Categoría: Unión Europea

Sin llamar mucho la atención, a comienzos de septiembre la Fundación Konrad Adenauer organizó un seminario estratégico confidencial titulado “El futuro de la OTAN”, acompañado de una mesa redonda sobre “Reequilibrio de la OTAN”.

Las conferencias se celebraron en Villa La Collina en Cadenabbia, a orillas del lago de Como, en Italia, que fue la residencia de Adenauer.

Los debates se centraron en el punto clave de todo: la financiación del rearme y la militarización de los miembros europeos de la OTAN y de los Estados miembros de la Unión Europea.

No saben de dónde van a sacar el dinero sin provocar un levantamiento popular de grann calado. Una vez más, se presentó la iniciativa de la City de Londres, el “Banco de la OTAN“ (Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, DSRB), al que quieren convertir en el principal prestamista militar de los países europeos.

La mayoría de los debates se centraron en el desarrollo de nuevas propuestas para apoyar al ejército ucraniano y desarrollar formas de guerra indirecta contra Rusia, en particular mediante el uso de sistemas de drones.

También estudiaron la cooperación reforzada entre la OTAN y el pacto militar anglosajón (AUKUS) en la región del Indo-Pacífico (IPR). Los asistentes se convencieron a sí mismos de que desarrollar una política militar occidental colectiva en la región del Indopacífico es todavía más difícil que en el escenario europeo.

Los estadounidenses que estuvieron presentes en la reunión “compartieron una interpretación única de la estrategia de seguridad que se está desarrollando y del planteamiento del gobierno Trump hacia la seguridad transatlántica y mundial”.

En Bruselas la jaula de grillos está cada vez más enfrentada. Ahora Francia se retira del proyecto conjunto europeo de fabricación de drones de reconocimiento Eurodrone, presupuestado en 7.000 millones de euros, alegando retrasos acumulados, sobrecostes y recortes en el gasto militar.

El contratista principal de Eurodrone es Airbus, que cuenta con el apoyo de la italiana Leonardo y la francesa Dassault Aviation. El programa de drones se llevó a cabo en cooperación con España, Alemania e Italia.

La nueva ministra del ejército, Catherine Vautrin, aún no ha notificado oficialmente la decisión del gobierno francés, que tampoco es muy relevante porque puede el gabinete francés puede venirse abajo en el momento más insospechado.

El nombre oficial es Sistema Europeo de Aeronaves Pilotadas Remotamente de Media Altitud y Larga Autonomía (European Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System, Male Rpas). Se trata de un proyecto lanzado en 2015 en el marco de la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR).

Airbus no ha podido con el proyecto y no ha hecho más que dar largas. Lleva cuatro años de retraso respecto al calendario inicial y no se espera su entrada en servicio antes de 2030, como muy pronto.

Eurodrone quiere ser una alternativa a los sistemas de drones de combate existentes, integrando innovaciones y una mayor autonomía. Se espera que fortalezca la cooperación en defensa entre los países europeos, reduciendo la dependencia de tecnologías de otros países, como Estados Unidos o Israel.

El proyecto busca dotar a los ejércitos europeas de una plataforma aérea no tripulada autónoma, capaz de realizar misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento (ISR) y, en el futuro, posiblemente funciones de apoyo en operaciones de combate. El Eurodrone está concebido para operar en espacio aéreo civil europeo, cumpliendo con las normativas de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

El sistema incluye drones de gran envergadura, capaces de volar a altitudes medias (hasta 9.000 metros) durante más de 24 horas seguidas, con una carga útil modular que permitirá adaptarse a distintas misiones. Entre sus capacidades destacan sensores electroópticos, radares de vigilancia y sistemas de comunicaciones seguras y resistentes.

Uno de los objetivos estratégicos del Eurodrone es reducir la dependencia de Europa de sistemas extranjeros, especialmente de origen estadounidense, como el MQ-9 Reaper. Además, el programa refuerza la autonomía estratégica europea en defensa, alineándose con iniciativas como la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) y el Fondo Europeo de Defensa (FED), que financian parcialmente el proyecto.

Las provocaciones europeas contra Rusia siguen su curso. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, propone que Bruselas negocie acuerdos bilaterales con los países de los principales pabellones de los buques que exportan petróleo ruso para “inspeccionarlos”.

La propuesta se lanza tres semanas después de que los soldados franceses abordaran un barco “sospechoso” con el pretexto de que había lanzado drones sobre Dinamarca, lo cual se demostró que era absolutamente falso, Es algo a añadir a unas sanciones que son plenamente ilegales.

