformas políticas.

A “Sueño Georgiano” le acusan de ser “prorruso” porque no entra en los cánones que quiere imponer la Unión Europea. Especialmente el nuevo gobierno ha impuesto restricciones a las ONG extranjeras, ha congelado las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028 y no se ha sumado a las sanciones contra Rusia

El año pasado titulamos una entrada “La OTAN reserva a Ucrania el mismo destino que a Georgia” y ahora hay que darle la vuelta a aquello, con la misma conclusión porque ambos países comparten frontera con Rusia y son una plataforma ideal para la OTAN y la Unión Europea, que han elegido la vía golpista para salirse con la suya.

Georgia les interesa porque, además de su carácter fronterizo, ha estado en guerra con Rusia en el pasado. En noviembre de 2003 el país vivió una de las primeras “revoluciones de colores”, la de las rosas. Tras el golpe, llegó al gobierno Mijail Saakashvili, que en 2008 entró en guerra con Rusia en Osetia del Sur, que fue ocupada por el ejército ruso, lo mismo que Abjasia, dos regiones que quieren independizarse de Georgia. Luego a Saakashvili le nombraron gobernador de Odesa, es decir, que pasó de ocupar un cargo público en Georgia a otro en Ucrania.

El año pasado la OTAN presionó a Tbilisi para que volviera a la guerra en Abjasia y Osetia del Sur para “reconquistarlas”, lo que abriría otro frente para Rusia que aliviaría la guerra en Ucrania.

A pesar de las presiones occidentales, el verano del año pasado el Parlamento georgiano evitó involucrarse en una aventura militar que debía coincidir con la contraofensiva ucraniana. Los grupos de presión imperialistas que apoyan a la oposición política georgiana no se lo han perdonado.

La importancia estratégica de Georgia se ha fortalecido después de que Occidente haya triunfado en Armenia. Era la otra baza que debían jugar en el Cáucaso.

Ahora las calles se han llenado de manifestantes que trabajan para servicios de inteligencia occidentales. Las banderas y los símbolos de Ucrania y la OTAN son corrientes en las movilizaciones, lo mismo que los cantos de himnos nazis y canciones ucranianas.

La cabecilla principal de los golpistas es la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, antigua embajadora de Francia en Tbilisi, que obtuvo la nacionalidad georgiana en 2003, después de la Revolución de las Rosas. Ahora Zurabishvili, lo mismo que la oposición venezolana, se niega a reconocer los resultados de las elecciones, que fueron un jarro de fría para Bruselas.

“Sueño Georgiano” obtuvo más de la mitad de los sufragios. El movimiento fue fundado en 2012 por Bidzina Ivanishvili y es partidario de la adhesión de su país a la Unión Europea.

Sin embargo, la oposición la acusa de sabotear la incorporación y de hacerle el juego a Moscú. En particular, desde la adopción en mayo pasado de una ley que exige que las ONG y los medios de comunicación que reciban más del 14 por cien de sus fondos de “benefactores exteriores” se declaren como lo que son: agentes extranjeros. La Unión Europea subsidia a varios de estos Caballos de Troya para promover los “valores europeos”.

Las represalias de Bruselas no tardaron en llegar: el pasado mes de junio el Consejo Europeo suspendió el estatus de país candidato, otorgado seis meses antes a Georgia.

El Parlamento Europeo quiere acabar con uno de los grandes tabúes de China: el principio de que sólo hay un país. Los últimos aranceles no le parecen suficientes a Bruselas, las visitas de los eurodiputados a Taiwán tampoco y ha dado un paso más hacia el abismo.

Hace un mes aprobó por amplia mayoría (432 votos a favor, 60 en contra y 71 abstenciones) una resolución que replantea la incorporación de la República Popular a la ONU, excluyendo de la misma a Taiwán. Es la Resolución 2758 de 25 de octubre de 1971, a la que quiere dar una interpretación jurídica típica de picapleitos: como el texto de la Resolución no menciona a Taiwán, ambos países pueden coexistir en los organismos internacionales (*).

Bajo el nombre de “República de China”, Taiwán ocupó hasta 1971 su plaza en la ONU, incluido el Consejo de Seguridad. Para indicar el final de aquella “República de China”, la Resolución 2758 de la ONU sólo mencionaba a los “representantes de Chiang Kai-shek”, el dirigente de Taipei en aquel momento. Como consecuencia de ello, desde entonces Taiwán ya no tiene derecho de representación en la ONU y sus organismos.

El Parlamento Europeo ahora quiere explotar el hecho de que la Resolución 2758 no utiliza la palabra “Taiwán“ para afirmar que la Asamblea General de la ONU no ha hecho ninguna declaración sobre el estatuto de la isla dentro de la ONU.