A falta de argumentos, la Unión Eurpoea ha comenzado a pregonar que hay un “riesgo ecológico” porque la “flota fantasma” se compone de entre 600 a 1.400 barcos que -para justificarse- ellos consideran muy antiguos, mal mantenidos e incluso “mal asegurados”. Dicen que son un riesgo para el medio ambiente de los países costeros del Mar Báltico y el Mar del Norte.

El otro pretexto ridículo es que también son sospechosos de haber dañado varias infraestructuras en el Mar Báltico en los últimos meses, incluidos cables de comunicación y cables eléctricos, cuando los oficiales que tripulaban el buque han sido absueltos por los tribunales finlandeses, como ya hemos expuesto.

La Unión Europea ya ha sancionado a 444 barcos, una cifra que quiere aumentar a 562 una vez que aprueben el próximo paquete de sanciones contra Rusia.

El lunes Kaja Kallas presentó un documento de cinco páginas a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo en el que se enumeran varias opciones para impedir los movimientos de la flota.

El documento propone negociar acuerdos bilaterales con los países cuyo pabellón es utilizado por los buques para permitir “inspecciones preautorizadas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

Kallas también pide la aplicación de un nuevo mecanismo de piratería que no detalla y solicita un mandato de los Veintisiete antes de que finalice el año para comenzar a negociar acuerdos bilaterales con los países que ponen su pabellón en los barcos.

La diplomática europea ha mostrado su satisfacción porque Panamá, que administra el mayor registro de buques del mundo, ha cedido a las presiones europeas y se niega a ceder el pabellón buques mayores de quince años. Bruselas quiere que otros países sigan ese camino.

“Deberíamos pensar más en ello, ser más creativos, porque también son creativos, evitando las sanciones”, dijo Kallas el lunes. La Unión Europea ya está en contacto, a través de su enviado especial para la aplicación de sus sanciones, con los países costeros que prestan servicios de suministro y asistencia logística a los buques de la flota fantasma.

Pero los europeos no conocen los límites. En junio, en una reunión con periodistas europeos en Varsovia, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, pidió nada menos que un cambio en el derecho marítimo internacional. “Hay un desajuste entre las reglas del comercio marítimo internacional y esta masa de agua muy particular que es el Báltico […] El problema es que los estados ribereños pueden intervenir como mejor les parezca en sus aguas territoriales [hasta 12 millas náuticas], pueden actuar hasta cierto punto en su zona económica exclusiva [hasta 200 millas], pero no pueden hacer casi nada en alta mar”.

El ministro aún no se ha enterado que el mar no es suyo. El derecho marítimo internacional se basa en la libertad de navegación y que los piratas y corsarios se acabaron.

A principios de mes Macron pidió que los europeos den un paso adelante en la “política de obstrucción” de la flota. Según él, el comercio de petróleo atribuido a Rusia representa “más de 30.000 millones de euros” y le permite financiar entre un 30 y 40 por cien del coste de la guerra con Ucrania.

El viernes un tribunal polaco denegó la extradición a Alemania del ciudadano ucraniano Vladimir Zhuravlev, que intervino en el atentado contra el gasoducto NordStream en septiembre de 2022. Ha ordenado su liberación.

“Un tribunal polaco denegó la extradición a Alemania de un ciudadano ucraniano sospechoso de la explosión del Nord Stream 2 y lo puso en libertad. Y con razón. El caso está cerrado”, declaró el primer ministro Donald Tusk.

Zhuravlov, de 46 años, fue detenido cerca de Varsovia el 30 de septiembre por una orden emitida por los tribunales alemanes. La fiscalía alemana lo identificó como un buzo entrenado que formó parte del comando responsable de colocar explosivos en los gasoductos cerca de la isla danesa de Bornholm.

El juez Dariusz Lubowski no se cortó un pelo. En su resolución dice que el atentado no fue un acto de sabotaje criminal, sino como una “operación de guerra, racional y justa”, eximiendo así a Zhuravlov de responsabilidad penal.

Slawomir Cenckiewicz, director de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, insistió el 12 de octubre en una entrevista con Otwarta Konserw en que “Polonia no debe extraditar a Volodymyr [Zhuravlev]. a Alemania” y que “debía hacer todo lo posible para evitar su extradición”. Añadió que “desconocía quién perpetró el acto terrorista contra Nord Stream 2, pero que dichas operaciones se llevaron a cabo en coordinación con los servicios secretos”.

Cenckiewicz también comentó sobre los desafíos de seguridad de Polonia. No se limita a asuntos militares, sino que también concierne a la estabilidad política de Polonia. En este contexto, afirmó que “alterar el sistema” y socavar la legitimidad de las instituciones es un regalo para los enemigos de Polonia.

El enemigo de Polonia no es sólo Rusia

Pero el enemigo no es sólo Rusia, sino también Alemania. Polonia lleva tiempo argumentando que los gasoductos NordStream hicieron que Europa dependiera excesivamente de la energía rusa. Para Polonia, Alemania socavó gravemente los intereses de seguridad de Europa al intentar firmar acuerdos comerciales con Rusia.

No se trata simplemente de negarse a extraditar al terrorista ucraniano a los alemanes, sino de encontrar un vacío legal para violar los compromisos adquiridos con los compadres de la Unión Europea. Cenckiewicz afirma sin rodeos que el terrorista nunca debió ser detenido. En otras palabras, la aplicación de la ley depende de la conveniencia política.

Hungría ha denunciado a Polonia. El ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, criticó a Tusk por decir que volar un gasoducto es algo “admisible”. ¿Qué más se puede destruir y ser excusado por ello, e incluso adulado? “No queremos una Europa donde los primeros ministros defiendan a terroristas”, dijo el ministro. El primer ministro polaco afirmó que Alemania debería “disculparse y guardar silencio”.

Según un reportaje del Wall Street Journal, Polonia y Alemania mantienen un desacuerdo sobre la investigación de los atentados terroristas en los gasoductos NordStream. El sospechoso logró salir de Polonia sin ser detenido por la policía polaca y viajar a Ucrania, dice el periódico.

No es una acción aislada. Anteriormente, Italia hizo lo propio con Serguey Kuznetsov, el ucraniano que dirió la voladura del gasoducto. La complicidad de los países europeos es imprescindible para tapar las responsabilidades de la OTAN en los atentados terroristas.

No obstante, Alemania también busca a Kuznetsov.

Recientemente el director del FSB, Alexander Bortnikov, advirtió que las centrales de inteligencia británicas planean sabotear el gasoducto TurkishStream.

La jaula de grillos en Europa oriental

En el este de Europa los problemas no derivan de Rusia; tampoco de los “prorrusos” Hungria, Chequia o Eslovaquia. Los enfrentamientos derivan de la rivalidad entre Alemania y Polonia, que bien podría afectar al futuro de la Unión Europea.

Polonia nunca ha considerado a Alemania como un país amigo. Reina un profundo odio entre ambos países. Alemania ha rechazado la solicitud de Polonia de compensación económica por los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial. Varsovia exige 1,3 billones de euros.

A principios del mes pasado, el presidente polaco Karol Nawrocki reiteró su petición de que Alemania pague las reparaciones de la Segunda Guerra Mundial, reavivando así una antigua exigencia.

A este problema se suman las demandas latentes de Alemania de reclamar los antiguos territorios del Reich alemán que pasaron a ser polacos tras la derrota alemana. También existen numerosos informes procedentes de Polonia que describen el secuestro de niños con doble nacionalidad germano-polaca por parte de Alemania.

Una profunda división está resurgiendo en Europa Central entre Berlín y Varsovia, arrastrando a otros vecinos de la región a este enfrentamiento.

La industria automotriz europea se enfrenta a una crisis inminente debido a la interrupción del suministro de chips por parte de Nexperia, un fabricante clave de semiconductores. Esta situación se ha esencadenado tras la intervención del gobierno neerlandés en la empresa, propiedad del grupo chino Wingtech Technology, lo que ha generado una escalada de tensiones geopolíticas y una profunda preocupación en el sector automotriz mundial.

Nexperia es un actor fundamental en la cadena de suministro de la industria automotriz, produciendo cientos de millones de chips anualmente, incluyendo semiconductores discretos, diodos, transistores y mosfets (*). Estos componentes son esenciales para el funcionamiento de los vehículos modernos, controlando desde interruptores hasta los sistemas de dirección y las unidades de gestión de energía.

La empresa tiene fábricas en Hamburgo, Mánchester y Nimega, con una capacidad combinada que supera los 50.000 millones de componentes al año.