Se trata de eternizar la existencia de “dos Chinas”, algo que Pekín ha declarado de todas las formas posibles que no va a admitir nunca. Por decirlo de una manera clara: es una declaración de guerra de la Unión Europea contra China. Como en el caso de Rusia, nadie debería lamentar luego las represalias que adopte el gobierno de Pekín.

El replanteamiento europeo es obra de los miembros de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), un grupo de presión presente en tres docenas de estados que no oculta su posición antichina. Ya ha promovido resoluciones similares en otras cámaras legislativas.

El Parlamento Europeo dice sobre Taiwán lo que nunca se atrevería a decir sobre Catalunya: que Taiwán es un socio clave con el que se debería cooperar más estrechamente en el futuro, manteniendo intercambios más intensos, en particular a nivel político. La colaboración debe alcanzar a la ciencia, la educación, la cultura y el deporte, a través de nuevas asociaciones entre ciudades y regiones, acompañada de una “cooperación técnica estructural” con los bomberos y la policía taiwaneses.

Además, la Comisión Europea debería iniciar inmediatamente negociaciones sobre un acuerdo bilateral de inversiones. Pero, sobre todo, se trata de comprometerse a la admisión de Taiwán en los organismos especializados de la ONU como la OMS, el IPCC o en asociaciones intergubernamentales, como Interpol.

Naturalmente los parlamentarios europeos son fieles caniches de Estados Unidos. El año pasado la Cámara de Representantes ya lanzó un ataque contra la Resolución 2758 y luego adoptó una ley de “solidaridad internacional con Taiwán” que, al igual que la resolución del Parlamento Europeo, afirmaba que la resolución 2758 no hacía ninguna referencia a la representación de Taiwán ante la ONU y sus organismos.

Es un movimiento coordinado contra China. El Senado australiano aprobó una resolución idéntica el 21 de agosto y la Cámara Alta siguió los pasos el 12 de septiembre.

La IPAC se fundó en junio de 2020 por iniciativa, entre otros, del político verde alemán Reinhard Bütikofer. Reúne a 250 diputados de unos cuarenta parlamentos que se confabulan periódicamente para ejecutar nuevas agresiones contra China. Eso permite aprobar simultáneamente resoluciones contra Pekín en varios parlamentos y dar así la impresión de que existe un amplio descontento internacional con la República Popular.

En una reunión en Taipei a finales de julio, IPAC adoptó un modelo para reinterpretar la Resolución 2758 de la ONU afirmando que no se opone a la incorporación de Taiwán a las organizaciones internacionales.

(*) https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9737

Hace dos semanas tuvo lugar una audiencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso Pfizergate, que investiga el intercambio de mensajes entre Ursula von der Leyen y Albert Bourla, el director de Pfizer, durante la negociación del contrato de compra de vacunas contra el “covid”.

El Tribunal se lavó las manos. Dice que no tiene competencia para incautar o pedir a la Comisión Europea que entregue los mensajes de texto entre von der Leyen y Bourla, sobre todo porque el Ejecutivo comunitario se negó a confirmar o desmentir la existencia de estos mensajes, lo que complica las investigaciones.

La decisión queda en manos de los tribunales belgas.

El querellante, Frederic Baldan, afirmó que durante la audiencia habían surgido nuevos datos. La Comisión Europea afirma que no es propietaria de los respectivos mensajes, y la Secretaría General y el gabinete de Ursula von der Leyen afirman que no tienen conocimiento de su ubicación o formato (SMS, WhatsApp, Signal).

Es una tomadura de pelo. Ursula von der Leyen habría declarado que en 2022 su teléfono fue reemplazado sin que se transfirieran los datos. Sin embargo, en otra declaración afirmó que su sobrina había eliminado “por error” esos mensajes.

Baldan asegura que Von der Leyen parece haber configurado las aplicaciones de su móvil para eliminar automáticamente los mensajes, lo que podría interpretarse como un intento de destruir documentos administrativos. Además, la Comisión Europea invocó un concepto jurídico inventado (“mensajes breves de permiso”) para justificar que no quedaran registrados.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que solo la jurisdicción criminal belga puede investigar este caso. Aunque el Tribunal Administrativo de la Unión Europea puede revocar la negativa de la Comisión a entregar los mensajes, eso solo podría desencadenar una nueva ronda de decisiones que terminarían de nuevo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un bucle interminable.

En el caso Pfizergate, Ursula von der Leyen está acusada de violar el código de conducta de los comisarios europeos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la transparencia. Baldan cree que la única solución correcta sería suspenderla de su cargo, en un contexto en el que sus acciones han socavado la confianza en las instituciones europeas.