Como informamos, el domingo pasado el gobierno de Países Bajos tomó el control temporal de la empresa, invocando una legislación que data de la Guerra Fría. Esta medida extraordinaria se justificó con el pretexto de preservar los intereses tecnológicos nacionales.

Como consecuencia de la intervención pública, Nexperia ha notificado a los fabricantes de automóviles y a sus proveedores que no puede garantizar la entrega de sus chips a la cadena de suministros automotriz.

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ha advertido que las existencias actuales solo durarán unas pocas semanas, lo que podría provocar la interrupción de la fabricación de vehículos en Europa. John Bozzella, director del holding que representa a GM, Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundai y otros, ha destacado la gravedad de la situación, afirmando que si el envío de chips automotrices no se reanuda rápidamente, interrumpirá la producción automotriz en Estados Unidos y muchos otros países y tendrá un efecto dominó en otras industrias.

El expolio de Nexperia refleja la política imperialista de asedio a China. En diciembre del año pasado Washington incluyó a Wingtech en su lista negra, designándola como un “riesgo para la seguridad nacional”. El 29 de septiembre de este año, Estados Unidos amplió los controles de exportación para incluir a todas las empresas con al menos un 50 por cien de capital chino.

China respondió con sus propias restricciones a la exportación, prohibiendo a Nexperia China y sus subcontratistas exportar componentes y piezas fabricados en China. Además, Pekín endureció los controles de exportación sobre elementos de tierras raras, cruciales para la fabricación de semiconductores, con el mismo argumento: la “seguridad nacional”.

Fabricantes como Volkswagen y BMW han declarado que su producción aún no se ha visto afectada directamente, pero están investigando los posibles riesgos en su cadena de suministro. El holding Stellantis informó que está colaborando con Nexperia y otros proveedores para evaluar los posibles impactos y desarrollar medidas para mitigar la carencia de suministros.

El desafío para la industria europea es inmenso. La industria automotriz, que representa cerca del 7 popr cien del PIB europeo y emplea a millones de trabajadores, no puede permitirse interrupciones. Además, la producción automotriz opera con programas de “ventas por adelantado” precisamente calibrados. Una escasez de chips, incluso una pequeña fracción del contenido total de semiconductores, puede dejar inoperables a fábricas enteras.

La ‘seguridad nacional’ sustituye a la ‘mano invisible’

La intervención política sobre Nexperia resalta la fragmentación de las cadenas mundiales de suministros industriales. Durante décadas, la internacionalización creó mercados abiertos. Sin embargo, la creciente injerencia pública y los bloqueos tecnológicos obligan a una reconsideración de la viabilidad de la fabricación mundial para las “ventas por adelantado”.

Con sede en Países Bajos, Nexperia es uno de los principales proveedores mundiales de chips de potencia, componentes esenciales para los sistemas críticos de los vehículos modernos. La empresa, anteriormente una división de NXP Semiconductors (a su vez filial de Philips), fue vendida en 2017 a un holding encabezado por Beijing Jianguang Asset Management, que posteriormente absorbida por Wingtech, una empresa china.

Las cadenas mundiales de suministros empezaron a quebrar durante la pandemia, pero con la multiplicación de la demanda de semiconductores, cualquier cuello de botella puede paralizar líneas de producción enteras.

La Comisión Europea ha abierto una investigación para evaluar si Países Bajos ha violado las normas de la competencia o pone en riesgo la seguridad del suministro tecnológico del bloque. Al mismo tiempo, varios gobiernos, especialmente en Alemania y Francia, presionan por una mayor autonomía estratégica en la producción de semiconductores. La Ley Chip europea, aprobada en 2023, ha intentado movilizar más de 43.000 millones de euros para asegurar los suministros tecnológicos del Viejo Continente, pero aún no ha generado resultados tangibles.

(*) Un mosfet es un transistor que controla la corriente en un circuito mediante un campo eléctrico.

Estados Unidos tose y sus acólitos europeos se resfrían. El domingo el gobierno neerlandés declaró que había tomado una decisión “completamente excepcional” al intervenir una filial de la empresa china Wingtech, Nexperia, con el mismo pretexto sagrado de siempre: la seguridad nacional.

El 30 de septiembre el Ministerio de Economía neerlandés restringió las decisiones comerciales de Nexperia y sus filiales, privando así a los accionistas chinos del control sobre su empresa.

Posteriormente, Wingtech emitió un comunicado protestando contra este trato discriminatorio hacia las empresas chinas. Es un caso grave de acoso por parte del gobierno neerlandés a una empresa de chips controlada por China.

El objetivo es confiscar el capital y los activos tecnológicos que las empresas chinas han acumulado a lo largo de los años. El expolio forma parte de la guerra económica y reviste la forma de un auténtica “piratería informática”. La BBC señaló que el comunicado del gobierno neerlandés no explicaba por qué las operaciones de la empresa suponían algun tipo de riesgo.

El Financial Times asegura que las restricciones impuestas a China por el Departamento de Comercio de Esrados Unidos en septiembre ha exacerbó las tensiones entre los países occidentales y China en el sector de las altas tecnologías. La agencia Bloomberg reconoce que la caza emprendida contra las empresas chinas intensificarán aún más las tensiones entre China y la Unión Europea.

Las acciones del gobierno neerlandés contra Nexperia son extremadamente atroces, van mucho más allá de las regulaciones comerciales normales e implican una flagrante coerción política y connotaciones discriminatorias con la patente de corso de la “seguridad nacional”, no vacilando en acabar con la sacrosanta propiedad privada y los derechos de los accionistas, la economía de mercado y, en definitiva, todas y cada una de las normas que la Unión Europea ha proclamado de forma solemne.

No es un choque entre el gobierno neerlandés y una empresa china, sino una flagrante violación de las normas internacionales por parte de Países Bajos. La descarada persecución de las empresas chinas por parte de Estados Unidos está generando una preocupación a escala mundial entre los especuladores.

El lunes, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino montó en cólera y las represalias no tardarán en aparecer. El proteccionismo vuelve a estar de moda.

En Alemania están con la mosca detrás de la oreja. El primer ministro polaco, Donald Tusk, se niega a entregar a un sospechoso del sabotaje al Nord Stream. El individuo fue detenido en febrero del año pasado cerca de Varsovia en virtud de una orden de detención europea, pero Tusk se limitó a declarar: “Fue detenido de acuerdo con el procedimiento, pero la postura del gobierno polaco no ha cambiado. Ciertamente, no redunda en interés de Polonia, ni en interés de la decencia y la justicia, acusar o entregar a este ciudadano a otro Estado”.

Hasta la fecha, Alemania no han revelado públicamente el nombre completo del acusado, aunque se sabe que tiene 26 años y es de nacionalidad ucraniana.

Las primeras investigaciones trataron e echar tierra encima. Se trataba de culpar a un equipo de buceo ucraniano y, en menor medida a Polonia, desde donde supuestamente se zarpó el barco con los explosivos.

Pero hay mucho dinero en juego porque el gasoducto también era propiedad de Alemania y el servicio secreto sabe que en el atentado terrorista participó Estados Unidos. Sus sospechas se vieron reforzadas por el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radek Sikorski, cuando aún no pertenecía al gobierno.

Sikorski publicó un mensaje en una cuenta en X/Twitter culpando a Estados Unidos, que luego borró. El gobierno polaco tenía sus propios motivos para oponerse al gasoductos. Para ellos era un nuevo Pacto Molotov-Ribbentrop y la reacción polaca está dispuesta a cometer hoy los mismos errores que en 1939. “El problema del NordStream no es que explotara. El problema es que se construyera”, escribió recientemente Tusk en X/Twitter.

En Varsovia las camarillas no ocultan su apoyo al atentado y si entregan a uno de los participantes, su intervención quedará al descubierto. También pondría en peligro las ya sombrías perspectivas de la coalición gobernante de conservar la mayoría tras las próximas elecciones parlamentarias de otoño de 2027.

Jaroslaw Kaczynski, el director de orquesta de la oposición, ha atado las manos a Tusk, acusándole de ser un “agente alemán”. Si el primer ministro entrega al sospechoso a Alemania, se podría celebrar un juicio que acabaría implicando a Polonia con el sabotaje y con la CIA, justo en el momento en que aparentar que es “la gran potencia” de Europa oriental, un baluarte frente al “expansionismo ruso”, es decir, una reproducción del escenario de 1939.

El gobierno de Tusk no quiere ahorrar esfuerzos, hasta el punto de que Sikorski quiere concederle asilo político al acusado. En Alemania empiezan a hablar de la complicidad polaca en el sabotaje.