En marzo del año pasado Baldan presentó una denuncia criminal contra Ursula von der Leyen, Albert Bourla y Pfizer, acusándolos de usurpación de títulos, destrucción de documentos y corrupción. A la denuncia se sumaron Polonia, Hungría y casi mil denunciantes más. La próxima audiencia de este procedimiento está prevista para el 6 de diciembre en el Tribunal de Lieja.

El New York Times, que solicitó acceso a los mensajes SMS intercambiados entre Von der Leyen y Albert Bourla, no se unió a la querella criminal, aunque podría haberlo hecho en virtud del artículo 151 del Código Penal belga.

El panorama se vuelve más sombrío para las empresas francesas. Más de 66.000 han quebrado en los últimos 12 meses, un aumento histórico de más del 20 por cien respecto a los 12 meses anteriores, que supera los picos de 2012, vinculado a la crisis de deuda en la zona euro, y de 2009, provocado por la crisis de las hipotecas de alto riesgo.

Se trata especialmente de las TPE (empresas muy pequeñas) y las PYME (pequeñas y medianas empresas) en sectores frágiles como la construcción, la hostelería y la restauración y el comercio minorista, muy afectados por el aumento de los costes debido a la inflación.

El aumento de las quiebras se explica -en parte- por la pandemia. El Estado concedió ayudas masivas. Fue la política del “cueste lo que cueste”, para mantener a flote las empresas durante el confinamiento. En octubre de 2020 se puso en marcha un sistema específico para las empresas, el Préstamo Garantizado por el Estado (PGE), que financia a tipos ventajosos y puede reembolsarse en un período de 1 a 6 años. También se inició un segundo PGE para las empresas afectadas por las consecuencias económicas de la Guerra en Ucrania.

Los dos sistemas de ayuda finalizaron en junio de 2022 y diciembre de 2023 respectivamente. Al mismo tiempo, las empresas vieron que el coste de la electricidad se disparaba un 38 por cien entre 2019 y 2022. Un proyecto de ley suavizado por el escudo tarifario sobre los precios de la energía pero que experimentó un aumento este año, debido a la eliminación paulatina del sistema. Por último, la inflación del coste de los materiales sigue afectando a muchos sectores y, en particular, a la construcción, que representa por sí sola el 22 por cien de las quiebras este año.

En enero de 2022 el ministro de Economía, Bruno Le Maire, elogió los PGE. A continuación, las empresas obtuvieron 697.000 préstamos “para garantizar una protección contra las quiebras”. Las empresas en graves dificultades podrían incluso posponer el inicio del reembolso hasta 2022 y repartirlo en un período de hasta diez años.

En 2020, durante la pandemia, no hubo quiebras de empresas. Incluso hubo un 30 por cien menos respecto a un año normal porque ocultaron los problemas. Como la recuperación no llegaba, dieron más tiempo, pero llegó el día en que las empresas tuvieron que devolver el dinero.

El choque fue brutal: 250.000 personas están actualmente amenazadas en Francia. Detrás de los planes de despidos, quiebras o adquisiciones de grandes marcas, cientos de TPE y PYME están quebrando.

Las bancarrotas están relacionadas con la situación económica: recesión, alto coste de la energía y reembolso de los préstamos.

El miércoles Francia sufrió un duro golpe simbólico: los tipos de interés a 10 años fueron superiores que para Grecia, que sigue siendo “el enfermo de Europa”. Eso significa que es más caro financiar las enormes deudas.

Para hacerse una idea: después de la defensa y la sanidad, el pago de la deuda pública es el tercer capítulo en el que más dinero se gasta el gobierno francés.

Mientras que el crecimiento económico se frena, el déficit público se dispara a más del 6 por cien del PIB en 2024, lo que ha empujado al nuevo gobierno a anunciar un plan para reducir drásticamente el gasto público en 60.000 millones de euros el próximo año.

—https://www.france24.com/fr/france/20241125-explosion-des-faillites-en-france-effet-rebond-post-covid-ou-crise-durable

El sábado la Unión Europea llamó a consultas a su embajador en Níger, Salvador Pinto Da França, y al día siguiente Niamey respondió con lo mismo: en un comunicado de prensa declaró que también quiere que el embajador europeo se marche, e incluso que habían sido ellos los primeros en pedirlo.

La solicitud es otro eslabón en la larga cadena de tropiezos entre ambas partes, que empezó con la suspensión de la ayuda humanitaria. Niamey respondió de la misma manera: ellos no la habían solicitado y, en consecuencia, exigían que se detuviera.