En un principio la asistencia de la Unión Europea a la Guerra de Ucrania era en especie, como tanques, misiles y obuses, pero al vaciarse los arsenales, los países europeos ya sólo son capaces de aportar dinero que, por lo demás, no es suyo. Luego Ucrania compra las armas en los mercados internacionales y, últimamente, está intentando fabricar una parte en su propio suelo, aunque a medida que construye las instalaciones, los rusos se las destruyen.

En el marco de un programa lanzado por Dinamarca, los países europeos han prometido más de 1.600 millones de dólares a Ucrania para la compra de armas de su propio sector industrial.

Trump ha recortado drásticamente las fuentes de financiación y la Unión Europea hace cálculos del dinero que tendrá que gastar en los próximos dos años para seguir sosteniendo la guerra, según Handelsblatt (1).

La suma asciende a cientos de miles de millones de euros, que Bruselas pretende proporcionar utilizando activos rusos robados, a pesar de los posibles riesgos, que el banco depositario de los fondos, Euroclear, ha vuelto a destacar hace pocos días.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima la necesidad de apoyo presupuestario para el mantenimiento del Estado ucraniano en 2026 y 2027 en 60.000 millones de dólares. La cifra se complementará con al menos 80.000 millones de euros para armas y municiones, teniendo en cuenta que la guerra podría no durar dos años completos en su forma actual.

El canciller Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planean conceder a Ucrania un préstamo de 140.000 millones de euros y justifican la utilización de los fondos rusos porque no tienen ni una cosa (armas) ni otra (dinero).

El ganador se lo lleva todo

En el colmo de la estulticia, los dirigentes europeos dicen que Rusia solo podrá recuperar su dinero si paga las reparaciones, una vez finalizada la guerra. Quieren dar la impresión de que van a imponer sus condiciones en una guerra que han perdido, lo cual sería un caso sin precedentes en la historia de todas las guerras, donde el ganador siempre se lo lleva todo.

En cualquier caso, tanto el banco Euroclear como Bélgica pronostican importantes riesgos judiciales.

El plan se volverá a debatir en la cumbre de la Unión Europea de la penúltima semana de octubre. La Comisión Europea espera que para entonces se hayan logrado avances, lo que permitirá el desembolso de los primeros fondos a Ucrania en el segundo trimestre del próximo año.

Un alto dirigente de la Unión Europea advirtió que suspender el apoyo a Ucrania probablemente provocará el colapso del país y que ya no se puede contar con el apoyo económico de Estados Unidos.

Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, la asistencia de la Unión Europea a Ucrania se calcula en 178.000 millones de euros. Incluso en caso de un alto el fuego, sotener al ejército ucraniano requeriría aproximadamente 25.000 millones de dólares al año.

¿En qué bolsillos cae la ayuda a Ucrania?

La corrupción en Ucrania sigue siendo endémica. “Ha desarrollado una industria de defensa capaz de producir miles de proyectiles de artillería, vehículos blindados y drones, en una impresionante gama de modelos y prestaciones. Este éxito se considera ampliamente un activo importante en la lucha contra la invasión rusa, pero mientras miles de millones de dólares fluyen del ejército ucraniano a los fabricantes de armas nacionales, con la ayuda financiera de donantes europeos, gran parte de este gasto está rodeado de secreto militar”, señala el New York Times (2).

Reiteradamente, de manera injustificada, el gobierno de Kiev adjudica contratos a parte a empresas que presentaron ofertas más altas que sus competidores. Las auditorías internas documentan docenas de contratos similares firmados en poco más de un año, así como casos de entregas tardías o incompletas y pagos anticipados por armas que nunca llegaron.

Ucrania paga demasiado sin razón aparente y sin justificación. Los auditores que han revisado las compras realizadas por la Agencia Ucraniana de Adquisiciones de Defensa entre principios de 2024 y marzo pasado, no formularon acusaciones de robo o malversación de fondos, aunque remitieron algunos contratos a sus superiores para su evaluación.

El informe de 465 páginas revela que docenas de contratos para proyectiles de artillería, drones y otras armas fueron no se adjudicaron al mejor postor. La diferencia entre las ofertas más bajas y los contratos efectivamente adjudicados por la central de compras ascendió a de 129 millones de dólares, como mínimo.

La Agencia ucraniana de Adquisiciones de Defensa

En un comunicado, el director de la Agencia de Adquisiciones de Defensa, Arsen Zhumadilov, afirmó que las ofertas más bajas en ocasiones se rechazan porque no podían cumplir con los niveles de calidad, plazos de entrega, condiciones de pago u otros criterios esenciales.

El gobierno ucraniano creó la Agencia de Adquisiciones de Defensa como una rama independiente del Ministerio de Defensa en 2023, después de que los medios ucranianos informaran sobre una ola de “gastos cuestionables”, incluyendo enormes sobrepagos por huevos para las raciones de los soldados y abrigos de invierno.

Sin embargo, la Agencia es otro pozo negro. Dos directores han sido despedidos por “gestión ineficaz”. Este año la mayor parte de su presupuesto, unos 10.000 millones de dólares, se financia con los ingresos fiscales ucranianos, aunque ha comenzado a recibir subvenciones europeas.

Al menos hasta el año pasado, las compras se realizaban en el mercado negro y la mayoría de ellas recibían un sobrecoste del 3 por cien. La Agencia utilizó a los traficantes de armas en el 83 por cien de sus contratos en lugar de comprar directamente a los proveedores, según la auditoría.

Durante años los traficantes habían estado vendiendo armas ucranianas a países devastados por la guerra en África y Oriente Medio. En 2022 se centraron en las importaciones procedentes de esos países y posteriormente empezaron a negociar contratos para la Agencia con fabricantes ucranianos.

Las auditorías identificaron numerosos contratos que resultaron en entregas tardías o incompletas, así como casos en los que se realizaron pagos anticipados sin que las empresas entregaran las armas. Se identificaron contratos firmados con empresas sin verificar previamente la presencia de los adjudicatarios en los centros de producción, como talleres subterráneos adecuados.

La Agencia está experimentando con nuevos modelos de contratación. Ha creado un mercado en línea que permite a los comandantes del ejército comprar armas para drones directamente a los proveedores mediante un ordenador o un móvil, saltando por encima de la burocracia militar.

(1) https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-eu-schaetzt-ukraine-hilfsbedarf-auf-riesige-milliardensumme/100160339.html
(2) https://www.nytimes.com/2025/10/06/world/europe/ukraine-war-weapons-defense-contracts-payments.html

El Convenio Europeo de Derechos Humanos sigue el ritual característico de las declaraciones solemnes: las personas tienen derecho a la vida, a la propiedad, a un juicio justo, al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio, a la prohibición de la discriminación y los tratos inhumanos o degradantes…

Quien examina la vigencia de esos derechos tan solemnes es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también conocido como Tribunal de Estrasburgo, al que se dirigieron algunos residentes del Donbas, reclamando por los bombardeos de Ucrania contra la población civil.

Es el caso llamado Ryashentseva y otros, cuyas viviendas resultaron dañadas o destruidas como consecuencia de los bombardeos ucranianos entre 2015 y 2020. En uno de los casos, un demandante denunció que su hija había resultado herida durante dichos bombardeos.

El Tribunal se burla de los vecinos del Donbas y no entra a examinar el fondo del asunto por no haberse agotado los recursos internos. Los demandantes debieron reclamar previamente a los mismos ucranianos que les estaban bombardeando.

Dice el Tribunal que Ucrania creó procedimientos específicos para los casos relacionados con la guerra del Donbas, que reubicó los tribunales, que admitió los procedimientos en rebeldía y el envío de citaciones y asistencia jurídica gratuita.

Para demostrar que los recursos eran accesibles desde el Donbas, el Tribunal se basa en la ONU y el Tribunal Penal Internacional, según los cuales Ucrania había iniciado investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos en la zona de guerra, incluso contra su propio personal militar.

Naturalmente, era un paripé. Jamás prosperó ninguna reclamación por los crímenes cometidos por el ejército ucraniano en el Donbas. Pero el Tribunal dice que la ausencia de condenas no invalida por sí sola los procedimientos establecidos, porque la obligación de Ucrania era “poner los medios, no garantizar el resultado”.

Es el colmo de la imbecilidad. Durante la guerra desatada en 2014, la población del Donbas fue acusada de “terrorismo” y a ningún “terrorista” se le ocurre ir a los juzgados para buscar un abogado, interponer una demanda y empezar a litigar… en plena guerra. No era tan complicado. Los demandantes sólo tenían que cruzar la línea del frente para acudir al juzgado y luego volver a la casa que les habían destruido.

Ya nadie se acuerda de aquel bulo que circuló por los medios de comunicación del mundo entero a finales de diciembre del año pasado: el petrolero Eagle S fue incautado por la guardia costera finlandesa por romper el cable Estlink 2, ubicado entre Finlandia y Estonia.