El gobierno nigerino viene denunciando la falta de transparencia en el manejo de la ayuda de 1,3 millones de euros destinada a las víctimas de las inundaciones y ha encargado una auditoría para conocer el “uso y destino real” de los fondos.

En su comunicado el Ministerio nigerino de Asuntos Exteriores quiere aclarar varios aspectos.

En primer lugar, lamenta que la Unión Europea anunciara la suspensión de la ayuda en las redes sociales, dos semanas antes de informarles a ellos oficialmente. “Níger nunca ha solicitado ayuda humanitaria internacional tras las inundaciones, y menos aún de la Unión Europea”.

Finalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Níger asegura que el embajador europeo había sido citado el 14 de octubre para decirle que pusiera fin a las operaciones de transporte de ayuda.

La Unión Europea no hizo ni caso, por lo que el gobierno nigerino llega a la conclusión de que la “colaboración” con el embajador ya no es posible y “solicitó oficialmente su destitución y sustitución lo antes posible”.

En consecuencia, el Ministerio africano quiere dejar claro que la revocación del embajador es una iniciativa suya y no de la Unión Europea.

Es otra señal del hundimiento de la industria europea y, singularmente, de la alemana: el gigante alemán Thyssenkrupp eliminará alrededor de 5.000 puestos de trabajo y subcontratará cerca de 6.000 puestos en su rama siderúrgica. El holding se ha comprometido a financiar su filial siderúrgica en dificultades sólo durante los próximos veinticuatro meses.

Thyssenkrupp eliminará o subcontratará 11.000 puestos en su filial siderúrgica de aquí a 2030, anunció ayer la empresa. El conglomerado industrial se enfrenta a dificultades crecientes relacionadas con la superproducción, el aumento del coste de la energía y la competencia del acero chino.

En la división que sufre pérdidas eliminarán alrededor de 5.000 puestos de trabajo y se subcontratarán 6.000, más del 11 por cien de su fuerza de trabajo. Thyssenkrupp añade que quiere reducir los costes salariales una media del 10 por cien en los próximos años, para adaptarlos a la competencia. “Queremos tener éxito en la reorganización del acero, si es posible sin despidos económicos”, dijo el director Miguel López.

En su nota de prensa de ayer, Thyssenkrupp asegura que estas medidas son “necesarias para mejorar la productividad y la eficacia operativa” de su filial siderúrgica Thyssenkrupp Steel, “y para alcanzar un nivel de costes competitivo”.

La empresa también presentó un plan para acabar con la superproducción. La capacidad de producción de acero se reducirá hasta una horquilla de entre 8,7 y 9 millones de toneladas, frente a los 11,5 millones actuales. Además, se cerrará la planta de Kreuztal-Eichen (oeste de Alemania), que emplea a 1.000 trabajadores.

Al mismo tiempo, el holding tiene intención de deshacerse de su filial Thyssenkrupp Steel. El proceso se aceleró en mayo con la adquisición del 20 por cien de las acciones por parte del empresario Daniel Kretinsky, a través de su holding EPCG, y actualmente negocia la recuperación de un 30 por cien adicional, con el objetivo de crear una sociedad mixta.

Durante este ejercicio contable, el volumen de negocios del sector siderúrgico cayó un 18 por cien, hasta 10.000 millones de euros, agravando la pérdida anual del grupo que se situó en 1.500 millones de euros.

El holding alemán del acero tiene casi 100.000 trabajadores, de los que 27.000 están en las fábricas siderúrgicas. El proyecto es una “catástrofe para los trabajadores y la industria de Renania del Norte-Westfalia”, cuna del grupo en el oeste de Alemania, dijo el sindicato IG Metall.

A primera hora del lunes, el holding se comprometió a financiar a la filial durante los próximos dos años. Thyssenkrupp quiere reestructurar su rama siderúrgica, una actividad histórica lastrada por el aumento del coste de la energía y la competencia china.

El fabricante de acero debe financiar su descarbonización, un proyecto que cuesta 3.000 millones de euros, aunque la factura final podría ser mayor. A Thyssenkrupp le gustaría fabricar “acero limpio” producido a partir de hidrógeno procedente de energías renovables, pero necesitaría inversiones masivas que no puede abordar, ni siquiera con subvenciones públicas.

Thyssenkrupp tiene previsto inaugurar su producción de “acero verde” en 2027 en su sede de Duisburg, gracias a más de 2.000 millones de euros en subvenciones públicas. Pero las previsiones económicas no son realistas. Las instalaciones pueden ser mucho más costosas y algunos consideran que nunca se van a poder llevar a cabo.