Fue un caso claro de piratería, un anticipo de la ópera bufa que ahora ha orquestado la Unión Europea con los drones para cerrar el paso por el Mar Báltico a Rusia. El barco ostentaba pabellón de las Islas Cook y era propiedad de la empresa emiratí Caravella LLCFZ. El capitán y el primer oficial eran georgianos y el segundo oficial era indio.

Pero esos pequeños detalles no importaron nada porque los reportajes estaban escritos de antemano. Los medios aseguraron que el barco formaba parte de la “flota fantasma” rusa que se dedica a eludir las sanciones impuestas por varios países países occidentales para seguir exportando hidrocarburos.

Tras zarpar de Ust-Luga (Rusia) con destino a Puerto Said (Egipto), el Eagle S fue acusado de arrastrar el ancla deliberadamente durante 90 kilómetros para arrancar los cables en cuestión. No era un caso único, dijeron. Otras infraestructuras críticas de la región habían sufrido daños similares causados ​​por otros buques, como los cargueros chinos Yi Peng 3 y Newnew Polar Bear.

Por si no fuera suficiente, la revista británica Lloyd’s List acusó al buque de espionaje. El equipo de transmisión y recepción utilizado para registrar “todas las frecuencias de radio” fue transferido a Rusia para su análisis.

Tras aquella fantasmada, la OTAN lanzó la Operación Baltic Sentry para frustrar cualquier posible acción que Rusia pudiera intentar llevar a cabo en la región como parte de sus operaciones de “guerra híbrida”. Traducido al román paladino eso significa: estamos llevando a cabo un montaje para justificar el bloqueo del Mar Báltico a Rusia, algo que contradice de plano el derecho internacional.

El gobierno finlandés dijo que había reunido pruebas suficientes para llevar al comandante del Eagle S y a sus dos segundos al mando ante los tribunales por “daños criminales agravados y obstrucción agravada de las comunicaciones”.

“Los propietarios del cable sufrieron un total de al menos 60 millones de euros en daños directos solo en costes de reparación, y la interrupción de los cables de transmisión eléctrica y telecomunicaciones […] también es sospechosa de haber causado un grave riesgo para el suministro energético y las comunicaciones en Finlandia, a pesar de que los servicios podrían haberse prestado a través de conexiones alternativas”, dijo la fiscalía finlandesa el pasado mes de agosto.

Pues bien, el montaje se ha desplomado como un castillo de naipes. El viernes de la semana pasada, el Tribunal de Distrito de Helsinki los absolvió e incluso ordenó al gobierno finlandés el reembolso de sus costas legales, que asaciende a casi 200.000 euros.

El caso es que la ruptura de los cables submarinos es algo bastante frecuente en la navegación marítima, o sea, que no había nada extraño en el suceso. El armados del buque paga los daños y no hay nada más que discutir.

En el juicio quedó claro que el ancla del Eagle S arrastró durante decenas de kilómetros el cable sin darse cuenta, como sostuvieron los tres acusados y la pérdida de velocidad del buque se debió a un problema en el motor. El tribunal sanciona que el incidente se debió a un fallo mecánico en el molinete y se declara incompetente, explicando que el derecho penal finlandés no podía aplicarse en este caso, al considerarlo un “incidente de navegación” amparado por la Convención de la ONU sobre el Derecho Marítimo.

“Los tribunales del Estado del pabellón del buque o del estado de residencia de los acusados ​​tienen jurisdicción penal en este asunto”, argumenta el tribunal, dando la razón a los acusados. Los cables se habían roto fuera de las aguas territoriales finlandesas.

Además, el tribunal también determina que el incidente no causó daños lo suficientemente significativos como para calificarlo como “daños contra la propiedad o daños contra la propiedad agravados”.

En cuanto a la participación de Rusia y la “flota fantasma”, durante el juicio no se escuchó nada de eso. En enero el Washington Post ya anticipó que no existían pruebas de que las roturas de cables observadas en el Mar Báltico fueran resultado de la famosa “guerra híbrida” de Rusia y que probablemente se debieran a “tripulaciones inexpertas que prestaban servicio a bordo de buques en mal estado”.

En fin, como siempre: mucho ruido y pocas nueces. La Unión Europea ha vuelto a hacer el ridículo. Como sabían que el montaje de la “flota fantasma” no iba a salir bien, han recurrido a otra fantasmada: los drones rusos que sobre vuelan los países escandinavos, Francia, Alemania, Reino Unido…